
La CGT en alerta: Denuncia riesgo institucional y respalda a Cristina Kirchner
En un comunicado de tono severo, la Confederación General del Trabajo advierte sobre un presunto intento de proscripción política de la ex mandataria y lanza una crítica directa al Poder Judicial, al que acusa de extralimitarse en su rol constitucional. Un llamado de atención que reactiva la tensión entre sindicalismo, justicia y democracia en la Argentina contemporánea.
El país atraviesa un clima de creciente crispación institucional. En este contexto, la Confederación General del Trabajo (CGT) difundió un mensaje categórico que interpela al corazón mismo del sistema republicano: “La democracia está en peligro”, reza el título del comunicado rubricado por su Consejo Directivo Nacional. Detrás de esta afirmación no sólo se esconde un diagnóstico sombrío del presente político, sino también una advertencia explícita ante lo que la central obrera percibe como una ofensiva judicial con implicancias políticas.
El texto, que combina la retórica encendida con la argumentación institucionalista, señala a ciertos sectores del Poder Judicial como protagonistas de un proceso de judicialización de la política, cuyo objetivo, según la CGT, sería inhabilitar electoralmente a Cristina Fernández de Kirchner, actual presidenta y figura clave del espacio peronista. El comunicado no ahorra en analogías históricas ni referencias regionales: evoca el caso de Luiz Inácio Lula da Silva como precedente, sugiriendo que, bajo el ropaje de la legalidad, se escondería una maniobra de disciplinamiento político y social.
El tono de la central sindical es inequívoco. Habla de “embestida mediático-judicial”, de “persecución selectiva” y de una estrategia que busca, según sostiene, apartar de la competencia electoral a referentes que encarnan modelos alternativos al neoliberalismo. La acusación es grave: se denuncia un intento de proscripción política mediante el uso instrumental de causas judiciales, una práctica que, de confirmarse, erosionaría severamente los principios del Estado de Derecho.
En su análisis, la CGT traza un vínculo directo entre el lawfare y la reconfiguración del poder económico. Desde su perspectiva, el desplazamiento de determinados liderazgos populares no es un hecho aislado, sino la pieza de una maquinaria mayor orientada a instalar un orden económico regresivo, sustentado en la exclusión social, el debilitamiento de los derechos laborales y la precarización del sistema democrático. La advertencia es clara: sin pluralismo político no hay democracia plena.
Sin embargo, esta intervención no está exenta de polémicas. Si bien la preocupación por la independencia judicial es compartida por amplios sectores democráticos, la posición de la CGT reaviva debates antiguos sobre el rol de las corporaciones sindicales en el escenario político. Algunos analistas consideran que este tipo de posicionamientos terminan subordinando las luchas gremiales a lógicas partidarias, reduciendo la autonomía del movimiento obrero. Otros, en cambio, interpretan que frente a una amenaza al sistema democrático, el sindicalismo tiene la obligación de pronunciarse con firmeza.
No es la primera vez que la CGT asume un papel de defensor institucional. A lo largo de la historia argentina, las centrales obreras han actuado como actores políticos de peso, capaces de torcer rumbos o condicionar decisiones de gobierno. En este caso, el pronunciamiento refleja no solo una toma de posición coyuntural, sino la voluntad de incidir activamente en la construcción del escenario electoral venidero.
La organización gremial también reclama una mayor responsabilidad del Poder Judicial, al que exhorta a desempeñarse con la imparcialidad que exige la Constitución. En un país donde la credibilidad institucional se halla permanentemente en tela de juicio, la exigencia de una justicia independiente no debería ser leída como una afrenta, sino como un imperativo democrático. No obstante, cuando ese reclamo proviene de sectores que ya tienen definido a quién proteger y a quién acusar, surgen inevitables interrogantes sobre la legitimidad de la denuncia.
El comunicado de la CGT pone en evidencia una tensión estructural que atraviesa a la Argentina desde hace décadas: la fragilidad del equilibrio entre poderes, la utilización política del aparato judicial y el persistente riesgo de que la competencia democrática sea condicionada por factores extrainstitucionales. Aunque el respaldo explícito a Cristina Kirchner divide opiniones, el llamado de atención no puede ser desoído. Si la Justicia deviene en herramienta de revancha y los procesos electorales son contaminados por decisiones arbitrarias, lo que está en juego no es el destino de una figura política, sino la vigencia misma del pacto democrático. La Argentina se encuentra, una vez más, en un cruce de caminos donde el respeto por las instituciones será la vara con la que se mida la salud de su república.
