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Mientras el Ejecutivo celebra aumentos por debajo de la inflación como señal de «responsabilidad», sindicatos con mayor autonomía logran mejoras sustanciales sin homologación oficial. En un escenario de ajuste estructural, la pulseada salarial revela la fragilidad del modelo libertario frente al músculo sindical.

La negociación salarial en la Argentina de Javier Milei se ha transformado en un tablero de ajedrez donde el Gobierno busca mover las piezas a su favor limitando la autonomía sindical, mientras gremios más combativos burlan las restricciones con acuerdos que, aunque no homologados, ganan terreno en el bolsillo de los trabajadores. Esta disputa, que combina retórica oficialista con maniobras gremiales por debajo del radar, expone una fractura profunda en el esquema laboral del país.

Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se celebró como un logro que el gremio petrolero de Vaca Muerta aceptara un aumento de apenas 4,3% para el primer trimestre del año. El acuerdo fue destacado por ubicarse “por debajo de la inflación estimada”, según palabras de la cartera. A primera vista, se trata de un mensaje de disciplina salarial, funcional al plan de estabilización del Ejecutivo. Sin embargo, bajo esa aparente moderación se esconde una realidad más porosa: otros sindicatos, sin esperar la venia oficial, acordaron subas muy por encima de la pauta deseada por la administración libertaria.

La Federación de Aceiteros y los desmotadores de algodón, por caso, firmaron un incremento del 21% sobre los básicos de diciembre. Aunque estos pactos no fueron homologados por el Estado, el empresariado comenzó a abonarlos, reconociendo la presión de los trabajadores organizados y la necesidad de evitar conflictos. El contraste es nítido: mientras el oficialismo intenta contener expectativas, sectores con mayor fortaleza sindical las elevan por encima del techo inflacionario impuesto desde las usinas del poder.

El caso del gremio de Comercio ilustra el limbo jurídico-laboral en el que se encuentran miles de trabajadores. Con un convenio acordado pero no convalidado por la Secretaría de Trabajo, los empleados siguen cobrando aumentos gracias a la voluntad empresaria de evitar un conflicto masivo. Es una paritaria de hecho, sin legitimidad formal, pero con ejecución práctica. En este juego de equilibrios precarios, los empresarios se ven obligados a actuar con pragmatismo, incluso cuando el marco normativo les ofrece ambigüedad como escudo.

Los datos duros no acompañan el optimismo oficial. Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el salario real privado todavía no logra recomponerse del retroceso sufrido desde noviembre de 2023. La recuperación se ha estancado y, en algunos casos, continúa en caída. El índice RIPTE —utilizado por el Gobierno para mostrar mejoras— resulta engañoso, ya que no discrimina entre remuneraciones por jornada habitual y las infladas por horas extras, reflejando más una estrategia de supervivencia que una mejora estructural del ingreso.

La fragmentación del mapa paritario refleja el cambio de época. Bajo el paraguas ideológico de la “libertad de mercado”, el Gobierno intenta instaurar un nuevo paradigma donde los convenios colectivos pierdan peso, reemplazados por acuerdos individuales o sectoriales alineados con su lógica. Sin embargo, esta ingeniería laboral no se impone sin resistencias. Camioneros, Sanidad, Alimentación y la UOM, entre otros, se encuentran en etapas decisivas de negociación, y no se vislumbra una rendición incondicional ante los lineamientos libertarios.

Resulta sintomático que, en el afán de celebrar paritarias “austera y responsables”, el Gobierno haya convertido el acta de Vaca Muerta en una bandera. La paradoja es evidente: se aplaude un incremento que condena al salario a perder poder adquisitivo, mientras se condena el accionar de sindicatos que logran preservar el ingreso de sus representados. El mensaje es claro: se premia la subordinación, no el bienestar de los trabajadores.

Las paritarias de 2025 no solo están definiendo ajustes salariales, sino que configuran un nuevo campo de disputa ideológica en la Argentina. Frente a un modelo que busca disciplinar a los sindicatos desde el poder político, los gremios con mayor capacidad de acción no solo resisten, sino que marcan el ritmo de la negociación. En este pulso entre institucionalidad formal y realidad efectiva, el Gobierno enfrenta un dilema central: cómo sostener su programa económico sin erosionar por completo el contrato social del trabajo. La incógnita aún no tiene desenlace, pero los indicios revelan que la disputa salarial será, quizás, el escenario más tangible donde se mida el verdadero alcance del experimento libertario.

