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Aunque se desactivó la huelga, la disputa entre los choferes y el Ejecutivo nacional permanece sin resolución. Las bases sindicales exigen medidas urgentes, mientras el Gobierno apuesta a dilatar la negociación con promesas de subsidios futuros. La incertidumbre domina un escenario en el que el diálogo parece más una estrategia de contención que una vía hacia el consenso.

La tregua alcanzada tras el paro de colectivos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no es más que una suspensión momentánea en una contienda cuya solución parece cada vez más lejana. Mientras los colectivos vuelven a circular, el conflicto entre los trabajadores del transporte y el Gobierno de Javier Milei persiste latente, alimentado por promesas postergadas, demandas insatisfechas y una creciente impaciencia entre las bases sindicales.

El lunes, las últimas horas previas a la huelga fueron un torbellino de gestiones a contrarreloj: la Secretaría de Transporte, la cúpula de la UTA y las cámaras empresariales mantuvieron reuniones sin avances concretos. El martes, mientras se desarrollaba el paro en el Área Metropolitana de Buenos Aires y varias ciudades del interior, sectores disidentes del sindicato se manifestaban con cortes espontáneos, evidenciando una fractura interna cada vez más notoria.

Desde el oficialismo, la postura fue clara: no habrá revisión de subsidios ni incremento tarifario antes de junio. El mensaje dirigido a las empresas fue tajante: deben hacerse responsables de los compromisos asumidos en paritarias. Esta afirmación, sin embargo, carece de sustento económico para las prestatarias, que operan con márgenes estrechos y estructuras tarifarias evidentemente rezagadas respecto a la inflación acumulada.

Mientras tanto, la conducción de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, opta por una estrategia de mesura. Si bien parte de la base exige profundizar las medidas de fuerza, la dirigencia prefiere postergar cualquier nueva acción directa, confiando en la posibilidad de que la designación de Luis Pierrini como nuevo secretario de Transporte pueda abrir una instancia más favorable de diálogo y negociación.

El Gobierno, por su parte, se recuesta en esta actitud contemplativa de la UTA como un recurso táctico para dilatar la solución del conflicto. La promesa de una futura actualización de subsidios funciona como una aspirina presupuestaria: alivia momentáneamente la presión sin resolver la enfermedad estructural que arrastra el sistema de transporte público.

No escapa al análisis que cualquier incremento tarifario en el corto plazo tendría un efecto directo sobre los indicadores del IPC que el oficialismo busca contener. Por eso, todo indica que el ajuste previsto en junio se canalizará mediante subsidios, con el fin de evitar un impacto inflacionario indeseado, en un contexto económico extremadamente sensible.

El margen de maniobra es estrecho para todos los actores: los trabajadores reclaman una recomposición que preserve el poder adquisitivo frente a un proceso inflacionario erosivo; las empresas denuncian insolvencia y riesgo operativo; y el Ejecutivo intenta mantener su política de ajuste sin desgastar aún más su frágil legitimidad social.

El conflicto entre la UTA y el Gobierno nacional se encuentra hoy en una suerte de compás de espera, más forzado que consensuado. El paro quedó atrás, pero el desencuentro persiste, encapsulado en promesas aplazadas, liderazgos desgastados y una estrategia oficialista que privilegia la dilación por sobre la solución. La calma aparente que reina hoy en el sistema de transporte público de pasajeros no es sinónimo de estabilidad, sino la antesala de una nueva fase del conflicto que, de no ser abordado con decisión y realismo, amenaza con estallar nuevamente, esta vez con mayor virulencia y menor margen de contención.

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La fabricación de vehículos cayó casi 19%, solo crecen los autos híbridos y eléctricos

La actividad automotriz volvió a mostrar señales de deterioro durante el primer cuatrimestre de 2026. La producción nacional cayó 18,6%, las ventas a concesionarios retrocedieron con fuerza y el mercado interno exhibe un marcado enfriamiento. En medio de la contracción, el único segmento que logró expandirse fue el de los vehículos electrificados importados.

La industria automotriz argentina atraviesa una etapa de fuerte desaceleración, con caída simultánea de producción, retracción en las ventas y una pérdida sostenida de dinamismo en el mercado interno. Los últimos datos difundidos por la Asociación de Fábricas de Automotores reflejan el deterioro de uno de los sectores industriales más sensibles de la economía nacional y exponen el impacto combinado de la recesión, el freno del consumo y las dificultades estructurales que enfrenta la actividad fabril.

