Un informe impulsado por sectores técnicos, sindicales y asociaciones de usuarios señala que cerca del 75% de la red vial nacional se encuentra en estado regular o malo. La advertencia pone el foco en la seguridad, la inversión pública y el rol del Estado.

La infraestructura vial argentina atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. Un relevamiento difundido por organizaciones vinculadas al sector advierte que aproximadamente tres de cada cuatro rutas nacionales presentan condiciones deficientes, un registro que enciende señales de alarma en torno a la seguridad de quienes transitan a diario por estos corredores estratégicos.

El diagnóstico, respaldado por trabajadores, especialistas y asociaciones de usuarios, atribuye el deterioro a la interrupción de obras y a la reducción de tareas de conservación básica. Según sostienen, la falta de intervención sostenida aceleró el desgaste de la red, afectando tanto la transitabilidad como los estándares de seguridad. La consecuencia inmediata —advierten— es una mayor exposición a siniestros, especialmente en tramos donde el deterioro del pavimento, la señalización insuficiente y la ausencia de mantenimiento configuran un riesgo permanente.

En este punto, se conformó un espacio multisectorial que reúne a empleados de Vialidad Nacional, técnicos de organismos vinculados al transporte y la seguridad vial, junto a familiares de víctimas y usuarios autoconvocados. El objetivo es visibilizar la situación y promover un abordaje integral que permita revertir el cuadro actual. La iniciativa incluye la participación de trabajadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, entre otros actores con injerencia directa en la materia.

Desde estos sectores también surgieron cuestionamientos a la expansión de esquemas de concesión mediante peajes. Si bien reconocen la necesidad de financiamiento, plantean que este modelo no resuelve los problemas estructurales de la red y puede profundizar desigualdades territoriales. En particular, advierten que la lógica de rentabilidad podría relegar tramos menos transitados pero igualmente esenciales para la conectividad regional, consolidando un sistema fragmentado y con cobertura desigual.

Otro de los ejes de preocupación es el debilitamiento de organismos públicos clave. Referentes sindicales sostienen que la reducción de capacidades operativas y técnicas limita la posibilidad de planificar, ejecutar y controlar políticas viales de largo alcance. Esta situación, afirman, impacta de manera directa en la prevención de accidentes y en la calidad de los servicios asociados al transporte.

La problemática será expuesta este jueves 7 de mayo a las 12 en la sede del Sindicato de Empleados Viales Nacionales (SEVINA), en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, junto a representantes sindicales y organizaciones del sector, presentará un diagnóstico detallado y un conjunto de propuestas orientadas a atender la emergencia. Bajo la consigna “en defensa de la vida”, los convocantes buscarán instalar el tema en la agenda pública y reclamar definiciones concretas.

Más allá de las diferencias en torno a los modelos de gestión, existe un consenso amplio respecto de la necesidad de intervenir con urgencia. La red vial no solo es un componente esencial para la circulación de bienes y personas, sino también un factor determinante en la reducción de la siniestralidad. Su estado, por lo tanto, trasciende la discusión técnica y se inscribe en el terreno de las políticas públicas prioritarias.

Un informe advierte que desde fines de 2023 más de 740 mil personas dejaron de contar con medicina privada. El aumento de cuotas por encima de la inflación y la pérdida de empleo formal reconfiguran el acceso a la salud, mientras hospitales públicos alertan por falta de financiamiento.

De acuerdo con un relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG), unas 742.000 personas dejaron de contar con servicios de medicina prepaga, obra social o esquemas similares desde diciembre de 2023, en un proceso vinculado al fuerte encarecimiento de las cuotas y al deterioro del empleo registrado.

El informe señala que la proporción de la población con algún tipo de cobertura descendió del 67,5% en el segundo trimestre de 2023 al 65,4% en el mismo período de 2025. En términos absolutos, ese retroceso se traduce en un incremento significativo de quienes dependen exclusivamente del sistema público: el universo pasó de 9,55 millones a más de 10,29 millones de personas.

Uno de los factores determinantes de esta dinámica es la evolución de los costos en la medicina privada. Según el IAG, las cuotas de las prepagas acumularon un incremento del 417% desde fines de 2023, tras la desregulación de precios impulsada por el Gobierno nacional a través del DNU 70/2023. En el mismo lapso, la inflación alcanzó el 293%, lo que evidencia un desfasaje considerable entre los aumentos del sector y la capacidad de pago de los usuarios.

Este desajuste impacta de manera directa en los hogares. Con ingresos que no acompañan la escalada de las cuotas, muchas familias optaron por reducir coberturas o directamente abandonarlas. A este cuadro se suma la pérdida de más de 200 mil empleos registrados desde noviembre de 2023, un dato que incide de forma directa en la caída de afiliaciones a obras sociales vinculadas al trabajo formal.

