Un estudio encargado por OSSE y certificado por Bureau Veritas concluyó que las tuberías instaladas no cumplen con los estándares para transporte de agua potable. La investigación ya está en manos de la Fiscalía y podría derivar en responsabilidades penales y en un millonario perjuicio económico.

La obra del Acueducto Gran Tulum, concebida como la solución estructural para garantizar el abastecimiento de agua potable a gran parte de la población de San Juan, quedó envuelta en un escándalo técnico, político y judicial tras la difusión de un informe que cuestiona la calidad de sus materiales centrales.

El estudio fue encargado por Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) a la consultora Interacción y certificado por Bureau Veritas, una firma internacional especializada en auditorías y control de calidad. Las conclusiones son contundentes: las cañerías instaladas por la empresa Krah “aplican para desagües pluviales y cloacales”, lo que las vuelve inadecuadas para el transporte de agua destinada al consumo humano.

El informe advierte, además, que estos tubos no están diseñados para soportar presión —condición esencial en sistemas de agua potable— y que podrían liberar partículas potencialmente tóxicas, lo que introduce un riesgo sanitario de magnitud. En términos técnicos, se trata de materiales que no cumplen con las normativas exigidas para redes de agua potable, lo que compromete la integridad de toda la obra.

La magnitud del problema es proporcional a la envergadura del proyecto. El Acueducto Gran Tulum fue impulsado como una infraestructura estratégica para abastecer a una población proyectada cercana al millón de habitantes. Su financiamiento se estructuró a partir de un crédito internacional de 100 millones de dólares, que la provincia ya comenzó a amortizar.

Derivaciones judiciales y responsabilidades en la mira

El caso ya tiene impacto en el plano judicial. La investigación está en manos del Ministerio Público Fiscal, a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, que apunta a presuntas irregularidades en la licitación, posible malversación de fondos y deficiencias en los controles de calidad.

La causa es llevada adelante por los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, quienes ya cuentan con más de un centenar de cajas de documentación remitidas por OSSE. A esto se suman inspecciones oculares en distintos tramos del acueducto —incluyendo el ramal que conecta el dique Punta Negra con la planta potabilizadora de Marquesado— para verificar tanto la calidad como la correcta instalación de las tuberías.

En consecuencia, el Estado provincial decidió constituirse como querellante, lo que refuerza la dimensión institucional del conflicto. No se descartan nuevas medidas, como pedidos de información a empresas privadas involucradas e incluso allanamientos.

Una licitación bajo cuestionamiento

Las cañerías fueron provistas por la empresa alemana Krah, adjudicataria de dos licitaciones clave entre 2015 y 2017, durante las gestiones de José Luis Gioja y Sergio Uñac. En total, el Estado desembolsó más de 1.300 millones de pesos por estos materiales.

Desde el inicio del proceso licitatorio existieron advertencias. Una empresa competidora, General Plastics, había cuestionado el carácter “experimental” de las tuberías ofrecidas por Krah, así como el hecho de que la oferta económica superaba el presupuesto oficial.

El apoderado de la firma era Gustavo Monti —primo del entonces gobernador—, un dato que ahora vuelve a cobrar relevancia en el marco de la investigación judicial.

Impacto económico y futuro incierto

El escenario que se abre es crítico. Si un segundo estudio independiente, encargado al INTI, confirma las conclusiones del informe de Interacción, la provincia podría verse obligada a retirar las cañerías instaladas. Esto implicaría no sólo la paralización total de la obra, sino también un impacto económico severo: continuar pagando el crédito internacional sin contar con una infraestructura operativa.

A ello se suma la incertidumbre sobre el financiamiento futuro, ya que no existen actualmente recursos asignados para una eventual reposición completa del sistema.

El informe técnico sobre el Acueducto Gran Tulum no sólo pone en duda la calidad de una obra pública emblemática, sino que expone posibles fallas estructurales en los mecanismos de control estatal. Entre riesgos sanitarios, perjuicios económicos y responsabilidades políticas en evaluación, el caso se perfila como uno de los mayores escándalos de infraestructura reciente en la provincia.

La confirmación —o refutación— de estos hallazgos por parte del INTI será determinante para definir si se trata de una falla técnica grave o de un caso de negligencia con consecuencias institucionales profundas. Mientras tanto, la obra permanece bajo una sombra de incertidumbre que compromete tanto su viabilidad como la confianza pública.

