Conflicto en pausa: la calma tensa entre el Gobierno y la UTA tras el paro de colectivos
Aunque se desactivó la huelga, la disputa entre los choferes y el Ejecutivo nacional permanece sin resolución. Las bases sindicales exigen medidas urgentes, mientras el Gobierno apuesta a dilatar la negociación con promesas de subsidios futuros. La incertidumbre domina un escenario en el que el diálogo parece más una estrategia de contención que una vía hacia el consenso.
La tregua alcanzada tras el paro de colectivos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no es más que una suspensión momentánea en una contienda cuya solución parece cada vez más lejana. Mientras los colectivos vuelven a circular, el conflicto entre los trabajadores del transporte y el Gobierno de Javier Milei persiste latente, alimentado por promesas postergadas, demandas insatisfechas y una creciente impaciencia entre las bases sindicales.
El lunes, las últimas horas previas a la huelga fueron un torbellino de gestiones a contrarreloj: la Secretaría de Transporte, la cúpula de la UTA y las cámaras empresariales mantuvieron reuniones sin avances concretos. El martes, mientras se desarrollaba el paro en el Área Metropolitana de Buenos Aires y varias ciudades del interior, sectores disidentes del sindicato se manifestaban con cortes espontáneos, evidenciando una fractura interna cada vez más notoria.
Desde el oficialismo, la postura fue clara: no habrá revisión de subsidios ni incremento tarifario antes de junio. El mensaje dirigido a las empresas fue tajante: deben hacerse responsables de los compromisos asumidos en paritarias. Esta afirmación, sin embargo, carece de sustento económico para las prestatarias, que operan con márgenes estrechos y estructuras tarifarias evidentemente rezagadas respecto a la inflación acumulada.
Mientras tanto, la conducción de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, opta por una estrategia de mesura. Si bien parte de la base exige profundizar las medidas de fuerza, la dirigencia prefiere postergar cualquier nueva acción directa, confiando en la posibilidad de que la designación de Luis Pierrini como nuevo secretario de Transporte pueda abrir una instancia más favorable de diálogo y negociación.
El Gobierno, por su parte, se recuesta en esta actitud contemplativa de la UTA como un recurso táctico para dilatar la solución del conflicto. La promesa de una futura actualización de subsidios funciona como una aspirina presupuestaria: alivia momentáneamente la presión sin resolver la enfermedad estructural que arrastra el sistema de transporte público.
No escapa al análisis que cualquier incremento tarifario en el corto plazo tendría un efecto directo sobre los indicadores del IPC que el oficialismo busca contener. Por eso, todo indica que el ajuste previsto en junio se canalizará mediante subsidios, con el fin de evitar un impacto inflacionario indeseado, en un contexto económico extremadamente sensible.
El margen de maniobra es estrecho para todos los actores: los trabajadores reclaman una recomposición que preserve el poder adquisitivo frente a un proceso inflacionario erosivo; las empresas denuncian insolvencia y riesgo operativo; y el Ejecutivo intenta mantener su política de ajuste sin desgastar aún más su frágil legitimidad social.
El conflicto entre la UTA y el Gobierno nacional se encuentra hoy en una suerte de compás de espera, más forzado que consensuado. El paro quedó atrás, pero el desencuentro persiste, encapsulado en promesas aplazadas, liderazgos desgastados y una estrategia oficialista que privilegia la dilación por sobre la solución. La calma aparente que reina hoy en el sistema de transporte público de pasajeros no es sinónimo de estabilidad, sino la antesala de una nueva fase del conflicto que, de no ser abordado con decisión y realismo, amenaza con estallar nuevamente, esta vez con mayor virulencia y menor margen de contención.
Departamentales
Plan de viviendas en San Juan: el lunes arranca la construcción de barrios en toda la provincia
El ministro Fernando Perea confirmó que esta semana se firmarán los contratos con las empresas adjudicataria para iniciar los trabajos el próximo lunes con la construcción de 23 barrios distribuidos en los 19 departamentos. Los siete emprendimientos restantes se sumarían una vez completada la documentación necesaria, según confirmó el ministro de Infraestructura, Agua y Energía.
La medida marca el comienzo de la ejecución de un programa habitacional que comprende 30 barrios y que busca extender las obras a todo el territorio sanjuanino. De acuerdo con el funcionario, la Provincia ya está en condiciones de formalizar la mayor parte de los acuerdos, mientras que los restantes requieren resolver cuestiones administrativas y legales.
«De los 30 barrios, hoy estamos en condiciones de firmar los contratos de 23. Los otros siete, calculo que la semana que viene estaríamos en condiciones de firmarlos», explicó Perea. El ministro ratificó que el inicio de las obras para los primeros emprendimientos está previsto para el prñoximo lunes 2 de noviembre.
La firma de los acuerdos habilitará a las constructoras a avanzar con las tareas iniciales en los terrenos asignados. La incorporación de los siete barrios pendientes dependerá de que se completen los requisitos formales, aunque el Gobierno mantiene la previsión de cerrar esos trámites durante la próxima semana.
Llegó el momento de transformar las promesas en realidades: hay 23 contratos a punto de sellarse y siete en planificación. El desafío de llevar estas obras a los 19 departamentos entra en su etapa decisiva, donde el cumplimiento de la Provincia y de las empresas será la clave del éxito.
destacada
La UOCRA espera que las obras de Orrego reactiven el empleo en San Juan
El gremio recibió con optimismo el anuncio de 30 barrios y la proyección de 4.500 empleos directos. Alberto Tovares pidió acelerar las adjudicaciones y conocer cuántos trabajadores incorporarán las empresas y durante cuánto tiempo.
