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En un plenario federal con fuerte impronta territorial, las 62 Organizaciones Peronistas reivindicaron los derechos laborales, denunciaron el deterioro del mundo del trabajo y rechazaron cualquier intento de desguace de las conquistas obreras. La unidad gremial, el protagonismo juvenil y la defensa de la dignidad nacional marcaron el tono de la jornada.

Por [Redacción]

En una etapa signada por la ofensiva liberal sobre el entramado laboral argentino, las 62 Organizaciones Peronistas —histórico brazo sindical del justicialismo— se congregaron en un plenario nacional celebrado en su sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Convocados por su secretario general, José Ibarra, referentes gremiales de múltiples regiones reafirmaron su compromiso con la defensa del trabajo como columna vertebral del modelo nacional, en abierta confrontación con el paradigma de ajuste que empuja la gestión actual.

El cónclave sindical tuvo un claro tono federal: acudieron representantes de seccionales bonaerenses como Zona Norte, Lanús-Avellaneda y La Matanza, además de delegaciones de provincias que trajeron consigo un diagnóstico concreto del deterioro en sus distritos. Las intervenciones reflejaron una radiografía compleja: caída de la producción, despidos masivos, debilitamiento de las obras sociales, y una erosión progresiva de las instituciones laborales.

En ese contexto de crisis, las 62 emitieron un pronunciamiento contundente. El documento, consensuado por todas las delegaciones, sostuvo sin ambigüedades que “la clase trabajadora no puede ser tratada como una variable de ajuste ni ser parte del descarte en el diseño de políticas públicas”. La frase resume el espíritu combativo del plenario y su rechazo tajante a cualquier intento de precarizar las condiciones laborales conquistadas a lo largo de décadas.

La resistencia se expresó no solo en el plano discursivo sino también en propuestas claras: fortalecer el sistema solidario de salud sindical, impedir la derogación de la indemnización por despido, defender los convenios colectivos de trabajo y custodiar la libertad sindical como derecho democrático esencial. Frente al vaciamiento institucional que denuncian, los gremialistas propusieron un modelo de país centrado en el empleo formal, con inclusión social y justicia distributiva.

El encuentro, además, sirvió como espacio de revitalización generacional. La presencia activa de cuadros juveniles y representantes de la rama femenina de las 62 evidenció la voluntad de aggiornar estructuras y prácticas. Lejos de la imagen de un sindicalismo anquilosado, el plenario expuso una dirigencia intergeneracional, dispuesta a dar la disputa tanto en las calles como en el debate cultural y político.

Entre los dirigentes presentes se destacó una diversidad de sectores: transporte, informática, gastronomía, energía, salud, remises, locutores, judiciales, entre muchos otros. Esta pluralidad gremial refuerza la legitimidad de las 62 como plataforma de síntesis obrera, con capacidad de articulación en un país profundamente desigual y fragmentado.

Uno de los mensajes más resonantes fue el cierre del Consejo Directivo Nacional, que reafirmó el mandato histórico del peronismo sindical: unidad en la acción, firmeza en la defensa de los derechos y una concepción del trabajo no como mercancía sino como pilar fundacional de la Nación. “La Patria no se vende, el trabajo no se entrega, la dignidad no se negocia”, fue la consigna que sintetizó una jornada de posicionamiento frente al vendaval regresivo que recorre el país.

Lejos de toda pasividad, el sindicalismo nucleado en las 62 Organizaciones Peronistas muestra signos de movilización, repliegue estratégico y reafirmación doctrinaria. Mientras sectores del poder insisten en deslegitimar las estructuras gremiales y reducir al trabajador a una pieza intercambiable del engranaje económico, el plenario de las 62 repone un horizonte de dignidad y justicia social. En tiempos de inestabilidad e incertidumbre, vuelve a resonar una verdad de hierro: sin trabajo con derechos, no hay democracia que se sostenga.

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Casi el 75% de la ciudadanía considera que el gobierno de Milei es “corrupto”

Un reciente relevamiento de opinión pública realizado por la consultora Zubán Córdoba reveló que casi el 75% de los argentinos considera que el gobierno de Javier Milei es «corrupto». El escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad geberó un impacto significativo en la imagen pública del Gobierno.

La encuesta, realizada entre el 27 y 28 de agosto con 1200 personas, mostró que la credibilidad de la gestión libertaria se encuentra profundamente afectada por este hecho. Un 62% de los encuestados juzga la respuesta del Gobierno como improvisada, lo que anticipa un impacto negativo en el terreno electoral.

