La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el registro de delegados gremiales creado por el Gobierno puede ser utilizado como una herramienta para despedir a ex representantes sindicales y advirtió que irá a la Justicia para impugnar la medida.

La creación del Registro Centralizado de Delegados Gremiales de la Administración Pública Nacional, dispuesto por la resolución 34/25 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, generó una fuerte reacción en el sector sindical. Desde ATE, el delegado en el INDEC, Raúl Llaneza, consideró que la medida es «ilegal» y advirtió que se busca crear «una lista negra» contra los dirigentes estatales.

Llaneza señaló que el registro implica una exposición para posibles represalias contra representantes gremiales cuando dejen de serlo y pierdan los fueros sindicales. «Claramente es una amenaza», afirmó. Además, remarcó que la medida se inscribe en un contexto más amplio de avances contra los derechos laborales y gremiales.

Análisis y perspectivas

La creación del registro de delegados gremiales puede ser vista como una medida para controlar y disciplinar a los dirigentes sindicales. La ATE adelantó que presentará una denuncia judicial contra la medida, argumentando que se trata de una intervención directa del Estado empleador sobre la vida interna de los sindicatos del Estado.

El registro también incluye una lista de juicios en los que se invoca tutela gremial, lo que implica que cada elección, cada lista de candidatos y cada juicio vinculado con protección sindical deberá pasar por el análisis y dictamen del Ejecutivo. Esto puede generar un mecanismo de control sobre las garantías gremiales que puede derivar en represalias o disciplinamiento de dirigentes incómodos.

En un giro inesperado, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) firmaron un acuerdo que suspende los despidos en el sector de productos electrónicos en Tierra del Fuego hasta fin de año. El entendimiento llega tras 10 días de huelga en la isla, que puso en jaque a más de 8 mil puestos de trabajo.

La UOM y AFARTE lograron un acuerdo que establece la suspensión de despidos sin causa hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que significa un alivio para los trabajadores del sector. Además, se conformará una mesa de diálogo para buscar herramientas que mejoren la competitividad del sector y garanticen la continuidad de la actividad productiva.

La directora ejecutiva de AFARTE, Ana Vainman, destacó la promesa de las empresas en el acuerdo, afirmando que «asumimos este compromiso para no realizar despidos y, al mismo tiempo, redoblamos los esfuerzos para encontrar caminos que nos permitan mantener la sustentabilidad de la industria y ganar competitividad». La UOM, por su parte, remarcó que «la lucha continúa» y que la mesa de diálogo será fundamental para garantizar la protección de los puestos de trabajo.

Análisis y perspectivas

El acuerdo alcanzado entre la UOM y AFARTE es un paso importante para proteger los puestos de trabajo en el sector de productos electrónicos en Tierra del Fuego. Sin embargo, la industria enfrenta desafíos significativos en un contexto de creciente competencia global y cambios en la política arancelaria.

La mesa de diálogo que se conformará entre las partes será fundamental para encontrar soluciones sostenibles que permitan a la industria electrónica fueguina mantener su competitividad y proteger los puestos de trabajo del sector. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, destacó la importancia de la colaboración entre las partes para garantizar la continuidad de la actividad productiva y la protección de los puestos de trabajo.

El ministerio de Desregulación y Transformación del Estado lanzó nuevos procedimientos para la elección de delegados y el pedido de tutelas sindicales, que se traducirá en un fuerte golpe a la representación gremial en ministerios y organismos. La medida es una clara muestra de la intención del Gobierno de limitar la capacidad de negociación y defensa de los derechos de los trabajadores.

La resolución 34/2025 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del ministerio de Desregulación establece los métodos para el registro de delegados y de los juicios con tutela sindical. La normativa crea un «Registro Centralizado de Delegados Gremiales» y otro de «Juicios en los que se invoque Tutela Gremial», lo que configura un mayor control del Estado sobre la elección de delegados y la representación sindical.

La medida impone restricciones significativas a la representación sindical, como la exigencia de acreditar al menos un 10% de afiliación respecto a la dotación de la jurisdicción u organismo para que las elecciones de delegados sean válidas. Además, el Estado evaluará si los candidatos a delegados cumplen con los requisitos de la Ley 23.551 y podrá rechazar su inscripción y protección sindical si considera que exceden cupos o incumplen condiciones.

Consecuencias y reacciones

La medida generará tensión entre los propios gremios y al interior de cada organización que deberá buscar la forma de contener a los delegados que quedarán sin cargo a partir de los nuevos requisitos. También producirá sacudones entre los sindicatos en relación con la representación con la que contará cada uno en las negociaciones o discusiones con las autoridades ministeriales o de organismo. Habrá ganadores y perdedores en el peso de las conversaciones con el Gobierno.

Argumentos del Gobierno

Según señalaron, la norma intenta ordenar y actualizar la información sobre la representación sindical y los litigios vinculados a la tutela sindical, cumpliendo estándares de pluralidad y proporcionalidad sindical y respetando la representación femenina según lo regula la Ley 25.674. Sin embargo, la medida es vista como una clara muestra de la intención del Gobierno de limitar la capacidad de negociación y defensa de los derechos de los trabajadores.

La resolución 34/2025 es un claro ejemplo de la política del Gobierno de limitar la representación sindical y la capacidad de negociación de los trabajadores. La medida generará un nuevo foco de conflicto con los sindicatos y puede tener graves consecuencias para la democracia laboral y la defensa de los derechos de los trabajadores. Es importante que los sindicatos y los trabajadores se unan para defender sus derechos y luchar contra esta medida.