El gobernador sanjuanino respondió al avance legislativo impulsado por Ricardo Quintela y sostuvo que la delimitación entre ambas provincias posee respaldo constitucional y parlamentario. Además convocó a todo el arco político local a sostener una posición común frente al reclamo de La Rioja.

La discusión por los límites entre San Juan y La Rioja sumó este viernes un nuevo episodio de alto voltaje político. Horas después de que la Legislatura riojana aprobara una ley destinada a fortalecer los reclamos territoriales de esa provincia, Marcelo Orrego salió a fijar una posición contundente: la jurisdicción sanjuanina no está sujeta a revisión por decisiones adoptadas de manera unilateral.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario provincial buscó despejar cualquier incertidumbre respecto de la situación jurídica de los territorios involucrados en la contienda. “Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014”, afirmó.

La declaración constituyó la primera respuesta oficial de San Juan luego de que el gobernador riojano Ricardo Quintela lograra respaldo legislativo para avanzar con un plan político y judicial orientado a cuestionar la delimitación vigente entre ambas provincias. La iniciativa contempla gestiones ante el Congreso de la Nación y eventuales presentaciones en los tribunales para sostener la posición riojana.

Desde la Casa de Gobierno sanjuanina remarcan que el caso ya cuenta con definiciones normativas firmes. Por ese motivo, Orrego recordó que cualquier modificación territorial requiere mecanismos institucionales específicos previstos por la Constitución Nacional y acuerdos que exceden la voluntad de una sola jurisdicción.

“Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley”, enfatizó el gobernador, en una frase que sintetiza la postura oficial frente al planteo impulsado desde La Rioja.

El diferendo trasciende la discusión cartográfica. Detrás de la controversia aparecen recursos naturales de enorme valor económico, emprendimientos mineros claves para la región y uno de los principales emblemas patrimoniales del país: el Parque Provincial Ischigualasto, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y convertido en una referencia internacional para la investigación paleontológica.

Consciente de esa dimensión, Orrego incorporó un mensaje de defensa institucional y económica de la provincia. “No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto”, expresó.

El mandatario también procuró enviar una señal hacia el interior del sistema político sanjuanino. En un contexto donde la disputa podría trasladarse al ámbito legislativo nacional o incluso desembocar en la Corte Suprema de Justicia, convocó a oficialismo y oposición a sostener una posición común en defensa de los intereses provinciales.

“Convoco a todas las fuerzas políticas de la provincia a defender unidos lo que nos pertenece, con el mayor respeto por La Rioja, pero con la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones”, sostuvo.

La respuesta de Orrego marca el inicio de una etapa de mayor confrontación institucional entre ambas administraciones. Mientras La Rioja busca abrir una revisión de los límites vigentes mediante herramientas políticas y judiciales, San Juan sostiene que la cuestión ya fue resuelta por la legislación nacional. Con posiciones cada vez más definidas, el conflicto parece encaminarse hacia una discusión de alcance federal, donde no sólo estarán en juego los mapas provinciales, sino también recursos estratégicos y proyectos clave para el desarrollo económico de la región.

La Legislatura riojana aprobó una ley que faculta al Ejecutivo provincial a impulsar gestiones ante el Congreso y promover demandas judiciales para reclamar áreas que actualmente pertenecen a San Juan. El gobierno de Marcelo Orrego rechazó la iniciativa y ratificó que los límites vigentes cuentan con respaldo legal y parlamentario.

La histórica discusión limítrofe entre San Juan y La Rioja volvió a escalar este viernes luego de que la Legislatura riojana aprobara el proyecto impulsado por el gobernador Ricardo Quintela para avanzar en el reclamo de territorios que hoy se encuentran bajo jurisdicción sanjuanina. La norma habilita al Ejecutivo provincial a desplegar una estrategia política, administrativa y judicial orientada a revisar la delimitación vigente entre ambas provincias.

