Con el Congreso Nacional Ordinario convocado para este miércoles en Obras Sanitarias, las negociaciones por la nueva conducción de la CGT entran en su tramo decisivo. Jorge Sola y Cristian Jerónimo aparecen como nombres confirmados en un triunvirato que busca consenso, mientras persiste la disputa por el tercer lugar entre los sectores de Moyano, Barrionuevo y las Mujeres Sindicalistas.

A menos de 24 horas del Congreso Nacional Ordinario que renovará la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT), el mapa sindical argentino se encuentra inmerso en un intenso proceso de negociación. Las reuniones se multiplican y los contactos cruzados se prolongan hasta último momento, en un intento por sellar una fórmula de unidad que evite una fractura en el movimiento obrero.

Por estas horas, existe una certeza: habrá triunvirato. Dos nombres ya están confirmados: Jorge Sola, del Sindicato del Seguro, y Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio. Ambos integran espacios que, aunque diversos, lograron converger en la necesidad de sostener un equilibrio institucional que preserve la continuidad del modelo colegiado de conducción.

El tercer lugar, sin embargo, es el gran punto de tensión. Hugo Moyano presiona para imponer la continuidad de Octavio Argüello (Camioneros) o abrir espacio a Facundo Moyano, recientemente reincorporado al SUTPA, como gesto hacia su sector. En paralelo, el barrionuevismo, con Luis Barrionuevo al frente, se resiste a convalidar una lista cerrada y promueve un nombre alternativo —se mencionó incluso a Gustavo Vila, del gremio de Carga y Descarga— con apoyo de dirigentes territoriales aliados.

El sector de Mujeres Sindicalistas también reclama representación real en la cúpula. Voces internas sostienen que Maia Volcovinsky (Judiciales) o Marina Jaureguiberri (UDA) deberían ocupar ese tercer puesto, no solo por paridad de género sino también por la necesidad de reflejar la diversidad de la CGT. “No puede haber unidad sin equidad”, apuntan desde el espacio femenino de la central.

Mientras tanto, los Gordos e Independientes —que agrupan a más de 50 gremios— se mueven con cautela para no romper los puentes de diálogo. Todo indica que respaldarán el binomio Sola-Jerónimo, aunque las diferencias con el moyanismo y la falta de definiciones en torno al tercer nombre amenazan con dinamitar el consenso alcanzado.

A este clima se suma la UOM, encabezada por Abel Furlán, que impulsa una postura más combativa y propone un unicato en lugar del triunvirato. “El Gobierno nos declaró la guerra. Tenemos que tener una CGT dispuesta a salir a la calle a pelear”, plantean desde su entorno, dejando entrever el descontento con un esquema que consideran “de equilibrio más que de conducción”.

Del otro lado, el barrionuevismo mantiene su estrategia de presión. Barrionuevo no asistió a la última reunión de Mesa Chica ampliada en la UOCRA ni envió delegados de su confianza. Su ausencia fue leída como una señal de distanciamiento y una advertencia: sin un rol decisivo en la definición de la nueva cúpula, podría abrir un frente propio o incluso promover la abstención de sus congresales.

El Congreso, que se realizará este miércoles a las 9 de la mañana en el Club Obras Sanitarias, reunirá a 2.186 congresales de 210 organizaciones, con los 25 sindicatos más poderosos concentrando el 73% de los votos. La elección será por lista completa y voto secreto para un Consejo Directivo de 50 miembros, compuesto por 36 secretarías y 14 vocalías, con paridad de género en la mayoría de los cargos. Además, se aprobarán memorias y balances del período 2021-2024 y se designará la Comisión Revisora de Cuentas.

Aunque todo apunta a que habrá una lista de unidad, las posiciones encontradas podrían derivar en una votación —algo poco habitual en la historia reciente de la CGT— o incluso en un quiebre, si algún sector decide retirarse antes de la proclamación. “El que juega para romper está jugando para el Gobierno”, advirtió un dirigente en diálogo con InfoGremiales, dejando en claro que el sindicalismo no se permitirá regalarle a la Casa Rosada una división interna en medio del debate por la Reforma Laboral.

