El Gobierno de San Juan avanza en la organización del desfile patrio del próximo 25 de Mayo con una medida destinada a facilitar la participación de las comunidades educativas de toda la provincia. La administración provincial gestionó con las empresas de Red Tulum la implementación de traslados gratuitos para alumnos y docentes que formen parte de las celebraciones oficiales.

La iniciativa fue confirmada por la ministra de Gobierno, Laura Palma, quien explicó que mantuvo conversaciones con el presidente de ATAP, Ricardo Salvá, para coordinar el operativo especial de transporte durante la jornada patria.

Según detalló la funcionaria, el planteo recibió una respuesta favorable por parte del sector empresario y ahora resta formalizar la adhesión definitiva de las distintas compañías que integran el sistema provincial de colectivos.

Desde el Ejecutivo consideran que la medida permitirá garantizar una mayor participación de escuelas de distintos departamentos, evitando que el traslado represente un costo adicional para las familias o las instituciones educativas.

El operativo se enmarca en los preparativos para una de las fechas más emblemáticas del calendario nacional, donde cada año cientos de estudiantes y docentes participan de los actos oficiales y del tradicional desfile patrio.

Palma también se refirió al funcionamiento general del sistema de transporte público y reconoció que la dinámica diaria presenta dificultades variables. Sin embargo, sostuvo que el objetivo del Gobierno provincial es mantener un esquema operativo que priorice el servicio y el acompañamiento a los usuarios.

La expectativa oficial es que durante los próximos días quede confirmado el mecanismo definitivo para los traslados, incluyendo horarios, recorridos y modalidad de acceso para las delegaciones escolares que participarán de la celebración del 25 de Mayo en San Juan.

Durante una reunión con delegados y representantes gremiales, se expusieron incumplimientos y falta de respuestas de la empresa frente a reclamos vinculados a sectores estratégicos de seguridad y servicios técnicos dentro del yacimiento. En medio de crecientes reclamos por las condiciones operativas dentro del yacimiento Cerro Negro, el Sindicato Jerárquico Minero (ASIJEMIN), AOMA Santa Cruz y autoridades del Gobierno provincial mantuvieron una reunión clave para coordinar acciones orientadas a fortalecer la seguridad y garantizar mejores condiciones para los trabajadores mineros.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, junto al director regional Sur del gremio, Oscar Romillo, y contó con la participación de delegados de base y miembros de la Comisión Interna Gremial de Cerro Negro. También estuvieron presentes representantes del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz, entre ellos Javier Aravena, además de funcionarios de áreas vinculadas a Seguridad e Higiene, Transporte y Comercio.

Durante la reunión, los representantes sindicales plantearon una serie de incumplimientos y cuestionaron la falta de respuestas concretas por parte de la empresa frente a reiterados reclamos relacionados con sectores estratégicos de seguridad y servicios técnicos dentro de la mina. Según señalaron desde ASIJEMIN, existe preocupación por el debilitamiento de áreas sensibles para la prevención y el control operativo, situación que podría impactar directamente tanto en las condiciones laborales como en la integridad física de los trabajadores.

En ese marco, los gremios advirtieron sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes para evitar situaciones de riesgo y reforzar los mecanismos de control dentro del yacimiento, en un contexto donde la seguridad minera volvió a ubicarse en el centro de las preocupaciones sindicales.

Preocupación gremial y compromiso para avanzar en soluciones
Las partes coincidieron en la necesidad de sostener una agenda de trabajo conjunta que permita avanzar en soluciones concretas para mejorar los estándares de seguridad dentro de Cerro Negro y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad minera. Desde ASIJEMIN destacaron especialmente la predisposición del Gobierno de Santa Cruz y el trabajo articulado junto a AOMA para abordar los reclamos planteados por los trabajadores y avanzar en mecanismos de prevención más eficientes.

La reunión dejó en evidencia la creciente preocupación de las organizaciones sindicales por el funcionamiento de áreas consideradas críticas dentro del yacimiento y por la necesidad de que la empresa dé respuestas concretas frente a los planteos vinculados a seguridad laboral.

En ese sentido, desde el sector gremial remarcaron que la prioridad seguirá siendo resguardar la vida y la salud de los trabajadores mineros, en una actividad donde las condiciones de seguridad resultan determinantes para el normal desarrollo de las tareas diarias.

Durante el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Javier Milei confirmó una disminución de las retenciones para trigo y cebada a partir de junio y anticipó un cronograma gradual de reducción para la soja desde 2027. El Presidente además adelantó futuras rebajas tributarias para industrias estratégicas.

El presidente Javier Milei volvió a colocar al sector agropecuario en el centro de su estrategia económica y anunció una nueva reducción de derechos de exportación para parte del complejo cerealero. La medida fue comunicada durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde el mandatario ratificó su intención de avanzar hacia una disminución gradual de la presión tributaria sobre las actividades productivas.

Según detalló el jefe de Estado, las retenciones aplicadas al trigo y la cebada bajarán del 7,5% al 5,5% desde junio de 2026. Además, confirmó que a partir de enero de 2027 comenzará una reducción progresiva en los derechos de exportación de la soja, mediante un esquema mensual que oscilará entre 0,25% y 0,5%, sujeto al comportamiento de la recaudación fiscal.

El anuncio representa una señal política hacia uno de los sectores históricamente más influyentes de la economía argentina, en un momento en que el Gobierno intenta consolidar reservas, sostener el superávit fiscal y mantener el respaldo de los complejos exportadores.

“Nuestra misión es achicar el Estado para bajar impuestos”, sostuvo Milei durante su exposición, donde volvió a defender el rumbo económico de la administración libertaria y cuestionó las políticas tributarias aplicadas sobre el agro durante gobiernos anteriores.

El mandatario también adelantó que el Ministerio de Economía trabaja en nuevos alivios impositivos para otras ramas industriales vinculadas a la producción y la exportación. Entre ellas mencionó al sector automotriz, la petroquímica y la fabricación de maquinaria, aunque evitó precisar fechas y porcentajes concretos.

Dentro del universo agroindustrial, las medidas fueron recibidas con expectativa favorable. Desde la Cámara de la Industria Aceitera Argentina valoraron la continuidad de la reducción de retenciones y señalaron que mantendrán conversaciones con el equipo económico para evaluar el impacto operativo y comercial del nuevo esquema.

Más allá del alivio fiscal anunciado, el Gobierno apuesta a fortalecer el vínculo con el campo en un contexto donde el ingreso de divisas provenientes de exportaciones continúa siendo determinante para la estabilidad macroeconómica. En ese marco, Milei afirmó que el agro atraviesa “uno de los mejores años de su historia”, impulsado por niveles elevados de producción y una mejora en las perspectivas de exportación.

El Presidente sostuvo además que, pese a las distorsiones cambiarias y la persistencia de retenciones, el sector mantiene una capacidad de crecimiento que considera clave para la recuperación económica del país.

La decisión oficial también vuelve a reabrir el debate sobre el peso de los derechos de exportación dentro de la estructura tributaria argentina. Mientras el oficialismo los define como un gravamen transitorio que debe reducirse gradualmente, distintos sectores advierten que el equilibrio fiscal todavía depende en gran medida de esos recursos.

Con este anuncio, la administración libertaria intenta enviar una señal simultánea al mercado, al agro y al núcleo productivo exportador: sostener el ajuste sobre el gasto público mientras comienza, de manera selectiva, un proceso de reducción de impuestos sobre actividades consideradas estratégicas para el ingreso de divisas y el crecimiento económico.