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Aunque se desactivó la huelga, la disputa entre los choferes y el Ejecutivo nacional permanece sin resolución. Las bases sindicales exigen medidas urgentes, mientras el Gobierno apuesta a dilatar la negociación con promesas de subsidios futuros. La incertidumbre domina un escenario en el que el diálogo parece más una estrategia de contención que una vía hacia el consenso.

La tregua alcanzada tras el paro de colectivos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no es más que una suspensión momentánea en una contienda cuya solución parece cada vez más lejana. Mientras los colectivos vuelven a circular, el conflicto entre los trabajadores del transporte y el Gobierno de Javier Milei persiste latente, alimentado por promesas postergadas, demandas insatisfechas y una creciente impaciencia entre las bases sindicales.

El lunes, las últimas horas previas a la huelga fueron un torbellino de gestiones a contrarreloj: la Secretaría de Transporte, la cúpula de la UTA y las cámaras empresariales mantuvieron reuniones sin avances concretos. El martes, mientras se desarrollaba el paro en el Área Metropolitana de Buenos Aires y varias ciudades del interior, sectores disidentes del sindicato se manifestaban con cortes espontáneos, evidenciando una fractura interna cada vez más notoria.

Desde el oficialismo, la postura fue clara: no habrá revisión de subsidios ni incremento tarifario antes de junio. El mensaje dirigido a las empresas fue tajante: deben hacerse responsables de los compromisos asumidos en paritarias. Esta afirmación, sin embargo, carece de sustento económico para las prestatarias, que operan con márgenes estrechos y estructuras tarifarias evidentemente rezagadas respecto a la inflación acumulada.

Mientras tanto, la conducción de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, opta por una estrategia de mesura. Si bien parte de la base exige profundizar las medidas de fuerza, la dirigencia prefiere postergar cualquier nueva acción directa, confiando en la posibilidad de que la designación de Luis Pierrini como nuevo secretario de Transporte pueda abrir una instancia más favorable de diálogo y negociación.

El Gobierno, por su parte, se recuesta en esta actitud contemplativa de la UTA como un recurso táctico para dilatar la solución del conflicto. La promesa de una futura actualización de subsidios funciona como una aspirina presupuestaria: alivia momentáneamente la presión sin resolver la enfermedad estructural que arrastra el sistema de transporte público.

No escapa al análisis que cualquier incremento tarifario en el corto plazo tendría un efecto directo sobre los indicadores del IPC que el oficialismo busca contener. Por eso, todo indica que el ajuste previsto en junio se canalizará mediante subsidios, con el fin de evitar un impacto inflacionario indeseado, en un contexto económico extremadamente sensible.

El margen de maniobra es estrecho para todos los actores: los trabajadores reclaman una recomposición que preserve el poder adquisitivo frente a un proceso inflacionario erosivo; las empresas denuncian insolvencia y riesgo operativo; y el Ejecutivo intenta mantener su política de ajuste sin desgastar aún más su frágil legitimidad social.

El conflicto entre la UTA y el Gobierno nacional se encuentra hoy en una suerte de compás de espera, más forzado que consensuado. El paro quedó atrás, pero el desencuentro persiste, encapsulado en promesas aplazadas, liderazgos desgastados y una estrategia oficialista que privilegia la dilación por sobre la solución. La calma aparente que reina hoy en el sistema de transporte público de pasajeros no es sinónimo de estabilidad, sino la antesala de una nueva fase del conflicto que, de no ser abordado con decisión y realismo, amenaza con estallar nuevamente, esta vez con mayor virulencia y menor margen de contención.

Departamentales

Siete de cada diez argentinos agotan su sueldo antes del día 20 y recurren al crédito para sobrevivir

Un relevamiento de la consultora Zentrix correspondiente a octubre reveló que el 67,7% de la población se queda sin ingresos antes de terminar la tercera semana del mes. El endeudamiento alcanza al 59,4% de los encuestados y más de la mitad de quienes tomaron préstamos los destinó a comprar alimentos o afrontar gastos de salud.

El salario pierde capacidad para sostener los gastos cotidianos y cada vez más hogares argentinos deben recurrir al crédito para atravesar las últimas semanas del mes. Según el Monitor de Opinión Pública elaborado por la consultora Zentrix, el 67,7% de la población agota sus ingresos laborales, como máximo, alrededor del día 20. El dato expone la dificultad de una proporción mayoritaria de los hogares para cubrir sus necesidades con los recursos que perciben regularmente.

El deterioro resulta todavía más evidente al observar que el 35,3% de los consultados se queda sin dinero disponible después del día 15. A partir de entonces, las tarjetas de crédito, los préstamos digitales —entre ellos Mercado Crédito— y las financieras comienzan a funcionar como mecanismos para sostener consumos que ya no pueden financiarse con el salario.

