El representante gremial de los trabajadores Químicos en San Juan criticó duramente el techo paritario propuesto por el gobierno y alertó sobre la pérdida acelerada del poder adquisitivo de los trabajadores. Además, se refirió a la crisis en Electrometalúrgica Andina y rechazó con firmeza los avances sobre la reforma laboral.

Desde Mundo Laboral San Juan, Mario García, representante del gremio Químicos en la provincia, brindó un diagnóstico contundente sobre la situación actual del sector trabajador. El foco de su preocupación se centra en la reciente propuesta del gobierno nacional de establecer un techo paritario del 1% mensual, una cifra que calificó como “totalmente desconectada de la realidad económica”.

García fue claro: “La inflación se mide con parámetros que no reflejan la verdadera situación del país. Los aumentos en energía, combustible y servicios hacen imposible aceptar un porcentaje tan bajo”. Para el dirigente, este intento por condicionar las negociaciones salariales refleja una estrategia orientada a debilitar el poder adquisitivo y la capacidad de negociación de los gremios.

Unidad sindical ante un panorama adverso

Frente al estancamiento de las paritarias y la presión del Ejecutivo por no homologar acuerdos superiores al 1%, el referente sindical remarcó que no descartan tomar medidas de fuerza. En sus palabras, “otros sindicatos como la UTA ya han actuado, y hoy más que nunca el movimiento obrero debe estar unido”.

García también defendió el rol de las organizaciones gremiales, muchas veces cuestionadas desde sectores oficiales y mediáticos: “Los derechos laborales fueron conquistados gracias a los sindicatos. Sin ellos, los empresarios pagarían lo menos posible. Hoy, lo que se busca es ajustar al trabajador”.

El panorama que describió el representante de los Químicos en San Juan no es alentador. Según explicó, la pérdida del poder adquisitivo ha sido abrupta y generalizada. “Una persona que alquila, que tiene hijos en edad escolar y debe cubrir la canasta básica, vive con la soga al cuello”, expresó.

A esto se suma el dato de que las paritarias nacionales —de las que dependen en la provincia— no han logrado nunca equiparar el ritmo de la inflación. “Siempre hemos estado por debajo, y eso genera un deterioro constante en las condiciones de vida del trabajador”, advirtió.

Electrometalúrgica Andina: salarios atrasados y una producción paralizada

Consultado por la situación de la empresa Electrometalúrgica Andina, García reveló un panorama crítico. “Hay compañeros con dos o tres meses de atraso salarial y la planta no está produciendo por conflictos contractuales entre los antiguos y nuevos dueños”, detalló.

A pesar de los esfuerzos y la predisposición del gobierno provincial para encontrar una salida, el conflicto aún no ha podido destrabarse. “Seguimos apostando a que se recuperen las fuentes laborales, pero hasta ahora no hay avances concretos”, lamentó.

Reforma laboral: el rechazo a la eliminación de indemnizaciones

Otro de los puntos que generan alerta en el gremio es la intención del gobierno de impulsar una reforma laboral que incluya un nuevo esquema de indemnizaciones. Según García, esta modificación podría facilitar los despidos, especialmente de trabajadores mayores.

“El nuevo sistema permitiría que a los 50 años te dejen sin trabajo porque ya no rendís como alguien de 30, y no habría indemnización que lo impida. Esa persona queda en un limbo, con 15 años aún para jubilarse y sin posibilidad de ser reincorporado”, explicó con preocupación.

El testimonio de Mario García es un reflejo de la tensión creciente que se vive en el mundo laboral argentino. Con un gobierno decidido a imponer reformas regresivas y una inflación galopante que licúa los salarios, el desafío sindical se multiplica.

“El trabajador argentino necesita un sueldo digno y respeto por sus derechos. Si eso no se garantiza, estaremos siempre en conflicto”, concluyó García, dejando en claro que el movimiento obrero no piensa retroceder.

La Municipalidad de Capital informó que los carritos pancheros no están autorizados para funcionar en calle Alberdi debido a que el proceso de habilitación aún no ha concluido. La demora en la tramitación ha generado frustración y incertidumbre en los puesteros y los vecinos de la zona.

La lentitud en la habilitación de los carros gastronómicos es un ejemplo claro de la burocracia y la ineficiencia que caracteriza a la administración pública. La falta de comunicación clara y precisa sobre los requisitos y plazos para la habilitación ha contribuido a la confusión y la incertidumbre.

Desde el municipio, realizaron un relevamiento del número de carros que funcionaban anteriormente en calle San Luis, y se determinó que aproximadamente 15 de ellos podrían estar en condiciones de habilitarse. Sin embargo, la Secretaría de Comercio deberá verificar cada uno de ellos para asegurarse de que cumplan con los requisitos establecidos.

La Municipalidad de Capital está a la espera de definiciones concretas. Mientras tanto, algunos referentes de la asociación de puesteros anunciaron que comenzarán a trabajar desde este viernes, aunque no hay confirmación oficial al respecto.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer los datos de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para abril de 2025. Los números revelan que una familia necesitó $1.110.063 para no ser pobre, mientras que una persona adulta requirió $359.244.

La CBT, que incluye alimentos, indumentaria, salud, transporte y educación, registró una suba del 0,9% en abril, lo que significa que una familia necesitó $1.110.063 para no caer en la pobreza. Por su parte, la CBA, que solo considera los alimentos necesarios para comer, aumentó un 1,3% en abril, lo que implica que una familia tipo requirió $502.291 para no ser indigente.

Los datos del Indec también revelan que la inflación en abril alcanzó el 2,8%, lo que sigue presionando sobre los ingresos de las familias y personas. La CBT acumula un aumento del 8,4% en lo que va del año, mientras que la CBA registra un incremento del 11,8%.

Estos números son un llamado de atención sobre la situación económica que atraviesan las familias y personas en Argentina, y se destaca la importancia de políticas públicas que apunten a reducir la pobreza y la indigencia.