
El Stvyara advierte que la privatización de rutas nacionales sería un golpe final para Vialidad Nacional
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara) advirtió que un inminente decreto del Gobierno de Javier Milei podría liquidar la Dirección Nacional de Vialidad y privatizar rutas nacionales, lo que implicaría el despido de más de 4.000 trabajadores en todo el país.
La situación en Vialidad Nacional es crítica. El Stvyara, liderado por Graciela Aleñá, mantiene la guardia en alto ante versiones que indican que el Gobierno tiene previsto privatizar las rutas nacionales y liquidar la Dirección Nacional de Vialidad. Esto significaría el despido de más de 4.000 trabajadores que se encargan del mantenimiento de las rutas argentinas.
Aleñá expresó su preocupación por la falta de diálogo y la nula actualización salarial, y advirtió que el Gobierno busca darle un golpe final a Vialidad Nacional. «Quedamos todos en la calle, Vialidad se convierte en alguna otra cosa que nadie sabe qué es ni para qué va a servir», sentenció la dirigente sindical.
La lucha del gremio
EL gremio anunció que continuará con las medidas de fuerza hasta que se resuelva el problema. «Vamos a hacer todo lo que sea necesario, ya sea los cortes, en los pasos fronterizos, donde tengamos que estar para defender a Vialidad», afirmó Aleñá. La dirigente sindical destacó que no solo se trata de defender las fuentes de trabajo, sino también de proteger al pueblo argentino que quedaría desconectado sin la Dirección Nacional de Vialidad.
Un conflicto que llegó a la Justicia
La pelea entre el gremio y la Casa Rosada ya llegó a la Justicia. El Stvyara denunció el freno del envío de fondos a la Dirección Nacional de Vialidad para que no se puedan negociar paritarias, lo que provocó un virtual congelamiento salarial. La presentación recayó en el Juzgado General N°6 y apuntó a un responsable y funcionario de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo.
La situación en Vialidad Nacional es grave y el Stvyara está dispuesto a luchar por la defensa de las fuentes de trabajo y la Dirección Nacional de Vialidad. La privatización de rutas nacionales y la liquidación de la agencia estatal tendrían un impacto significativo en la economía y la sociedad argentina. El gremio continuará con las medidas de fuerza hasta que se resuelva el problema y se garantice la continuidad del organismo estatal.
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Diputados aprobó el aumento del 7,2% a jubilados, pero el Gobierno amenaza con vetarlo

En una sesión marcada por la tensión y el debate, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley que establece una suba del 7,2% de los haberes jubilatorios y un aumento del bono de $70.000 a $110.000. La medida fue aprobada con 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones, y ahora deberá pasar por el Senado para tener su sanción definitiva.
Sin embargo, desde el Gobierno nacional anticiparon que vetarán la medida por considerarla un «atentado contra el equilibrio fiscal». Según trascendió, el Ejecutivo considera que el aumento de los haberes jubilatorios y el bono tendría un impacto fiscal de 12 mil millones dólares, es decir 1,8 del PBI.
El debate en la Cámara estuvo Caracterizado por las diferencias entre los bloques políticos. La diputada de Unión por la Patria (UxP), Victoria Tolosa Paz, sostuvo que el aumento de 7,2% a las jubilaciones «es una reparación» a la situación que atraviesan los jubilados. Por su parte, los diputados de la oposición argumentaron que el aumento no es suficiente y que se necesitan medidas más profundas para abordar la crisis jubilatoria.
El aumento del 7,2% a los haberes jubilatorios y el bono de $110.000 es una medida importante para los jubilados que ven cómo sus ingresos se ven afectados por la inflación y la devaluación. Sin embargo, la incertidumbre sobre el veto del Gobierno nacional genera dudas sobre el futuro de la medida.
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Los residentes del Garrahan levantaron el paro tras la advertencia del Gobierno

Los médicos residentes del Hospital Garrahan decidieron retomar sus actividades laborales después de que el Gobierno les advirtiera que les aplicarían sanciones si continuaban con la medida de fuerza. La decisión se tomó luego de una reunión con autoridades del hospital y la amenaza de despidos y sanciones.
El Gobierno había advertido a los residentes que si no cesaban las protestas, se tomarían medidas. En un mail enviado por el Consejo de Administración del hospital, se les informó que si no retoman sus actividades laborales, se les aplicarían sanciones que podrían incluir el descuento del día del salario, la pérdida de la regularidad en el programa de residencia y hasta la desvinculación del hospital.
La justificación de Salud
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó la intimación vía mail que el Consejo de Administración del Garrahan envió a los residentes para que vuelvan a sus puestos de trabajo tras el anuncio de reforzar el ingreso con un bono de $500.000. Según el Ministerio, el aumento informado el fin de semana «es un hecho», por lo que cualquier medida de fuerza al respecto no tiene un motivo legítimo.
La reacción de los residentes
Después de una reunión con autoridades del hospital, los residentes decidieron retomar sus actividades laborales. En un comunicado oficial, los médicos informaron que «por este medio queremos informar que en el día de la fecha la residencia de pediatría y articuladas del hospital retoma su actividad laboral de forma regular, tomando la guardia desde el día de la fecha».

La posición de ATE
Mientras tanto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó el paro por 24 horas con movilización a Plaza de Mayo para este jueves. «Nada de nada», sostuvo Norma Lezana, titular de APyT sobre las propuestas analizadas en la reunión con autoridades del hospital. «Es una vergüenza», continuó.
La decisión de los residentes del Hospital Garrahan de levantar el paro después de la advertencia del Gobierno es un claro ejemplo de la presión que existe entre los trabajadores de la salud y el Gobierno. Mientras que los residentes decidieron retomar sus actividades laborales, ATE y otros gremios siguen firme en su posición de lucha por mejores condiciones laborales y salariales.
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El Congreso se convirtió en el epicentro de una gran movilización de sectores sociales

En un miércoles especial, el Congreso y sus alrededores se convirtieron en el epicentro de una gran movilización que reunió a diversos sectores sociales afectados por las políticas del Gobierno. Puertas adentro, se estaba tratando el aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad, mientras que afuera, miles de personas se congregaron para reclamar la sanción de una ley que ponga un freno a los recortes llevados a cabo por la gestión de Javier Milei.
La manifestación fue pacífica y contó con la participación de jubilados, científicos, médicos y discapacitados, todos vulnerados y pisoteados en sus derechos por parte de un Ejecutivo nacional. Acompañados también por el colectivo ‘Ni una menos’, los manifestantes alzaron la voz para hacer oír sus demandas.
Las demandas
Atrasos salariales, condiciones de trabajo precarias, ajustes de personal, quita de medicamentos y condiciones de vida indignas son algunas de las causas que motivaron esta marcha multitudinaria. Los jubilados vienen manifestándose frente al Congreso todos los miércoles, y en las últimas movilizaciones, las fuerzas de seguridad reprimieron duramente a los manifestantes.
La represión
Nuevamente, como ocurre todos los miércoles, las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich desplegaron un extenso y exagerado operativo en la zona del Congreso. La ministra de Seguridad amenazó con violentar a los manifestantes en caso de agresión contra personal policial, lo que es un claro ejemplo de violencia institucional con el aparato de la fuerza del Estado.
La unión de las luchas
Bajo la consigna «Contra la crueldad, el hambre y el saqueo, ni una jubilada menos», miles de personas se congregaron frente al Parlamento, donde se reunieron con otras organizaciones políticas, sociales y sindicales. El movimiento feminista decidió unirse este año a la lucha de cada miércoles de los jubilados y jubiladas, de las universidades, ciencia, migrantes y personal de salud.
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