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En un comunicado de tono severo, la Confederación General del Trabajo advierte sobre un presunto intento de proscripción política de la ex mandataria y lanza una crítica directa al Poder Judicial, al que acusa de extralimitarse en su rol constitucional. Un llamado de atención que reactiva la tensión entre sindicalismo, justicia y democracia en la Argentina contemporánea.

El país atraviesa un clima de creciente crispación institucional. En este contexto, la Confederación General del Trabajo (CGT) difundió un mensaje categórico que interpela al corazón mismo del sistema republicano: “La democracia está en peligro”, reza el título del comunicado rubricado por su Consejo Directivo Nacional. Detrás de esta afirmación no sólo se esconde un diagnóstico sombrío del presente político, sino también una advertencia explícita ante lo que la central obrera percibe como una ofensiva judicial con implicancias políticas.

El texto, que combina la retórica encendida con la argumentación institucionalista, señala a ciertos sectores del Poder Judicial como protagonistas de un proceso de judicialización de la política, cuyo objetivo, según la CGT, sería inhabilitar electoralmente a Cristina Fernández de Kirchner, actual presidenta y figura clave del espacio peronista. El comunicado no ahorra en analogías históricas ni referencias regionales: evoca el caso de Luiz Inácio Lula da Silva como precedente, sugiriendo que, bajo el ropaje de la legalidad, se escondería una maniobra de disciplinamiento político y social.

El tono de la central sindical es inequívoco. Habla de “embestida mediático-judicial”, de “persecución selectiva” y de una estrategia que busca, según sostiene, apartar de la competencia electoral a referentes que encarnan modelos alternativos al neoliberalismo. La acusación es grave: se denuncia un intento de proscripción política mediante el uso instrumental de causas judiciales, una práctica que, de confirmarse, erosionaría severamente los principios del Estado de Derecho.

En su análisis, la CGT traza un vínculo directo entre el lawfare y la reconfiguración del poder económico. Desde su perspectiva, el desplazamiento de determinados liderazgos populares no es un hecho aislado, sino la pieza de una maquinaria mayor orientada a instalar un orden económico regresivo, sustentado en la exclusión social, el debilitamiento de los derechos laborales y la precarización del sistema democrático. La advertencia es clara: sin pluralismo político no hay democracia plena.

Sin embargo, esta intervención no está exenta de polémicas. Si bien la preocupación por la independencia judicial es compartida por amplios sectores democráticos, la posición de la CGT reaviva debates antiguos sobre el rol de las corporaciones sindicales en el escenario político. Algunos analistas consideran que este tipo de posicionamientos terminan subordinando las luchas gremiales a lógicas partidarias, reduciendo la autonomía del movimiento obrero. Otros, en cambio, interpretan que frente a una amenaza al sistema democrático, el sindicalismo tiene la obligación de pronunciarse con firmeza.

No es la primera vez que la CGT asume un papel de defensor institucional. A lo largo de la historia argentina, las centrales obreras han actuado como actores políticos de peso, capaces de torcer rumbos o condicionar decisiones de gobierno. En este caso, el pronunciamiento refleja no solo una toma de posición coyuntural, sino la voluntad de incidir activamente en la construcción del escenario electoral venidero.

La organización gremial también reclama una mayor responsabilidad del Poder Judicial, al que exhorta a desempeñarse con la imparcialidad que exige la Constitución. En un país donde la credibilidad institucional se halla permanentemente en tela de juicio, la exigencia de una justicia independiente no debería ser leída como una afrenta, sino como un imperativo democrático. No obstante, cuando ese reclamo proviene de sectores que ya tienen definido a quién proteger y a quién acusar, surgen inevitables interrogantes sobre la legitimidad de la denuncia.

El comunicado de la CGT pone en evidencia una tensión estructural que atraviesa a la Argentina desde hace décadas: la fragilidad del equilibrio entre poderes, la utilización política del aparato judicial y el persistente riesgo de que la competencia democrática sea condicionada por factores extrainstitucionales. Aunque el respaldo explícito a Cristina Kirchner divide opiniones, el llamado de atención no puede ser desoído. Si la Justicia deviene en herramienta de revancha y los procesos electorales son contaminados por decisiones arbitrarias, lo que está en juego no es el destino de una figura política, sino la vigencia misma del pacto democrático. La Argentina se encuentra, una vez más, en un cruce de caminos donde el respeto por las instituciones será la vara con la que se mida la salud de su república.

