El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) presentó un petitorio a gobernadores y legisladores para exigir la derogación del Decreto 461/25, que dispone el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Los trabajadores advierten que la medida pone en riesgo la infraestructura vial, la producción y la cohesión territorial.

El STVyARA, encabezado por Graciela Aleñá, presentó este un petitorio dirigido a gobernadores, diputados y senadores nacionales, solicitando el apoyo para derogar el decreto que ordena el cierre de Vialidad Nacional. La acción forma parte de un plan de lucha nacional que será replicado en todas las seccionales del gremio a lo largo del país.

El gremio advirtió que el cierre del organismo pone en riesgo el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial estratégica que la DNV ha sostenido durante casi 93 años. En el documento entregado, se destacó que “es fundamental preservar el rol estratégico de Vialidad Nacional, garantizando una política pública de transporte que beneficie a toda la población y asegure un desarrollo equitativo y conectado”.

Entre los legisladores que ya han manifestado su apoyo al reclamo se encuentran Ricardo Herrera (Unión por La Patria, La Rioja); Juan Marino (Unión por la Patria, Buenos Aires); Mario Manrique (Unión por la Patria, Buenos Aires); Alejandro Vilca (PTS-FITU) y Christian Castillo (PTS-Frente de Izquierda Unidad), como también la asesora del Senador Nacional Mariano Recalde (Unión por La Patria).

El sindicato agradeció a quienes firmaron la recepción del petitorio por “escuchar el reclamo y ponerse del lado de los trabajadores”. En el texto dirigido a los gobernadores, se alertó sobre el impacto negativo del decreto en las economías regionales, el turismo, la producción agroindustrial y la transitabilidad nacional, advirtiendo que la desarticulación del organismo provocará un retroceso estructural sin precedentes.

La actividad aérea en Argentina se mantuvo en vilo en los últimos días debido a un conflicto laboral entre la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.E.). La situación se volvió crítica cuando ATEPSA anunció medidas de fuerza que afectarían vuelos programados entre el 11 y el 30 de julio, generando alarma entre usuarios y operadores del sector.

Ante esta situación, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria, obligando tanto al gremio como a EANA a retrotraer la situación al estado anterior al conflicto. Esto incluye dejar sin efecto las medidas de fuerza por parte de los trabajadores y también suspender los despidos ejecutados por la empresa estatal durante el período conciliatorio.

Sin embargo, la conciliación no resuelve el conflicto laboral de fondo. ATEPSA insiste en que los despidos son injustificados y que las condiciones laborales deben ser mejoradas. Los trabajadores denuncian presiones internas para frenar los reclamos y aseguran que no van a bajar los brazos. La situación sigue siendo tensa y podría generar nuevos conflictos en el futuro.

La intervención del Gobierno busca garantizar la continuidad de los servicios esenciales y resguardar el interés público, sin desatender los derechos laborales ni los mecanismos de negociación colectiva. Sin embargo, la pregunta es si esta medida será suficiente para resolver el conflicto laboral y evitar futuras interrupciones en la actividad aérea.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) decidió tomar medidas drásticas para defender la seguridad aérea y las condiciones laborales de los pilotos. La entidad gremial convocó a un paro nacional de 24 horas para el próximo 19 de julio, que afectará a todos los sectores de la aviación. La medida de fuerza busca presionar al Gobierno nacional para que derogue el Decreto 378/25.

Según la APLA, el decreto incrementa los tiempos de servicio de vuelo, disminuye los descansos de las tripulaciones y suprime artículos que contribuyen a reducir la fatiga. Esto puede generar situaciones de estrés y fatiga que pongan en peligro la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

El paro nacional de pilotos tendrá un impacto significativo en la aviación argentina. La medida afectará a todos los sectores de la aviación y podría generar demoras y cancelaciones de vuelos.

La entidad gremial realizó un llamado al Gobierno nacional para que derogue el Decreto 378/25 y busque una solución que priorice la seguridad aérea y las condiciones laborales de los pilotos. La entidad gremial busca encontrar una solución que beneficie a todos los sectores involucrados y que garantice la seguridad aérea.

La seguridad aérea es un tema fundamental en la aviación. La protección de los pasajeros y la tripulación depende de la capacidad de los pilotos para tomar decisiones y operar los aviones de manera segura.