Martín Solazo, titular de la Unión Obrera Metalúrgica en San Juan, analizó la dura situación del sector. Entre la falta de avances en las paritarias nacionales y la amenaza de miles de despidos en Tierra del Fuego por la eliminación de aranceles, crece la preocupación en todo el país.

Mientras el costo de vida sigue en ascenso, los trabajadores metalúrgicos enfrentan un panorama desalentador. Las negociaciones paritarias entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresariales se encuentran estancadas, con diferencias sustanciales entre las partes.

Martín Solazo advirtió que las últimas tres paritarias representaron una fuerte pérdida de poder adquisitivo. “En la última perdimos casi siete puntos, y eso deteriora muchísimo el salario del trabajador”, sostuvo. La próxima reunión oficial estaba prevista para este jueves 22 del mes en curso, aunque se esperaba que existieran acercamientos previos entre los sectores.

“El salario está planchado y el tiempo corre. Mientras tanto, las familias viven con lo justo, mientras todo sube menos los sueldos”, expresó con preocupación el dirigente. Desde la seccional de San Juan manifestaron su total respaldo a la conducción nacional, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que contemple la realidad del trabajador.

Tierra del Fuego en alerta: 8000 puestos de trabajo en riesgo

La situación en Tierra del Fuego agrava aún más el escenario. Ante la eliminación de aranceles a productos electrónicos importados, la UOM convocó a un paro por tiempo indeterminado. Solazo, en contacto directo con los secretarios de las seccionales de Ushuaia y Río Grande, expresó su solidaridad y preocupación.

“Estamos hablando de entre 6.000 y 8.000 trabajadores que pueden quedar en la calle”, alertó. La industria fueguina, encargada de la producción de celulares, televisores y aires acondicionados, representa una de las principales fuentes laborales de la provincia y recibe trabajadores de distintas regiones del país.

El dirigente criticó duramente la actitud del gobierno nacional, al señalar que “no se puede decir con liviandad que las empresas empiecen a hacer otra cosa”. Para Solazo, esta medida no solo pone en jaque a miles de familias, sino que revela un objetivo mayor: “Desindustrializar el país y convertirlo en una colonia económica”.

Para Martín Solazo, las reformas impulsadas por el gobierno nacional responden directamente a exigencias del Fondo Monetario Internacional. “La eliminación de aranceles es una de las condiciones impuestas para acceder a nuevos préstamos, pero el costo lo pagan los trabajadores”, afirmó.

“Vamos camino a dejar de ser un país con industria para convertirnos en uno de servicios y consumo de productos importados. Y eso es retroceder décadas en desarrollo y soberanía”, sentenció.

El sector metalúrgico enfrenta un doble frente de batalla: la urgente necesidad de actualizar salarios y la defensa de miles de puestos de trabajo ante políticas que debilitan a la industria nacional. La falta de respuestas oficiales y la creciente presión social configuran un escenario tenso, donde las decisiones que se tomen en los próximos días podrían marcar el destino laboral de miles de familias argentinas.

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) convocó a una movilización este martes frente al edificio de Empleo Público para denunciar el cierre y privatización de Vialidad Nacional.

La dirigente sindical Graciela Aleñá denunció que el Gobierno nacional planea liquidar Vialidad Nacional y anunció una masiva movilización para frenar la medida. Según Aleñá, el Gobierno busca desmantelar el patrimonio público para favorecer negociados privados y condenar a los argentinos a vivir en la «edad media». La sindicalista destacó la labor esencial que cumple el personal de Vialidad Nacional, recordando la reciente asistencia durante las inundaciones del pasado fin de semana.

“Nuestros trabajadores estuvieron ahí, ayudando a conductores, evacuando personas, llevando mantas y alimentos en medio del temporal. Y aun así se aprestan a cerrarla, es de locos”, subrayó.

Desde el sindicato también recordaron que la situación del organismo ya era crítica debido a los recortes presupuestarios impulsados por el ministro de Economía, Luis Caputo, y al congelamiento salarial que llevan más de siete meses sin resolverse.

“El vaciamiento y la paralización de la obra pública es criminal. Las rutas están en mal estado, los accidentes se multiplican, y mientras tanto, el Gobierno hace propaganda”, remarcó Aleñá, quien también desafió al Ejecutivo a desmentir públicamente las denuncias.

La disputa entre el Gobierno nacional y los trabajadores de Vialidad Nacional pone en evidencia la tensión entre la política económica y la defensa de la obra pública. Mientras el Gobierno busca reducir el gasto público y privatizar servicios, los trabajadores y el sindicato sostienen que la medida afectará negativamente a la infraestructura y la integración del país.

La movilización de los trabajadores viales es un llamado de atención sobre la importancia de Vialidad Nacional y la necesidad de defenderla. La medida de fuerza es un reflejo de la preocupación de los trabajadores y el sindicato por la política económica del Gobierno nacional y su impacto en la obra pública y la infraestructura del país.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Tierra del Fuego convocó a un paro total este miércoles en defensa del régimen tributario especial que sostiene a la industria local, mientras el presidente Javier Milei intensifica sus ataques contra el sector.

La medida de fuerza fue respaldada por la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), que expresó su «total solidaridad con los trabajadores fueguinos» y ratificó su compromiso en defensa del trabajo y la industria nacional. Sin embargo, desde el Gobierno nacional crecen los ataques contra la industria fueguina, con el presidente Milei retuiteando mensajes que califican a los fueguinos como un «pueblo diseñado para vivir del empleo público y estafar al continente con ensambles chinos».

La rebaja de impuestos y aranceles para la importación de celulares, televisores, aires acondicionados y consolas de videojuegos anunciada por el Ejecutivo implica una amenaza para la industria local, que sostiene que la medida dejará en desventaja a los productos fabricados en el sur del país. Los gremios advierten que el ataque a Tierra del Fuego es el primer paso hacia un desmantelamiento más profundo del aparato productivo nacional.

La disputa entre el Gobierno nacional y la industria fueguina pone en evidencia la tensión entre la política económica y la defensa de la industria nacional. Mientras el Gobierno busca reducir los impuestos y aranceles para fomentar la competencia, los gremios y la industria local sostienen que la medida afectará negativamente al empleo y la producción en la región.