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Aunque se desactivó la huelga, la disputa entre los choferes y el Ejecutivo nacional permanece sin resolución. Las bases sindicales exigen medidas urgentes, mientras el Gobierno apuesta a dilatar la negociación con promesas de subsidios futuros. La incertidumbre domina un escenario en el que el diálogo parece más una estrategia de contención que una vía hacia el consenso.

La tregua alcanzada tras el paro de colectivos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no es más que una suspensión momentánea en una contienda cuya solución parece cada vez más lejana. Mientras los colectivos vuelven a circular, el conflicto entre los trabajadores del transporte y el Gobierno de Javier Milei persiste latente, alimentado por promesas postergadas, demandas insatisfechas y una creciente impaciencia entre las bases sindicales.

El lunes, las últimas horas previas a la huelga fueron un torbellino de gestiones a contrarreloj: la Secretaría de Transporte, la cúpula de la UTA y las cámaras empresariales mantuvieron reuniones sin avances concretos. El martes, mientras se desarrollaba el paro en el Área Metropolitana de Buenos Aires y varias ciudades del interior, sectores disidentes del sindicato se manifestaban con cortes espontáneos, evidenciando una fractura interna cada vez más notoria.

Desde el oficialismo, la postura fue clara: no habrá revisión de subsidios ni incremento tarifario antes de junio. El mensaje dirigido a las empresas fue tajante: deben hacerse responsables de los compromisos asumidos en paritarias. Esta afirmación, sin embargo, carece de sustento económico para las prestatarias, que operan con márgenes estrechos y estructuras tarifarias evidentemente rezagadas respecto a la inflación acumulada.

Mientras tanto, la conducción de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, opta por una estrategia de mesura. Si bien parte de la base exige profundizar las medidas de fuerza, la dirigencia prefiere postergar cualquier nueva acción directa, confiando en la posibilidad de que la designación de Luis Pierrini como nuevo secretario de Transporte pueda abrir una instancia más favorable de diálogo y negociación.

El Gobierno, por su parte, se recuesta en esta actitud contemplativa de la UTA como un recurso táctico para dilatar la solución del conflicto. La promesa de una futura actualización de subsidios funciona como una aspirina presupuestaria: alivia momentáneamente la presión sin resolver la enfermedad estructural que arrastra el sistema de transporte público.

No escapa al análisis que cualquier incremento tarifario en el corto plazo tendría un efecto directo sobre los indicadores del IPC que el oficialismo busca contener. Por eso, todo indica que el ajuste previsto en junio se canalizará mediante subsidios, con el fin de evitar un impacto inflacionario indeseado, en un contexto económico extremadamente sensible.

El margen de maniobra es estrecho para todos los actores: los trabajadores reclaman una recomposición que preserve el poder adquisitivo frente a un proceso inflacionario erosivo; las empresas denuncian insolvencia y riesgo operativo; y el Ejecutivo intenta mantener su política de ajuste sin desgastar aún más su frágil legitimidad social.

El conflicto entre la UTA y el Gobierno nacional se encuentra hoy en una suerte de compás de espera, más forzado que consensuado. El paro quedó atrás, pero el desencuentro persiste, encapsulado en promesas aplazadas, liderazgos desgastados y una estrategia oficialista que privilegia la dilación por sobre la solución. La calma aparente que reina hoy en el sistema de transporte público de pasajeros no es sinónimo de estabilidad, sino la antesala de una nueva fase del conflicto que, de no ser abordado con decisión y realismo, amenaza con estallar nuevamente, esta vez con mayor virulencia y menor margen de contención.

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La Justicia de San Juan reconocerá un nuevo adicional por conectividad

La Unión Judicial San Juan acordó con la Corte de Justicia la incorporación de un ítem de conectividad con una base inicial de $50.000. El adicional alcanzará a trabajadores de distintos escalafones y comenzaría a liquidarse con los haberes de septiembre, que se perciben en octubre. También avanzaron planteos vinculados con la carrera judicial y la ampliación del adicional Zona.

Los trabajadores del Poder Judicial de San Juan tendrán un nuevo concepto en sus recibos de sueldo. La Unión Judicial San Juan, adherida a la Federación Judicial Argentina (FJA), logró que la Corte de Justicia provincial reconozca el ítem Conectividad, una incorporación que tendrá una base inicial de $50.000 y alcanzará a personal de los escalafones Obrero y Maestranza, Ordenanza y Administrativo.