El mercado laboral argentino cerró 2025 con una señal inequívoca de deterioro. La tasa de desocupación alcanzó el 7,5% en el cuarto trimestre, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, lo que representa un incremento significativo tanto en la comparación interanual —cuando se ubicaba en 6,4%— como frente al trimestre previo (6,6%). La suba, de 1,1 puntos porcentuales en un año, se produce en un escenario donde ni la actividad económica ni el empleo muestran signos de recuperación sostenida.

El rasgo más preocupante del informe no es solo el aumento del desempleo, sino la falta de dinamismo del conjunto del mercado laboral. Las tasas de actividad y empleo permanecen prácticamente sin cambios, mientras la tasa de empleo incluso retrocede levemente hasta el 45%. En términos concretos, el sistema no está generando nuevos puestos de trabajo, lo que amplifica el impacto de cada pérdida laboral.

En los 31 principales aglomerados urbanos relevados, el número de personas desocupadas se acerca al millón. Extrapolado al total del país, la cifra asciende a 1.717.125 personas sin empleo, unas 193.515 más que en el trimestre anterior. Este crecimiento no responde a un aumento en la participación laboral, sino a una mayor expulsión o dificultad de absorción dentro de un mercado estancado.

Jóvenes, los más afectados por la falta de oportunidades

El deterioro no impacta de manera homogénea. Los jóvenes aparecen como el segmento más castigado por la dinámica actual. Entre las mujeres de hasta 29 años, la desocupación creció 3 puntos porcentuales, mientras que entre los varones de la misma franja etaria el incremento alcanzó los 3,7 puntos.

Este comportamiento evidencia una dificultad estructural para el ingreso al mercado laboral, donde las primeras experiencias de empleo se vuelven cada vez más escasas. La consecuencia inmediata es la postergación de trayectorias laborales y una mayor exposición a condiciones de informalidad o subocupación.

En contraste, los adultos de entre 30 y 64 años muestran niveles relativamente estables, lo que sugiere que el ajuste del mercado se descarga con mayor intensidad sobre quienes intentan insertarse por primera vez o cuentan con menor antigüedad laboral.

Desigualdades territoriales y urbanas

El informe también pone en evidencia fuertes disparidades regionales. El Gran Buenos Aires concentra la mayor tasa de desocupación, con un 8,6%, seguido por la región Pampeana (7,7%). En el otro extremo, el Noroeste (4,2%) y la Patagonia (4,8%) exhiben niveles más bajos.

La dimensión urbana introduce otra brecha significativa. En los grandes centros, la desocupación alcanza el 8%, mientras que en aglomerados más pequeños desciende al 4,7%. Esta diferencia refleja la mayor presión sobre los mercados laborales urbanos, donde la oferta de trabajo crece más rápido que la generación de empleo.

Sectores en retroceso y empleo vulnerable

El impacto del deterioro también se concentra en determinadas ramas de actividad. La construcción lidera la pérdida de empleo con un 19,3%, seguida por el comercio (16%), el servicio doméstico (11,3%) y la industria manufacturera (9,7%). Se trata, en su mayoría, de sectores intensivos en mano de obra y con altos niveles de informalidad o precariedad.

La contracción en estas actividades no solo reduce la cantidad de puestos disponibles, sino que también limita las posibilidades de reinserción, especialmente para trabajadores con menor calificación o trayectorias laborales inestables.

Búsqueda prolongada y señales de estancamiento

Otro indicador clave del deterioro es la extensión del tiempo de búsqueda laboral. El 30,9% de los desocupados lleva más de un año intentando conseguir empleo, mientras que casi un cuarto lo busca desde hace entre uno y tres meses. Esta prolongación evidencia un mercado con baja rotación y escasa capacidad de absorción.

Lejos de tratarse de un fenómeno transitorio, los datos configuran un cuadro de estancamiento estructural, donde la falta de dinamismo económico se traduce en mayores dificultades para acceder a un empleo formal.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos confirman un panorama de creciente fragilidad laboral. El aumento de la desocupación, combinado con la caída del empleo y la persistencia de brechas generacionales y territoriales, plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema económico para generar oportunidades.

Más allá de la situación actual, el desafío central radica en revertir un esquema que no solo deja a más personas fuera del mercado laboral, sino que además prolonga los tiempos de exclusión. Sin una recuperación sostenida de la actividad y políticas activas de empleo, el riesgo es que la desocupación deje de ser un indicador cíclico para convertirse en un rasgo estructural del escenario económico argentino.