El informe, correspondiente a octubre, muestra que apenas el 31,1% de los argentinos logra llegar al cierre del mes con sus ingresos. Sin embargo, esa proporción tampoco refleja necesariamente una situación holgada: el 23,6% termina el período sin margen para ahorrar y solamente el 7,5% consigue reservar una parte de su dinero.

La clase media también pierde margen

Las dificultades alcanzan con distinta intensidad a todos los estratos sociales, aunque se profundizan entre los hogares de menores recursos. En ese segmento, el 82,4% consume la totalidad de sus ingresos antes del día 20 y el 43,8% se queda sin dinero antes del día 15. Apenas el 16,9% consigue cubrir el mes completo y ninguno de los encuestados de este grupo manifestó tener capacidad de ahorro.

La clase media tampoco escapa a esa dinámica. El 60,6% de sus integrantes agota sus recursos hacia el día 20, frente al 51,4% registrado en septiembre. El salto en un solo mes refleja un deterioro significativo de la capacidad de consumo. Entre quienes logran afrontar todos sus gastos, apenas el 8,3% consigue guardar dinero.

El panorama cambia entre los sectores de mayores ingresos: el 75,6% llega a fin de mes y el 40% tiene posibilidades de ahorrar. Por edades, los jóvenes de entre 18 y 39 años que se sostienen económicamente por sus propios medios aparecen entre los más afectados: tres de cada cuatro se quedan sin recursos antes del día 20 y apenas el 2,1% logra reservar dinero.

Préstamos para comprar alimentos y pagar servicios

Uno de los indicadores más sensibles del relevamiento es la finalidad del endeudamiento. El 59,4% de los encuestados afirmó haber contraído alguna deuda durante los últimos seis meses. Entre quienes recurrieron a ese mecanismo, el 57,7% utilizó el dinero para afrontar gastos esenciales, principalmente alimentos y salud, mientras que otro 18,3% lo destinó al pago de tarifas y servicios.

En los hogares de menores ingresos, la dependencia del crédito para cubrir necesidades básicas asciende al 68,3%. Este comportamiento evidencia una dinámica difícil de revertir: los préstamos permiten resolver urgencias inmediatas, pero las cuotas y los intereses comprometen una parte de los ingresos futuros y reducen todavía más el dinero disponible para el mes siguiente.

La percepción sobre la evolución de los salarios acompaña ese diagnóstico. El 80,6% considera que sus ingresos pierden frente a la inflación, mientras que el 69,6% sostiene que el índice oficial no refleja los aumentos que experimenta en sus gastos cotidianos. Además, el 63,9% evalúa negativamente la situación económica nacional.

Incluso entre los votantes de La Libertad Avanza, el 59% reconoce que sus ingresos no logran acompañar el incremento de los precios, un dato que muestra que la preocupación por el poder adquisitivo atraviesa distintas identificaciones electorales.

En cuanto a las preferencias laborales, el empleo formal continúa siendo la alternativa más valorada: el 67,2% elegiría un puesto registrado en relación de dependencia, frente al 26,9% que optaría por el monotributo y apenas el 1,4% que manifestó preferencia por el trabajo no registrado.

Los resultados dibujan una economía doméstica cada vez más condicionada por la insuficiencia de los ingresos. Cuando el crédito deja de utilizarse para financiar proyectos o consumos extraordinarios y pasa a cubrir alimentos, medicamentos y servicios, el endeudamiento se convierte en una señal de fragilidad económica. La posibilidad de llegar a fin de mes sin recurrir a préstamos aparece, para una mayoría de los hogares, como una dificultad en aumento.

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ASIJEMIN acordó con Vicuña un aumento salarial del 10% para el personal jerárquico minero

El entendimiento fue firmado en San Juan bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 789/21. Contempla una recomposición del 6% retroactiva a octubre de 2026 y otro incremento del 4% desde enero de 2027, con bases de cálculo correspondientes a los salarios de septiembre y diciembre, respectivamente.

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) y Vicuña Argentina S.A. alcanzaron un acuerdo paritario que establece una mejora salarial acumulada del 10% para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 789/21. La conformidad se firmó este miércoles 18 de noviembre y contempla dos etapas de aplicación, con incrementos distribuidos entre el último trimestre de 2026 y el comienzo del próximo año.

La primera recomposición será del 6%, con vigencia desde el 1 de octubre de 2026 y calculada sobre los salarios básicos de septiembre. El retroactivo correspondiente será abonado junto con los haberes de noviembre, según lo establecido en el acuerdo.

La segunda actualización alcanzará el 4% y comenzará a regir el 1 de enero de 2027. En este caso, la base de cálculo será el sueldo básico correspondiente a diciembre de 2026. De esta manera, las partes definieron un esquema de actualización escalonado que extiende sus efectos sobre las remuneraciones del personal jerárquico, profesional y técnico alcanzado por el convenio.

