Con una amplia mayoría, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó una declaración de rechazo a la eliminación del beneficio de Zona Fría en las tarifas de gas. Aunque la medida no tiene efecto vinculante sobre Nación, marca una posición política fuerte frente al proyecto de Presupuesto 2026, que busca derogar la ampliación del régimen.

Durante una sesión especial celebrada este miércoles 15 de octubre, la Legislatura de San Juan protagonizó una de las pocas escenas de unidad política en tiempos de polarización. Con 34 votos afirmativos y uno en contra, correspondiente al único legislador libertario, el cuerpo aprobó una Declaración de rechazo ante la posibilidad de que el Gobierno nacional elimine los beneficios tarifarios de Zona Fría, contemplados en la Ley N.º 27.637.

El pronunciamiento no tiene efectos legales sobre el Ejecutivo nacional ni implica una directriz hacia el Congreso, pero funciona como un gesto institucional contundente. La Cámara de Diputados provincial busca dejar constancia de la preocupación local por la eventual quita de un beneficio que alcanza a más de 120.000 usuarios sanjuaninos, que pagan entre 30 y 50% menos en su factura de gas gracias al esquema vigente.

La posición adoptada en la provincia llega en un momento clave: el proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno de Javier Milei incluye un artículo que deroga la ampliación de la Zona Fría, incorporada en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández. Si ese artículo prosperara, el beneficio se limitaría nuevamente a la Patagonia, La Puna y Malargüe, dejando afuera a provincias como San Juan, Mendoza, La Pampa, Tucumán y parte de Buenos Aires.

La Unión de Usuarios y Consumidores, a través de su titular Claudio Boada, advirtió que la eliminación de la ampliación carece de sustento económico, ya que el subsidio no depende del Tesoro nacional, sino de un aporte solidario de 6,8% que pagan todos los usuarios del país. “No afecta al déficit cero, que es el principal argumento del Gobierno. Lo financian los propios consumidores”, remarcó Boada, en alusión al plan de ajuste fiscal que sostiene la administración libertaria.

Las organizaciones de consumidores y distintos intendentes de las regiones afectadas advirtieron que la medida duplicaría las tarifas y restringiría el poder adquisitivo de comunidades enteras, generando un efecto regresivo en economías locales como las de Azul, Olavarría o Jáchal.

En San Juan, el rechazo legislativo implica ahora un mandato político a los diputados nacionales de los bloques Producción y Trabajo y Unión por la Patria, quienes deberán trasladar la postura provincial a la Cámara baja del Congreso. Allí se espera que la discusión se concentre en las comisiones de Presupuesto y Energía, donde los sectores opositores intentarán eliminar el artículo que deroga la ampliación.

Un reclamo simbólico que tensiona la relación Nación–Provincia

Aunque la declaración de la Legislatura no tiene efectos normativos, su peso político es evidente. Representa una posición unificada de casi todo el arco sanjuanino frente a una medida percibida como injusta y centralista. También anticipa una pulseada entre las provincias cordilleranas y el Gobierno nacional, en un contexto de fuertes ajustes sobre subsidios y transferencias.

De fondo, lo que está en discusión no es solo una tarifa, sino el modelo de federalismo fiscal que Milei pretende imponer. San Juan, al igual que otras jurisdicciones afectadas, defiende la idea de que el costo energético debe contemplar las condiciones climáticas y socioeconómicas de cada región.

En ese sentido, la sesión legislativa de este miércoles 15 de octubre fue más que un gesto administrativo: fue una señal política hacia Buenos Aires, una advertencia de que el ajuste no puede avanzar a costa del interior productivo.

El secretario general de la UOM San Juan, Martín Solazzo, explicó la compleja situación paritaria que atraviesa el sector, con aumentos suspendidos y negociaciones demoradas por parte de las cámaras empresarias. También detalló la estrategia para ampliar la representación gremial en la minería, mientras se desarrollan obras de infraestructura sindical. La inminente visita a la provincia de Abel Furlán, máximo referente nacional del gremio, adquiere un fuerte valor político y simbólico en la antesala del Día de la Lealtad Peronista.

La discusión paritaria metalúrgica se encuentra en un punto muerto. El acuerdo firmado en agosto de 2025 contemplaba un plus de 25 mil pesos que debía incorporarse al salario básico a partir de septiembre. Sin embargo, las cámaras industriales se niegan a hacerlo efectivo, argumentando que la homologación del convenio venció en agosto.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, el titular de la UOM San Juan, Martín Solazzo, fue categórico:

“El acuerdo establecía que ese plus debía pasar al básico en septiembre. Las cámaras dicen que no pueden hacerlo porque la paritaria no fue firmada para adelante. Nosotros sostenemos que debe tomarse como base de cálculo y que los trabajadores no pueden cobrar menos que el mes anterior.”

Ante la indefinición, algunas empresas decidieron continuar pagando el bono como ítem transitorio para evitar una merma salarial. Mientras tanto, el gremio aguarda que la Secretaría de Trabajo, convoque a una nueva mesa de negociación que permita recomponer los haberes y garantizar que el incremento sea retroactivo.

“Los salarios de los metalúrgicos han perdido mucho poder adquisitivo. Estamos reclamando un esquema que garantice previsibilidad, no queremos aumentos que se diluyan en dos meses”, enfatizó Solazzo.

