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Los primeros tres meses de 2025 han visto un aumento significativo en las solicitudes de seguro por desempleo en Argentina, con un total de 30.560 personas que comenzaron a cobrar esta prestación después de ser despedidas sin causa y no lograr reinsertarse en el mercado laboral.

Del total de nuevas altas registradas en el trimestre, las actividades más afectadas fueron la industria manufacturera, con 7.157 despedidos, el comercio de vehículos (6.117), la construcción (5.699), las actividades administrativas (3.083), el transporte (1.377), y los servicios de comida y alojamiento (1.330). También se suman 1.096 despidos en el ámbito de la salud y los servicios sociales.

En marzo, 92.787 personas estaban recibiendo esta prestación, con un monto promedio de $236.543 mensuales. De esa cifra, 66.034 eran varones y 26.753 mujeres, con una fuerte concentración en la Provincia de Buenos Aires (38.180 beneficiarios), seguida por Santa Fe (7.337), Córdoba (6.613) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5.487).

El crecimiento interanual de solicitudes de seguro por desempleo es preocupante: en 2024 se registraron 174.335 altas, lo que representa un aumento del 60% respecto a 2023 (108.942), y el doble de las registradas en 2022 (86.268). Es el nivel más alto de la serie histórica entre 2014 y 2024.

Esta prestación está destinada a los trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa, por finalización de contrato o por razones ajenas al trabajador. El derecho se encuentra regulado por la ley 24.013 de Contrato de Trabajo.

Para acceder, se requiere haber trabajado al menos seis meses con aportes en los últimos tres años. En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, el mínimo es de 90 días en el último año. El seguro contempla entre 2 y 12 cuotas mensuales, dependiendo de la antigüedad y los aportes previos, y se prolonga 6 meses más para mayores de 45 años.

Mientras perciben la prestación, los beneficiarios mantienen la cobertura de obra social, siguen cobrando asignaciones familiares y suman antigüedad para la jubilación o pensión.

Según lo dispuesto por el Consejo del Salario Mínimo, la prestación debe ser equivalente al 75 % de la mejor remuneración mensual de los seis meses previos al despido. No obstante, se estableció que el monto no puede superar el 100 % ni ser inferior al 50 % del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente, lo que en la práctica limita la cobertura efectiva del seguro, especialmente ante la pérdida de valor real del salario mínimo.

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Super miércoles: La comunidad científica, universitaria y médica se moviliza contra la motosierra

El Congreso Nacional se prepara para tratar una serie de leyes decisivas que afectan a la ciencia, la universidad y la salud en Argentina. La comunidad científica, universitaria y médica se moviliza para respaldar las iniciativas y repudiar las acciones del gobierno que ponen en riesgo la estabilidad y el futuro de estos sectores fundamentales para el desarrollo del país.

La ciencia argentina enfrenta un ajuste brutal que llevó a una caída del 65% en la inversión en equipos científicos. Esto causó una situación de emergencia en los institutos y centros de investigación, donde los científicos y técnicos se ven obligados a trabajar con equipamiento obsoleto y sin recursos suficientes para desarrollar sus proyectos. La consecuencia es una pérdida significativa de la capacidad de investigación y desarrollo del país, lo que puede tener un impacto negativo en la economía y la sociedad en general.

Por otro lado, las universidades nacionales han perdido más del 20% de su presupuesto en 2024 y se espera que pierdan un 8,6% adicional en 2025. Esto generó una situación de incertidumbre y preocupación entre los estudiantes, docentes y no docentes, que ven en peligro la calidad de la educación y la investigación en las universidades. La falta de recursos ha llevado a una reducción en la oferta de carreras y programas, lo que puede afectar la formación de profesionales y la generación de conocimiento en el país.

La salud pública también está en crisis. Los hospitales enfrentan dificultades para mantener sus servicios y personal capacitado. La falta de recursos y la sobrecarga de trabajo han llevado a una situación de agotamiento y desmotivación entre los profesionales de la salud, lo que puede afectar la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes. La situación es particularmente grave en los hospitales públicos, donde la demanda de servicios es alta y los recursos son limitados.