El resultado es una presión creciente sobre el sistema público, que absorbe la demanda de quienes quedan fuera del circuito privado. Sin embargo, ese mismo sistema enfrenta restricciones severas. Autoridades de hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires advirtieron recientemente que podrían sostener la atención apenas por 45 días más ante la falta de transferencias de fondos por parte del Estado nacional.

Desde el Hospital de Clínicas, su director Marcelo Melo describió un panorama crítico: sin recursos suficientes y con costos en insumos y medicamentos sujetos a variaciones constantes —muchos de ellos atados al dólar—, las instituciones se ven obligadas a destinar todos sus ingresos a gastos urgentes. “En un mes y medio no sabemos si vamos a poder seguir prestando atención”, señaló, al tiempo que graficó la magnitud del problema al mencionar que los costos hospitalarios pueden multiplicarse varias veces respecto de los valores habituales en la economía doméstica.

En este cuadro, el debate sobre el rol del Estado en la salud adquiere una centralidad renovada. El informe del IAG cuestiona la reducción de la intervención pública y advierte que, lejos de aliviar la carga sobre el sistema estatal, la dinámica actual amplía su responsabilidad al incorporar a un número creciente de pacientes sin cobertura privada.

Del 6 al 8 de mayo, el Estadio del Bicentenario será sede de la Expo San Juan Minera, un encuentro que articula empresas, gobiernos, academia y emprendedores en una propuesta de alto perfil técnico y acceso abierto al público.

San Juan volverá a posicionarse en el centro de la escena minera internacional con la realización de la 11.ª Expo San Juan Minera, que se desarrollará del miércoles 6 al viernes 8 de mayo de 2026. El evento, organizado por Panorama Minero con el acompañamiento institucional del Gobierno provincial, se desplegará en el Estadio del Bicentenario y tendrá como núcleo de conferencias al Velódromo Vicente Chancay, configurando un circuito integral de actividades orientadas tanto al ámbito profesional como a la comunidad.

La exposición abrirá sus puertas de 14:00 a 20:00 durante las tres jornadas, con entrada libre y gratuita mediante acreditación previa. Este formato busca ampliar la participación y acercar la actividad a un público más diverso, en un ámbito donde la minería se ubica entre los sectores más dinámicos de la economía regional.

Las cifras previstas para esta edición reflejan la magnitud alcanzada por el encuentro: más de 18.000 metros cuadrados de superficie total, 13.208 destinados a stands e islas comerciales, 422 expositores, más de 80 auspiciantes y la presencia de más de 450 empresas. A ello se suman alrededor de 15.000 asistentes acreditados y delegaciones de más de 20 países, lo que confirma el carácter internacional de la convocatoria.

La propuesta combina exhibición comercial, intercambio técnico y espacios de formación. En los pabellones, compañías mineras, proveedores y actores de la cadena de valor presentarán equipos, maquinaria y desarrollos tecnológicos orientados a optimizar procesos productivos y elevar estándares de eficiencia. En paralelo, la Sala de Emprendedores y Productores Regionales ofrecerá visibilidad a iniciativas locales, integrando al tejido productivo en una vidriera de alcance global.

El programa también incorpora instancias de capacitación y debate. Entre ellas, se destaca el desafío “24 Horas de Ingenio en la Minería”, una experiencia intensiva destinada a estudiantes, que propone resolver problemáticas reales del sector en tiempo acotado. Esta iniciativa apunta a fortalecer la formación de nuevos perfiles profesionales y a vincular el sector académico con las demandas de la industria.

La agenda diaria presenta hitos específicos. El miércoles 6 tendrá lugar el bloque “Argentina Cobre – Sessions”, seguido por el acto de apertura oficial con recorrido institucional. El jueves 7 incluirá la ceremonia por el Día de la Minería y la primera sesión del desafío estudiantil. El cierre, previsto para el viernes 8, concentrará jornadas técnicas de ingeniería de minas y geología aplicada, además del Foro de Perforistas y la premiación final del certamen.

Más allá del volumen de participantes, la Expo se configura como un espacio de articulación estratégica. Empresas, autoridades, especialistas y representantes de distintos países convergen en un ámbito donde se definen inversiones, se comparten experiencias y se proyectan líneas de desarrollo para el sector. En ese sentido, la feria no sólo exhibe avances, sino que también funciona como plataforma de diálogo sobre los desafíos productivos, tecnológicos y sociales que atraviesa la actividad.