El gobernador Marcelo Orrego anticipó que el próximo año hídrico podría presentar volúmenes de agua similares a los registrados hace cuatro décadas y confirmó que conducirá personalmente el Comité de Crisis. La provincia prepara obras y controles ante un deshielo que podría marcar un fuerte contraste con los años de sequía.

Después de varios años signados por la escasez, San Juan se prepara para un cambio drástico en sus condiciones hídricas. El pimer mandatrio provincial advirtió que el siguiente ciclo podría registrar un caudal extraordinario en el río San Juan y confirmó que asumirá personalmente la conducción del Comité de Crisis que coordinará las acciones preventivas.

La preocupación está vinculada con la acumulación de nieve en la Cordillera durante el invierno y con el volumen que podría transformarse en escurrimiento durante el deshielo. El pronóstico hídrico definitivo para la temporada 2026-2027 será determinante para establecer con mayor precisión cuánto recurso llegará a los principales cauces provinciales.

Orrego sostuvo que la magnitud esperada podría remontarse a niveles que San Juan no registra desde la década de 1980. Por ese motivo, la preparación involucrará a organismos de seguridad, Defensa Civil, Infraestructura, Hidráulica y otras dependencias provinciales.

“Yo voy a estar adelante de ese comité”, afirmó el mandatario, quien anticipó que el objetivo será coordinar las intervenciones necesarias para reducir los posibles efectos derivados de un volumen excepcional de agua. También reconoció que, aun con las medidas preventivas, podrían producirse consecuencias debido a la magnitud del fenómeno.

Los antecedentes que explican la advertencia

Los registros históricos del Departamento de Hidráulica permiten dimensionar la referencia realizada por el gobernador. Durante los años ’80, el río San Juan atravesó varios ciclos de abundancia muy superiores a los volúmenes observados en la última década.

En la temporada 1982-83, el derrame alcanzó los 3.793 hectómetros cúbicos (hm³). Dos años después llegó a 3.621 hm³, mientras que el máximo de aquella década se produjo en 1987-88, con 4.664 hm³.

La diferencia con los años recientes resulta significativa. Entre 2019-20 y 2021-22, el río registró apenas 636, 609 y 536 hm³, respectivamente. La recuperación posterior llevó el derrame a 1.010 hm³ en 2022-23 y a 1.061 hm³ durante 2023-24.

El contraste volvió a ser pronunciado en el ciclo 2025-26. Aunque inicialmente se había estimado un derrame cercano a 950 hm³, la proyección fue revisada a medida que avanzó la temporada y en julio se calculó un cierre de entre 630 y 640 hm³. El período hídrico concluirá el 30 de septiembre.

Si se compara esa estimación con los 4.664 hm³ registrados en 1987-88, la diferencia supera ampliamente los siete veces. El desafío, por lo tanto, no está relacionado solamente con disponer de más agua después de años secos, sino también con administrar eventuales excedentes de manera segura.

Más infraestructura para afrontar un escenario diferente

San Juan cuenta actualmente con una capacidad de regulación que no existía en la década de 1980. El sistema del río San Juan incorporó, además de la presa de Quebrada de Ullum —inaugurada en 1980—, los diques Los Caracoles y Punta Negra, mientras que el sistema provincial también dispone de infraestructura como Cuesta del Viento.

En este sentido, la Provincia licitó trabajos de mantenimiento por $1.061,8 millones destinados a Ullum, Punta Negra, Los Caracoles y Cuesta del Viento, con una duración prevista de un año.

La combinación entre una mayor acumulación nívea y una infraestructura de regulación más desarrollada coloca a San Juan ante un desafío distinto al de los últimos años. La prioridad oficial será conocer con precisión el volumen disponible y anticipar las maniobras necesarias antes de que comience el período de mayor deshielo.

La definición del pronóstico 2026-2027 marcará el próximo punto de referencia. Hasta entonces, la Provincia profundizará la preparación institucional para un ciclo que podría modificar de manera sustancial la administración del recurso hídrico después de años de caudales excepcionalmente bajos.

El Gobierno nacional abrirá este martes la negociación salarial con los trabajadores de la Administración Pública Nacional, en una paritaria que estará marcada por el deterioro de los ingresos y el creciente endeudamiento de los empleados estatales.

La convocatoria reúne a ATE y UPCN a partir de las 14, en la Dirección de Análisis de las Relaciones Laborales del Sector Público, ubicada en 25 de Mayo 633, en la Ciudad de Buenos Aires. Será la primera instancia formal de discusión salarial del año.

ATE llegará a la mesa con un reclamo que incluye una suma fija de $400.000, incrementos porcentuales superiores a la inflación y la ausencia de cualquier límite previo para la negociación. El sindicato también pedirá una cláusula de revisión automática que permita actualizar los haberes ante nuevos aumentos de precios.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió que el gremio no aceptará una discusión condicionada por topes salariales. Según planteó, para comenzar a recuperar los ingresos perdidos durante la gestión de Javier Milei resulta necesario establecer una secuencia de aumentos que supere la evolución de los precios.

El dirigente estimó que la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos supera el 44% desde el inicio de la actual administración. A su vez, vinculó el deterioro de los ingresos con el crecimiento del endeudamiento de las familias estatales.

