
Cristina Kirchner y la condena que sacude a la democracia argentina
La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta. El fallo, que conmociona al país, abre un nuevo capítulo de tensión política y movilización social, en un contexto de profunda polarización y desconfianza institucional.
El máximo tribunal del país emitió un dictamen de alto voltaje político e institucional: la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en la asignación de 51 contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz. El pronunciamiento, avalado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no solo ratifica la pena de prisión efectiva por seis años, sino que también sella su exclusión definitiva de cualquier cargo público.
Este veredicto, lejos de ser un hecho aislado, se inscribe en una saga judicial que ha acompañado la vida política de la ex mandataria desde que dejó la presidencia. La Corte, en su resolución, rechazó todos los recursos presentados por la defensa, sosteniendo que el proceso se desenvolvió con las garantías del debido proceso y una sólida base probatoria. Asimismo, desestimó el pedido del Ministerio Público Fiscal para revisar la absolución por asociación ilícita, en base al artículo 280 del Código Procesal, decisión que también levanta suspicacias dentro del espectro judicial.
Pero lo jurídico es apenas una cara de la moneda. La política, como telón de fondo permanente, se vuelve ineludible. Tras el anuncio, comenzaron a gestarse reacciones masivas entre sindicatos, organizaciones sociales y sectores del peronismo más combativo. La narrativa del “lawfare”, esa idea de una persecución sistemática mediante el aparato judicial, volvió a instalarse con fuerza en las calles, en los discursos y en las redes. Las marchas que se avecinan no serán simples manifestaciones: prometen ser un punto de inflexión en un país que se asoma peligrosamente al abismo de la deslegitimación de sus instituciones fundamentales.
La justicia en la encrucijada
El fallo de la Corte no puede analizarse sin tomar en cuenta su impacto sobre el entramado republicano. Si bien es crucial que las máximas autoridades rindan cuentas ante la ley, también lo es que la percepción pública no vea en este acto una revancha política disfrazada de justicia. La desconfianza hacia el Poder Judicial es, en muchos sectores, estructural. Y decisiones de esta envergadura, por más fundadas que estén en la letra jurídica, adquieren inevitablemente una dimensión simbólica.
La legitimidad del sistema judicial no se construye únicamente sobre la pulcritud procesal, sino también en la percepción de imparcialidad que logre proyectar. La grieta argentina —más emocional que ideológica— encuentra así un nuevo combustible: para unos, se trata de la consagración de la impunidad; para otros, de un montaje institucional con fines persecutorios. La verdad, como casi siempre en política, probablemente habite en algún pliegue intermedio, donde conviven los intereses, las omisiones y las conveniencias.
Una nación fracturada ante un fallo ineludible
Más allá de la figura de Cristina Fernández, lo que está en juego es la capacidad de la Argentina para reconfigurar un consenso democrático donde las instituciones sean respetadas por todos los sectores, más allá de sus simpatías políticas. La condena no solo afecta a una persona, sino que interpela al sistema político en su conjunto, obligándolo a replantear los límites entre justicia, poder y representación popular.
Con el fallo firme, el país ingresa en un territorio inédito: una ex presidenta condenada por corrupción y potencialmente detenida, en medio de un clima social inflamable y con una dirigencia política deslegitimada por su inacción o complicidad. En los próximos días, el termómetro social medirá el alcance de esta decisión, no solo en las calles, sino también en el seno de la ciudadanía desencantada, que asiste perpleja a un espectáculo de decadencia institucional que parece no tener fin.
La confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner representa un hito judicial de proporciones históricas, pero también una fractura más en la ya resquebrajada arquitectura institucional del país. La justicia ha hablado; ahora la política y la sociedad deberán responder, no con eslóganes ni consignas, sino con la madurez de quienes entienden que la democracia no se sostiene solo en los veredictos, sino en la legitimidad del conjunto. El desafío, enorme y urgente, será reconstruir la confianza en los pilares republicanos sin caer en el precipicio de la revancha o la victimización. Porque lo que está en juego no es sólo el futuro de una dirigente, sino el alma misma de la república.
