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El INDEC modificará la fórmula para calcular la inflación conforme a recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. El nuevo índice reconfigura el peso de bienes esenciales como alimentos y medicamentos, mientras otorga mayor relevancia a servicios digitales y transporte. ¿Qué se gana y qué se pierde en esta redefinición de la realidad económica argentina?

La decisión de reformular la métrica con la que se mide la inflación en Argentina no es menor: implica, ni más ni menos, que redefinir el modo en que el Estado y la sociedad comprenden el impacto del alza de precios en el bolsillo cotidiano. Con una economía azotada por desequilibrios estructurales y una ciudadanía sensibilizada por la erosión constante de su poder adquisitivo, la noticia de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ya tiene listo un nuevo sistema para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) merece ser leída con atención crítica y sin ingenuidad.

Según explicó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el rediseño fue concluido en marzo de este año y se encuentra a la espera de avales institucionales para su implementación. La modificación tiene el sello del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que ha participado activamente en la revisión técnica junto al INDEC. El cambio estructural se apoya en un aggiornamiento de la canasta de consumo sobre la que se calcula el IPC, sustituyendo la base de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/2005 por la versión 2017/2018.

Esta actualización, en teoría, persigue mayor representatividad. Se incorporan consumos contemporáneos —servicios digitales, conectividad, transporte urbano con SUBE— y se reordenan los ponderadores conforme a los patrones de gasto actuales. No obstante, el rediseño esconde un desplazamiento silencioso pero significativo: los rubros tradicionalmente sensibles, como alimentos, medicamentos e indumentaria, reducen su participación en la fórmula. Alimentos y bebidas no alcohólicas, que hasta ahora representaban más de un cuarto del índice, bajarán al 22,7%. Salud, por su parte, caerá a 6,4%, e indumentaria perderá peso acorde a su menor presencia en el consumo promedio de los hogares.

A contramano, servicios públicos y privados incrementan notablemente su ponderación. La vivienda y sus costos asociados trepan al 14,5%, y el transporte al 14,3%, mientras que el rubro comunicaciones —emblema de la vida digitalizada— duplica su influencia, pasando de 2,83% a 5,2%. Esta reconfiguración, si bien responde a una lógica técnica vinculada a los cambios en los hábitos de consumo, no es políticamente neutra.

El punto neurálgico reside en que un cambio metodológico de esta envergadura puede modificar el rostro estadístico de la inflación, disimulando parcialmente los aumentos en productos de primera necesidad. Así, en contextos de alta inflación concentrada en alimentos y remedios, el nuevo IPC podría resultar menos reflejo del sufrimiento popular y más herramienta para negociar con mayor margen con los acreedores externos y los organismos multilaterales.

Vale recordar que la fórmula Laspeyres —que se mantendrá— mide la evolución de precios sobre una canasta fija, sin tener en cuenta sustituciones que realizan los consumidores cuando los precios se disparan. Este sesgo estructural se verá ahora complementado por un reajuste en los pesos relativos de cada categoría, lo que en la práctica puede suavizar o amplificar determinados efectos según la coyuntura.

La reformulación del IPC no es una simple actualización técnica sino una operación con implicancias políticas, sociales y simbólicas de gran alcance. Si bien es saludable que el índice se adecue a las nuevas formas de consumo, no puede ignorarse que el recorte del peso de alimentos y salud podría relativizar el drama cotidiano de millones. La estadística, lejos de ser neutral, construye realidades y legitima decisiones. En una Argentina donde la credibilidad institucional es endeble y la desigualdad se profundiza, modificar los instrumentos de medición no debería ser una estrategia para maquillar la crisis, sino una oportunidad para reflejarla con más fidelidad. Porque lo que no se mide con justicia, no se puede corregir con equidad.

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Bancarios actualizan sus salarios y el sueldo inicial será de casi 2 millones

La Asociación Bancaria anunció la entrada en vigencia de la actualización salarial correspondiente a los montos iniciales del mes de abril de 2025, con un incremento del 11,6% sobre los haberes. Los trabajadores bancarios recibirán un retroactivo en mayo y sus salarios quedarán por encima de los 1,8 millones de pesos.

La Asociación Bancaria, liderada por el legislador nacional Sergio Palazzo, confirmó la actualización salarial para los trabajadores bancarios, que entrará en vigencia a partir de abril de 2025. Según el anuncio, los salarios iniciales del sector quedarán en $1.752.653,20, y con la Participación Ganancias (ROE) de $79.159,46, el total ascenderá a $1.831.812,66.

Además, el Día del Bancario/a tendrá un monto mínimo de $1.562.429,69, sujeto a futuras actualizaciones. La organización sindical destacó que esta actualización será aplicable a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

El gremio también confirmó que el retroactivo se abonará junto con los salarios del mes de mayo. «De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios», agregaron en el comunicado.

La actualización salarial es un paso importante para los trabajadores bancarios, ya que les permite mantener su poder adquisitivo en un contexto de alta inflación. La Asociación Bancaria ha demostrado su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores bancarios y ha logrado mejorar sus condiciones laborales.

El aumento salarial de los trabajadores bancarios a casi 2 millones de pesos es un logro importante para el sector, pero también pone en evidencia la gran brecha salarial que existe en la Argentina. Mientras que los bancarios disfrutan de un sueldo inicial relativamente alto, otros sectores laborales cobran sumas ínfimas que no les permiten cubrir sus necesidades básicas.

