En el aniversario del Decreto-Ley 33.302/1945, que instituyó el sueldo anual complementario y consolidó un núcleo central de derechos laborales, resurgen las tensiones en torno al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, cuestionado por excluir estos beneficios del cálculo indemnizatorio.

Este 20 de diciembre se cumplen ochenta años de la publicación del Decreto-Ley 33.302, una de las normas más trascendentes de la historia laboral argentina. Promulgado durante el gobierno de Edelmiro Farrell e impulsado decisivamente por Juan Domingo Perón desde la entonces Secretaría de Trabajo y Previsión, el texto consagró el carácter obligatorio del sueldo anual complementario —conocido como aguinaldo— e introdujo un nuevo paradigma en la relación entre capital y trabajo.

La medida no fue un hecho aislado ni improvisado. Representó la culminación de un proceso iniciado en 1943, cuando la Secretaría de Trabajo y Previsión comenzó a intervenir activamente en los conflictos laborales, desplazando la lógica de la negociación desigual y colocando al Estado como garante de derechos. En ese marco, el Decreto 33.302 funcionó como un punto de llegada: sintetizó una concepción del trabajo como eje de la justicia social y como fundamento de la cohesión económica.

Durante ese período, se impulsaron transformaciones estructurales que redefinieron el mundo laboral argentino. El Estatuto del Peón Rural, sancionado en 1944, estableció por primera vez condiciones mínimas en el trabajo agrario, desafiando intereses históricos del sector terrateniente. A ello se sumó la generalización de las vacaciones pagas mediante el Decreto 1.740/1945, la creación de los Tribunales del Trabajo y una expansión inédita de los convenios colectivos, que alcanzaron a millones de trabajadores y consolidaron mejoras salariales, previsionales y de protección frente al despido.

El Decreto-Ley 33.302 coronó ese entramado normativo al fijar tres pilares centrales: el pago obligatorio de un salario anual complementario, la indemnización por despido injustificado y la creación del Instituto Nacional de Remuneraciones, encargado de establecer salarios mínimos acordes al costo de vida. “El aguinaldo no nació de un cuento de rosas. Existió un contexto político adverso y esta medida supuso un profundo convencimiento de que en la Nueva Argentina los trabajadores ocupaban un lugar central”, reflexionó el historiador Emmanuel Bonforti, al analizar el alcance político y social de aquella decisión.

Con el correr de las décadas, estos derechos se incorporaron al sentido común laboral argentino y atravesaron distintos ciclos económicos y políticos. Más allá de reformas parciales, el aguinaldo y las vacaciones pagas se consolidaron como componentes estructurales del salario y como resguardo ante la inestabilidad del empleo.

La reforma laboral y el nuevo enfoque oficial

El contraste se vuelve inevitable al observar el escenario actual. El proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei reabre un debate de fondo sobre el alcance de esas conquistas. Entre los puntos más cuestionados por sindicatos y sectores de la oposición figura la exclusión de conceptos no mensuales —como el aguinaldo, las vacaciones pagas, premios y otros adicionales— del cálculo de las indemnizaciones por despido sin causa.

De prosperar esta modificación, el monto indemnizatorio se vería sensiblemente reducido, alterando uno de los mecanismos históricos de protección frente a la pérdida del empleo. La iniciativa incorpora, además, la posibilidad de establecer un fondo de cese laboral optativo con aportes patronales acotados, habilita el pago de indemnizaciones en cuotas y flexibiliza el régimen de vacaciones, permitiendo su fraccionamiento con un mínimo de siete días consecutivos.

Desde el oficialismo, el argumento central gira en torno a la necesidad de “modernizar” el sistema laboral, reducir costos y fomentar la formalización del empleo. Sin embargo, las principales centrales sindicales, encabezadas por la CGT, calificaron la propuesta como regresiva y convocaron movilizaciones en rechazo al proyecto, al considerar que debilita derechos consolidados y traslada el riesgo económico hacia los trabajadores.