Endeudamiento y pérdida de ingresos

Una encuesta realizada por ATE entre trabajadores de distintas provincias arrojó que el 87% de los empleados públicos tiene deudas vigentes. Dentro de ese universo, el 73% mantiene obligaciones con más de una entidad o acreedor.

Para Aguiar, el fenómeno refleja la necesidad de cubrir con crédito una parte de los gastos que antes podían afrontarse con los ingresos laborales. El sindicato sostiene que los préstamos dejaron de ser una herramienta excepcional para convertirse en un mecanismo utilizado por numerosas familias para sostener el consumo cotidiano.

El reclamo salarial se complementará con una extensa agenda laboral. ATE pretende reabrir los convenios colectivos más postergados, avanzar con la incorporación a planta permanente de trabajadores precarizados y frenar despidos en organismos públicos.

La organización también planteará la reincorporación de quienes fueron desvinculados desde el 10 de diciembre de 2023 y cuestionará la aplicación de la Ley 27.802 en la Administración Pública. A esto suma su rechazo a las normas que, según el gremio, reducen capacidades de los organismos estatales.

Un reclamo que excede la discusión salarial

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu y otras organizaciones, incorporó otro dato a la discusión: según su último relevamiento, un trabajador de la Administración Pública habría resignado en promedio $14,9 millones durante la gestión de Milei como consecuencia del deterioro salarial.

El mismo informe calculó en $3.065.161 el ingreso mensual que debería percibir un trabajador para superar el umbral de pobreza.

La paritaria de este martes tendrá así como principal punto de disputa la magnitud de la recomposición y el margen que el Gobierno esté dispuesto a conceder. Para ATE, la negociación deberá partir de la pérdida acumulada y no limitarse a acompañar parcialmente la inflación corriente.

La primera reunión salarial del año marcará, además, el tono de la relación entre el Ejecutivo y los gremios estatales para los próximos meses. La paritaria no se limitará a discutir porcentajes; también abordará empleo, convenios y reincorporaciones con un fuerte reclamo de fondos.

Las trabajadores de casas particulares comenzaron agosto con nuevos valores salariales. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció un incremento del 1,9% sobre los salarios mínimos de julio, acompañado por una suma extraordinaria no remunerativa que se abonará por única vez.

La actualización forma parte de un esquema que contempla nuevos aumentos para los meses siguientes y alcanza a las distintas categorías previstas para el personal de casas particulares, tanto con retiro como sin retiro.

Casas particulares: los nuevos salarios que rigen desde agosto de 2026

Cómo serán los aumentos de los salarios

El primer incremento tendrá efecto retroactivo al 1° de agosto y funcionará como base para las actualizaciones posteriores. El cronograma acordado contempla una suba de:

• 1,9% en agosto,
• 1,8% en septiembre,
• 1,7% en octubre,
• 1,6% en noviembre
• 1,6% en diciembre.

Se trata de un aumento promedio del 8,6% para los próximos cinco meses.

Según indicó Bae Negocios, los porcentajes se aplicarán sobre las escalas salariales vigentes y deberán ser contemplados por los empleadores en cada liquidación mensual.

La actualización alcanza a todas las categorías del régimen de casas particulares:

• supervisores,
• personal para tareas específicas,
• caseros,
• asistencia
• cuidado de personas
• trabajadores de tareas generales.

Las nuevas escalas serán referencia tanto para quienes cobran por hora como para quienes cumplen jornadas mensuales completas.

De cuánto es el bono extraordinario

Además de las subas porcentuales, el acuerdo contempla un bono no remunerativo que se pagará por única vez junto con los salarios de agosto. El monto dependerá de la cantidad de horas trabajadas por semana.

Quienes trabajen menos de 12 horas semanales recibirán $8.000; para quienes cumplan entre 12 y menos de 16 horas, el bono será de $11.500. En tanto, quienes trabajen 16 horas semanales o más recibirán $20.000.

Por tratarse de una suma extraordinaria y no remunerativa, el bono se abonará de manera independiente del salario habitual. Los empleadores deberán contemplarlo al momento de liquidar los haberes de agosto, junto con el aumento correspondiente.

Escala salarial de empleadas domésticas en agosto de 2026

Con la actualización salarial, los nuevos valores estimados son:

Supervisor/a

• Con retiro: $4.523,11 por hora y $564.246,70 por mes.
• Sin retiro: $4.920,88 por hora y $624.313,90 por mes.

Personal para tareas específicas

• Con retiro: $4.303,49 por hora y $526.829,55 por mes.
• Sin retiro: $4.684,53 por hora y $582.283,27 por mes.

Caseros

• $4.072,38 por hora.
• $514.903,51 por mes.

Asistencia y cuidado de personas

• Con retiro: $4.072,38 por hora y $514.903,51 por mes.
• Sin retiro: $4.520,14 por hora y $569.593,41 por mes.

Personal para tareas generales

• Con retiro: $3.804,66 por hora y $466.756,23 por mes.
• Sin retiro: $4.072,38 por hora y $514.903,51 por mes.

El nuevo esquema regirá durante los próximos meses y deberá ser tenido en cuenta en las liquidaciones salariales de agosto y los meses siguientes. Así, el acuerdo establece una actualización gradual de los ingresos del sector hasta diciembre.