La Justicia federal hizo lugar a un amparo presentado por las dos CTA y suspendió dos resoluciones del PAMI que limitaban el acceso a medicamentos gratuitos para jubilados. El fallo es un revés para el gobierno nacional y un alivio para los jubilados que se vieron afectados por la política de ajuste.

El Juzgado Federal N°2 de Mendoza falló a favor de una medida cautelar presentada por la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T), y ordenó al PAMI dejar sin efecto dos resoluciones que limitaban el acceso a medicamentos gratuitos para jubilados. Las resoluciones 2431 y 2537/2024 emitidas por el PAMI habían sido cuestionadas por su carácter regresivo y por violar los principios de progresividad en materia de derechos sociales.

El resolución judicial es un triunfo para los jubilados que se vieron afectados por la política de ajuste del gobierno nacional. Las organizaciones sindicales destacaron que el fallo no solo protege a sus integrantes y afiliados incluidos en el padrón del PAMI, sino que también reafirma la legitimidad de las centrales para actuar colectivamente ante políticas que lesionan derechos fundamentales.

Los secretarios generales Hugo Godoy (CTA-A) y Hugo Yasky (CTA-T) expresaron que la decisión representa un reconocimiento por parte de la Justicia a un derecho del que fueron brutalmente despojados los jubilados por parte del gobierno de Milei. También subrayaron que el PAMI «no puede comportarse como una empresa que administra beneficios según la lógica del recorte», sino que debe garantizar el acceso a la salud como un derecho humano básico.

En dialogo mantenido desde Mundo Laboral SJ con Jaime Barcelona, titular de ADICUS brindó detalles sobre la presentación del proyecto de ley de financiamiento universitario, impulsado por distintos sectores del ámbito educativo, representantes gremiales y presentado en la Cámara de Diputados de la Nación.

Durante la entrevista, Barcelona explicó que esta iniciativa fue elaborada de forma conjunta por federaciones de trabajadores docentes y no docentes, así como por la Federación Universitaria Argentina (FUA). El proyecto tiene como eje central establecer presupuestos mínimos para el funcionamiento de la educación universitaria pública, así como obligar al Gobierno nacional a convocar a paritarias, una deuda que –según explicó– se mantiene desde octubre del año pasado.

Actualmente, los aumentos salariales se están aplicando por decreto y representan apenas un 1,3% mensual, lo que ha causado una pérdida del poder adquisitivo de más del 70% frente a la inflación, señaló. A esto se suma el hecho de que las universidades continúan funcionando con el presupuesto 2023, aprobado en 2022, lo que agrava aún más el panorama.

“El gobierno se está desentendiendo totalmente de lo que es la educación superior”, afirmó dirigente gremial, y detalló que el presupuesto operativo actual depende exclusivamente de lo que el Gobierno decide enviar, sin criterios claros ni previsibilidad, lo que pone en riesgo el funcionamiento integral de las instituciones universitarias.

Barcelona destacó además que la inversión educativa cayó del 0,8% al 0,2% del PBI, en contraposición con el 2% que destinan países de la región y el 6% en países desarrollados. Frente a este escenario, remarcó la urgencia de aprobar una ley que garantice no solo el presupuesto sino también las condiciones salariales mínimas.

Respecto a la recepción del proyecto en el Congreso, informó que se logró consensuar una iniciativa unificada entre tres propuestas y que ya existe un compromiso para comenzar su tratamiento en comisiones la próxima semana, con la posibilidad de que se vote en el recinto durante el próximo 18 de junio. De concretarse esta fecha, advirtió que el movimiento universitario adelantaría la tercera marcha federal, originalmente prevista para el 23 de julio.

Jaime Barcelona concluyó asegurando que, por el momento, se apuesta al diálogo legislativo y al tratamiento formal en comisiones. No obstante, advirtió que si el oficialismo bloquea el avance del proyecto, no se descartan nuevas acciones de visibilización y fuerza por parte del movimiento universitario.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) decretó el Estado de Alerta y Movilización y anunció un plan de lucha que podría incluir medidas de fuerza escalonadas a partir de junio, en respuesta a la desregulación del sector del transporte y la limitación al derecho a huelga impuesta por el Gobierno.

La CATT, conducida por Juan Carlos Schmid, anunció que llevará a cabo un plan de lucha en respuesta al «Decreto de desregulación de la Marina Mercante, la desregulación del sector aeronáutico, el desguace de Vialidad Nacional y un nuevo intento de cercenar el derecho de huelga». El gremio aseguró que las medidas de desregulación forman parte de «un plan criminal llevado adelante por Federico Sturzenegger» y que no van a resignar su capacidad de libertad sindical.

El plan de lucha

La CATT anunció que el plan de lucha podría incluir paros sectoriales, asambleas sorpresivas y una gran movilización en junio. El Secretario General de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, aseguró que «este gobierno se maneja de manera autoritaria, sacando y firmando decretos sin consultar ni dialogar con nadie» y que el plan de lucha es para «ponerle un freno a las medidas autoritarias para silenciar a los trabajadores y trabajadoras».

La defensa de la industria nacional

La CATT también defendió la industria nacional y aseguró que la desregulación del sector del transporte y la limitación al derecho a huelga ponen en riesgo la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo conquistadas a lo largo de la historia. El gremio instó a las autoridades a mostrar voluntad de diálogo ante los reclamos y agregó que evaluarán medidas adicionales y otras acciones de protesta en caso de que no suceda.

La voz de los trabajadores

Los trabajadores del transporte se mostraron unidos en su lucha contra la desregulación y la limitación al derecho a huelga. Graciela Aleña, Secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales (STVyARA), hizo un llamamiento a defender la Dirección Nacional de Vialidad y aseguró que «hace tres meses nos vienen atacando con que va a salir un decreto que primero nos iba a fusionar, después que nos querían sacar el convenio colectivo y ahora es directamente que cierran», concluyó.