Internas, CFK y Milei: el temblor que recorre los cimientos de la CGT
Las tensiones en la central obrera se recrudecen entre sectores que apuestan al diálogo con el gobierno libertario y gremios que exigen un rumbo combativo, tras la exclusión de la marcha por Cristina Fernández y la presencia en el Consejo de Mayo. La interna sindical avanza hacia un nuevo clímax con aroma de ruptura inminente.
Por Redacción
Fragmentación y fuego cruzado en Azopardo
La Confederación General del Trabajo atraviesa uno de sus momentos más complejos desde el retorno de la democracia. A medida que se acorta el calendario hacia las elecciones internas, la CGT evidencia una dislocación cada vez más marcada entre dos visiones inconciliables: la de quienes persisten en la lógica del diálogo institucional, aunque sea con un gobierno abiertamente hostil a los derechos laborales, y la de aquellos que claman por una ofensiva gremial contundente ante el ajuste en curso. En este contexto, la participación de la cúpula sindical en el flamante Consejo de Mayo, convocado por la administración de Javier Milei, y la abstención de la central en la reciente movilización en defensa de Cristina Fernández de Kirchner, terminaron de poner al descubierto las fisuras internas.
El bloque mayoritario, con figuras como Héctor Daer, Hugo Moyano, Gerardo Martínez (UOCRA) y Andrés Rodríguez (UPCN), conserva el control de la mesa de conducción. Sin embargo, se encuentra cada vez más asediado por un sector disidente que reclama una postura de mayor confrontación y que impulsa la posibilidad de un cuarto paro general. Voces como las de Abel Furlán (UOM), Mario Manrique (SMATA) y Sergio Palazzo (La Bancaria) encabezan este frente crítico, que hoy se materializa en las calles con una movilización multisectorial hacia el Ministerio de Desregulación.
El surgimiento del Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, que agrupa a más de 150 sindicatos combativos junto a movimientos sociales y estudiantiles, marca un punto de inflexión. Esta confluencia, que incluye a las dos CTA y la poderosa Confederación de Trabajadores del Transporte, busca construir una masa crítica capaz de torcer el rumbo del gobierno de Milei. La movilización de hoy en el centro porteño pretende, además, visibilizar la diferencia de posicionamientos dentro del movimiento obrero organizado.
No se trata simplemente de matices tácticos. Lo que está en juego es una visión antagónica sobre cómo pararse frente a un gobierno que ha demostrado desprecio por la negociación colectiva, ha cercenado el derecho a huelga mediante decretos y promueve una reconfiguración regresiva del mundo del trabajo. Mientras la conducción apuesta al pragmatismo institucional, sus críticos la acusan de tibieza y de legitimar, por acción u omisión, el avance liberal sobre los derechos conquistados.
La apuesta al diálogo y sus límites
La presencia de Gerardo Martínez en la primera foto oficial del Consejo de Mayo fue la señal más clara de que el ala dialoguista de la CGT no piensa romper aún los puentes con el Ejecutivo. La central llevó al encuentro reclamos por paritarias libres, el respeto a los derechos sindicales y mejoras en el sistema previsional. “No vamos a dar ni un paso atrás”, sostuvo el titular de la UOCRA al salir de la reunión. Sin embargo, las dudas sobre la efectividad de esa instancia son compartidas incluso dentro del propio oficialismo gremial.
En voz baja, varios dirigentes admiten que el gobierno libertario ha incumplido sistemáticamente los compromisos asumidos en mesas anteriores y que las promesas de Francos y Sturzenegger caen en saco roto. Las expresiones de escepticismo van en aumento, al calor del deterioro social y la falta de respuestas concretas para los trabajadores. La credibilidad del diálogo institucional pende de un hilo.
La figura de CFK como detonante simbólico
El último gesto que terminó por quebrar el precario equilibrio interno fue la actitud distante adoptada por la conducción ante la situación judicial de Cristina Fernández. La confirmación de la prisión domiciliaria contra la ex presidenta y la convocatoria a la movilización en su respaldo, desoída por la CGT, encendieron la mecha. Desde los gremios con mayor raigambre kirchnerista –como la UOM, SMATA, Bancarios y Judiciales– llovieron las críticas. Abel Furlán fue quien expresó con mayor crudeza el malestar, exigiendo que se discuta un plan de lucha sostenido contra lo que denominó un intento de proscripción política.
La sombra de viejos enfrentamientos entre la ex mandataria y sectores del sindicalismo vuelve a proyectarse sobre el presente. Hugo Moyano, promotor de la decisión de no adherir a la marcha, resucita así antiguas rencillas que nunca cicatrizaron del todo. Con esta herida abierta, los próximos cuatro meses hasta las elecciones gremiales prometen ser un campo minado.
La CGT, que supo ser símbolo de unidad y resistencia, hoy aparece fracturada, atrapada entre el dilema de colaborar o confrontar. Mientras la crisis económica golpea con fuerza a los asalariados y las políticas gubernamentales tensionan al límite el entramado social, la central obrera debate su futuro entre pasillos de poder, asambleas callejeras y gestos simbólicos cargados de significado. La pregunta no es sólo quién conducirá la CGT tras las elecciones internas, sino si esa conducción podrá encarnar una voz verdaderamente representativa de los intereses del mundo del trabajo en un tiempo de amenazas estructurales. La disputa está abierta y su desenlace tendrá impacto no solo en el mapa sindical, sino también en el horizonte político de la Argentina que viene.
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La caída del salario mínimo afecta a millones de trabajadores en Argentina
El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en Argentina perdió un 30% de su poder adquisitivo en lo que va de la gestión de Javier Milei, según datos del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA). Actualmente, el SMVM se encuentra en $322.200 brutos, lo que lo ubica por debajo de la jubilación mínima y representa una caída histórica que lo deja en el nivel real más bajo en décadas.
