El conflicto en el Hospital Garrahan llega a una audiencia clave

El Ejecutivo nacional convocó a los gremios del Hospital Garrahan tras semanas de tensiones crecientes. La audiencia del 6 de junio será clave para evitar una huelga nacional. El conflicto expone las fisuras profundas del sistema sanitario argentino y una política que, para muchos, avanza hacia el desmantelamiento del sector público.

El llamado del Gobierno de Javier Milei a una audiencia con los gremios del Hospital Garrahan —la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Profesionales y Técnicos— se produce tras un crescendo de protestas y denuncias que pusieron en jaque la imagen de gestión del oficialismo en el plano sanitario. La cita, programada para el jueves 6 de junio a las 13:30 horas, constituye no sólo un intento de destrabar el conflicto interno del prestigioso hospital pediátrico, sino también una instancia de alto voltaje político donde se confrontan dos visiones antagónicas sobre el rol del Estado en la salud pública.

Durante las últimas semanas, trabajadores y profesionales del Garrahan han alzado la voz contra lo que consideran un deterioro progresivo de sus condiciones de trabajo y una precarización inadmisible en un centro de referencia nacional. Las movilizaciones frente al nosocomio no solo denunciaron el estancamiento salarial, sino que también pusieron sobre la mesa las carencias estructurales, desde insumos escasos hasta recortes presupuestarios que impactan de lleno en la atención a niños y niñas vulnerables.

La convocatoria del Ejecutivo fue interpretada por los gremios como un paso obligado y no como un gesto de apertura. Rodolfo Aguiar, dirigente de ATE, fue categórico al señalar que la reunión fue fruto de la presión sindical y no de la voluntad política. “Se vieron obligados a dialogar luego de campañas de desprestigio, operaciones mediáticas y una estrategia que intentó dividir a los trabajadores”, denunció públicamente. En su lectura, lo que ocurre en el Garrahan es un microcosmos del proceso de desmantelamiento del sistema público de salud, bajo una lógica que prioriza el ajuste económico sobre los derechos sociales.

El conflicto Garrahan como síntoma de una política de salud en crisis

Lo que está en juego va mucho más allá de un reclamo salarial. El Garrahan —históricamente símbolo de excelencia médica en el país— hoy encarna el desasosiego de un sector que se siente arrinconado. Las voces sindicales advierten que el recorte presupuestario se traduce en una degradación silenciosa de la atención médica, con consecuencias irreparables. La advertencia no es menor: si no se obtienen respuestas concretas en la audiencia del jueves, ATE ya anunció una medida de fuerza a nivel nacional, afectando a hospitales públicos de todo el país.

La política de reducción del gasto público aplicada por el Gobierno nacional, amparada en una retórica de eficiencia y racionalización, está siendo fuertemente cuestionada desde múltiples frentes. La salud, como derecho constitucional, no puede ser regulada por las leyes del mercado ni estar sujeta a criterios meramente contables. La idea de que “el que no paga, no accede” pone en jaque décadas de construcción sanitaria con un enfoque inclusivo y universalista.

Desde las provincias también se alzan críticas: el ajuste no impacta de modo uniforme, sino que agrava las desigualdades estructurales entre jurisdicciones con capacidades fiscales muy dispares. Los hospitales provinciales, ya golpeados por la inflación, la escasez de recursos y la fuga de profesionales, ven en el caso del Garrahan una advertencia sobre lo que puede suceder en sus propios territorios si no hay un viraje en la política sanitaria nacional.

La audiencia del 6 de junio será, en los hechos, mucho más que una instancia paritaria. Representará un enfrentamiento entre dos lógicas irreconciliables: una que considera al Estado como garante de derechos sociales, y otra que lo concibe como un actor residual, sólo activo en lo mínimo indispensable.

El Hospital Garrahan, con su peso simbólico y operativo, ha vuelto a convertirse en el escenario de una disputa de fondo. La resolución o escalada de este conflicto podría marcar el rumbo inmediato de la política de salud en la Argentina. El Gobierno deberá decidir si persiste en una estrategia de confrontación o si abre una puerta real al diálogo. La salud pública, mientras tanto, espera una respuesta que no sea sólo técnica ni táctica, sino profundamente política y humana.