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La Justicia frenó el cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial

El Juzgado Federal N°2 de San Martín aceptó el amparo presentado por el exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, contra el decreto de Javier Milei que ordena el cierre del organismo.

La decisión de la Justicia federal de San Martín de dar curso al recurso de amparo presentado por el exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, causó un gran impacto en la opinión pública. La medida busca frenar la disolución del organismo dispuesta por el presidente Javier Milei mediante el decreto 461/2025. La presentación sostiene que la medida representa un retroceso peligroso en materia de seguridad vial y vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución.

En este sentido, el abogado Federico Paruolo, patrocinante de Martínez Carignano, argumentó que el decreto presidencial viola el principio de legalidad y derechos como la vida, la salud, la circulación y la igualdad ante la ley, reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos. «Esto no es una reforma: es un retroceso brutal. La Justicia debe evitar el desastre», publicó Carignano en la red social X.

La ANSV fue creada con el objetivo de reducir la cantidad de muertes viales en el país. Desde su implementación, logró reducir un 30% las muertes por siniestros viales. Además, tenía presencia en las 23 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. La eliminación de la ANSV, según los críticos del decreto, dejaría desprotegida a la población frente a un flagelo que, año tras año, se cobra más de 5.000 vidas en el país.

Solo en la última semana de julio, al menos 10 personas fallecieron en distintos accidentes ocurridos en rutas de Río Negro y Santa Fe. En paralelo, el presidente de la Fundación Profesional para el Transporte, Sergio Ruppel, advirtió que las rutas argentinas están en «emergencia total», y cuestionó cualquier intento del Estado de abandonar sus responsabilidades en zonas con baja densidad poblacional. “Hay lugares donde el retorno de inversión no justifica la presencia privada, y el Estado no puede desentenderse”, sostuvo.

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Un sanjuanino al frente de APOPS: Fabián Montaño será el nuevo secretario general del gremio previsional

Con lista única y el respaldo de dirigentes de todo el país, Fabián Montaño encabezará a partir de diciembre la conducción nacional de APOPS, el sindicato que representa a trabajadores de ANSES. En diálogo exclusivo con Mundo Laboral San Juan, adelantó los desafíos del nuevo ciclo, apuntó contra las políticas de ajuste del Gobierno nacional y defendió el rol del Estado y la seguridad social.

El 24 de septiembre marcará un punto de inflexión para la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), el gremio que representa a trabajadoras y trabajadores de ANSES en todo el país. Con la confirmación de una lista única y el consenso logrado tras intensas negociaciones internas, el sanjuanino Fabián Montaño será el próximo secretario general del sindicato, sucediendo al histórico dirigente Leonardo Fabre, quien condujo la organización desde 1997.

Montaño celebró el consenso alcanzado y resaltó la importancia de anteponer el interés colectivo a las diferencias personales o sectoriales. “Siempre se busca lo mejor para la institución. No fue fácil, pero el diálogo y la voluntad de construir nos permitieron presentar una lista de unidad que refleja el momento que vive el gremio”, afirmó.

Con décadas de trayectoria en APOPS, Montaño conoce a fondo el funcionamiento interno del gremio y ha participado activamente en numerosas luchas, desde las grandes movilizaciones en defensa de la jubilación pública hasta las marchas contra las reformas que amenazan derechos previsionales. “Uno empieza con vocación de servicio y compromiso, y con el tiempo se van dando los frutos de ese esfuerzo. Es un reconocimiento de los compañeros y compañeras de todo el país”, expresó.

La nueva conducción estará acompañada por dirigentes con experiencia en la estructura sindical, entre ellos Darío Canseco, de la regional Lomas de Zamora, quien asumirá un rol clave en la próxima gestión. el dirigente destacó que se trata de un equipo joven, con ganas de aportar una mirada renovadora, pero sin renunciar a los principios históricos de APOPS. “No se trata de cambiar las banderas, sino de encontrar nuevas formas de estar más cerca de las bases, de escuchar y construir colectivamente”, indicó.