Entre enero y abril de 2026, las terminales automotrices produjeron 129.867 unidades, lo que representó una caída del 18,6% frente al mismo período del año pasado. La retracción también alcanzó a las ventas mayoristas hacia concesionarios, que totalizaron 148.054 vehículos y marcaron un descenso interanual del 17,9%.

El panorama se agravó durante abril, un mes condicionado por la menor cantidad de días hábiles y la transición industrial de algunas terminales. En ese período se fabricaron 37.521 vehículos, con una baja del 10,1% respecto de marzo y del 17,5% frente al mismo mes de 2025. Las entregas a concesionarias mostraron un comportamiento todavía más pronunciado: cayeron 31,6% interanual y 13,2% en comparación con el mes previo.

Desde el sector reconocen que la actividad continúa afectada por factores productivos y comerciales que aún no logran revertirse. La discontinuidad de determinados modelos, la adecuación de líneas industriales y la pérdida de capacidad de compra aparecen entre las principales razones que explican el freno de la demanda y la menor utilización de capacidad instalada.

El deterioro golpeó especialmente al segmento de utilitarios, cuya comercialización mayorista se derrumbó 43,7% interanual en abril. Los automóviles también exhibieron una caída significativa, con una retracción del 26,2%. Enero había mostrado una tenue recuperación, aunque la tendencia volvió rápidamente a terreno negativo y se profundizó a lo largo del cuatrimestre.

En medio de ese cuadro contractivo, las exportaciones aportaron el único indicador parcialmente favorable. Durante abril se enviaron al exterior 26.887 unidades, un 18,8% más que en igual mes del año pasado. Sin embargo, el acumulado anual todavía se mantiene levemente por debajo de 2025, con una baja del 1,6%. Brasil continuó consolidándose como el principal destino de los vehículos argentinos, concentrando más del 65% de los embarques del sector.

El contraste más marcado dentro de la actividad apareció en el segmento de vehículos electrificados. Mientras la industria convencional pierde volumen y el mercado doméstico reduce operaciones, las ventas de autos híbridos y eléctricos mostraron un crecimiento exponencial. En el primer cuatrimestre se comercializaron 10.936 unidades, contra apenas 622 registradas en igual período del año pasado.

Aun así, el fenómeno todavía representa una porción reducida del mercado total y aparece más vinculado a nichos específicos de consumo que a una recuperación integral del sector. La expansión de los vehículos electrificados convive con una industria automotriz que continúa atravesada por caída de actividad, menor demanda y crecientes dificultades para sostener el ritmo de producción que históricamente caracterizó a una de las principales ramas manufactureras del país.

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Frustran un presunto ataque a un acto gremial petrolero en General Güemes

La Policía salteña interceptó dos camionetas con integrantes del Sindicato de Petróleo y Gas de Cuyo que transportaban armas de fuego, cartuchos, machetes y elementos para dañar vehículos. La Federación Petrolera denunció que se intentó ejecutar una emboscada contra un acto gremial y aseguró que “se evitó una tragedia”.

Un operativo de la Policía de Salta desactivó en las últimas horas un episodio de extrema gravedad que sacudió al sindicalismo petrolero y abrió una fuerte investigación judicial sobre presuntas acciones violentas organizadas contra un acto gremial en General Güemes.

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 9/34, en los accesos a la ciudad salteña, donde efectivos provinciales interceptaron dos camionetas en las que viajaban ocho integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Petróleo y Gas de Cuyo. Durante la requisa, la fuerza secuestró armas de fuego de distintos calibres, rifles de aire comprimido, más de 200 municiones, cuchillos, bates de béisbol y una importante cantidad de “miguelitos”, artefactos metálicos utilizados para perforar neumáticos.

La intervención policial se produjo luego de una alerta preventiva vinculada a posibles incidentes durante el lanzamiento de la Agrupación Azul y Blanca del gremio de Trabajadores de la Industrialización Privada del Petróleo y Gas de Salta y Jujuy, una actividad sindical que había convocado a dirigentes y trabajadores de distintos puntos del norte argentino.