El debate parlamentario, atravesado por tensiones políticas y falta de consensos, se intensificó durante diciembre y sufrió postergaciones. En paralelo, sectores del peronismo y bloques opositores preparan contrapropuestas orientadas a preservar el espíritu de las normas surgidas en 1945, en un contexto económico marcado por la precarización y la caída del poder adquisitivo.

A ochenta años de la implantación del aguinaldo, la discusión excede largamente un aspecto técnico del cálculo indemnizatorio. Lo que está en juego es el modelo de relaciones laborales que el país elige proyectar.

El Decreto-Ley 33.302 simbolizó una etapa de ampliación de derechos y de reconocimiento del trabajo como columna vertebral del desarrollo social. La reforma en debate, en cambio, interpela ese legado y reabre una disputa histórica entre la lógica de la protección y la de la flexibilización.

El aniversario no solo invita a recordar una conquista emblemática, sino también a reflexionar sobre su vigencia en un escenario donde el sentido del trabajo, su valor social y su protección vuelven a ser objeto de una discusión profunda y decisiva para el futuro.

El costo mensual de criar niños y adolescentes volvió a incrementarse en noviembre y alcanzó valores históricos. Según datos del INDEC, la canasta de crianza para chicos de entre 6 y 12 años superó los 570 mil pesos, en un momento complejo sobre los ingresos familiares.

La canasta de crianza elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registró un nuevo aumento y alcanzó los $571.106 mensuales para niños y niñas de entre 6 y 12 años, el valor más alto entre los distintos tramos etarios relevados.

El informe oficial refleja con nitidez el impacto de la inflación y del encarecimiento del costo de vida sobre las familias con hijos, especialmente aquellas con niños en edad escolar, donde se combinan gastos crecientes en alimentos, educación, transporte y cuidado. En comparación, criar a un menor de un año demandó en noviembre $450.355 mensuales, mientras que el costo ascendió a $535.823 para el grupo de 1 a 3 años y a $454.165 para niños de 4 a 5 años.

La canasta de crianza, implementada por el INDEC como herramienta estadística, busca medir de manera integral el esfuerzo económico que implica la crianza, incorporando no solo los gastos directos sino también el valor del tiempo destinado al cuidado. En ese sentido, el indicador se compone de dos grandes rubros: bienes y servicios necesarios para el desarrollo infantil y la valorización económica de las tareas de cuidado.

En el caso de los bebés menores de un año, el costo total estuvo explicado por $142.416 en bienes y servicios —que incluyen alimentos, vestimenta, salud y otros consumos básicos— y $307.939 correspondientes al tiempo de cuidado. Para los niños de 1 a 3 años, los bienes y servicios representaron $183.892, mientras que el componente vinculado al cuidado ascendió a $351.930 mensuales.

Desde el organismo estadístico precisaron que el cálculo de los bienes y servicios se realiza a partir de la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, que contempla gastos en alimentación, transporte, educación, salud, indumentaria y vivienda, entre otros rubros esenciales. En tanto, el valor del cuidado surge de la estimación de las horas teóricas necesarias para la atención de los niños, tomando como referencia la remuneración del personal de casas particulares.

Un indicador clave en un contexto de ingresos tensionados

La evolución de la canasta de crianza se produce en un escenario marcado por la pérdida de poder adquisitivo y la dificultad de los salarios para acompañar el ritmo de los precios. En ese marco, el indicador se convierte en una referencia central para dimensionar el costo real de sostener la crianza y para visibilizar una carga económica que recae mayormente sobre las familias.

Además de su valor estadístico, la canasta de crianza cumple un rol estratégico en el diseño y evaluación de políticas públicas vinculadas a la infancia y la niñez. Sus datos son utilizados para analizar programas de asistencia, asignaciones familiares y mecanismos de acompañamiento económico, en un contexto donde el debate sobre el rol del Estado y la protección social se encuentra en el centro de la agenda.