La construcción sanjuanina aguarda que los anuncios de inversión pública se conviertan en puestos de trabajo concretos. La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) valoró la iniciativa del Gobierno provincial para levantar 30 barrios, con una proyección de alrededor de 4.500 empleos directos, y vinculó esas expectativas con las obras viales previstas en rutas nacionales y provinciales.
Alberto Tovares, secretario gremial de la UOCRA en San Juan, sostuvo que los proyectos representan una oportunidad para revertir más de dos años de dificultades laborales. Sin embargo, advirtió que la recuperación dependerá de que los procedimientos administrativos avancen, se adjudiquen los trabajos y las empresas comiencen a incorporar personal.
También manifestó su expectativa de que parte de las iniciativas pueda comenzar antes de fin de año, según la información que recibió en una reciente reunión con autoridades provinciales.
Las perspectivas del gremio incluyen, además de las viviendas, las intervenciones previstas en las rutas 20 y 40 y otros proyectos de infraestructura que atraviesan distintas instancias administrativas. Su ejecución podría generar oportunidades para trabajadores con diferentes especialidades y extender las contrataciones a lo largo del territorio sanjuanino.
El impacto potencial excede a quienes trabajan directamente en las obras. La compra de materiales, el transporte, los servicios eléctricos y los pequeños comercios forman parte de una cadena que suele activarse con cada emprendimiento. Tovares describió ese efecto a partir de negocios cotidianos, desde las ferreterías hasta los kioscos cercanos a los barrios en construcción, y sostuvo que la inversión puede aportar movimiento a la economía provincial.
No obstante, el sindicato busca que las expectativas estén respaldadas por información precisa. La organización pretende establecer contacto con las empresas adjudicatarias para conocer la duración de cada obra, sus necesidades de personal y los plazos estimados de contratación. Esos datos permitirían dimensionar el alcance laboral de los anuncios y brindar certezas a quienes llevan meses buscando una oportunidad.
Para la UOCRA, el anuncio abre una perspectiva favorable, pero la recuperación no se medirá por la cantidad de proyectos presentados, sino por su puesta en marcha y las incorporaciones efectivas. El paso decisivo será que las inversiones lleguen a los obradores y se traduzcan en ingresos para los trabajadores y en movimiento para la economía sanjuanina.
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La Cámara de la Construcción proyecta 4.000 empleos con los nuevos barrios
Ramón Martínez, titular de la Cámara Argentina de la Construcción en San Juan, estimó que los proyectos anunciados por el Gobierno provincial podrían generar un número muy importante de puestos de trabajo. La cifra permitiría recuperar parte de los empleos perdidos desde 2023, aunque la magnitud del impacto dependerá de los plazos de ejecución y las contrataciones.
La construcción sanjuanina podría recuperar una parte sustancial del empleo perdido durante la retracción de la obra pública. La Cámara Argentina de la Construcción en San Juan calculó que la edificación de 2.240 viviendas, distribuidas en 30 barrios anunciados por el gobernador Marcelo Orrego, tendría capacidad para generar alrededor de 4.000 puestos de trabajo directos.
Ramón Martínez, titular de la entidad, recibió el anuncio como una señal favorable para las empresas locales y los trabajadores. La expectativa, explicó, es que las inversiones se traduzcan en licitaciones, adjudicaciones e inicios de obra capaces de recomponer la ocupación después de uno de los períodos más duros para la actividad.
La dimensión del retroceso ayuda a explicar el alcance potencial de la iniciativa. Según el repaso de Martínez, la construcción pasó de unos 12.000 trabajadores a mediados de 2023 a cerca de 6.000 durante el momento de mayor caída, entre fines de ese año y comienzos de 2024. La recuperación impulsada posteriormente por obras provinciales permitió elevar la cifra hasta aproximadamente 8.000 empleos. La incorporación de otros 4.000 llevaría nuevamente el registro hacia los niveles previos a la retracción, siempre que la proyección se concrete.
El efecto no se limitaría a las plantillas de las constructoras. La compra de cemento, hierro y otros insumos, junto con el transporte, la fabricación de materiales y los servicios asociados, multiplica el alcance económico de cada emprendimiento. Martínez señaló, además, que la vivienda suele requerir más mano de obra que las obras viales y estimó que su construcción demanda, en promedio, dos trabajadores por unidad, aunque la dotación varía según la etapa y el sistema utilizado.
En ese sentido, el dirigente consideró conveniente combinar los proyectos habitacionales con la infraestructura vial para sostener las contrataciones y ampliar las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas sanjuaninas. Según indicó, varias firmas ya reúnen la documentación técnica y administrativa necesaria para competir cuando se publiquen los pliegos.
La Cámara también observa alternativas tecnológicas que podrían acortar los tiempos de ejecución. Martínez mencionó el sistema Casaforma, basado en encofrados y hormigón proyectado, utilizado en Mendoza. Su incorporación requiere capacitación, pero puede ofrecer otra vía para acelerar la construcción sin prescindir de la preparación de los trabajadores.
El paso inmediato será conocer las condiciones de contratación y los cronogramas oficiales. Hasta entonces, los 4.000 puestos constituyen una estimación empresarial, no empleos ya confirmados. La reactivación dependerá de la traducción del financiamiento en obras concretas y de la capacidad de las empresas para generar empleo estable.
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