Por ASIJEMIN participaron de la negociación el secretario general, Marcelo Mena Muñoz; la secretaria adjunta, Carla Costabile; el director regional Centro, Humberto Coria; los delegados Jorge Omar Pérez y Ulises Bayastro, y el asesor letrado Guillermo Ruiz Giordano.

La representación de Vicuña Argentina estuvo integrada por Gustavo Bufaliza, director de Recursos Humanos; Ángel Rafael Guardia, gerente de Relaciones Laborales; Gonzalo Cáceres, superintendente de Contratos y Asuntos Corporativos, y Javier Adrogué, asesor técnico y letrado.

El pacto constituye un nuevo resultado de la negociación entre la organización sindical y la compañía minera, en una actividad donde la evolución de los proyectos y la incorporación de personal mantienen en primer plano las discusiones sobre condiciones laborales y remuneraciones. La aplicación de los dos tramos acordados marcará la pauta salarial para los trabajadores alcanzados durante los próximos meses.

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El FreSU reclamó un salario mínimo de $3,25 millones y convocó a profundizar la unidad sindical

El planteo fue presentado durante el 75° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador, realizado en Rosario. El frente sindical sostiene que ese monto permitiría cubrir las nueve necesidades vitales previstas en la legislación argentina y denunció una pérdida de poder adquisitivo superior a los $78,5 billones desde la asunción de Javier Milei.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) reclamó que el Salario Mínimo, Vital y Móvil alcance los $3.251.462, una cifra que, según el cálculo de las organizaciones que integran el espacio, permitiría cubrir las necesidades esenciales de un trabajador y su familia. La propuesta fue presentada durante el cierre del 75° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador, realizado en Rosario, donde distintos referentes gremiales también plantearon la necesidad de coordinar un plan de lucha nacional frente a las políticas económicas del Gobierno.

El monto corresponde a una estimación para octubre y supera ampliamente el salario mínimo vigente. Su fundamento se encuentra en las nueve necesidades contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo: alimentación, vivienda, educación, vestimenta, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social.

El cálculo contempla partidas de $691.291 para alimentación, $661.124 para vivienda y $397.377 para salud. También incorpora $295.463 destinados a educación y cultura, $697.646 para transporte, vacaciones y esparcimiento, $150.900 para vestimenta y $357.661 para previsión social. Para el FreSU, la distancia entre esta estimación y el ingreso mínimo actual refleja la magnitud del deterioro de las condiciones económicas de los trabajadores.

Un frente sindical que busca ampliar su capacidad de acción

Durante el encuentro, el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, Daniel Yofra, convocó a construir un paro nacional y sostuvo que la respuesta al rumbo económico requiere mayor organización del movimiento obrero. Además, manifestó la disposición del FreSU a incorporar nuevas organizaciones y ampliar su representación.

En la misma dirección, Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), defendió la coordinación entre distintos sectores de la actividad económica y los servicios públicos. Planteó la posibilidad de articular medidas que involucren puertos, universidades, hospitales, rutas y aeropuertos, y reclamó que cualquier proyecto político futuro presente definiciones concretas sobre el rumbo económico y la recuperación de los derechos laborales.

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó el impacto del ajuste sobre los ingresos y sostuvo que la recuperación salarial y previsional debe ocupar un lugar central en la agenda sindical. También reivindicó la conformación del frente como una herramienta para coordinar reclamos y acciones entre organizaciones de distintas centrales obreras.

La presidenta de FESPROSA, María Fernanda Boriotti, llamó a profundizar la movilización y avanzar en una propuesta política y social con horizonte en 2027. A su vez, representantes de CONADU, UTA y el gremio de Molineros coincidieron en la necesidad de elaborar un programa común y definir medidas para defender las condiciones laborales.

Las cifras de la pérdida salarial

El FreSU también difundió estimaciones sobre el retroceso de los ingresos desde noviembre de 2023. Según sus cálculos, la pérdida acumulada de los trabajadores asalariados supera los $78,5 billones. El relevamiento distingue una caída real del 21% en los salarios estatales y del 7% en los ingresos del sector privado.

En términos individuales, las organizaciones estimaron que cada trabajador privado perdió, en promedio, $3.342.251, mientras que el deterioro para cada empleado estatal alcanzó los $17.454.606 durante el período considerado.

El planteo salarial retoma los lineamientos del programa «Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria», aprobado el 1° de mayo durante el primer plenario de delegados del frente. La iniciativa busca establecer una agenda compartida entre gremios industriales, estatales, docentes, aeronáuticos, sanitarios y de otros sectores.

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