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Con un paro de 48 horas como puntapié inicial, las federaciones universitarias comenzaron una semana de acciones en todo el país en defensa de la universidad pública, el salario docente y la calidad educativa. En San Juan, ADICUS se suma al reclamo y advierte sobre una crisis sin precedentes.

La comunidad universitaria atraviesa días de incertidumbre en su defensa por una educación pública de calidad. Las principales federaciones del país lanzaron una serie de medidas que comenzaron este lunes con un paro de 48 horas, que tuvo un alto acatamiento en la Universidad Nacional de San Juan. Así lo confirmó Jaime Barcelona, titular de ADICUS, en diálogo Mundo Laboral SJ.

“La medida tuvo una adhesión muy importante. Esta semana continuará con distintas actividades que iremos definiendo, y ya se está organizando la tercera marcha federal universitaria a nivel nacional”, sostuvo Barcelona, al tiempo que remarcó que se trata de una movilización federal impulsada por el Frente Gremial Universitario en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Un plan de lucha que se extiende en todo el país

Las acciones no se limitan a los dos primeros días de la semana. El próximo viernes 23 de mayo está previsto un paro nacional de trabajadores no docentes, y para las próximas semanas se esperan nuevas medidas de visibilización y posibles paros adicionales. A nivel nacional, el frente gremial universitario junto al CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) se encuentra en proceso de coordinación para establecer la fecha de la tercera marcha federal universitaria, una movilización masiva en defensa del sistema público de educación superior.

Desde ADICUS y otras federaciones, se advierte que el conflicto es profundo y no tiene solución a la vista. “No hay convocatoria a paritarias desde octubre del año pasado. Los aumentos salariales se han otorgado por decreto, en torno al 1,3% mensual, lo que ni siquiera alcanza la inflación oficial que el propio gobierno reconoce. Esto ha generado un deterioro salarial sin precedentes para los docentes universitarios”, señaló Barcelona.

Un sistema educativo al borde del colapso

El plan de lucha no responde únicamente a una demanda salarial. La situación presupuestaria de las universidades nacionales se ha vuelto crítica. La falta de financiamiento, los recortes impulsados desde el Poder Ejecutivo y la ausencia de diálogo han generado un escenario preocupante que amenaza no sólo el bienestar de los trabajadores, sino también la calidad de la educación y el desarrollo de la investigación científica.

En este contexto, muchas universidades enfrentan dificultades para garantizar el funcionamiento básico, y no son pocos los docentes que se han visto obligados a reducir sus horas o buscar alternativas laborales fuera del ámbito académico.

Un llamado urgente a la sociedad

“Estamos frente a una situación extremadamente grave. Esta semana de visibilización también es una invitación a que la sociedad tome conciencia del valor de la universidad pública y de los riesgos que corre si no se revierte este rumbo”, afirmó el titular de ADICUS.

Con el foco puesto en la concientización, los gremios buscan sumar apoyo ciudadano para sostener un sistema educativo inclusivo, de calidad y gratuito. Las universidades públicas no solo forman profesionales: son pilares del desarrollo científico, cultural y social de la Argentina.

La semana de lucha universitaria no es un hecho aislado, sino parte de un reclamo sostenido que interpela a toda la sociedad. Las aulas vacías de estos días no son símbolo de abandono, sino de resistencia frente al vaciamiento. El futuro de la educación pública está en juego, y su defensa requiere del compromiso de todos: docentes, estudiantes, trabajadores y ciudadanía en general. Porque cuando se defiende la universidad, se defiende el derecho a un país con oportunidades para todos.

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El Ministerio de Desregulación prepara una profunda reforma del Estado

El Ministerio de Desregulación prepara una profunda reforma que termine con la autarquía de varias dependencias, que quedarán bajo la órbita de Economía. Los trabajadores de Vialidad Nacional rechazaron la posibilidad de cierre por decreto del organismo, mientras que se especula que la mayoría de las medidas se vuelvan realidad mediante decretos antes del vencimiento de las facultades delegadas.