El dato que elevó la preocupación dentro del sector no fue únicamente el volumen del arsenal secuestrado, sino la identidad de los involucrados. Según confirmaron fuentes de la investigación, los detenidos no serían militantes aislados sino miembros de conducción del sindicato cuyano encabezado por Gabriel Barroso.

La Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles apuntó directamente contra Barroso y contra Sebastián Barrios, secretario general del sindicato petrolero de Salta y Jujuy, a quienes responsabilizó políticamente por el episodio. “Se evitó una tragedia”, afirmaron desde la organización nacional, que calificó el hecho como uno de los acontecimientos más delicados registrados en la interna sindical petrolera de los últimos años.
La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal de General Güemes, que ya avanzó con las primeras imputaciones mientras intenta determinar si existió planificación previa y coordinación logística para ejecutar una acción violenta durante la jornada gremial.

Dentro de las hipótesis que analiza la Justicia aparece la posible existencia de grupos organizados de choque vinculados a disputas internas del sector petrolero. Investigadores remarcan que el traslado de armamento y la presencia de elementos como “miguelitos” sugieren preparación previa y un esquema operativo que excedería un episodio improvisado.
El caso provocó un fuerte impacto dentro del sindicalismo energético, donde la disputa por representación, control territorial y conducción gremial viene escalando con intensidad durante los últimos meses.

En Salta y Jujuy, el episodio generó además preocupación institucional por el nivel de violencia que comienza a emerger dentro de algunos sectores sindicales estratégicos ligados a la actividad hidrocarburífera, una industria atravesada por fuertes intereses económicos y políticos.

Mientras la investigación judicial avanza, la imagen de un convoy gremial trasladando armas y municiones para irrumpir en una actividad sindical dejó al descubierto una disputa interna que ya desbordó los límites de la confrontación política y sindical tradicional.

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El Gobierno provincial avanza con una obra clave para ordenar el tránsito hacia el Este

La Provincia abrió oficialmente la licitación para construir un nuevo ordenador vial en el cruce de Ruta 20, Gorriti y calle Belgrano. La inversión supera los $3.653 millones y apunta a reducir accidentes en uno de los sectores con mayor complejidad vehicular del Gran San Juan.

El Gobierno sanjuanino puso en marcha la esperada licitación para ejecutar la mega rotonda del Monumento al Gaucho, una intervención destinada a reorganizar la circulación en uno de los puntos más conflictivos del tránsito provincial.

La obra se desarrollará en el estratégico cruce de Ruta Nacional 20, calle Gorriti y calle Belgrano, en Santa Lucía, un sector históricamente asociado a accidentes graves y a un intenso movimiento vehicular entre el Gran San Juan y Caucete.

La convocatoria fue oficializada por la Dirección Provincial de Vialidad mediante Licitación Pública y contará con un presupuesto superior a los $3.653 millones, financiados íntegramente con fondos provinciales.

El proyecto contempla la construcción de una rotonda de gran dimensión, derivadores de tránsito, rediseño de accesos, nueva señalización e iluminación integral para mejorar la seguridad vial y optimizar la circulación en horarios de alta congestión.

Desde el Ejecutivo consideran que la intervención representa una solución estructural para un cruce que, durante años, acumuló reclamos vecinales y siniestros que instalaron en la comunidad la imagen de una de las zonas más peligrosas del mapa vial sanjuanino.

La iniciativa también refleja la decisión provincial de sostener obras de infraestructura pese al freno nacional de la obra pública. Para avanzar con los trabajos, la gestión de Marcelo Orrego debió firmar convenios con Vialidad Nacional que habilitaron a San Juan a intervenir con recursos propios sobre una traza de jurisdicción federal.

Ese esquema quedó ratificado en febrero de este año por la Cámara de Diputados provincial, mientras que en marzo se completó la audiencia pública necesaria para obtener la Declaración de Impacto Ambiental.

El proyecto retoma una vieja demanda vinculada al ordenamiento del acceso Este, aunque con un enfoque distinto al planteado años atrás, cuando la zona formaba parte de un plan integral ligado a una nueva terminal de ómnibus. Finalmente, la actual gestión decidió priorizar exclusivamente la seguridad vial y la conectividad.

Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el próximo 29 de mayo en el Centro Cívico. La apertura de sobres se realizará ese mismo día en el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Si los plazos administrativos avanzan según lo previsto, la obra comenzará durante el segundo semestre del año y podría quedar terminada entre fines de 2026 y comienzos de 2027.

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