El Gobierno de San Juan realizará el lunes 24 de agosto el acto que dará inicio a la distribución de 3.000 equipos. La primera tanda forma parte de las 19.000 computadoras previstas para este año y estará destinada a docentes y estudiantes de distintos niveles.

El Ejecutivo provincial comenzará el próximo lunes 24 de agosto la entrega de 3.000 computadoras destinadas a docentes y estudiantes del sistema educativo provincial. El acto oficial se realizará a las 10:30 en el Estadio Aldo Cantoni y marcará el inicio de una distribución que contempla 19.000 dispositivos durante lo que resta de 2026.

Los equipos corresponden al programa Maestro de América y serán asignados principalmente a docentes de establecimientos públicos y privados, además de estudiantes de 5° año de primaria y 2° año de secundaria.

Las computadoras llegaron a la provincia entre fines de julio y los primeros días de agosto. Desde entonces, fueron sometidas a controles técnicos y tareas de preparación para garantizar que estuvieran en condiciones de ser entregadas.

Los dispositivos incorporan más de 30 programas y aplicaciones educativas, entre ellos LibreOffice, GeoGebra, Scratch, Stellarium, GIMP, OpenShot y Tux Paint. El equipamiento apunta a ampliar el acceso a herramientas digitales y facilitar su utilización tanto en las aulas como en las tareas pedagógicas.

La distribución tendrá una segunda etapa durante 2027. La Provincia suscribió un nuevo convenio con un organismo de Naciones Unidas para incorporar 50.000 computadoras adicionales, que serán destinadas al sistema educativo sanjuanino durante el próximo año.

Con ambas etapas, el Gobierno provincial proyecta alcanzar 94.000 computadoras entregadas en tres años, con una inversión total estimada en US$24.538.691.

La política de incorporación tecnológica contempla además instancias de capacitación para docentes, con el objetivo de acompañar la llegada de los equipos y favorecer su utilización en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El acto del lunes abrirá así la primera distribución de esta nueva etapa, que continuará durante los próximos meses hasta completar las entregas previstas para 2026.

La UTA retoma este jueves la negociación salarial con las cámaras empresarias. La conducción de la UTA busca una mejora para los choferes del interior y la seccional San Juan anticipó que adherirá a un eventual paro nacional si no se alcanza un acuerdo.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) reanuda este jueves la negociación salarial con las cámaras empresarias del transporte, en una reunión que puede resultar determinante para definir la continuidad del conflicto por los ingresos de los choferes del interior del país.

El encuentro está previsto entre las 13 y las 15 y tendrá como principal objetivo acercar posiciones sobre una recomposición salarial que permita equiparar las condiciones de los trabajadores provinciales con las mejoras alcanzadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La negociación lleva varias semanas sin una resolución definitiva. Mientras el gremio reclama una actualización acorde con el aumento obtenido por los choferes metropolitanos, las empresas advierten sobre el incremento de los costos operativos y las dificultades financieras que atraviesan los servicios de transporte fuera del AMBA.

En San Juan, la conducción de la UTA sigue las conversaciones nacionales y ya definió su postura ante una eventual medida de fuerza. Si la conducción nacional dispone un paro, la seccional provincial anticipó que acompañará la protesta, lo que podría provocar interrupciones en el servicio de colectivos y afectar a miles de usuarios.

La posibilidad de una huelga no es nueva. La semana pasada, el gremio había advertido sobre la convocatoria a una medida de fuerza, aunque finalmente decidió mantener abierta la negociación y suspendió la protesta mientras continuaban las conversaciones con las empresas.

Ese antecedente mantiene la expectativa sobre el resultado de la reunión en la tarde de este jueves. Un entendimiento permitiría desactivar, al menos por ahora, la amenaza de paro, mientras que la falta de avances podría llevar a la conducción de la UTA a definir una protesta de alcance nacional.

Por el momento, no existe un paro confirmado. La definición dependerá del resultado de la negociación y de la decisión posterior de la conducción nacional del gremio. En San Juan, sin embargo, la adhesión ya fue anticipada en caso de que finalmente se convoque a la medida.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó que su Gobierno avanzará hacia una jornada laboral de 40 horas semanales y combinará la reducción con aumentos progresivos del salario mínimo. La meta oficial contempla incrementos cercanos al 12% anual y busca llevar el ingreso mínimo hasta el equivalente de 2,5 canastas básicas.

La mandataria planteó que ambas modificaciones deberán aplicarse de manera gradual y mediante acuerdos entre el Gobierno, los trabajadores y los empresarios. “Lo que proponemos es que el salario mínimo siga aumentando y que las 40 horas sean abordadas en conjunto”, sostuvo al explicar el proceso de reforma.

El objetivo es evitar que una reducción abrupta del tiempo de trabajo genere dificultades para las empresas o alteraciones sobre el empleo. Por ese motivo, el Ejecutivo mexicano analiza mecanismos de transición y la posibilidad de implementar experiencias piloto antes de extender el nuevo régimen al conjunto de los trabajadores.

Aumentos salariales del 12%

La reforma laboral estará acompañada por una política de recomposición de los ingresos. Sheinbaum anticipó que el Gobierno apunta a mantener incrementos anuales cercanos al 12% del salario mínimo durante los próximos años. “Eso significaría un aumento salarial alrededor del 12% para el próximo año y así cada año alrededor del 12%”, explicó.

La meta de largo plazo es elevar el salario mínimo hasta un nivel equivalente a 2,5 canastas básicas. Según los valores mencionados por la Presidenta, actualmente representa aproximadamente 1,6 canastas.

El planteo busca que la reducción de la jornada no implique una disminución de los ingresos de los trabajadores y, al mismo tiempo, que la recuperación salarial tenga una implementación compatible con la evolución de los precios.

Una transición negociada

Sheinbaum remarcó que la modificación de la jornada no será aplicada de manera inmediata. El Gobierno pretende construir un proceso de transición que contemple las características de las distintas ramas productivas y permita evaluar sus efectos sobre la economía.

La propuesta también apunta a generar acuerdos con las empresas antes de avanzar hacia la aplicación general de las 40 horas. Para la administración mexicana, la reducción del tiempo de trabajo debe formar parte de una transformación laboral más amplia, acompañada por mejores ingresos.

La reforma coloca así dos demandas históricas del movimiento obrero —trabajar menos horas y mejorar el salario— dentro de una misma política pública. El desafío para el Gobierno será concretar la transición sin afectar el empleo ni trasladar los mayores costos laborales a los precios.