El Congreso de Obras se anticipa como una jornada clave no sólo para la CGT, sino para el rumbo del sindicalismo argentino frente a un gobierno que impulsa reformas estructurales en materia laboral y previsional. El resultado de las negociaciones —ya sea la confirmación de un triunvirato de equilibrio o la irrupción de una fractura— marcará el tono de la respuesta gremial en los próximos meses.
Entre acuerdos frágiles, liderazgos en disputa y la necesidad de unificar estrategias, la nueva CGT que emerja de Obras definirá, en buena medida, si el movimiento obrero logra recuperar voz propia o cede protagonismo en uno de los momentos más decisivos de su historia reciente.

El Ministerio de Capital Humano oficializó la convocatoria al Consejo del Salario para el 26 de noviembre, con el objetivo de actualizar el monto del salario mínimo, estancado en $322.200 desde agosto. El encuentro se realizará en medio de una fuerte pérdida del poder adquisitivo y tras una cautelar que ordenó reactivar el proceso de revisión.

El Gobierno nacional convocó a la CGT, a las dos CTA y a las principales cámaras empresariales a una nueva sesión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (CNEPYSMVM), que tendrá lugar el próximo 26 de noviembre a las 12:30 horas, de manera virtual. Según la Resolución 6/2025 publicada en el Boletín Oficial, el objetivo será determinar el nuevo monto del salario mínimo y actualizar las prestaciones por desempleo.

La reunión, que contará con una segunda instancia a las 14:00 en caso de no alcanzar quórum, será precedida por la sesión de la Comisión del Salario Mínimo, prevista para las 10:00. El orden del día incluye tres puntos centrales: la designación de representantes sectoriales para la firma del acta, la determinación del nuevo salario base y la definición de los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo.

Desde agosto de 2025, el salario mínimo permanece congelado en $322.200 mensuales para trabajadores con jornada completa de 48 horas semanales, y en $1.610 por hora para los jornalizados. Ese valor, que constituye el piso formal de remuneraciones y referencia para programas sociales de la ANSES, ha quedado desactualizado frente a una inflación que supera ampliamente los incrementos otorgados durante el año.

La convocatoria llega luego de que la Justicia federal ordenara al Ejecutivo reactivar el proceso de revisión del salario mínimo, al hacer lugar a una acción presentada por las dos CTA. Las centrales sindicales argumentaron que la falta de actualización violaba el derecho constitucional a un ingreso digno, al tiempo que denunciaron el “desgaste deliberado” del Consejo del Salario como instancia institucional de diálogo tripartito.

En este contexto, fuentes sindicales adelantaron que insistirán en una recomposición “urgente y sustantiva” que recupere parte del poder adquisitivo perdido. “El salario mínimo no puede seguir por debajo de la línea de pobreza. Hay millones de trabajadores formales e informales que dependen de ese valor como referencia”, expresó un dirigente de la CTA Autónoma consultado por este medio.

Por su parte, en el sector empresario predomina una postura más cauta. Las cámaras industriales y comerciales sostienen que un incremento abrupto podría impactar en los costos laborales de las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales enfrentan una caída sostenida del consumo interno. Sin embargo, admiten que el atraso del SMVM respecto de la inflación ya se torna “difícil de sostener”.

El actual valor de $322.200 fue fijado en mayo de este año mediante la Resolución 5/2025, luego de que fracasara la negociación entre los tres sectores. En aquella oportunidad, la CGT y las CTA habían reclamado un monto unificado de $650.000, pero no hubo consenso. Ante el desacuerdo, el Gobierno resolvió de manera unilateral una serie de aumentos escalonados que culminaron en el nivel vigente desde agosto. La decisión fue firmada por Claudia Testa, subsecretaria de Relaciones de Trabajo y presidenta alterna del Consejo.

