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El Gobierno nacional publicó el Decreto 340/2025, una normativa que, según especialistas en derecho laboral, implica un fuerte retroceso en materia de derechos laborales al restringir severamente el derecho de huelga. La medida ya genera fuertes críticas en el ámbito sindical y jurídico.

El decreto introduce modificaciones al régimen de la Marina Mercante, pero también incorpora un artículo que extiende el carácter de servicio esencial a numerosas actividades. En esos casos, se obliga a garantizar el 75% de la prestación, lo que anula de hecho el impacto de una medida de fuerza. Además, se crea una nueva figura: la de «servicio de importancia trascendental», a la que se impone la obligación de mantener al menos el 50% de la actividad durante una huelga.

Según Matías Cremonte, abogado laboralista y presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), la maniobra es similar a la del DNU 70/2023, que fue declarado inconstitucional. «Se amplían de forma desmedida los servicios considerados esenciales, lo que en la práctica significa la prohibición del derecho de huelga», advirtió.

La legislación argentina, en consonancia con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solo consideraba esenciales a los servicios cuya interrupción pudiera poner en riesgo la vida, la salud o la seguridad de la población. El nuevo decreto, en cambio, incluye incluso argumentos fiscales. «Tan absurdo es que menciona que la suspensión de la producción que pueda afectar metas de recaudación puede ser considerada esencial. No se trata de proteger la vida, sino de limitar un derecho», cuestionó Cremonte.

Críticas y consecuencias

Desde ALAL advierten que este tipo de cambios no responden a una necesidad social ni de seguridad pública, sino a una decisión política orientada a favorecer intereses empresariales. «Hace más de 20 años que la huelga en servicios esenciales está regulada, y jamás se puso en peligro la vida o la salud de nadie. El sistema funcionaba. El cambio es para favorecer a los empresarios y joder a los trabajadores», concluyó Cremonte.

La medida puede tener graves consecuencias para los trabajadores y el movimiento sindical. La restricción del derecho de huelga puede limitar la capacidad de los trabajadores para negociar mejores condiciones laborales y salariales. Además, la creación de la figura de «servicio de importancia trascendental» puede generar incertidumbre y arbitrariedad en la aplicación de la normativa.

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 Advierten que los salarios caen el doble con nueva canasta que mide el Indec

La pérdida salarial en el país se profundiza y las proyecciones privadas advierten que, si el Indec aplicara la nueva canasta de consumo para medir la inflación, la pérdida salarial sería casi el doble de la registrada actualmente. Ante esta situación, y faltando solo unos diás para las elecciones en el territorio bonaerense, el Gobierno nacional enfrenta un panorama económico adverso.

Un informe reciente del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) revela que el salario mínimo se contrajo un 32,5% en términos reales desde noviembre de 2023, mientras que las remuneraciones promedio retrocedieron un 5%. Sin embargo, si se aplicara la nueva metodología de inflación pendiente de implementación por parte del INDEC, el retroceso treparía al 9,1%. La fuerte devaluación inicial de la gestión de Javier Milei, sumada a la aceleración inflacionaria, impactó de lleno en los bolsillos de los trabajadores.

Según el estudio de CIFRA, tras una recuperación parcial hacia finales de 2024, los salarios volvieron a estancarse. «Desde noviembre pasado, la menor inflación no se tradujo en mejoras: el desempleo debilitó las negociaciones colectivas y el Gobierno buscó limitar los aumentos salariales por debajo del alza de precios», señalaron desde el centro de estudios. Como resultado, en junio de 2025 el salario real registrado quedó 5,5% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

La situación es aún más grave en el sector público: mientras que los privados acumulan una pérdida de 0,6% según el IPC actual (4,4% con la canasta actualizada), los estatales retrocedieron 14,3% y 17,6% respectivamente.

Actualmente, el INDEC mide la inflación con la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares 2003/2004. Si bien en 2017-2018 se llevó adelante una actualización, el nuevo índice aún no fue publicado, pese a que el trabajo técnico está concluido desde fines de 2024.

El propio FMI advirtió en su último staff report que espera que el organismo argentino implemente la nueva metodología hacia finales de 2025, lo que permitiría reflejar mejor los patrones actuales de consumo y precios relativos.

Más allá de la discusión metodológica, la realidad de los hogares muestra un deterioro constante. El ingreso disponible promedio en el AMBA cayó 0,4% en junio, acumulando tres bajas en cuatro meses, según Empiria. En comparación con noviembre de 2023, la merma llega al 7%.

En paralelo, crece el endeudamiento: un estudio del Banco Provincia señala que los préstamos a familias aumentaron más de 60% real entre noviembre de 2023 y julio de 2025, pasando de representar el 5% al 8% de los recursos de los hogares.