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La Justicia frenó el cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial

El Juzgado Federal N°2 de San Martín aceptó el amparo presentado por el exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, contra el decreto de Javier Milei que ordena el cierre del organismo.
La decisión de la Justicia federal de San Martín de dar curso al recurso de amparo presentado por el exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, causó un gran impacto en la opinión pública. La medida busca frenar la disolución del organismo dispuesta por el presidente Javier Milei mediante el decreto 461/2025. La presentación sostiene que la medida representa un retroceso peligroso en materia de seguridad vial y vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución.
En este sentido, el abogado Federico Paruolo, patrocinante de Martínez Carignano, argumentó que el decreto presidencial viola el principio de legalidad y derechos como la vida, la salud, la circulación y la igualdad ante la ley, reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos. «Esto no es una reforma: es un retroceso brutal. La Justicia debe evitar el desastre», publicó Carignano en la red social X.
La ANSV fue creada con el objetivo de reducir la cantidad de muertes viales en el país. Desde su implementación, logró reducir un 30% las muertes por siniestros viales. Además, tenía presencia en las 23 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. La eliminación de la ANSV, según los críticos del decreto, dejaría desprotegida a la población frente a un flagelo que, año tras año, se cobra más de 5.000 vidas en el país.
Solo en la última semana de julio, al menos 10 personas fallecieron en distintos accidentes ocurridos en rutas de Río Negro y Santa Fe. En paralelo, el presidente de la Fundación Profesional para el Transporte, Sergio Ruppel, advirtió que las rutas argentinas están en «emergencia total», y cuestionó cualquier intento del Estado de abandonar sus responsabilidades en zonas con baja densidad poblacional. “Hay lugares donde el retorno de inversión no justifica la presencia privada, y el Estado no puede desentenderse”, sostuvo.
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Un sanjuanino al frente de APOPS: Fabián Montaño será el nuevo secretario general del gremio previsional

Con lista única y el respaldo de dirigentes de todo el país, Fabián Montaño encabezará a partir de diciembre la conducción nacional de APOPS, el sindicato que representa a trabajadores de ANSES. En diálogo exclusivo con Mundo Laboral San Juan, adelantó los desafíos del nuevo ciclo, apuntó contra las políticas de ajuste del Gobierno nacional y defendió el rol del Estado y la seguridad social.
El 24 de septiembre marcará un punto de inflexión para la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), el gremio que representa a trabajadoras y trabajadores de ANSES en todo el país. Con la confirmación de una lista única y el consenso logrado tras intensas negociaciones internas, el sanjuanino Fabián Montaño será el próximo secretario general del sindicato, sucediendo al histórico dirigente Leonardo Fabre, quien condujo la organización desde 1997.
Montaño celebró el consenso alcanzado y resaltó la importancia de anteponer el interés colectivo a las diferencias personales o sectoriales. “Siempre se busca lo mejor para la institución. No fue fácil, pero el diálogo y la voluntad de construir nos permitieron presentar una lista de unidad que refleja el momento que vive el gremio”, afirmó.
Con décadas de trayectoria en APOPS, Montaño conoce a fondo el funcionamiento interno del gremio y ha participado activamente en numerosas luchas, desde las grandes movilizaciones en defensa de la jubilación pública hasta las marchas contra las reformas que amenazan derechos previsionales. “Uno empieza con vocación de servicio y compromiso, y con el tiempo se van dando los frutos de ese esfuerzo. Es un reconocimiento de los compañeros y compañeras de todo el país”, expresó.
La nueva conducción estará acompañada por dirigentes con experiencia en la estructura sindical, entre ellos Darío Canseco, de la regional Lomas de Zamora, quien asumirá un rol clave en la próxima gestión. el dirigente destacó que se trata de un equipo joven, con ganas de aportar una mirada renovadora, pero sin renunciar a los principios históricos de APOPS. “No se trata de cambiar las banderas, sino de encontrar nuevas formas de estar más cerca de las bases, de escuchar y construir colectivamente”, indicó.