El nuevo aumento de la canasta de crianza vuelve a poner en primer plano el impacto del contexto económico sobre los hogares con hijos. Con valores que ya superan ampliamente el medio millón de pesos mensuales, criar niños en la Argentina se consolida como un desafío cada vez más exigente, especialmente para los sectores de ingresos medios y bajos. Más allá de la cifra, el indicador expone una realidad estructural: el costo de garantizar condiciones dignas de desarrollo para la infancia crece a un ritmo que tensiona las economías familiares y plantea interrogantes de fondo sobre las políticas de acompañamiento y protección social.

La tarifa del transporte público de pasajeros volverá a actualizarse en San Juan desde enero de 2026. El pasaje de primera sección pasará de $810 a $1.070, en un contexto marcado por la inflación, el aumento de los costos operativos y un esquema de subsidios que el Gobierno provincial asegura sostener con un fuerte esfuerzo fiscal.

El transporte público enfrentará un nuevo incremento tarifario a partir del inicio de 2026. Según confirmaron fuentes oficiales, el boleto de colectivo de primera sección pasará a costar $1.070, lo que representa una suba cercana al 32% respecto del valor actual. La medida comenzará a regir desde enero y se inscribe en una dinámica de ajustes periódicos que busca acompañar la evolución de los costos del sistema.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la actualización responde a un escenario de inflación persistente, aumento del precio de los combustibles, mantenimiento de unidades y costos salariales del sector. En ese marco, la ministra de Gobierno, Laura Palma, remarcó que la tarifa plena continúa siendo amortiguada por un esquema de subsidios que evita un impacto mayor en los usuarios.

“La Provincia realiza un esfuerzo muy importante para sostener el sistema”, señaló la funcionaria en declaraciones públicas, al detallar que el Estado sanjuanino destina más de $5.000 millones mensuales para cubrir subsidios al transporte. Según precisó, sin ese aporte la tarifa debería ser considerablemente más elevada para garantizar la continuidad del servicio.

Los datos oficiales refuerzan ese planteo: más del 45% de los pasajeros no paga el valor completo del boleto. Jubilados, trabajadoras de casas particulares y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo acceden a programas nacionales, mientras que otros usuarios cuentan con beneficios otorgados directamente por la Provincia. Este entramado de asistencias permite sostener la demanda y preservar el acceso al transporte público para los sectores de menores ingresos.

Sin embargo, el incremento vuelve a colocar sobre la mesa un debate recurrente: el equilibrio entre la sustentabilidad económica del sistema y el impacto social de las subas tarifarias. En un contexto donde el transporte constituye un gasto fijo para miles de familias, cada ajuste reaviva la discusión sobre el alcance y la eficiencia de los subsidios, así como sobre la capacidad del Estado para sostenerlos en el tiempo.

Cambios en el boleto escolar gratuito

Junto con la actualización del pasaje, el Gobierno de San juan anunció modificaciones en el régimen del boleto escolar gratuito, que comenzarán a aplicarse con el inicio del ciclo lectivo 2026. A partir de entonces, estudiantes y docentes deberán tener sus datos personales correctamente registrados y vinculados a la tarjeta SUBE para acceder al beneficio.

Palma aclaró que el pase estudiantil continuará siendo gratuito y sin límite de viajes, y que la incorporación de este requisito no implica una restricción del derecho, sino una mejora en los mecanismos de control. “Buscamos mayor orden, transparencia y una administración más eficiente del sistema”, explicó.

El trámite podrá realizarse a través de la aplicación SUBE digital, una herramienta que, según destacaron desde el Gobierno, ya tiene una amplia adopción entre los usuarios del transporte público en la provincia. La digitalización apunta a reducir irregularidades, optimizar recursos y garantizar que el beneficio llegue efectivamente a quienes corresponde.