Nuevos estudios del mercado laboral revelan un deterioro cualitativo en el trabajo formal e informal, con un aumento en las horas trabajadas y el pluriempleo. La desocupación promedio supera el 7%, con una pérdida de 105 mil puestos de empleo en el último año, afectando principalmente a la construcción, la industria y los empleos públicos.

La situación laboral en Argentina se vuelve cada vez más precaria, según informes del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y la consultora EMPIRIA. El trabajo no registrado crece, con ingresos por debajo de las escalas salariales acordadas entre los gremios y las cámaras empresarias. Solo algunos sectores, como la minería, la energía y la actividad financiera, muestran cierta estabilidad, aunque no necesariamente se caracterizan por tener alta contratación de fuerza laboral.

En contraste, la mayoría de las áreas productivas experimentan un retroceso en la contratación de mano de obra. La construcción y la industria son las más afectadas, con una importante disminución en la cantidad de puestos de trabajo. Los empleos públicos también se ven afectados, lo que genera incertidumbre y preocupación entre los trabajadores.

La pérdida de poder adquisitivo es uno de los principales problemas que enfrentan los trabajadores en relación de dependencia. La caída del salario real se traduce en una disminución significativa en su capacidad de compra, lo que genera insatisfacción y descontento. La precarización laboral se convierte en un círculo vicioso, donde los trabajadores se ven obligados a trabajar más horas o buscar múltiples empleos para mantener su nivel de vida.

Los sindicatos docentes que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) solicitaron al Gobierno nacional que convoque a una nueva reunión de la paritaria nacional para abordar el piso salarial mínimo del sector, que actualmente se encuentra en un nivel considerado insuficiente por los gremios.

La petición, firmada por los titulares de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), busca mejorar las condiciones salariales de los docentes, que han visto erosionada su capacidad adquisitiva en los últimos tiempos.

Los gremios docentes argumentan que el actual piso salarial mínimo no alcanza para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores de la educación, y que es necesario actualizarlo para garantizar una vida digna para los educadores y sus familias. En este sentido, destacan que la Canasta Básica Total (Línea de Pobreza) se encuentra en un nivel significativamente superior al salario mínimo actual, lo que pone en evidencia la gravedad de la situación.

El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, despidió a 113 trabajadores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, sumándose a los casi tres mil despidos ya realizados en distintas áreas de la cartera. Mientras tanto, el Gobierno nacional avanza con un plan de privatizaciones y cierres de empresas estatales, que podría afectar a decenas de miles de trabajadores y comprometer la prestación de servicios públicos esenciales.

La nueva tanda de despidos en Capital Humano se produce en un contexto de ajuste y recorte de gastos en la administración pública, impulsado por el Gobierno nacional de Javier Milei. Según el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, la gestión de La Libertad Avanza ya ha concretado alrededor de 45 mil cesantías en la administración pública, y busca avanzar con una «super reestructuración» de organismos para unificar dependencias con «tareas duplicadas».

Sin embargo, este plan de ajuste y privatizaciones va más allá de la simple reestructuración de organismos. El Gobierno nacional tiene en su mira la privatización o cierre de varias empresas estatales, incluyendo bancos, empresas de servicios públicos y organismos de radiodifusión. Algunas de ellas que podrían verse afectadas son el Banco Hipotecario, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BiCE), Correo Argentino, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat), Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), y el sistema de radiodifusión nacional.

El proceso de recortes y privatizaciones del Gobierno nacional tiene serias implicaciones para la economía y la sociedad argentina. La privatización de empresas estatales y la reducción del Estado pueden generar desempleo y comprometer la prestación de servicios públicos esenciales. Además, la concentración de la propiedad y la riqueza en manos de unos pocos puede agravar la desigualdad y la pobreza en el país.