Las 62 Organizaciones Peronistas alzan su voz frente al ajuste y defienden el modelo sindical
En un plenario federal con fuerte impronta territorial, las 62 Organizaciones Peronistas reivindicaron los derechos laborales, denunciaron el deterioro del mundo del trabajo y rechazaron cualquier intento de desguace de las conquistas obreras. La unidad gremial, el protagonismo juvenil y la defensa de la dignidad nacional marcaron el tono de la jornada.
Por [Redacción]
En una etapa signada por la ofensiva liberal sobre el entramado laboral argentino, las 62 Organizaciones Peronistas —histórico brazo sindical del justicialismo— se congregaron en un plenario nacional celebrado en su sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Convocados por su secretario general, José Ibarra, referentes gremiales de múltiples regiones reafirmaron su compromiso con la defensa del trabajo como columna vertebral del modelo nacional, en abierta confrontación con el paradigma de ajuste que empuja la gestión actual.
El cónclave sindical tuvo un claro tono federal: acudieron representantes de seccionales bonaerenses como Zona Norte, Lanús-Avellaneda y La Matanza, además de delegaciones de provincias que trajeron consigo un diagnóstico concreto del deterioro en sus distritos. Las intervenciones reflejaron una radiografía compleja: caída de la producción, despidos masivos, debilitamiento de las obras sociales, y una erosión progresiva de las instituciones laborales.
En ese contexto de crisis, las 62 emitieron un pronunciamiento contundente. El documento, consensuado por todas las delegaciones, sostuvo sin ambigüedades que “la clase trabajadora no puede ser tratada como una variable de ajuste ni ser parte del descarte en el diseño de políticas públicas”. La frase resume el espíritu combativo del plenario y su rechazo tajante a cualquier intento de precarizar las condiciones laborales conquistadas a lo largo de décadas.
La resistencia se expresó no solo en el plano discursivo sino también en propuestas claras: fortalecer el sistema solidario de salud sindical, impedir la derogación de la indemnización por despido, defender los convenios colectivos de trabajo y custodiar la libertad sindical como derecho democrático esencial. Frente al vaciamiento institucional que denuncian, los gremialistas propusieron un modelo de país centrado en el empleo formal, con inclusión social y justicia distributiva.
El encuentro, además, sirvió como espacio de revitalización generacional. La presencia activa de cuadros juveniles y representantes de la rama femenina de las 62 evidenció la voluntad de aggiornar estructuras y prácticas. Lejos de la imagen de un sindicalismo anquilosado, el plenario expuso una dirigencia intergeneracional, dispuesta a dar la disputa tanto en las calles como en el debate cultural y político.
Entre los dirigentes presentes se destacó una diversidad de sectores: transporte, informática, gastronomía, energía, salud, remises, locutores, judiciales, entre muchos otros. Esta pluralidad gremial refuerza la legitimidad de las 62 como plataforma de síntesis obrera, con capacidad de articulación en un país profundamente desigual y fragmentado.
Uno de los mensajes más resonantes fue el cierre del Consejo Directivo Nacional, que reafirmó el mandato histórico del peronismo sindical: unidad en la acción, firmeza en la defensa de los derechos y una concepción del trabajo no como mercancía sino como pilar fundacional de la Nación. “La Patria no se vende, el trabajo no se entrega, la dignidad no se negocia”, fue la consigna que sintetizó una jornada de posicionamiento frente al vendaval regresivo que recorre el país.
Lejos de toda pasividad, el sindicalismo nucleado en las 62 Organizaciones Peronistas muestra signos de movilización, repliegue estratégico y reafirmación doctrinaria. Mientras sectores del poder insisten en deslegitimar las estructuras gremiales y reducir al trabajador a una pieza intercambiable del engranaje económico, el plenario de las 62 repone un horizonte de dignidad y justicia social. En tiempos de inestabilidad e incertidumbre, vuelve a resonar una verdad de hierro: sin trabajo con derechos, no hay democracia que se sostenga.
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Gran preocupación de los argentinos por el desempleo y pobreza en la era Milei
La situación económica en Argentina es cada vez más preocupante. Según la encuesta realizada por IPSO, el desempleo y la pobreza son las principales preocupaciones de los argentinos. La proporción de personas que expresa angustia por la pobreza y la desigualdad ha aumentado siete puntos en mayo, alcanzando un máximo de diez años del 46%. Esta intranquilidad está ahora empatada con el desempleo como la principal prioridad de los argentinos.