Un frente sindical en expansión: la UOM y el sector minero

Con la mirada puesta en el futuro, la conducción sanjuanina del gremio busca consolidar su presencia en la minería, una actividad en crecimiento que concentra a cientos de trabajadores metalúrgicos. Durante una recorrida de cuatro días por la mina Veladero, Solazo y su equipo dialogaron con operarios y supervisores de empresas contratistas del rubro metalmecánico.

“Durante años la UOM estuvo ausente en la minería. Nuestra intención es revertir eso, estar presentes, conocer las condiciones laborales y asegurarnos de que los compañeros estén encuadrados bajo nuestro convenio”, sostuvo el dirigente.

El sindicato avanza en conversaciones con Barrick, con el objetivo de establecer un convenio metalúrgico-minero que contemple ítems como zona desfavorable, plus minero y bonificaciones por productividad.

“Queremos una escala salarial propia que refleje la realidad del sector. Es una deuda histórica con los metalúrgicos que trabajan en las minas”, el referente de la UOM en la provincia, quien destacó la predisposición de las empresas para avanzar en un entendimiento que fortalezca la formalidad y la equidad salarial.

La visita de Furlán: política, gremialismo y símbolo de unidad

En medio de estas definiciones, la visita de Abel Furlán, secretario general de la UOM nacional y referente del peronismo sindical, se proyecta como un hecho de alto impacto. Su llegada a San Juan coincidirá con la conmemoración del 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, y reunirá a representantes gremiales y dirigentes políticos en el Parque de Rawson.

“Queremos que Abel venga no solo como dirigente metalúrgico, sino como referente del movimiento obrero dentro del peronismo. Es una figura respetada y su palabra es clave para analizar el presente de la industria y del país”, afirmó Solazzo.

La actividad tendrá una fuerte carga simbólica: unidad gremial, defensa del trabajo industrial y reafirmación del compromiso con los valores fundacionales del movimiento obrero.

“Estamos viviendo un momento difícil, con salarios golpeados y un modelo económico que prioriza la especulación. Por eso es importante mostrar cohesión y pertenencia”, agregó el titular de la UOM San Juan.

Infraestructura sindical: una mejora tangible para los afiliados

En paralelo al frente paritario y político, la organización avanza con obras de infraestructura en su camping de Villa Krause, un espacio emblemático para las familias metalúrgicas. Las tareas incluyen la renovación total de los baños y vestuarios, la instalación de cloacas y la refacción integral de los servicios.

“Son instalaciones con más de cincuenta años. Decidimos hacer todo nuevo, con estándares modernos y mayor comodidad para los afiliados”, explicó el sindicalista. Mientras se concretan los trabajos, el gremio dispuso sanitarios provisorios para mantener operativo el predio.

El proyecto contempla, además, la construcción de un nuevo sector de sanitarios exclusivos para el salón de eventos —con capacidad para 350 personas—, que permitirá mejorar la infraestructura social y recreativa.

“Queremos llegar a la temporada de verano con un camping completamente renovado. Es una forma de retribuir el esfuerzo de los trabajadores en tiempos difíciles”, remarcó Solazzo.

Entre la defensa salarial, la expansión en la minería y la puesta en valor de la infraestructura sindical, la UOM San Juan atraviesa una etapa de consolidación y crecimiento institucional.
El liderazgo de Martín Solazzo refleja una estrategia que combina gestión, cercanía con los trabajadores y una lectura política de contexto.

La visita de Abel Furlán coronará este proceso con una señal clara: la UOM busca reafirmar su protagonismo dentro del movimiento obrero argentino, revitalizar su vínculo con la industria y proyectarse como un actor central en la reconstrucción del trabajo y la producción.

Por Mundo Laboral SJ

Según el INDEC, en septiembre una familia tipo necesitó $1.176.852 para no ser considerada pobre, mientras el ingreso promedio fue de $919.560. El Gobierno celebra la mejora del salario real, pero la brecha entre el poder adquisitivo y el costo de vida continúa ampliándose. Alquileres, alimentos y energía impulsan los precios, en un contexto de caída del consumo.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la canasta básica total —que determina el umbral de pobreza— alcanzó en septiembre los $1.176.852, lo que representa un incremento del 1,4 % respecto de agosto. En tanto, la canasta básica alimentaria, que define el límite de la indigencia, se ubicó en $527.736.

Aunque el organismo reportó una inflación general del 2,1 %, la desaceleración en los precios no se tradujo en un alivio perceptible para los hogares. Los aumentos del dólar, los alquileres y la energía siguen presionando el costo de vida, mientras que el ingreso promedio de la población ocupada se mantiene en $919.560, es decir, un 22 % por debajo del umbral de pobreza.

El contraste se acentúa al observar los parámetros de clase media. Según el mismo informe, un hogar debe contar con $1.997.000 mensuales para ser considerado dentro de ese estrato, una diferencia de más de $800.000 respecto de la canasta básica total. En otras palabras, gran parte de la población trabajadora se encuentra atrapada en una franja intermedia: con empleo formal, pero sin capacidad de acceder al estándar de consumo de la clase media.

La situación se agrava en los sectores más vulnerables. Los comercios reportan una caída sostenida del consumo, las changas disminuyen y las jubilaciones —que promedian menos del 40 % del costo de la canasta básica total— pierden poder de compra mes a mes.

La aparente desaceleración inflacionaria no se traduce en bienestar: el descenso de precios está más asociado a una contracción del consumo que a una estabilidad estructural. Mientras el Gobierno destaca la recuperación del salario real en el empleo formal, la mayoría de los hogares continúa sin poder cubrir los gastos básicos. El país mantiene así una paradoja persistente: una inflación más baja, pero una pobreza más alta.