En estas circunstancias, la comunidad científica, universitaria y médica se une para exigir una solución. La Ley de Emergencia Pediátrica, la Ley de Financiamiento Universitario y la emergencia del sistema científico-tecnológico son algunas de las iniciativas que se tratarán en el Congreso Nacional. Estas leyes buscan garantizar el sostenimiento de los programas científicos y tecnológicos, actualizar las partidas presupuestarias para el sistema universitario nacional y proteger los salarios del personal de salud.

La importancia de la ciencia, la universidad y la salud es fundamental para el desarrollo y la innovación en Argentina. La ciencia es clave para generar conocimiento y tecnología, la universidad es esencial para la formación de profesionales y la creación del saber, y la salud pública es fundamental para garantizar el bienestar y la calidad de vida de la población.

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La OIT llama a reducir la jornada laboral en América Latina

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó un llamado a los países de América Latina para que reconsideren sus actuales horarios semanales de 48 horas y avancen hacia una reducción, según su más reciente informe. La OIT sostiene que esta modificación podría tener efectos beneficiosos en la salud y el bienestar de los trabajadores, así como en los niveles de productividad y empleo digno.

La OIT analizó experiencias en distintos países y llegaron a la conclusión de que la reducción de la jornada laboral puede ser beneficiosa para los trabajadores y la sociedad en general. Sin embargo, el informe también advierte que los resultados positivos dependen en gran medida del diseño de la política, las condiciones institucionales y las medidas complementarias.

La OIT insta a que cualquier cambio se efectúe mediante un diálogo tripartito entre gobiernos, empleadores y representantes sindicales, para que la ordenación del tiempo de trabajo promueva políticas sostenibles y equilibradas. Esto implica que los países deben considerar cuidadosamente las necesidades y preocupaciones de todos los actores involucrados en el proceso.

Beneficios de la reducción de la jornada laboral:

  • Mejora de la salud y el bienestar: La reducción de la jornada laboral puede ayudar a reducir el estrés y la fatiga en el lugar de trabajo, lo que puede tener un impacto positivo en la salud y el bienestar de los trabajadores.
  • Aumento de la productividad: La reducción de la jornada laboral también puede ayudar a aumentar la productividad, ya que los trabajadores pueden ser más eficientes y enfocados durante sus horas de trabajo.
  • Promoción del empleo digno: La reducción de la jornada laboral puede ayudar a promover el empleo digno y a reducir la desigualdad en el lugar de trabajo.

Aunque algunos países ya comenzaron reformas escalonadas o debates legislativos en esta dirección, en muchos lugares la jornada de 48 horas permanece vigente. La OIT considera que esto representa una deuda pendiente en materia laboral y que es necesario abordar este tema de manera prioritaria.

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Milei presentará el Presupuesto 2026 en cadena nacional: ¿Qué se espera?

El presidente Javier Milei presentará el proyecto de Presupuesto 2026 a través de una cadena nacional este lunes a las 21 horas, en una situación de creciente expectativa y debate sobre la política económica del Gobierno. El mensaje, que se espera sea breve y conciso, será grabado a las 17 horas en el Salón Blanco de Casa Rosada y se centrará en la ratificación de la reducción del gasto como política central de su gestión.  

La presentación del Presupuesto 2026 es un momento clave en la gestión de Milei, quien ha hecho de la austeridad y el déficit cero una de sus principales banderas políticas. En un contexto de creciente presión económica y social, el Gobierno busca enviar un mensaje de estabilidad y previsibilidad a los mercados y a la sociedad en general.

El presupuesto será presentado bajo el formato de déficit cero, lo que implica un ajuste significativo en el gasto público y una reducción de la deuda. Según fuentes oficiales, el Gobierno busca alcanzar un superávit fiscal primario del 2,2% para 2026, acorde al compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, la oposición legislativa ya anunció que impugnará el presupuesto, argumentando que no refleja las necesidades reales del país y que es un intento del Gobierno de imponer su política económica sin considerar las voces disidentes. La oposición también comunicó que presentará un presupuesto alternativo, que refleje las necesidades y prioridades de la sociedad argentina.

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