La administración de Javier Milei autorizó, a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un proyecto de más de 1.200 millones de dólares para que la empresa estadounidense Meitner Energy construya un reactor nuclear en el predio de Atucha. El anuncio se produjo en medio de los despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la paralización del reactor CAREM y una creciente reacción de trabajadores e integrantes del sistema científico, que advierten sobre un cambio profundo en la estrategia nuclear del país.

La política nuclear volvió a instalarse en el centro del debate público tras la decisión del Gobierno nacional de habilitar la construcción de un reactor de capitales privados en el complejo de Atucha. La iniciativa, impulsada mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), fue presentada como una apuesta para atraer inversiones y generar empleo, aunque coincidió con un proceso de reducción de personal en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el freno a uno de los principales proyectos tecnológicos del país y una preocupación latente entre los equipos de trabajo y la comunidad científica.

El anuncio llegó pocas horas antes de la movilización convocada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) contra los casi cien despidos registrados en la CNEA. La simultaneidad de ambos acontecimientos profundizó las críticas de quienes sostienen que el Estado está cediendo protagonismo en un área considerada estratégica para el desarrollo científico, tecnológico y energético de la Argentina.

La inversión fue oficializada luego de una reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y Teófilo Lacroze, director ejecutivo de Meitner Energy para América Latina. Según informó el Gobierno, la compañía presentó un proyecto superior a los 1.200 millones de dólares para construir un reactor nuclear dentro del predio de Atucha, en la localidad bonaerense de Lima, partido de Zárate. La iniciativa supera el umbral mínimo exigido para acceder a los beneficios del RIGI y, de acuerdo con las proyecciones oficiales, permitiría crear alrededor de 2.000 empleos directos durante las etapas de construcción, puesta en marcha y operación.

Más allá de esos números, el anuncio abrió un fuerte debate sobre el rumbo de la política nuclear argentina. Diversos referentes del ámbito científico sostienen que la incorporación de un operador privado extranjero se produce al mismo tiempo que el Estado reduce capacidades técnicas y humanas construidas durante décadas.

Entre las voces más críticas se ubicó Adriana Serquis, doctora en Física, expresidenta de la CNEA y actual diputada nacional por Fuerza Patria. La legisladora interpretó la decisión como parte de una redefinición del papel estatal en materia nuclear y afirmó que la llegada de Meitner Energy confirma un proceso orientado a transferir capacidades estratégicas al capital privado. Además, recordó que la empresa promovió la aprobación del RIGI y vinculó el ingreso de la firma con la política de reducción de personal aplicada en el organismo científico.

Otro de los puntos que concentra las observaciones es el componente tecnológico del emprendimiento. El reactor proyectado utilizará el diseño ACR-300, un reactor modular compacto de 300 megavatios desarrollado y patentado en la Argentina por INVAP, uno de los principales referentes nacionales en tecnología nuclear. Para especialistas del área, el hecho de que un desarrollo concebido por el sistema científico argentino sea explotado en un proyecto privado alimenta el debate sobre la preservación del conocimiento estratégico y el aprovechamiento de las capacidades públicas.

Las objeciones también alcanzan al futuro del proyecto CAREM, considerado durante años la principal apuesta nacional para el desarrollo de reactores modulares de pequeña potencia. La obra, que registraba un avance cercano al 70 %, quedó paralizada tras la decisión del Gobierno de suspender su financiamiento. Mientras esa iniciativa permanece detenida, el Ejecutivo habilitó la construcción de una nueva central impulsada por capitales privados en el mismo complejo nuclear.

La coexistencia entre el freno a un proyecto estatal, la reducción de recursos humanos en la CNEA y el desembarco de una empresa extranjera modificó el eje de la discusión. El debate ya no se limita al impacto laboral derivado de los despidos, sino que incorpora interrogantes sobre el modelo de desarrollo científico que promoverá el país, el papel que conservarán los organismos públicos en una industria de alto valor agregado y el alcance que tendrá la participación privada en un área históricamente vinculada a la planificación estratégica del Estado.

Con la protesta sindical en marcha y el proyecto privado en proceso de implementación, la política nuclear vuelve a convertirse en un punto de disputa institucional. Las definiciones que adopte el Gobierno en los próximos meses no sólo influirán sobre el futuro de la CNEA y del CAREM, sino también sobre el lugar que ocupará la Argentina en un campo tecnológico donde la continuidad de las capacidades acumuladas constituye uno de los principales activos nacionales.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales ratificó que continuará la estrategia gremial junto al Frente Sindical Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Universitaria Argentina para exigir el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario y completar la recuperación del poder adquisitivo de docentes y nodocentes. La organización considera que el reciente entendimiento con el Gobierno constituye apenas un avance parcial dentro de una negociación todavía abierta.

El conflicto universitario ingresó en una nueva etapa. Con respaldo unánime de sus 56 sindicatos de base, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) resolvió profundizar la estrategia política, gremial y judicial destinada a garantizar la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y avanzar hacia la recuperación integral de los salarios, al considerar insuficientes las respuestas otorgadas hasta el momento por la administración nacional.

La definición fue adoptada durante la reunión del Consejo Directivo encabezada por el secretario general, Walter Merkis, donde la conducción evaluó el impacto institucional del reciente fallo favorable de la Corte Suprema que ordenó, mediante una medida cautelar, el cumplimiento de aspectos centrales de la norma sancionada por el Congreso. Para la Federación, la resolución judicial representa un respaldo de relevancia, aunque constituye únicamente un paso dentro de una controversia cuya resolución definitiva continúa pendiente.

