En un comunicado de tono severo, la Confederación General del Trabajo advierte sobre un presunto intento de proscripción política de la ex mandataria y lanza una crítica directa al Poder Judicial, al que acusa de extralimitarse en su rol constitucional. Un llamado de atención que reactiva la tensión entre sindicalismo, justicia y democracia en la Argentina contemporánea.

El país atraviesa un clima de creciente crispación institucional. En este contexto, la Confederación General del Trabajo (CGT) difundió un mensaje categórico que interpela al corazón mismo del sistema republicano: “La democracia está en peligro”, reza el título del comunicado rubricado por su Consejo Directivo Nacional. Detrás de esta afirmación no sólo se esconde un diagnóstico sombrío del presente político, sino también una advertencia explícita ante lo que la central obrera percibe como una ofensiva judicial con implicancias políticas.

El texto, que combina la retórica encendida con la argumentación institucionalista, señala a ciertos sectores del Poder Judicial como protagonistas de un proceso de judicialización de la política, cuyo objetivo, según la CGT, sería inhabilitar electoralmente a Cristina Fernández de Kirchner, actual presidenta y figura clave del espacio peronista. El comunicado no ahorra en analogías históricas ni referencias regionales: evoca el caso de Luiz Inácio Lula da Silva como precedente, sugiriendo que, bajo el ropaje de la legalidad, se escondería una maniobra de disciplinamiento político y social.

El tono de la central sindical es inequívoco. Habla de “embestida mediático-judicial”, de “persecución selectiva” y de una estrategia que busca, según sostiene, apartar de la competencia electoral a referentes que encarnan modelos alternativos al neoliberalismo. La acusación es grave: se denuncia un intento de proscripción política mediante el uso instrumental de causas judiciales, una práctica que, de confirmarse, erosionaría severamente los principios del Estado de Derecho.

En su análisis, la CGT traza un vínculo directo entre el lawfare y la reconfiguración del poder económico. Desde su perspectiva, el desplazamiento de determinados liderazgos populares no es un hecho aislado, sino la pieza de una maquinaria mayor orientada a instalar un orden económico regresivo, sustentado en la exclusión social, el debilitamiento de los derechos laborales y la precarización del sistema democrático. La advertencia es clara: sin pluralismo político no hay democracia plena.

Sin embargo, esta intervención no está exenta de polémicas. Si bien la preocupación por la independencia judicial es compartida por amplios sectores democráticos, la posición de la CGT reaviva debates antiguos sobre el rol de las corporaciones sindicales en el escenario político. Algunos analistas consideran que este tipo de posicionamientos terminan subordinando las luchas gremiales a lógicas partidarias, reduciendo la autonomía del movimiento obrero. Otros, en cambio, interpretan que frente a una amenaza al sistema democrático, el sindicalismo tiene la obligación de pronunciarse con firmeza.

No es la primera vez que la CGT asume un papel de defensor institucional. A lo largo de la historia argentina, las centrales obreras han actuado como actores políticos de peso, capaces de torcer rumbos o condicionar decisiones de gobierno. En este caso, el pronunciamiento refleja no solo una toma de posición coyuntural, sino la voluntad de incidir activamente en la construcción del escenario electoral venidero.

La organización gremial también reclama una mayor responsabilidad del Poder Judicial, al que exhorta a desempeñarse con la imparcialidad que exige la Constitución. En un país donde la credibilidad institucional se halla permanentemente en tela de juicio, la exigencia de una justicia independiente no debería ser leída como una afrenta, sino como un imperativo democrático. No obstante, cuando ese reclamo proviene de sectores que ya tienen definido a quién proteger y a quién acusar, surgen inevitables interrogantes sobre la legitimidad de la denuncia.

El comunicado de la CGT pone en evidencia una tensión estructural que atraviesa a la Argentina desde hace décadas: la fragilidad del equilibrio entre poderes, la utilización política del aparato judicial y el persistente riesgo de que la competencia democrática sea condicionada por factores extrainstitucionales. Aunque el respaldo explícito a Cristina Kirchner divide opiniones, el llamado de atención no puede ser desoído. Si la Justicia deviene en herramienta de revancha y los procesos electorales son contaminados por decisiones arbitrarias, lo que está en juego no es el destino de una figura política, sino la vigencia misma del pacto democrático. La Argentina se encuentra, una vez más, en un cruce de caminos donde el respeto por las instituciones será la vara con la que se mida la salud de su república.