El Gobierno nacional anunció el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La medida, dispuesta por el presidente Javier Milei, busca reorganizar la política vial y dar apertura a la licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas. Sin embargo, esta decisión plantea interrogantes sobre su impacto en la infraestructura vial y la seguridad de los usuarios.

Análisis de la medida

La disolución de Vialidad Nacional y la Agencia de Seguridad Vial es una medida que busca reducir la intervención estatal en la política vial y promover la participación del sector privado. Sin embargo, esta decisión puede tener consecuencias negativas en la infraestructura vial y la seguridad de los usuarios. La falta de inversión en la conservación y mantenimiento de las rutas puede generar un deterioro en la calidad de las mismas, lo que puede aumentar el riesgo de accidentes y reducir la eficiencia del transporte.

La reorganización de la CNRT

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será reorganizada y pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte. Esta nueva agencia será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas y actos administrativos relacionados a la fiscalización de concesiones viales. Sin embargo, no está claro cómo se garantizará la independencia y la transparencia en la toma de decisiones de esta nueva agencia.

La licitación de rutas

El Gobierno también anunció que dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas, pero no está claro como seleccionará a los concesionarios. La falta de transparencia y la posibilidad de que se priorice la rentabilidad sobre la calidad del servicio pueden generar problemas en la prestación del servicio.

El Ministerio de Desregulación prepara una profunda reforma que termine con la autarquía de varias dependencias, que quedarán bajo la órbita de Economía. Los trabajadores de Vialidad Nacional rechazaron la posibilidad de cierre por decreto del organismo, mientras que se especula que la mayoría de las medidas se vuelvan realidad mediante decretos antes del vencimiento de las facultades delegadas.

La gestión libertaria apura un nuevo proceso de desguace del Estado nacional, con el objetivo de configurar un nuevo organigrama público con una fuerte retracción. El Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, trabaja contrarreloj para implementar las medidas antes del 8 de julio, fecha en que vencen las facultades delegadas que permiten este tipo de medidas.

Se espera que el gobierno avance con el cierre o la transformación de muchas dependencias, incluyendo Vialidad Nacional, el INTA y el INTI, que podrían quedar bajo la órbita de la Secretaría de Producción o Agricultura. Esto generaría despidos masivos, que se sumarían a los más de 52 mil producidos desde que Javier Milei asumió la presidencia.

Los gremios advierten que los cambios generarán despidos masivos, especialmente en áreas como Recursos Humanos y Sistemas, que podrían ser absorbidas por otras entidades. Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunciaron una medida de fuerza, que fue levantada luego de que las autoridades llamaran a una mesa de discusión.

El balance realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estableció que desde que Milei llegó a la Casa Rosada hasta mayo de 2025, la dotación de personal del Estado nacional se redujo en 52.340 puestos de trabajo, lo que implica una caída del 15,2%.

El análisis por empresa muestra que el caso más significativo en términos absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 4.945 despidos. Le siguen la Operadora Ferroviaria S. E., con 2.293 cesantías, y Aerolíneas Argentinas, con 1.780 despidos, mientras que el Banco Nación registra 1.689 desvinculaciones. En términos proporcionales, “el recorte más drástico se dio en la ex Télam, donde se despidió a cerca del 80  por ciento del personal”. Le sigue ENARSA Patagonia, y luego los casos de Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., que también presentan reducciones especialmente significativas.

La situación de los jubilados en Argentina es alarmante. Según el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, el reajuste de julio fue del 1,5%, pero seis millones de beneficiarios que cobran el bono recibieron apenas un 0,8%. Esto significa que el aumento real fue de apenas $4.000, que no alcanza ni para un café. Semino fue contundente al describir lo que padecen los jubilados a diario: «Estamos en el momento de mayor morbilidad del año, cuando más se enferma la gente mayor, y con estos ingresos no se puede ni calefaccionar la casa».

Deterioro del poder adquisitivo

Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, los jubilados con la mínima perdieron 13 puntos frente a la inflación, según cifras del INDEC. Durante 2024, la inflación fue del 118% y los haberes aumentaron apenas un 105%. La pérdida de poder adquisitivo viene de arrastre desde 2013, lo que agrava la situación de los jubilados.

Frente a este panorama, Semino exigió una asistencia estatal urgente: «El Estado tiene que garantizar comida, medicamentos y techo. Ya no se trata solo de ingresos, sino de supervivencia». La situación es grave y los jubilados no solo sufren, sino que también se mueren. El país no puede seguir dándole la espalda a sus mayores.