La encuesta también revela que la opinión sobre el estado de la economía en un año ha mejorado 17 puntos, pero aún así, el 67% de sus habitantes considera que la economía está en mal estado. La inflación descendió 11 puntos en la ponderación de los argentinos, mientras que la educación ha perdido importancia, descendiendo 6 puntos.
La seguridad, una preocupación creciente
La seguridad también es un llamado de atención creciente en el país. El informe revela que el crimen y la violencia se ubican como la tercera preocupación, detrás de la desigualdad y el desempleo.
La educación, una prioridad
La educación es una prioridad para los argentinos. La encuesta revela que es el país más preocupado por la educación, con un malestar que es el doble que en todo el universo de la muestra.
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La universidad pública bajo amenaza: Docentes llaman a no iniciar las clases en el segundo cuatrimestre
La Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc) anunció la suspensión de los exámenes y el inicio de las clases en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) debido al atraso salarial del Gobierno. La medida se suma a un plan de acción en defensa de la universidad pública y la ciencia.
La situación en las universidades nacionales es crítica. Los docentes universitarios están sufriendo un atraso salarial que ha llevado a una caída del poder adquisitivo de hasta el 100%. En este contexto Adiuc lanzó una medida de fuerza que incluye la suspensión de los exámenes y el inicio de las clases en la UNC. La decisión fue tomada tras una consulta docente universitaria que mostró que el 99,2% de los participantes se manifestaron en favor de la continuidad y profundización de las acciones en demanda de una recomposición salarial y presupuestaria para las universidades y la ciencia.
La lucha por la universidad pública
La Adiuc exige una serie de medidas para resolver la crisis en la universidad pública. Entre ellas, se encuentran la recuperación de salarios, la actualización del presupuesto universitario, el incremento de las becas estudiantiles y el presupuesto para el sistema científico. La entidad también exige el urgente tratamiento y aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La situación es especialmente difícil para los docentes universitarios, que están sufriendo un impacto significativo en sus condiciones de vida. El 90% de los docentes dijo estar siendo «muy afectado» en sus condiciones de vida por las políticas de ajuste. La Adiuc está decidida a profundizar el plan de acción en defensa de la universidad pública y la ciencia.
Con un contunde mensaje, Adiuc llama a los docentes universitarios y a la comunidad académica a sumarse a la medida de fuerza y a exigir una solución a la crisis en la universidad pública. La entidad también propone un esquema de medidas de fuerza rotativas y progresivas en cada dependencia.
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La Justicia laboral declaró inconstitucional el DNU que limitaba el derecho de huelga
La jueza Moira Fullana del Juzgado Nacional del Trabajo Nº3 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 del DNU 340/2025, que restringía el derecho de huelga en varias actividades laborales. La decisión ratifica una sentencia interlocutoria previa y refuerza la protección de los derechos laborales y el principio de división de poderes.
La sentencia de la jueza Moira Fullana es un duro golpe para el Gobierno, que había intentado limitar el derecho de huelga en varias actividades laborales a través del DNU 340/2025. La norma, que incorporaba a la Marina Mercante y actividades conexas como servicios esenciales, imponía restricciones al derecho de huelga, exigiendo servicios mínimos de entre el 50% y el 75% en sectores esenciales.
La inconstitucionalidad del DNU
La jueza Fullana declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 del DNU, argumentando que el Gobierno no justificó una emergencia concreta que requiriera eludir el trámite legislativo ordinario. Además, destacó que el Congreso estaba en sesiones ordinarias al momento del dictado del DNU, lo que deslegitima su uso. La falta de control parlamentario previsto por la Ley 26.122 también fue subrayada por la jueza.
La sentencia tiene un impacto significativo en los derechos laborales, ya que refuerza la protección de la libertad sindical y el derecho de huelga. La jueza Fullana subrayó que las restricciones al derecho de huelga afectaban la libertad sindical, un pilar protegido por normas constitucionales y tratados internacionales.
En este sentido, la Confederación General del Trabajo (CGT) celebró el fallo como un hito en la defensa de los derechos laborales. El Gobierno, que aún no emitió un comunicado oficial, podría apelar ante la Corte Suprema, donde ya está pendiente una resolución sobre el DNU 70/23, cuya inconstitucionalidad fue declarada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
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