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Las universidades paran el 8 de septiembre por salarios y financiamiento

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocó a una huelga de 24 horas para el martes 8 de septiembre. La medida reunirá a docentes y nodocentes y responde al reclamo de una recomposición salarial y de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las universidades nacionales volverán a parar el martes 8 de septiembre, luego de que los gremios docentes y nodocentes rechazaran la última propuesta salarial del Gobierno y resolvieran profundizar las medidas de fuerza.

La convocatoria fue realizada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y reúne a CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN. La participación de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales incorpora al personal nodocente, por lo que la huelga alcanzará tanto las tareas académicas como administrativas, técnicas y de servicios.

La nueva huelga de 24 horas se suma a la realizada el pasado miércoles 2 de septiembre. Los dos ejes del reclamo son la recuperación del poder de compra de los salarios y el respeto a la Ley de Financiamiento Universitario

La decisión sindical llegó posterior a la reunión mantenida el 1 de septiembre con representantes del Gobierno. El Ministerio de Capital Humano ofreció un 3% de aumento para septiembre y ratificó otro 3% para octubre. Sin embargo, las organizaciones cuestionaron que el segundo tramo ya había sido acordado en junio y consideraron insuficiente la propuesta frente al deterioro acumulado de los ingresos.

Desde CONADU, conducida por Clara Chevalier, plantearon una recomposición del 31,2%, además de la incorporación de la inflación de agosto y el pago de salarios adeudados. La agenda gremial incluye también reclamos vinculados con el FONID, las escuelas preuniversitarias y la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo.

Para los gremios, la diferencia entre la oferta oficial y sus pretensiones impide cerrar la negociación paritaria. El conflicto salarial se entrelaza, además, con una disputa más amplia por los recursos destinados al sistema universitario y por la implementación de la legislación aprobada para garantizar su financiamiento.

La nueva jornada de lucha trasladará nuevamente el reclamo a las universidades de todo el país y pondrá a docentes y nodocentes bajo una misma medida de fuerza. La continuidad de las huelgas refleja la falta de acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones gremiales sobre salarios y financiamiento, mientras la negociación permanece abierta y sin una fecha cierta de resolución.

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Más de 12.000 personas se anotaron para ingresar al Poder Judicial de San Juan

El concurso de ingreso al Poder Judicial de San Juan cerró este viernes con con una cifra récord de 12.293 inscriptos. Del total, 11.518 corresponden a la Primera Circunscripción y 775 a Jáchal e Iglesia. El proceso tendrá cinco instancias eliminatorias antes de la entrevista final.

El registro finalizó este viernes 4 de septiembre a las 12 y dejó una marcada diferencia entre las dos circunscripciones. 11.518 postulantes corresponden a la Primera Circunscripción Judicial, mientras que 775 se inscribieron para la Segunda, que comprende los departamentos Jáchal e Iglesia.

Concluida la etapa de inscripción, la atención estará puesta ahora en la organización de las evaluaciones. La Escuela Judicial y la Dirección de Recursos Humanos deberán definir el cronograma, los turnos y la distribución de los miles de aspirantes que participarán de las distintas pruebas.

El concurso contempla cinco instancias eliminatorias. La primera será una prueba de dactilografía: cada postulante deberá transcribir correctamente un texto de 100 palabras en un máximo de cuatro minutos. La evaluación exigirá precisión en la reproducción.

La segunda instancia será de ortografía. Los participantes recibirán un texto con errores y dispondrán de cinco minutos para corregirlos. Para continuar deberán resolver correctamente al menos el 70% de las equivocaciones.

Superadas esas pruebas llegará una capacitación obligatoria, organizada como un curso académico asincrónico de nueve módulos sobre estructura y funcionamiento del Poder Judicial, normativa y contenidos jurídicos. Cada módulo tendrá unos 50 minutos de material audiovisual y preguntas de entrenamiento. Será necesario alcanzar un 70% de respuestas correctas en cada uno para completar la capacitación y obtener el certificado habilitante.

