El conflicto salarial de los trabajadores judiciales nacionales suma un nuevo capítulo. La Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) ratificó un paro para el próximo 29 de agosto, en el marco de un reclamo que, según sus representantes, ya acumula más de un año de desgaste y pérdida sostenida frente a la inflación.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Alfredo Collado, referente de la UEJN en San Juan, explicó que el poder adquisitivo de los judiciales nacionales se encuentra hoy un 30% por debajo de lo necesario para recuperar el nivel salarial previo al actual ciclo económico. “Defendemos el salario porque es lo que sostiene a nuestras familias y nos permite vivir con dignidad. Hoy está diezmado, mientras vemos beneficios fiscales para grandes fortunas y aumentos constantes en servicios básicos que golpean a los trabajadores”, señaló.

Si bien en julio se oficializó un aumento del 1,9%, que coincide con la inflación de ese mes, el dirigente subrayó que la mejora es insuficiente: “Con este ajuste seguimos perdiendo un 29% acumulado. Es un déficit muy grande, que no se corrige con incrementos tan bajos y espaciados”.

La medida del 29 de agosto incluirá asambleas en todo el país. En la región de Cuyo, los judiciales se reunirán en Mendoza para definir los próximos pasos del plan de lucha. Además, en la semana previa habrá banderazos frente a las dependencias judiciales, coincidiendo con las reuniones de la Corte Suprema, donde el gremio reiterará su pedido de recomposición.

Collado describió las consecuencias cotidianas de la pérdida salarial: reducción del consumo de alimentos, servicios, transporte y actividades recreativas, además de casos más graves que afectan la salud y la calidad de vida. “Cuando hablan de bajar el consumo, lo plantean en términos macroeconómicos, pero en la realidad significa que una familia deja de comer lo que comía, que un chico deja de hacer deporte o que un jubilado no puede comprar sus medicamentos. Esto no puede naturalizarse”, advirtió.

En el plano sindical nacional, también se refirió al Congreso de la CGT previsto para el 5 de noviembre, donde se debatirá la estructura de conducción de la central obrera. Collado se mostró a favor de un triunvirato en lugar de un “unicato”, por considerarlo un modelo más democrático y representativo. “Son tiempos que exigen renovación y reconfiguración en la CGT. Me alegra que los trabajadores se reúnan para definir estrategias y fortalecer la unidad”, afirmó.

La situación de los judiciales se enmarca en un contexto nacional de reclamos transversales por salarios que no acompañan la inflación y condiciones de vida cada vez más complejas. El paro de fin de mes será una nueva muestra de la tensión creciente entre el sector y las autoridades, en una pulseada que, de momento, no encuentra soluciones concretas.

La Federación Argentina de Remises (FAREM) lanzó un sistema online de denuncias para pasajeros y choferes que utilizan aplicaciones y agencias ilegales. La iniciativa busca dar respuesta a la creciente problemática de la falta de control y los riesgos de seguridad que enfrentan los usuarios.

Según el secretario general de FAREM, Alejandro Poli, el objetivo es «recibir denuncias y avanzar en las presentaciones para acompañar a los pasajeros y choferes que sufren problemas con las aplicaciones ilegales».

La falta de control y regulación de las aplicaciones ilegales ha generado una serie de problemas para los pasajeros y choferes. Poli destacó que «se dan casos en que las apps no tienen control sobre los vehículos, sobre los choferes que no tienen documentación, pero la problemática más grande es que hay vehículos que no tienen papeles, conductores con identidad robada y lo peor de la historia se lo llevan los pasajeros porque terminan siendo víctimas de delincuentes».

La FAREM ofrece acompañamiento jurídico a los pasajeros y choferes que sufren problemas con las aplicaciones ilegales. Poli explicó que «el sistema de denuncias va a permitir a los vecinos tener un canal de denuncias para ser acompañados por el departamento jurídico que pone la federación, porque muchos sufren delitos y no tienen los recursos para denunciar».

En este sentido, la Federación Argentina de Remises critica la falta de respuestas oficiales ante la problemática de las aplicaciones ilegales, advirtiendo que «los intendentes están más preocupados en quedar bien con las aplicaciones ilegales y que los voten en las elecciones, que en llevar adelante un control de lo que está sucediendo».

El gremio de controladores aéreos Atepsa decidió suspender el paro previsto para este jueves luego de ser citado a una audiencia en la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero. Aunque se mantiene la protesta del sábado 30 de agosto, la medida refleja un intento por encontrar una solución al conflicto salarial que afecta al sector.

En un giro inesperado, el gremio de controladores aéreos decidió levantar el paro que estaba programado para este jueves 28 de agosto. La decisión se tomó luego de que la Secretaría de Trabajo, liderada por Julio Cordero, convocara a una audiencia con los representantes del sindicato. Esta reunión busca abordar las demandas salariales de los trabajadores, quienes llevaron a cabo paros escalonados en rechazo a la oferta del 1% mensual de aumento salarial propuesta por el Gobierno de Javier Milei.

A pesar de la suspensión del de las medidas de fuerza de mañana, el sector gremial ha ratificado su compromiso con las acciones previstas para el sábado 30 de agosto. Además, advirtieron que podrían extender las protestas a lo largo de septiembre si no se llega a un acuerdo satisfactorio durante las negociaciones con las autoridades. La posibilidad de nuevas medidas de fuerza mantiene la incertidumbre sobre la normalidad de los servicios aéreos en el futuro cercano.

La audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo es vista como una oportunidad crucial para que ambas partes encuentren un punto de acuerdo. Los controladores aéreos buscan una «propuesta salarial decente» que les permita cubrir sus necesidades básicas en un contexto de alta inflación y costos crecientes. Por su parte, el Gobierno enfrenta el desafío de equilibrar las demandas salariales con las restricciones fiscales y económicas del país.