La gestión libertaria apura un nuevo proceso de desguace del Estado nacional, con el objetivo de configurar un nuevo organigrama público con una fuerte retracción. El Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, trabaja contrarreloj para implementar las medidas antes del 8 de julio, fecha en que vencen las facultades delegadas que permiten este tipo de medidas.

Se espera que el gobierno avance con el cierre o la transformación de muchas dependencias, incluyendo Vialidad Nacional, el INTA y el INTI, que podrían quedar bajo la órbita de la Secretaría de Producción o Agricultura. Esto generaría despidos masivos, que se sumarían a los más de 52 mil producidos desde que Javier Milei asumió la presidencia.

Los gremios advierten que los cambios generarán despidos masivos, especialmente en áreas como Recursos Humanos y Sistemas, que podrían ser absorbidas por otras entidades. Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunciaron una medida de fuerza, que fue levantada luego de que las autoridades llamaran a una mesa de discusión.

El balance realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estableció que desde que Milei llegó a la Casa Rosada hasta mayo de 2025, la dotación de personal del Estado nacional se redujo en 52.340 puestos de trabajo, lo que implica una caída del 15,2%.

El análisis por empresa muestra que el caso más significativo en términos absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 4.945 despidos. Le siguen la Operadora Ferroviaria S. E., con 2.293 cesantías, y Aerolíneas Argentinas, con 1.780 despidos, mientras que el Banco Nación registra 1.689 desvinculaciones. En términos proporcionales, “el recorte más drástico se dio en la ex Télam, donde se despidió a cerca del 80  por ciento del personal”. Le sigue ENARSA Patagonia, y luego los casos de Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., que también presentan reducciones especialmente significativas.

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Piden la emergencia alimentaria y sanitaria para jubilados

La situación de los jubilados en Argentina es alarmante. Según el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, el reajuste de julio fue del 1,5%, pero seis millones de beneficiarios que cobran el bono recibieron apenas un 0,8%. Esto significa que el aumento real fue de apenas $4.000, que no alcanza ni para un café. Semino fue contundente al describir lo que padecen los jubilados a diario: «Estamos en el momento de mayor morbilidad del año, cuando más se enferma la gente mayor, y con estos ingresos no se puede ni calefaccionar la casa».

Deterioro del poder adquisitivo

Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, los jubilados con la mínima perdieron 13 puntos frente a la inflación, según cifras del INDEC. Durante 2024, la inflación fue del 118% y los haberes aumentaron apenas un 105%. La pérdida de poder adquisitivo viene de arrastre desde 2013, lo que agrava la situación de los jubilados.

Frente a este panorama, Semino exigió una asistencia estatal urgente: «El Estado tiene que garantizar comida, medicamentos y techo. Ya no se trata solo de ingresos, sino de supervivencia». La situación es grave y los jubilados no solo sufren, sino que también se mueren. El país no puede seguir dándole la espalda a sus mayores.

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La UPSRA recorre San Juan para combatir la informalidad laboral

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) recorrió San Juan para acompañar a los vigiladores y combatir la informalidad laboral. El secretario adjunto del gremio, Juan Diego García, visitó la provincia en representación de la Comisión Directiva encabezada por Ángel Alberto García, y mantuvo reuniones institucionales con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Trabajo, la Defensoría del Pueblo, asesores del Poder Ejecutivo, representantes del sector empresario y dirigentes sindicales de la provincia.

El problema de la informalidad laboral

UPSRA afirmó que «el problema es la informalidad laboral» y que «los trabajadores de seguridad sabemos lo que significa no tener cobertura, estabilidad ni reconocimiento: no es libertad, es desprotección disfrazada». La organización sindical destacó que el objetivo principal de la visita a San Juan fue acompañar a los trabajadores de seguridad privada de la provincia y atender de manera directa sus necesidades.

Federalismo sindical con derechos

La UPSRA subrayó la importancia de sostener una presencia gremial activa en todo el país y reafirmó su visión federal en defensa del empleo registrado. «UPSRA está presente en cada rincón del país. Donde haya un vigilador que necesite respaldo, allí tenemos que estar. Porque no hay federalismo sin organización, sin trabajo conjunto y sin derechos laborales», concluyeron en el comunicado.

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