A esto se suma la multiplicación de empleos: durante el primer trimestre de 2025, casi 1 de cada 10 trabajadores tuvo más de un trabajo, un nivel superior al promedio de 2017-2019 y bastante por encima del registrado entre 2021 y 2023.

La foto del salario mínimo sintetiza el panorama: su valor real hoy es inferior al que rigió durante gran parte de la década del 90 y en la crisis de la Convertibilidad. Según cálculos de CIFRA, si no hubiese perdido poder adquisitivo a lo largo de la última década, debería ubicarse por encima de los $740.000.

Con elecciones inminentes y la Provincia de Buenos Aires como distrito clave, la caída de los ingresos aparece como un desafío político y social central para el Gobierno, en un escenario donde el bolsillo de los trabajadores sigue siendo el principal termómetro de malestar.

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La UIA propone reactivar un régimen de rebaja de contribuciones patronales para empresas del interior

La Unión Industrial Argentina (UIA) propuso reactivar un régimen de contribuciones patronales diferencial que permita a las empresas del interior del país abaratar el costo de contratación de empleados. El planteo se enmarca en una agenda de cinco ejes que incluye reforma tributaria, modernización laboral e inversión en infraestructura.

La UIA, liderada por Martín Rappallini, busca recuperar el esquema del Decreto 814/2001, que fijaba una alícuota única del 16% en contribuciones patronales y otorgaba a las empresas la posibilidad de imputar parte del IVA a cuenta de esas cargas. La proporción que podían descontar dependía de la distancia de cada provincia respecto de los puertos, lo que beneficiaba particularmente a las regiones del NOA y el NEA.

Según la UIA, este régimen fue clave para el desarrollo de numerosas pymes y atrajo inversiones de grandes empresas en el norte del país, al permitirles compensar los mayores costos logísticos. La entidad sostiene que la reactivación de este régimen sería fundamental para mejorar la competitividad del sector industrial en el interior del país.

La Unión Industrial Argentina también presentó una agenda de cinco puntos para mejorar la competitividad del sector, que incluye:

  • Reforma tributaria, para simplificar cargas y eliminar distorsiones.
  • Modernización laboral, orientada a marcos más flexibles e inclusivos.
  • Inversión en infraestructura, con el fin de reducir costos logísticos y conectar regiones.
  • Financiamiento productivo, accesible y previsible para pymes e industrias innovadoras.
  • Educación técnica, articulada con la demanda productiva para potenciar el talento industrial.

En este sentido, Martín Rappallini expresó. «Tenemos un sistema impositivo récord y un sistema laboral antiguo. La macro es importante, pero hay que trabajar en la microeconomía y en el costo argentino», completó Rappallini .

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Paritarias: Qué gremios cobrarán aumentos salariales en septiembre

Con un panorama preocupante de inflación persistente, varios gremios lograron cerrar paritarias y avanzar con mejoras salariales para este mes de septiembre.

A continuación, te presentamos un resumen de los acuerdos alcanzados por sector:

  • Estatales (Provincia de Buenos Aires): Cobrarán un aumento del 2,5% sobre los haberes de julio, más un 7,5% en viáticos.
  • Construcción (UOCRA): Se aplica un 1,1% sobre los básicos de julio.
  • Empleadas Domésticas: Percibirán un 1% de aumento y la última cuota de un bono no remunerativo (de $4.000 a $9.500 según las horas).
  • Comercio (General, Call Centers y Turismo): Cobrarán un 1% de aumento más una suma no remunerativa de $40.000.
  • Bancarios: El sueldo inicial alcanzará $1.895.421.
  • Metalúrgicos (UOM): Recibirán un 1% correspondiente a agosto más 25.000 no remunerativos. El ingreso mínimo global de referencias se ubica en 909.114.
  • Camioneros: Cobrarán un 1% de agosto más una suma no remunerativa de $45.000. Hugo Moyano ya reclama una revisión.
  • Sanidad (FATSA): Percibirán un 1,9% sobre básicos más una suma fija no remunerativa de $60.000.
  • Playeros (Estaciones de Servicio): El salario básico de un operador de playa será de $1.025.576.
  • Colectiveros (UTA – AMBA): El salario total a percibir (incluyendo viáticos) será de $1.600.000.
  • Vigiladores Privados: Tendrán un aumento del 0,9%, llevando el básico a $808.600.
  • Encargados de Edificio: Recibirán un aumento sobre los básicos de julio más una suma fija de $50.000.
  • Trabajadores Rurales: Tendrán un 1,5% de incremento más un bono de $20.000.

El panorama refleja una negociación paritaria compleja, donde la mayoría de los sindicatos lucha por no quedar rezagado frente a una inflación que continúa erosionando el poder de compra de los salarios. Los acuerdos alcanzados varían según el sector y el gremio, pero en general, buscan proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

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