La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) decidió tomar medidas drásticas para defender la seguridad aérea y las condiciones laborales de los pilotos. La entidad gremial convocó a un paro nacional de 24 horas para el próximo 19 de julio, que afectará a todos los sectores de la aviación. La medida de fuerza busca presionar al Gobierno nacional para que derogue el Decreto 378/25.

Según la APLA, el decreto incrementa los tiempos de servicio de vuelo, disminuye los descansos de las tripulaciones y suprime artículos que contribuyen a reducir la fatiga. Esto puede generar situaciones de estrés y fatiga que pongan en peligro la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

El paro nacional de pilotos tendrá un impacto significativo en la aviación argentina. La medida afectará a todos los sectores de la aviación y podría generar demoras y cancelaciones de vuelos.

La entidad gremial realizó un llamado al Gobierno nacional para que derogue el Decreto 378/25 y busque una solución que priorice la seguridad aérea y las condiciones laborales de los pilotos. La entidad gremial busca encontrar una solución que beneficie a todos los sectores involucrados y que garantice la seguridad aérea.

La seguridad aérea es un tema fundamental en la aviación. La protección de los pasajeros y la tripulación depende de la capacidad de los pilotos para tomar decisiones y operar los aviones de manera segura.

La oposición logró dictaminar un proyecto de ley que busca recomponer los salarios de los docentes universitarios y estabilizar el presupuesto de las Universidades Nacionales. El proyecto desafía al gobierno y el Presidente adelantó que lo vetará si se convierte en ley.

El proyecto de ley de financiamiento universitario es una respuesta a la crisis que atraviesa el sistema universitario argentino. La oposición logró unificar sus fuerzas y darle despacho de mayoría al proyecto, que propone una recomposición de los gastos de funcionamiento y un mecanismo de indexación para actualizar las partidas automáticamente. El proyecto también establece una actualización de los salarios de docentes y no docentes, y prevé la incorporación de sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva.

El designio es un desafío directo al gobierno, que ya adelantó que lo vetará si se convierte en ley. Sin embargo, la oposición parece decidida a seguir adelante con la iniciativa, que cuenta con el apoyo de rectores y referentes de la Federación Universitaria Argentina. La oposición busca garantizar la estabilidad del sistema universitario y proteger los derechos de los docentes y estudiantes.

La titular del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), Emiliana McNamara, adelantó que presentarán una medida cautelar para suspender el cierre del organismo anunciado por el Gobierno. La gremialista expresó su preocupación por el futuro de los trabajadores y el estado de la infraestructura vial del país.

El anuncio del cierre de Vialidad Nacional generó una fuerte reacción en el sector sindical y político. La SEVINA y otros gremios se oponen al cierre, argumentando que el organismo es fundamental para el mantenimiento de la infraestructura vial del país. La titular del sindicato destacó que el cierre no solo afectaría a los trabajadores, sino también a la seguridad y el estado de las rutas nacionales.

La SEVINA presentará una medida cautelar para suspender el cierre del organismo una vez que sea oficializado el decreto. Además, el sindicato está trabajando con bloques de diputados nacionales para lograr la derogación del decreto en el Congreso. Se están evaluando paros de 48 horas en diversos distritos, lo que podría generar un impacto significativo en el mantenimiento de las rutas.

La gremialista reveló que la situación de los 5200 empleados de Vialidad Nacional es preocupante. Muchos trabajadores se han jubilado o se han ido debido a la falta de paritarias y la baja en los sueldos. La incertidumbre sobre el futuro laboral es total, y se teme que el cierre del organismo genere una pérdida significativa de empleos.

La preocupación central se extiende al estado actual de las rutas y el futuro del mantenimiento vial si se disuelve Vialidad Nacional. El decreto propone concesionar una parte a privados y otra a las provincias, pero el sindicato considera que esta solución es inviable debido a la falta de presupuesto de las provincias.