La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) ratificó un plan de retención de tareas que afectará la actividad aérea durante las vacaciones de invierno. Las medidas se aplicarán en franjas horarias puntuales entre el 11 y el 30 de julio, y podrían complicar la programación de vuelos en todo el país.

El conflicto entre los controladores aéreos y el Gobierno lleva más de diez meses sin respuestas satisfactorias. ATEPSA denunció que las autoridades buscan obstaculizar el legítimo derecho constitucional a la huelga al declarar la actividad como servicio esencial. Los gremios advirtieron que la medida exceptuará vuelos sanitarios, humanitarios y de búsqueda y rescate, pero apunta directamente a los vuelos comerciales.

Impacto en la actividad aérea

Las interrupciones, que afectarán autorizaciones de despegues, movimientos en pista y recepción de planes de vuelo, se aplicarán en los siguientes días y horarios. La medida coincide con los períodos de receso escolar en todo el país, lo que podría generar un alto riesgo de cancelaciones, demoras prolongadas y reprogramaciones masivas.

La Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (Jurca), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) emitieron un comunicado conjunto advirtiendo sobre el fuerte impacto de las medidas. El sector turístico también se expresó en contra del paro, ya que podría afectar la llegada de visitantes a la capital durante el receso invernal.

Posibles soluciones

El plenario sindical del 10 de julio podría ser el primer paso hacia una acción más amplia. Los gremios necesitan una respuesta colectiva, contundente y organizada para resolver el conflicto. La reunión entre ATEPSA y EANA del próximo jueves será clave para definir si el conflicto escala o si se logra una salida negociada.

Los trabajadores estatales protagonizaron una jornada de protesta frente a los organismos alcanzados por los decretos 461 y 462/2025, que incluyen el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad y la transformación del INTI y el INTA en unidades organizativas bajo control ministerial. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y distintas asambleas multisectoriales impulsaron ruidazos, movilizaciones y actos en distintos puntos del país.

Los decretos firmados por el presidente Javier Milei generaron un amplio rechazo en el sector público y en la sociedad en general. La medida implica un cambio profundo en el manejo de los fondos y la estructura de los organismos afectados, lo que podría tener graves consecuencias para el desarrollo científico, productivo y tecnológico del país. Los trabajadores del INTI, INTA y Vialidad Nacional denunciaron recortes, pérdida de funciones y despidos, y advirtieron que la nueva estructura «pone en jaque» al organismo y limita sus funciones.

La respuesta de los trabajadores fue inmediata y contundente. La ATE y las asambleas multisectoriales organizaron protestas y movilizaciones en distintos puntos del país, con el objetivo de visibilizar la problemática y presionar al Gobierno para que revea sus decisiones. Los trabajadores denunciaron que los decretos «se traducen en un daño social irreparable y sin precedentes en la democracia» y cuestionaron el uso de las facultades delegadas del Ejecutivo.

El impacto en los organismos

La disolución de Vialidad Nacional y la transformación del INTI y el INTA en unidades organizativas bajo control ministerial podrían tener graves consecuencias para el país. La gestión de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales quedaría a cargo de Gendarmería, lo que podría comprometer la seguridad vial y la calidad de las rutas. Además, la pérdida de autarquía de los organismos podría afectar la calidad de los productos y servicios que brindan.

La posición del Gobierno

El Gobierno defiende los decretos argumentando que son necesarios para reducir la burocracia y mejorar la eficiencia en el sector público. Sin embargo, los trabajadores y los expertos han cuestionado la falta de debate y consulta en la implementación de estas medidas. La situación sigue siendo tensa y se espera que las protestas y movilizaciones continúen en los próximos días.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) se reunirá el 14 de julio para determinar los nuevos montos salariales para los trabajadores y trabajadoras de la actividad. Los gremios denuncian una pérdida salarial de hasta el 20% desde enero y reclaman un ajuste en las remuneraciones mínimas.

El personal de casas particulares han estado sometidos a un congelamiento salarial desde enero pasado, lo que ha generado una pérdida significativa en su poder adquisitivo. Los salarios mínimos se fijaron en $2.863 por hora para tareas de limpieza con retiro y $3.089 sin retiro, mientras que los salarios mensuales básicos se fijaron en $351.233 con retiro y $390.567 sin retiro. Sin embargo, los gremios consideran que estos incrementos son insuficientes frente a la inflación y reclaman un ajuste en las remuneraciones mínimas.

La reunión del 14 de julio será clave para definir un posible ajuste en haberes mínimos para el sector. La CNTCP, que se reunirá en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, analizará la evolución de las remuneraciones mínimas y buscará encontrar una solución. Los gremios han denunciado una pérdida salarial de hasta el 20% desde enero y reclaman un ajuste urgente en las remuneraciones.