La pregunta que surge es: ¿por qué algunos sectores laborales pueden acceder a salarios dignos mientras que otros están condenados a vivir en la pobreza? La respuesta es compleja y multifacética, pero es claro que la desigualdad salarial es un problema estructural que requiere una solución urgente.

Es hora de que los los líderes sindicales se unan para abordar esta cuestión y garantizar que todos los trabajadores puedan acceder a un salario justo y digno. De lo contrario, la brecha salarial seguirá siendo un obstáculo para la justicia social y la igualdad en la Argentina.

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Paritarias estancadas y reformas laborales: la preocupación del sector de estaciones de servicio en San Juan

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Víctor Menéndez, secretario general de estaciones de servicio de San Juan, manifestó su preocupación por el estancamiento en las negociaciones paritarias del sector. Según Menéndez, el atraso en la actualización de salarios ya acumula una pérdida del 7 % del poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto económico donde la inflación continúa golpeando con fuerza.

“La inflación de abril fue del 2,8 %, la anterior del 3,7 %, y aún no logramos cerrar la paritaria. Es una situación crítica”, afirmó. El dirigente hizo especial énfasis en el deterioro del salario real desde la asunción del presidente Javier Milei y cuestionó duramente el “techo salarial” impuesto por el Ejecutivo nacional. “Es injusto ante el profundo retroceso económico que ha vivido la clase trabajadora”, remarcó.

De cara al próximo lunes, Menéndez expresó sus expectativas en que las cámaras empresarias de San Juan, Mendoza y San Luis se muestren receptivas para acordar un aumento urgente. “Aunque no resolverá el problema de fondo, sería un alivio mínimo para seguir peleándole al costo de vida”, subrayó.

La advertencia frente a las reformas laborales

Consultado sobre los anuncios del Gobierno respecto a una posible modificación en el régimen de indemnizaciones, Menéndez fue tajante: “Ninguna reforma que recorte derechos laborales puede ser bienvenida”. Si bien se mostró dispuesto a analizar propuestas que promuevan el empleo, dejó en claro su rechazo a aquellas que debiliten la protección de los trabajadores.

Uno de los puntos más controvertidos es la idea de reemplazar el sistema actual de indemnización por un fondo de ahorro constituido por aportes empresariales, un modelo similar al que aplica la UOCRA para sus trabajadores temporarios. Sin embargo, Menéndez advirtió que cualquier modificación de este tipo deberá contar con el aval del convenio colectivo correspondiente, y que por el momento, no hay definiciones claras ni consensos dentro del sector.

“Estamos abiertos a debatir sobre cambios, pero jamás vamos a aceptar la pérdida de derechos conquistados, como las vacaciones, el aguinaldo, las 8 horas laborales o la seguridad en el trabajo”, afirmó con firmeza. Además, insistió en que las reformas no deben convertirse en una vía para debilitar las condiciones laborales ni para facilitar despidos. “La prioridad debe ser sostener la actividad, proteger el empleo y asegurar una remuneración justa para que los trabajadores puedan vivir con dignidad y llegar a fin de mes”, concluyó.

Las declaraciones de Víctor Menéndez reflejan el clima de tensión y alerta que atraviesa el sector de estaciones de servicio ante un panorama económico adverso y propuestas gubernamentales que generan inquietud. Mientras se espera un gesto de apertura por parte de las cámaras empresarias y definiciones claras respecto a las reformas laborales, el mensaje es claro: no se puede seguir ajustando a costa de quienes sostienen con su trabajo la actividad económica del país. El equilibrio entre sostenibilidad empresarial y justicia social es, más que nunca, una deuda pendiente.

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Tierra del Fuego dice no a la eliminación de aranceles con un paro general el 21 de mayo

La provincia de Tierra del Fuego se prepara para un paro general total el miércoles 21 de mayo en rechazo a la eliminación de aranceles a productos electrónicos y la reducción de impuestos internos a televisores y aires acondicionados. Gremios, sindicatos y organizaciones sociales se unen para defender la industria y el empleo en la provincia.

La medida de fuerza fue convocada de manera conjunta por gremios, movimientos sociales y representantes de la producción, que consideran que la eliminación de aranceles y la reducción de impuestos internos pone en riesgo miles de puestos de trabajo en la provincia. Según los organizadores, la decisión del Gobierno Nacional responde a «una nueva concesión al FMI» y podría tener un impacto devastador en la economía regional, altamente dependiente de la industria electrónica radicada en el territorio.

El paro general no solo busca frenar las nuevas disposiciones arancelarias, sino que también pone en evidencia una serie de reclamos acumulados, como recortes presupuestarios a universidades, salud y obra pública, paralización de planes de vivienda y obras de infraestructura, y el rechazo a la Ley de Bases y el DNU 70/2023.

Los organizadores del paro, entre los que se encuentran la CGT Regional Río Grande, Petroleros Privados, ATE, ASOEM, Luz y Fuerza, Químicos y Petroquímicos, entre otros, remarcaron que esta protesta es un llamado a la unidad de los trabajadores fueguinos en defensa del federalismo, la soberanía y los derechos conquistados.

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