El acuerdo surgió de la mesa de diálogo que la organización gremial mantiene con las autoridades judiciales. Según lo informado por la FJA, el nuevo adicional ya fue acordado y su incorporación está prevista con los haberes correspondientes a septiembre, que se cobrarán en octubre, aunque resta completar las gestiones administrativas necesarias para efectivizar la liquidación.

La conquista se suma a otros avances obtenidos por la organización sindical durante los últimos dos años. El secretario general de la Unión Judicial San Juan, Sebastián López, destacó que se trata de un nuevo resultado de las conversaciones sostenidas con la Corte y recordó que en 2024 se había conseguido el reconocimiento de la bonificación por título secundario, además del reconocimiento de títulos no inherentes y posgrados, beneficios que fueron mejorados durante 2025.

López remarcó que el nuevo adicional tendrá alcance sobre una parte importante del personal administrativo, técnico, de Maestranza y de Ordenanzas. También vinculó el resultado con el respaldo de los afiliados a la conducción sindical y puso de relieve la importancia de la mejora salarial en un período de fuerte pérdida del poder adquisitivo.

La discusión con la Corte no quedó limitada al nuevo concepto salarial. Durante la reunión, la organización planteó además la creación de un escalafón técnico destinado a incluir profesiones que cumplen funciones especiales dentro del Poder Judicial. La propuesta apunta a adecuar el reconocimiento laboral a las tareas efectivamente desempeñadas y, al mismo tiempo, favorecer una mayor movilidad dentro de los demás escalafones.

Otro de los asuntos abordados fue el ítem Zona, cuya modificación todavía no fue definida. La FJA señaló que la propuesta continúa bajo análisis de la Corte de Justicia y del Fiscal General, con la posibilidad de ampliar el monto para extender su alcance a un universo mayor de trabajadores del Poder Judicial sanjuanino.

El reconocimiento de la conectividad había sido analizado previamente por las autoridades del máximo tribunal provincial. El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, había señalado que el planteo requería una evaluación técnica y financiera antes de determinar su viabilidad.

La incorporación responde también a una transformación concreta en la organización del trabajo judicial. La utilización cotidiana de sistemas digitales, plataformas de gestión y dispositivos informáticos convirtió al acceso permanente a internet en una herramienta indispensable para buena parte de las tareas administrativas y judiciales.

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Las 62 Organizaciones se reactivaron en San Juan y pusieron a Martín Solazzo al frente

Después de varios años sin conducción formal, Las 62 Organizaciones Sindicales Peronistas se normalizaron en San Juan con una lista única encabezada por Martín Solazzo, secretario general de la UOM. El espacio reúne a gremios de distintas ramas y buscará recuperar representación dentro del Partido Justicialista de cara a las elecciones de 2027.

Las 62 Organizaciones Sindicales Peronistas volvieron a tener conducción formal en San Juan después de permanecer inactivas desde 2017. La normalización se concretó con una lista única encabezada por Martín Solazzo, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en un acto que reunió a dirigentes sindicales y referentes de distintas líneas del peronismo provincial.

La nueva mesa quedó integrada además por Mario Quinteros, del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), como secretario adjunto, y Liliana Sánchez, del Sindicato Único de Trabajadores de la Custodia y Afines (SUTCA), al frente del área de Gremiales.

El acto se realizó en el camping de la UOM y tuvo una definición política que excedió la reorganización interna de una estructura sindical histórica. Las 62 pretenden recuperar el lugar que durante años ocuparon como expresión política del movimiento obrero dentro del justicialismo y participar de manera directa en las decisiones partidarias.

La nueva conducción asumió en un momento de reacomodamiento del peronismo sanjuanino, convulsionado también por los desacuerdos gremiales. La conformación de la Intersindical había reunido durante los últimos meses a sindicatos críticos de la conducción de la CGT, mientras que a nivel nacional se impulsó la recuperación de Las 62 como referencia del sindicalismo identificado con el peronismo.

Solazzo reivindicó esa tradición durante su discurso y vinculó la recuperación de la organización con la identidad histórica del movimiento. “Estas 62 Organizaciones nacen con toda la fuerza del general Perón, con todo el corazón de la compañera Evita, con toda la doctrina que ellos nos dejaron para que saquemos el peronismo adelante, para que volvamos a ser una gran provincia y para que volvamos a ser una gran nación”, sostuvo.