El nuevo ciclo en APOPS no se inicia en un contexto sencillo. La situación política y económica del país impone desafíos urgentes. Montaño fue enfático al describir la coyuntura actual: “Las políticas de ajuste, endeudamiento y desmantelamiento del Estado que impulsa el Gobierno nacional nos preocupan profundamente. No vemos un rumbo claro, sólo retrocesos. Y lo peor es que esas políticas golpean a los trabajadores y debilitan el sistema previsional”.

Advirtió que la falta de empleo registrado, producto del aumento del trabajo informal y el parate económico, afectará directamente a la seguridad social y, por ende, a la tarea que realizan los trabajadores de ANSES. “Si no hay aportes, si cada vez menos personas acceden a un empleo formal, el sistema jubilatorio entra en crisis. Eso no sólo compromete los derechos de millones de ciudadanos, también pone en riesgo nuestras propias fuentes de trabajo”, explicó.

Además, alertó sobre el impacto que podría tener una eventual reforma previsional impulsada desde el Ejecutivo. “No sabemos con qué vendrán, pero seguramente será para recortar derechos. Nuestra responsabilidad será estar atentos, organizados y listos para defender a los jubilados, los trabajadores y el rol del Estado como garante de justicia social”, agregó.

La transición tras más de 25 años de conducción

La salida de Leonardo Fabre, quien estuvo al frente de APOPS desde 1997, también marca el final de una etapa histórica. Montaño valoró el legado del dirigente saliente y aseguró que su gestión será una continuidad con identidad propia. “Fabre fue protagonista de importantes luchas. Deja una estructura sólida y una identidad gremial muy definida. Ahora nos toca a nosotros proyectar el futuro, con nuevas estrategias pero con la misma convicción de siempre”, destacó.

Una conducción federal con raíz sanjuanina

La elección de un dirigente del interior para conducir un gremio nacional de fuerte presencia en el área metropolitana es también un dato político relevante. Para Montaño, que un sanjuanino encabece APOPS “no es sólo un orgullo personal o regional, sino un signo de apertura y federalismo dentro del gremio”.

“San Juan tiene una rica tradición de militancia social y sindical. Llegar a la conducción nacional desde nuestra provincia es una muestra de que el trabajo, la coherencia y el compromiso tienen valor. Y también es una oportunidad para visibilizar más al interior profundo, que muchas veces es postergado”, subrayó.

El mensaje final de Fabián Montaño fue claro: unidad, organización y firmeza para enfrentar lo que viene. “Estamos atravesando una etapa difícil, pero no hay lugar para el miedo ni el aislamiento. Vamos a construir desde el diálogo con las bases, con participación, con mirada federal. APOPS va a estar donde tiene que estar: al lado de sus trabajadores y en defensa de la seguridad social”.

Con elecciones previstas para el 24 de septiembre y asunción en diciembre, Montaño comienza a delinear una nueva etapa para el gremio previsional. Una etapa que exigirá templanza, decisión y, sobre todo, la capacidad de construir colectivamente en tiempos de incertidumbre.

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El Frente Sindical convocó a la marcha el 7 de agosto para exigir mejoras laborales y salariales

El Frente Sindical por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo, impulsado por ATE, definió su participación en la marcha del Día de San Cayetano, que se llevará a cabo el próximo jueves 7 de agosto.

Esta movilización, que contará con la presencia de más de 100 organizaciones sindicales, incluyendo la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), las dos CTA, y sindicatos de la CGT, tiene como objetivo principal exigir mejoras laborales y salariales.

La marcha, que comenzará a partir de las 8 desde el santuario de Liniers y se dirigirá a la Plaza de Mayo, es una respuesta a la creciente preocupación por la destrucción de puestos de trabajo y la pérdida de poder adquisitivo.

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, enfatizó la importancia de esta movilización, afirmando que «el frente sindical está en pleno desarrollo, goza de muy buena salud y este 7 de agosto en la calle tenemos que asestarle un nuevo golpe al Gobierno».

Aguiar destacó que «tenemos que frenar la destrucción de los puestos de trabajo. Las cesantías y las suspensiones van en aumento en el sector público, pero también en las distintas ramas de la actividad privada».

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