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El Frente Sindical convocó a la marcha el 7 de agosto para exigir mejoras laborales y salariales

El Frente Sindical por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo, impulsado por ATE, definió su participación en la marcha del Día de San Cayetano, que se llevará a cabo el próximo jueves 7 de agosto.
Esta movilización, que contará con la presencia de más de 100 organizaciones sindicales, incluyendo la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), las dos CTA, y sindicatos de la CGT, tiene como objetivo principal exigir mejoras laborales y salariales.
La marcha, que comenzará a partir de las 8 desde el santuario de Liniers y se dirigirá a la Plaza de Mayo, es una respuesta a la creciente preocupación por la destrucción de puestos de trabajo y la pérdida de poder adquisitivo.
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, enfatizó la importancia de esta movilización, afirmando que «el frente sindical está en pleno desarrollo, goza de muy buena salud y este 7 de agosto en la calle tenemos que asestarle un nuevo golpe al Gobierno».
Aguiar destacó que «tenemos que frenar la destrucción de los puestos de trabajo. Las cesantías y las suspensiones van en aumento en el sector público, pero también en las distintas ramas de la actividad privada».
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Trabajadores de JetSMART acuerdan mejoras en salarios y levantan el paro

La Asociación Sindical de Trabajadores de JetSMART (ASTJ) alcanzó un acuerdo parcial con la aerolínea, que pone fin al paro de 24 horas programado para el 1 de agosto. Este entendimiento, que evita interrupciones en los vuelos de cabotaje e internacionales durante la temporada alta, responde a la firma de un acta que incluye mejoras económicas concretas para las tripulaciones argentinas.
El pacto establece el pago de un bono extraordinario proporcional al salario fijo, que representa un aumento efectivo de hasta el 10% para los Primeros Oficiales y de entre el 10% y el 17% para los tripulantes de cabina, uno de los sectores más postergados en la escala salarial. Según el gremio, este avance «permite reducir parte de la brecha salarial con las filiales vecinas», aunque subrayaron que «aún queda camino por recorrer para alcanzar condiciones plenamente equitativas dentro del mismo grupo empresarial».
Diego Bitschin, secretario general de ASTJ y piloto de JetSMART, destacó el rol de los agremiados en la negociación: «La suspensión del paro fue posible gracias al acompañamiento de nuestros trabajadores y la voluntad de alcanzar soluciones sin afectar al usuario. Esperamos que este gesto abra una etapa más productiva en las negociaciones». En los próximos días, el sindicato convocará una asamblea para evaluar los avances y definir los pasos a seguir.
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El SUOES en alerta: Reclamos salariales, inflación y autodespacho en San Juan

Víctor Menéndez, secretario general del sindicato de estaciones de servicio de San Juan (SUOES), advirtió sobre el retraso salarial, el impacto del autodespacho de combustible, el peso de las petroleras y la pérdida de poder adquisitivo. Mientras continúan las negociaciones paritarias, el dirigente exigió soluciones urgentes y alertó sobre un futuro incierto para el sector.
La situación de los trabajadores de estaciones de servicio en San Juan refleja un cuadro de tensión que se repite en todo el país. Con negociaciones paritarias empantanadas, presiones desde el Gobierno nacional y una inflación que golpea los bolsillos día a día, el gremio que conduce Víctor Menéndez se mantiene en estado de alerta.
“Nosotros seguimos en contacto permanente con las cámaras empresariales. Iba a haber una reunión, y se postergó. Hay una expectativa grande, porque necesitamos una actualización salarial urgente”, sostuvo Menéndez en una entrevista con Mundo Laboral San Juan.
El estancamiento de sueldos, explicó, se agrava por una disposición de la Secretaría de Trabajo (ya sin rango ministerial), que limita los aumentos al 1% mensual, un techo que según el dirigente gremial es “imposible de sostener” frente al verdadero ritmo inflacionario. “Esto no alcanza para cubrir ni remotamente el deterioro de nuestros salarios. Estamos hablando de aumentos que no reflejan lo que vivimos cuando vamos al supermercado o a la carnicería”, lamentó.