Puntos clave de la encuesta:

  • Corrupción: El 75% de los argentinos considera que el gobierno de Milei es corrupto.
  • Improvisación: El 62% de los encuestados cree que la respuesta del Gobierno al escándalo ha sido improvisada.
  • Renuncia de funcionarios: Un 65% reclama que los funcionarios involucrados renuncien y se ponga a disposición de la Justicia.
  • Impacto electoral: Un 12% de personas que votaron a Milei en el ballotage ahora dicen que no lo volverán a votar debido al escándalo.

La encuesta también reveló que la imagen del Gobierno sufrió un duro golpe. El 57% de los encuestados califica la gestión de Milei como «mala» o «muy mala», mientras que solo el 39,9% la aprueba.

Cabe tener presente que este relevamiento de la opinión pública se realizó previo a que se conociera que también existen grabaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Estas últimas filtraciones no exponen hasta el momento nada comprometedor en su contenido, pero sí muestran el grado de crisis interna que atraviesa el Gobierno y anticipan que habrá nuevos episodios en este escándalo.

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Gremios docentes aceptaron la contraoferta de aumento salarial del gobierno de San Juan

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes llegaron a un acuerdo paritario que establece aumentos salariales para los próximos tres meses , vinculados al índice de inflación. El entendimiento busca garantizar previsibilidad al sector educativo y acompañar la evolución de la inflación.

La quinta sesión paritaria entre el Gobierno provincial y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET culminó con un acuerdo que establece aumentos salariales para agosto, septiembre y octubre. La propuesta del Ejecutivo incluye incrementos escalonados, vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de mejoras en conceptos específicos de la grilla salarial.

Detalles del Acuerdo:

  • Para agosto: actualización del valor índice según el IPC de julio e incremento de 6 puntos en todos los cargos del nomenclador docente. Esto se traduce en un salario testigo para maestro de grado jornada simple de $624.094,08 netos, un básico docente (A01) que sube a $384.105,87, y un valor hora cátedra que se va a $25.607,06 en nivel medio y $32.008,82 en nivel superior.
  • Para septiembre: actualización del valor índice según el IPC de agosto, aumento del 30% en el ítem remunerativo «Nueva Conectividad San Juan» y 4 puntos adicionales en el nomenclador docente. El valor de la Nueva Conectividad San Juan aumentará a $49.057 por cargo desde septiembre, aplicable hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedra.
  • Para octubre: actualización del valor índice según el IPC de septiembre y un aumento de 4 puntos en el nomenclador docente.

Mejoras en Asignaciones Específicas:

  • Estado Docente (A56): se actualizará según el IPC.
  • Responsabilidad Funcional (E60): se actualizará según el IPC.
  • Antigüedad (E66): se actualizará según el IPC.

En la reunión participaron funcionarios del Gobierno de San Juan, incluyendo al ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y representantes de los gremios docentes UDAP, UDA y AMET.

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La Justicia falla en favor de los docentes: suspende el Decreto que limitaba el derecho a huelga

La CTERA, el gremio mayoritario en la actividad docente, obtuvo una medida cautelar que suspende la aplicación del Decreto 340/25, dictado por el presidente Javier Milei. La decisión judicial implica la imposibilidad de limitar el derecho a huelga de los docentes a través de la declaración de «servicio esencial».

«El accionar del Gobierno Nacional señalado, se inscribe en la ofensiva que intenta la destrucción de la educación pública», declaró la CTERA en un comunicado. «No conseguirán, provocada por la inexistencia de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente –cuando la situación salarial es literalmente agobiante por la devastación del poder adquisitivo de los sueldos–».

La CTERA también destacó que la medida cautelar es un nuevo revés para el gobierno, que ya había sido derrotado en la Justicia en ocasiones anteriores. «CTERA como organización mayoritaria de las trabajadoras y trabajadores de la educación, seguirá luchando por el respecto de los derechos de las y los docentes de la República Argentina en todas las instancias que haga falta tanto nacionales como internacionales», concluyó la organización.

La sentencia, conocida en el día de hoy y que lleva fecha 26-8-2025, implica la imposibilidad por parte del Gobierno Nacional de aplicar las disposiciones impugnadas, siendo manifiestamente inconstitucional la regulación que establece el DNU citado al calificar a la educación como “servicio esencial” prohibiendo en la práctica el derecho de huelga.

Para la CTERA, la decisión judicial es un reconocimiento a la lucha de los docentes por sus derechos y por la defensa de la educación pública. «Seguiremos luchando por la elevación de las condiciones de vida y de trabajo de las compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho de nuestro país», concluyó la organización.

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