La Universidad Nacional de San Juan avanzó en el proceso licitatorio para completar la Escuela de Música, tras la publicación de la preadjudicación. Con financiamiento propio y en medio de impugnaciones ya resueltas, la obra entra en una etapa administrativa determinante antes de su ejecución.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dio un paso sustancial en el proceso para finalizar la Escuela de Música, una obra largamente postergada que forma parte de la infraestructura académica estratégica de la institución. La reciente publicación de la preadjudicación en el Boletín Oficial marca el ingreso a una instancia decisiva, aunque todavía sujeta a los tiempos y formalidades que exige el marco legal vigente.

El secretario Administrativo Financiero, Ricardo Coca, precisó que el procedimiento transita ahora una etapa de revisión formal. “Se abre un período de cinco días para que las empresas oferentes puedan presentar impugnaciones”, explicó, en referencia a un mecanismo contemplado por la normativa para garantizar la transparencia del proceso.

La licitación, que cuenta con un presupuesto oficial superior a los 1.864 millones de pesos y será financiada íntegramente con recursos propios de la universidad, convocó a cinco empresas. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de algunos conflictos: durante la evaluación técnica, tres de las ofertas fueron descartadas tras detectarse deudas con el Estado nacional, lo que redujo la competencia y reconfiguró el escenario de adjudicación.

Un proceso atravesado por controversias

La comisión evaluadora recomendó la preadjudicación a la firma Galvarini & Asociados, cuya propuesta resultó la más conveniente en términos económicos. No obstante, la decisión generó cuestionamientos por parte de otras empresas participantes, que objetaron aspectos del procedimiento y denunciaron supuestas irregularidades, incluyendo la figura de “precio vil”.

Las impugnaciones, sin embargo, no prosperaron. La Dirección General de Asuntos Legales de la UNSJ desestimó los planteos al constatar el incumplimiento de un requisito formal clave: el depósito de una garantía equivalente al 3% del monto impugnado. Este punto, lejos de ser menor, resultó determinante para sostener la validez administrativa del proceso y despejar el camino hacia la adjudicación definitiva.

Con ese respaldo jurídico, el rectorado avanzó en la consolidación del procedimiento, reforzando la idea de que, más allá de las disputas empresariales, la licitación se ajustó a los parámetros legales establecidos.

Tiempos administrativos y horizonte de ejecución

A pesar de este avance, desde la universidad insisten en que la obra aún no tiene fecha concreta de finalización. Coca subrayó que la preadjudicación no habilita el inicio de los trabajos, ya que primero debe completarse la adjudicación formal y la firma del contrato. Recién entonces comenzarán a correr los plazos de ejecución.

El cronograma preliminar, no obstante, proyecta que la obra podría extenderse hasta los primeros meses de 2027,  una perspectiva que revela tanto la magnitud del proyecto como la complejidad de su desarrollo.

Una obra con estándares técnicos de alta exigencia

El proyecto contempla la finalización integral del edificio bajo criterios contemporáneos de calidad constructiva, seguridad y funcionalidad. Entre las intervenciones previstas se incluyen refuerzos estructurales y fundaciones adaptadas a las características del suelo, además de sistemas constructivos en seco con especial atención al aislamiento acústico, un aspecto central para una institución de formación musical.

Asimismo, se incorporarán carpinterías con doble vidriado hermético, dispositivos de seguridad como barrales antipánico, nuevas instalaciones eléctricas de bajo consumo y un ascensor sin sala de máquinas. El diseño también prevé sistemas integrales de prevención contra incendios, en línea con las normativas vigentes.

En cuanto a las terminaciones, el edificio combinará pisos de madera maciza con superficies de hormigón alisado de alta resistencia, además de un cartel institucional en acero inoxidable con iluminación LED, elementos que aportan identidad y jerarquía al espacio.

El avance del proceso licitatorio para la finalización de la Escuela de Música representa mucho más que un trámite administrativo: expone las presiones propias de la obra pública en un contexto económico restrictivo, donde el financiamiento, la transparencia y la eficiencia se vuelven variables críticas.

En ese marco, la UNSJ logra sostener una iniciativa de alto valor académico con recursos propios, mientras navega las complejidades legales y empresariales que rodean a toda licitación de envergadura. El desafío, de aquí en adelante, será traducir este progreso formal en ejecución concreta, evitando nuevas dilaciones y consolidando una obra que, por su significado institucional, trasciende lo edilicio para inscribirse en el desarrollo estratégico de la educación pública.