Bajo esa premisa, la organización resolvió sostener el trabajo coordinado con el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), consolidando una estrategia común que combina negociación colectiva, acciones institucionales y respaldo judicial para lograr la aplicación íntegra de la legislación.

El reciente acuerdo alcanzado con el Poder Ejecutivo no modificó esa posición. Si bien permitió una recomposición salarial del 24,3% —21,3% liquidado en junio y el 3% restante previsto para octubre— junto con una actualización del 20% de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades y de las becas estudiantiles, la FATUN sostiene que esos avances apenas compensan una fracción del deterioro acumulado en los ingresos de docentes y nodocentes durante los últimos dos años y medio, período en el que la pérdida del poder adquisitivo ronda el 52%.

Con ese diagnóstico, la Federación trasladará el próximo tramo de la negociación a la Comisión Paritaria de Nivel General, ámbito donde buscará acordar el porcentaje restante necesario para restablecer plenamente los salarios. La organización considera que la recuperación de los ingresos constituye una obligación derivada de la propia Ley de Financiamiento Universitario y no una concesión sujeta a decisiones discrecionales del Ejecutivo.

El reclamo se apoya especialmente en los artículos 5 y 6 de la norma. El primero dispone la actualización mensual de las remuneraciones docentes y nodocentes conforme a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, mientras que el segundo establece que ese mecanismo sólo puede ser reemplazado mediante acuerdos paritarios generales suscriptos entre el Estado nacional y las federaciones representativas del sistema universitario.

Dentro de esa agenda también ocupa un lugar prioritario la incorporación definitiva de la garantía salarial a las asignaciones básicas de los haberes nodocentes, uno de los objetivos que la representación paritaria de FATUN llevará a la próxima negociación. El Consejo Directivo facultó a sus negociadores para alcanzar el mejor acuerdo posible que permita consolidar ese componente dentro de la estructura permanente de las remuneraciones.

La resolución aprobada por unanimidad también expresó un fuerte respaldo a la estrategia desarrollada por la Mesa Ejecutiva Nacional y por la representación paritaria de la Federación, tanto en las negociaciones con el Gobierno como en las acciones judiciales que derivaron en la cautelar favorable obtenida ante la Corte Suprema.

El documento incorporó, además, una definición política de alcance más amplio. La FATUN ratificó su pertenencia al movimiento obrero organizado y manifestó su decisión de acompañar las iniciativas que impulsen la Confederación General del Trabajo (CGT), las organizaciones sindicales y los distintos espacios sociales en defensa de la universidad pública, el empleo, la salud, la industria nacional, las empresas estatales y las economías regionales.

La posición adoptada por la Federación confirma que el entendimiento alcanzado con el Gobierno no clausuró la disputa por el financiamiento universitario. Por el contrario, abrió una nueva instancia en la que el sindicalismo universitario buscará transformar una recomposición parcial en una recuperación definitiva de los salarios y asegurar el cumplimiento integral de una ley que considera indispensable para garantizar la estabilidad presupuestaria y el funcionamiento del sistema universitario público.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado avanza con una nueva etapa de reducción de personal en las próximas semanas. La estrategia impulsada por Federico Sturzenegger concentra ahora el recorte sobre organismos descentralizados y forma parte de un plan para disminuir en casi un 10% la dotación de la administración pública nacional durante 2026.

La administración de Javier Milei prepara una nueva ofensiva sobre el empleo público. De acuerdo con fuentes oficiales, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado avanza en un esquema de reducción de personal que contempla el desplazamiento de aproximadamente 6.000 trabajadores en el corto plazo, una resolución que inaugura un ciclo de reforma administrativa profunda.

El programa diseñado por Federico Sturzenegger tiene una meta definida: concluir 2026 con alrededor de 27.000 puestos eliminados entre la administración pública nacional, las empresas estatales y las sociedades con participación del Estado. La cifra equivale a una disminución cercana al diez por ciento de la plantilla existente al comienzo del año y constituye uno de los puntos centrales de la estrategia oficial para consolidar el equilibrio de las cuentas públicas.

A diferencia de las primeras etapas del proceso, cuando la reducción de personal se concentró principalmente en ministerios y dependencias de la administración central, la próxima fase focalizará sobre organismos descentralizados con funciones técnicas, científicas, regulatorias y de seguridad social.

Entre las instituciones alcanzadas por el análisis oficial aparecen el INDEC, el CONICET, la CONEAU, la ANSES, el INTA, el INTI, el SENASA, además de los entes reguladores Enargas, ENRE y el Enacom. Aunque el Gobierno evita confirmar el alcance definitivo de las medidas, distintas fuentes coinciden en que esas estructuras integran el universo bajo evaluación.

Desde la Casa Rosada sostienen que la reducción del gasto responde al deterioro de los ingresos fiscales y a la decisión de preservar el superávit financiero, convertido por el Ejecutivo en el principal ordenador de la política económica. En ese marco, la disminución de la planta estatal aparece como una herramienta permanente y no como una medida transitoria.

La perspectiva genera una fuerte reacción sindical. Tanto la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionan la continuidad del ajuste y advierten que una nueva reducción de personal comprometería funciones esenciales vinculadas con la producción, la investigación científica, el control sanitario, las estadísticas oficiales, la regulación de servicios públicos y la administración de las prestaciones sociales.

Las cifras ilustran la dimensión de la iniciativa. Con una dotación superior a los 278.000 trabajadores al inicio de 2026, el cumplimiento del objetivo oficial implicaría una de las mayores reestructuraciones de la administración pública nacional de las últimas décadas, profundizando un proceso que trasciende la reducción del gasto y redefine el alcance operativo del Estado argentino.