La organización reúne a sindicatos de distintas ramas, entre ellos la UOM, Custodios,Viales Nacionales, UTEP, Asociación Bancaria, Ladrilleros, Fleteros, SATSAID, Plásticos, Químicos, Automóvil Club Argentino, ATSA, Panaderos, Taxistas, Gráficos, SOEME y Trabajadores del Hielo, entre otros.

La amplitud de la convocatoria fue uno de los elementos utilizados para exhibir la capacidad de representación de la nueva conducción. El relanzamiento también contó con Marcelo Pariente, secretario general nacional de Las 62 Organizaciones, cuya presencia significó un respaldo a la estructura conformada en San Juan.


Amplia presencia del peronismo

La dimensión política del encuentro quedó reflejada en la asistencia de dirigentes de distintas líneas internas del PJ. Participaron el presidente del Partido Justicialista y diputado provincial Juan Carlos Quiroga Moyano; el diputado nacional Jorge Chica; el intendente de Pocito, Fabián Aballay; la vicepresidenta del PJ, Graciela Seva; el dirigente giojista Mario Herrero; Leo Gioja y Agostina Testa.

También estuvieron Raúl Tello; los concejales de Rawson Maximiliano Alessi y Vanina Andino; las diputadas Fernanda Paredes y Sonia Ferreyra; el diputado por Jáchal Miguel Vega; el jede comunal de Ullum David Domínguez; José Castro, de Angaco; la intendenta de Caucete, Romina Rosas; la concejal de Rivadavia Romina Albarracín; la intendenta de San Martín, Analía Becerra; y Beatriz Muñoz, presidenta de la Junta de Desamparados, entre otros referentes.

La participación de dirigentes vinculados a distintas corrientes del justicialismo le otorgó al acto una dimensión partidaria y mostró la intención de Las 62 de instalarse en la discusión sobre la reorganización del peronismo sanjuanino.

Entre las ausencias estuvieron el senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino, quienes no asistieron pero enviaron cartas de felicitación a las nuevas autoridades. Tampoco participaron José Luis Gioja, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, pese a que el encuentro se desarrolló en ese departamento, ni la dirigente de Chimbas Daniela Rodríguez. Ninguno de ellos concurrió ni envió una salutación.

Con Solazzo al frente y una lista consensuada entre distintos gremios, Las 62 Organizaciones recuperaron una conducción que había quedado vacante durante años. Ahora deberán transformar esa normalización en presencia efectiva dentro del PJ y demostrar, de cara a 2027, cuánto peso político puede recuperar el movimiento obrero organizado en la estructura del peronismo sanjuanino.

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Garrafa Hogar recorrerá Santa Lucía, San Martín, Pocito y Jáchal

El programa provincial llevará garrafas de 10 y 15 kilos a Santa Lucía, San Martín, Pocito y Jáchal entre el martes 18 y el viernes 21 de agosto. Los cilindros tendrán un valor de $20.000 y $30.000, respectivamente.

El programa Garrafa Hogar volverá a recorrer distintos departamentos de San Juan la próxima semana con la venta de cilindros de gas envasado a precios accesibles. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, llegará entre el martes 18 y el viernes 21 de agosto a Santa Lucía, San Martín, Pocito y Jáchal.

La propuesta contempla garrafas de 10 kilos a $20.000 y de 15 kilos a $30.000, con puntos de comercialización distribuidos en barrios, plazas, clubes y organizaciones vecinales.
El recorrido comenzará el martes 18 en Santa Lucía, donde habrá atención de 9 a 11 en la Capilla de San Antonio, ubicada en avenida Libertador 6911 Este, y de 11:30 a 13:30 en la Unión Vecinal Barrio Itatí.

El miércoles 19 será el turno de San Martín, con paradas en Club Divisoria Central, Centro de Jubilados San Luis Gonzaga y Unión Vecinal Villa Dominguito.

El jueves 20, en tanto, el operativo llegará a Pocito, con puntos de venta en Barrio Las Piedritas 1, Quinto Cuartel y Loteo Luna.

El recorrido finalizará el viernes 21 en Jáchal, donde Garrafa Hogar visitará Niquivil, Rincón, Barrio Virgen de Fátima, Barrio Pismanta, calle Varas y Villa Mercedes, con operativos previstos entre las 9 y las 15:15.

Desde la Dirección de Defensa al Consumidor señalaron que el programa busca facilitar el acceso al gas envasado a familias que utilizan garrafas para sus necesidades cotidianas. La iniciativa continuará así con su recorrido territorial por distintos puntos de la provincia.

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