La situación del SMVM es crítica. No solo se encuentra por debajo de los $390.277,17 que perciben los jubilados con haber mínimo y bono, sino que también acumula una caída del 43,4% en comparación con noviembre de 2019 y del 56,7% en comparación con 2015. Según el informe del CIFRA, si no hubiese perdido capacidad de compra durante la última década, hoy superaría los $740.000.
La pérdida de poder adquisitivo del SMVM tiene un impacto directo en los trabajadores mensualizados o jornalizados que cobran menos del piso salarial, y de forma indirecta en el 40% de asalariados que se desempeñan en la informalidad. Además, los acuerdos del Consejo del Salario terminaron sin consenso y las actualizaciones fueron definidas por la Secretaría de Trabajo, con subas alineadas a la propuesta empresarial, insuficientes para compensar la devaluación y la inflación.
La comparación con la línea de pobreza expone aún más la gravedad de la situación. En julio, una familia tipo necesitó casi cuatro salarios mínimos para cubrir la canasta básica. De este modo, el SMVM dejó de cumplir las funciones que establece la Ley de Contrato de Trabajo: garantizar alimentación, vivienda, salud, educación y un piso de dignidad.
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El Gobierno restablece la vigencia de normas derogadas y cancela cambios en organismos públicos
El Gobierno nacional dio marcha atrás con la eliminación y fusión de varios organismos públicos tras el rechazo del Congreso. Los decretos que restablecen la vigencia de las normas derogadas fueron publicados en el Boletín Oficial, lo que implica que los cambios volvieron a cero.
La decisión de dar marcha atrás con las medidas se tomó después de que el Congreso desaprobara los decretos que implicaban la fusión, eliminación y modificaciones en varios organismos públicos. Los cambios anulados incluyen la disolución de Vialidad Nacional y ARICCAME, y la fusión de institutos históricos.
Según los decretos publicados en el Boletín Oficial, se restablece la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25. Esto implica que los organismos públicos volverán a sus funciones y estructuras originales.
Entre los cambios anulados se encuentran:
- La fusión entre el Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas
- La incorporación del Banco Nacional de Datos Genéticos como organismo desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
- La disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
- La eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME)
La medida de dar marcha atrás con los cambios fue bien recibida por la oposición, que había criticado las resoluciones por considerarlas inconstitucionales y perjudiciales para el funcionamiento de los organismos públicos.
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Paro universitario en San Juan: alto acatamiento y expectativa por la marcha federal contra el posible veto presidencial
En diálogo con Mundo Laboral, la referente sindical de ADICUS, Edith Liquitay, advirtió que los salarios docentes han perdido el equivalente a seis sueldos completos en 17 meses y denunció el vaciamiento presupuestario del sistema universitario. El conflicto se profundiza ante la amenaza de un veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada en el Congreso.
El paro de 48 horas que formara parte de una serie de medidas de lucha que culminó este martes 2 de septiembre, volvió a evidenciar la solidez del frente universitario en San Juan. La estrategia, enmarcada en el plan de lucha impulsado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU Histórica), alcanzó un altísimo nivel de adhesión en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), con un 90% en los colegios preuniversitarios y cifras cercanas al 70% en varias facultades. Las mesas de exámenes y actividades académicas debieron ser reprogramadas, un dato que revela la contundencia de la protesta.
Edith Liquitay, del gremio ADICUS, sostuvo que “en 17 meses hemos perdido seis salarios completos”, subrayando que el 70% de la docencia universitaria en la provincia percibe ingresos que van de 180 mil a 700 mil pesos, montos que se evaporan en los primeros diez días del mes frente a una inflación implacable. Según la dirigente, muchos docentes renuncian a cargos o reducen dedicaciones para buscar ingresos fuera de la universidad, mientras que quienes permanecen lo hacen por compromiso con la defensa de la educación pública.
La dirigente sindical también remarcó la gravedad del recorte presupuestario: “Así como en nuestras casas pagamos la luz, también la universidad debe hacerlo, y sin presupuesto actualizado se hace imposible sostener la actividad académica con normalidad”.
En paralelo, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, un reclamo histórico de la comunidad académica que garantiza la actualización de recursos conforme a la inflación, la ampliación de becas estudiantiles y fondos para investigación y extensión. No obstante, la amenaza de un veto presidencial encendió alarmas en todo el sector y aceleró la coordinación de una nueva marcha federal.
Liquitay consideró que la sanción de la ley es “un triunfo de la unidad, construido desde las bases y discutido con cada legislador para demostrar la necesidad de sostener la universidad pública”. Sin embargo, advirtió que el posible veto del Ejecutivo sería un golpe directo a esa conquista y que el movimiento universitario prepara una respuesta de alcance nacional.
La próxima acción de fuerza será la tercera marcha federal, aún sin fecha confirmada, que se prevé contundente y articulada con otros sectores sociales: trabajadores de la salud, jubilados, organizaciones de discapacidad y movimientos estudiantiles. “La lucha es una sola —resaltó Liquitay—, porque todos los sectores afectados por el ajuste tienen raíz en las universidades públicas que hoy se ven vaciadas”.
El conflicto universitario dejó de ser una disputa sectorial para transformarse en un símbolo de resistencia social frente a las políticas de ajuste. En San Juan, como en todo el país, la comunidad docente y estudiantil mantiene firme la convicción de que sin presupuesto no hay universidad posible.
La próxima marcha federal, lejos de ser un hecho aislado, se proyecta como un nuevo capítulo en la convergencia de luchas que buscan frenar el avance de un gobierno decidido a recortar los pilares de la educación superior pública.
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