El nuevo ciclo en APOPS no se inicia en un contexto sencillo. La situación política y económica del país impone desafíos urgentes. Montaño fue enfático al describir la coyuntura actual: “Las políticas de ajuste, endeudamiento y desmantelamiento del Estado que impulsa el Gobierno nacional nos preocupan profundamente. No vemos un rumbo claro, sólo retrocesos. Y lo peor es que esas políticas golpean a los trabajadores y debilitan el sistema previsional”.
Advirtió que la falta de empleo registrado, producto del aumento del trabajo informal y el parate económico, afectará directamente a la seguridad social y, por ende, a la tarea que realizan los trabajadores de ANSES. “Si no hay aportes, si cada vez menos personas acceden a un empleo formal, el sistema jubilatorio entra en crisis. Eso no sólo compromete los derechos de millones de ciudadanos, también pone en riesgo nuestras propias fuentes de trabajo”, explicó.
Además, alertó sobre el impacto que podría tener una eventual reforma previsional impulsada desde el Ejecutivo. “No sabemos con qué vendrán, pero seguramente será para recortar derechos. Nuestra responsabilidad será estar atentos, organizados y listos para defender a los jubilados, los trabajadores y el rol del Estado como garante de justicia social”, agregó.
La transición tras más de 25 años de conducción
La salida de Leonardo Fabre, quien estuvo al frente de APOPS desde 1997, también marca el final de una etapa histórica. Montaño valoró el legado del dirigente saliente y aseguró que su gestión será una continuidad con identidad propia. “Fabre fue protagonista de importantes luchas. Deja una estructura sólida y una identidad gremial muy definida. Ahora nos toca a nosotros proyectar el futuro, con nuevas estrategias pero con la misma convicción de siempre”, destacó.
Una conducción federal con raíz sanjuanina
La elección de un dirigente del interior para conducir un gremio nacional de fuerte presencia en el área metropolitana es también un dato político relevante. Para Montaño, que un sanjuanino encabece APOPS “no es sólo un orgullo personal o regional, sino un signo de apertura y federalismo dentro del gremio”.
“San Juan tiene una rica tradición de militancia social y sindical. Llegar a la conducción nacional desde nuestra provincia es una muestra de que el trabajo, la coherencia y el compromiso tienen valor. Y también es una oportunidad para visibilizar más al interior profundo, que muchas veces es postergado”, subrayó.
El mensaje final de Fabián Montaño fue claro: unidad, organización y firmeza para enfrentar lo que viene. “Estamos atravesando una etapa difícil, pero no hay lugar para el miedo ni el aislamiento. Vamos a construir desde el diálogo con las bases, con participación, con mirada federal. APOPS va a estar donde tiene que estar: al lado de sus trabajadores y en defensa de la seguridad social”.
Con elecciones previstas para el 24 de septiembre y asunción en diciembre, Montaño comienza a delinear una nueva etapa para el gremio previsional. Una etapa que exigirá templanza, decisión y, sobre todo, la capacidad de construir colectivamente en tiempos de incertidumbre.
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El Frente Sindical convocó a la marcha el 7 de agosto para exigir mejoras laborales y salariales

El Frente Sindical por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo, impulsado por ATE, definió su participación en la marcha del Día de San Cayetano, que se llevará a cabo el próximo jueves 7 de agosto.
Esta movilización, que contará con la presencia de más de 100 organizaciones sindicales, incluyendo la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), las dos CTA, y sindicatos de la CGT, tiene como objetivo principal exigir mejoras laborales y salariales.
La marcha, que comenzará a partir de las 8 desde el santuario de Liniers y se dirigirá a la Plaza de Mayo, es una respuesta a la creciente preocupación por la destrucción de puestos de trabajo y la pérdida de poder adquisitivo.
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, enfatizó la importancia de esta movilización, afirmando que «el frente sindical está en pleno desarrollo, goza de muy buena salud y este 7 de agosto en la calle tenemos que asestarle un nuevo golpe al Gobierno».
Aguiar destacó que «tenemos que frenar la destrucción de los puestos de trabajo. Las cesantías y las suspensiones van en aumento en el sector público, pero también en las distintas ramas de la actividad privada».
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