La inflación real, lejos de las cifras oficiales
Una de las críticas más punzantes de Menéndez apunta directamente a los índices oficiales de inflación. “Los datos del INDEC son irreales, mentirosos. No se condicen con lo que vive cualquier trabajador cuando va a comprar alimentos. Hay una desconexión total con la realidad”, aseguró.
El dirigente comparó precios concretos para ilustrar el desfasaje. “A fines de 2023, el kilo de carne costaba lo mismo que el dólar. Hoy, con el dólar en $1.300, hay cortes que valen más de $12.000 por kilo. Es imposible que digan que la inflación fue del 1,6%”, cuestionó.
Convenios abiertos y una estructura laboral en transición
En paralelo a la puja salarial, el sindicato abrió el convenio colectivo para actualizarlo ante la transformación del negocio. “El mundo de las estaciones de servicio está cambiando. Hay nuevas categorías, servicios anexos y formas de comercialización que no estaban contempladas. Queremos discutir esos temas, pero sin perder de vista lo urgente: el salario”, remarcó Menéndez.
La situación se complica aún más con la incertidumbre sobre los convenios vigentes. A nivel nacional, algunos sindicatos han denunciado sus acuerdos, lo que deja a varias regiones sin marcos formales. En Buenos Aires, una firma logró un aumento del 10% en tres meses, pero en otras provincias como San Juan, aún no hay resolución.
Autoservicio: la amenaza silenciosa
Otro frente de preocupación para el sindicato es el desembarco del sistema de autoservicio en estaciones de servicio, una tendencia global que ya comenzó a instalarse en la provincia. el gremialista confirmó que el modelo se implementó en al menos una estación de bandera petrolera, ubicada en Rawson y 9 de Julio, en pleno centro sanjuanino.
“El autoservicio ya llegó. Es una realidad. Las petroleras están apuradas por imponerlo. Ellas son las que más ganan en este negocio y quieren seguir bajando costos, especialmente el laboral”, denunció. Según el Menéndez, la excusa de las empresas es el ahorro en costos operativos, pero en realidad, se trata de una estrategia para concentrar ganancias a expensas del empleo.
“Las petroleras son extranjeras, ganan fortunas y ahora quieren más. Pero el que pierde siempre es el trabajador. Si no defendemos el rol del operario, vamos a terminar vaciando el sector de puestos de trabajo”, alertó.
La presión impositiva y la caída del consumo
Más allá de las tensiones gremiales, Menéndez trazó un panorama sombrío para el sector. Denunció que el Estado se lleva más del 40% del valor de los combustibles en impuestos, pero no reinvierte en infraestructura ni acompaña al rubro con medidas de alivio.
“No vemos mejoras en las rutas, ni inversiones. Muchas estaciones viven del tránsito de camiones y turistas, y con la obra pública paralizada, el movimiento se cae. El consumo está planchado. Hay cafés vacíos, playas de estacionamiento casi desiertas. La gente no tiene un peso”, explicó.
El uso desmedido de tarjetas de crédito para comprar alimentos —otro indicador alarmante— también preocupa. “La gente ya ni siquiera puede pagar el total. Se endeuda, paga el mínimo y los intereses se la comen. Es una situación insostenible”, afirmó.
El futuro del trabajo en jaque
Para cerrar, Menéndez planteó la necesidad de una mirada más amplia que articule a empresarios, gremios y el Estado. “No se puede seguir mirando solo el ombligo. Si las petroleras ganan cada vez más y los trabajadores cada vez menos, estamos frente a un modelo que no es sustentable. El Estado también debe involucrarse. Si no invierte, si no regula, si no defiende el empleo, lo que viene es peor”, advirtió.
El dirigente no ocultó su preocupación: las estaciones de servicio, históricamente generadoras de empleo directo, enfrentan un doble frente —tecnológico y económico— que podría vaciar de contenido su función social.
El conflicto en las estaciones de servicio de San Juan es apenas un reflejo de lo que atraviesan muchos sectores del trabajo en la Argentina. En un escenario donde el salario pierde poder adquisitivo, las tecnologías avanzan sin regulación clara y los márgenes empresariales se ajustan sin contemplar al trabajador, el llamado a la negociación, la actualización de convenios y el compromiso del Estado suena urgente y necesario.
Víctor Menéndez lo resume en una frase que condensa el reclamo de todo un gremio: “No podemos permitir que el progreso se construya sobre el retroceso del empleo”.
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