La cuarta instancia será el examen de conocimientos, compuesto por 100 preguntas que deberán responderse en 75 minutos. El requisito para aprobar será alcanzar al menos 71 respuestas correctas. Los contenidos estarán incluidos en el manual elaborado por el Poder Judicial y disponible en el micrositio oficial del concurso.

Finalmente, quienes superen todas las evaluaciones accederán a una entrevista personal con el Gabinete Técnico, destinada a completar el proceso de selección mediante la elaboración de un perfil de cada postulante.

Las pruebas se desarrollarán en la sede académica del Poder Judicial ubicada en el edificio del Sirio Libanés, sobre calle Entre Ríos, antes de avenida Libertador. El establecimiento dispone de 40 computadoras conectadas en red, configuradas exclusivamente con el sistema operativo y la plataforma del concurso.

La elevada cantidad de inscriptos obligará a organizar evaluaciones sucesivas en grupos de 40 personas, con turnos durante la mañana y la tarde. Cada postulante recibirá por correo electrónico la fecha y el horario asignados para rendir.

El Poder Judicial también informó que se implementarán adecuaciones para las personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar su participación en igualdad de condiciones durante las distintas instancias.

Con los aspirantes registrados, el concurso se convirtió en una de las convocatorias de mayor magnitud de los últimos años dentro de la Justicia sanjuanina. El próximo paso será establecer el cronograma que pondrá en marcha un proceso de selección diseñado para evaluar conocimientos, capacidades técnicas y aptitudes personales antes de definir los nuevos ingresos.

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San Juan apuesta al cobre para atraer inversiones mineras de escala global

San Juan llevó su potencial cuprífero ante representantes del mundo empresario y financiero de Estados Unidos y Argentina, en un foro internacional dedicado a los minerales críticos y a las oportunidades de inversión que abre la creciente demanda global.

El gobernador Marcelo Orrego participó en Buenos Aires del Foro Estados Unidos-Argentina sobre Minerales Críticos, donde presentó a San Juan como uno de los principales destinos para inversiones vinculadas con el cobre. Afirmó que seis de los diez proyectos cupríferos más avanzados del país están en la provincia y que las iniciativas asociadas al RIGI superan los US$33.000 millones anunciados.

El encuentro fue organizado por la U.S. Chamber of Commerce, el US-Argentina Business Council, Citi, AmCham Argentina y la Embajada de Estados Unidos en Argentina, y reunió a representantes públicos y privados de ambos países para analizar la disponibilidad de recursos considerados esenciales para nuevas tecnologías, electrificación y transición energética.

Frente a esa audiencia, Orrego presentó las condiciones que San Juan busca consolidar para captar capitales mineros de gran escala: seguridad jurídica, estabilidad fiscal, desarrollo de infraestructura y avance de proyectos de exploración, además de incentivos vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El cobre ocupó el centro de su exposición. El mandatario sanjuanino sostuvo que la demanda mundial crecerá impulsada, entre otros factores, por la electrificación y la inteligencia artificial, mientras la oferta enfrenta dificultades para expandirse al mismo ritmo. En ese punto, remarcó que seis de los diez proyectos de cobre más avanzados de la Argentina están ubicados en San Juan, con inversiones proyectadas superiores a US$30.000 millones.

Orrego también apeló a las características geográficas de la provincia para explicar el vínculo histórico con la minería. Resaltó que el 83% de la superficie de San Juan está cubierta por montañas, mientras otro 14% corresponde a zonas desérticas y apenas un 3% resulta cultivable. “Los sanjuaninos no solo debemos hacer minería, sino que queremos hacerlo y, por cierto, sabemos hacerlo”, afirmó.

En materia fiscal, el jefe de Estado provincial destacó el equilibrio de las cuentas públicas provinciales y sostuvo que es posible fortalecer los recursos estatales sin incrementar la presión tributaria. También reivindicó el acompañamiento de San Juan a las políticas nacionales destinadas a recuperar el equilibrio macroeconómico y la sanción del RIGI como herramienta para brindar previsibilidad a los grandes emprendimientos.

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