En su momento, el Ejecutivo justificó la medida como un “equilibrio necesario” para evitar un impacto inflacionario adicional, mientras que los sindicatos denunciaron que el monto representaba menos de la mitad de lo solicitado y profundizaba la brecha entre el salario mínimo y la canasta básica total, que supera los $700.000 según estimaciones privadas.

A la espera de la nueva reunión, distintos analistas advierten que el Gobierno enfrenta un dilema político y económico. Por un lado, la presión social por recomponer los ingresos mínimos en un contexto de recesión y alza de precios; por el otro, la necesidad de preservar su discurso de disciplina fiscal y contención de costos laborales.

El próximo encuentro del Consejo del Salario será, más que una formalidad, una prueba de voluntad política. Con el salario mínimo rezagado frente a la inflación y con un poder adquisitivo deteriorado al extremo, el Gobierno deberá definir si sostiene su lógica de ajuste o habilita un gesto de recomposición que alivie los ingresos más bajos.
En un escenario de conflictividad laboral y tensión institucional, el valor que se acuerde —o imponga— el 26 de noviembre marcará no sólo el nivel del salario mínimo, sino también el rumbo social del final del año.

Este viernes a las 14 horas se reanudarán las negociaciones entre los gremios docentes y el Gobierno provincial. Además del reclamo por recomposición salarial, las organizaciones sindicales insistirán en tratar un tema que consideran prioritario: la titularización de docentes, un pedido que se repite desde hace meses sin resolución.

Los gremios docentes de San Juan —UDAP, UDA y AMET— volverán a sentarse este viernes a la mesa paritaria con representantes del Ministerio de Educación, Economía, Finanzas y Hacienda, y la Secretaría General de la Gobernación. La reunión, convocada para las 14 horas, retomará la agenda de negociación que había quedado en pausa desde fines de agosto, cuando se acordó el último incremento salarial.

Aunque la recomposición de haberes volverá a ser uno de los ejes de la discusión, en esta oportunidad los sindicatos pondrán el acento en otro punto clave: la Titularización Docente, una demanda histórica que busca garantizar estabilidad laboral a miles de trabajadores de la educación que aún permanecen en situación interina.

“Además de la discusión salarial, el gremio pide tratar puntos pendientes de gran importancia para el sector, destacando la titularización docente”, expresó la Unión Docentes Argentinos (UDA) en un comunicado, donde remarcó que el tema lleva meses de debate sin avances concretos.

La preocupación por la falta de regularización se arrastra desde mediados de año, cuando las partes acordaron iniciar una mesa técnica específica para definir criterios y cronogramas de titularización. Sin embargo, los plazos se dilataron y el proceso quedó sin resolución definitiva. Según fuentes gremiales, el reclamo apunta no solo a los cargos docentes sino también a funciones jerárquicas y de supervisión.

En el plano salarial, los gremios buscarán actualizar los valores del salario provincial de referencia, en un contexto de alta inflación que viene erosionando los incrementos otorgados durante el año. En la última reunión paritaria, concretada sobre fines de agosto, el acuerdo incluyó aumentos en puntos del nomenclador docente distribuidos en distintos meses y una suba del ítem Conectividad, que elevó el salario neto provincial para el cargo testigo de jornada completa a $624.094,08.

Desde los sindicatos anticipan que insistirán con la necesidad de “mantener el poder adquisitivo del salario y resolver los temas estructurales del sistema educativo”, en alusión a la titularización, pero también a la actualización de los adicionales y la revisión de los criterios de asignación de cargos.

En tanto, desde el Gobierno provincial evitaron adelantar cifras o propuestas antes del encuentro, aunque fuentes oficiales señalaron que la intención es “sostener el diálogo y buscar acuerdos sostenibles en el tiempo, sin comprometer el equilibrio fiscal”.

El desafío será, una vez más, encontrar un punto de equilibrio entre las demandas sindicales —que combinan reclamos económicos y laborales— y las restricciones presupuestarias de la administración provincial, en un escenario nacional de tensión por la caída de los ingresos y la postergación de transferencias.