La iniciativa recibió un amplio respaldo parlamentario y sólo registró la abstención de los representantes de La Libertad Avanza. Entre los espacios alcanzados por la pretensión riojana aparecen zonas de fuerte valor económico, turístico y patrimonial, entre ellas el Parque Provincial Ischigualasto y áreas vinculadas a algunos de los proyectos mineros más relevantes de la cordillera argentina.

El planteo del gobierno de Quintela se apoya en cuestionamientos a la Ley 18.004, sancionada en 1968 durante la administración de facto de Juan Carlos Onganía. Desde La Rioja sostienen que aquella delimitación debe ser revisada, mientras que San Juan recuerda que el trazado fue posteriormente ratificado por el Congreso Nacional en democracia, otorgándole plena vigencia jurídica.

La legislación aprobada autoriza además a la Fiscalía de Estado riojana a iniciar acciones judiciales y solicitar medidas cautelares destinadas a resguardar recursos mineros, hídricos, arqueológicos y ambientales ubicados en la zona objeto de la controversia. El objetivo es impedir eventuales decisiones o explotaciones sobre esos bienes hasta que exista una resolución definitiva sobre la jurisdicción correspondiente.

La disputa cobró renovada intensidad a partir del desarrollo del distrito minero Vicuña, considerado uno de los principales polos cupríferos de Sudamérica y llamado a desempeñar un papel relevante en la producción de cobre durante las próximas décadas.

El conflicto ya había mostrado señales de recrudecimiento en el mes de abril, cuando una resolución judicial dictada en Chilecito dispuso la paralización temporal de actividades vinculadas al proyecto y limitó la utilización de caminos ubicados en territorio riojano. Aunque posteriormente se alcanzaron acuerdos que permitieron normalizar las operaciones, el diferendo nunca terminó de cerrarse.

El gobernador y el ministro del Interior acordaron no acelerar decisiones sobre un eventual adelantamiento de los comicios provinciales. La prioridad pasa por los cambios en las reglas electorales y las negociaciones entre la Nación y las provincias.

La reunión reservada entre el gobernador Marcelo Orrego y el ministro del Interior, Diego Santilli, dejó una definición política concreta: no habrá apuro para resolver el calendario electoral de San Juan. Ambos coincidieron en mantener abiertas todas las alternativas mientras se terminan de delinear las reformas que impulsan tanto la Casa Rosada como el gobierno provincial.

Según fuentes cercanas a las conversaciones, el mensaje transmitido por el funcionario nacional fue claro: evitar movimientos prematuros y esperar que se ordene el tablero político antes de fijar una posición sobre un eventual adelantamiento de las elecciones locales. La postura encontró receptividad en el gobernador, que también prefiere administrar los tiempos y reservar cualquier decisión para las instancias previas al cierre de alianzas.

La cautela responde a una discusión que excede a San Juan. El gobierno de Javier Milei busca reunir apoyos para modificar el sistema electoral nacional, con la eliminación de las PASO como principal objetivo. La iniciativa requiere acuerdos parlamentarios y abrió una ronda de conversaciones con gobernadores considerados claves para reunir los votos necesarios en el Congreso.

En ese esquema se inscriben también los contactos con Leandro Zdero, en Chaco, y Rogelio Frigerio, en Entre Ríos. Las negociaciones combinan respaldo político con reclamos provinciales vinculados a financiamiento, infraestructura y obras paralizadas.

San Juan ocupa un lugar relevante dentro de ese plan. Orrego ya comprometió el acompañamiento de los tres diputados nacionales alineados con su gestión a la eliminación de las primarias nacionales. A cambio, la provincia busca acelerar respuestas para proyectos considerados prioritarios, entre ellos la reactivación de la autopista de la Ruta 40 Sur, detenida desde marzo por falta de recursos.

Más allá de la discusión electoral, el vínculo entre el orreguismo y La Libertad Avanza atraviesa uno de sus momentos de mayor sintonía. En ambos espacios destacan coincidencias sobre el rol del Estado, la promoción de inversiones y la necesidad de ofrecer previsibilidad jurídica para atraer capitales.

Esa cercanía, sin embargo, todavía no se traduce en un acuerdo electoral. En el entorno del gobernador sostienen que existe diálogo permanente con la administración nacional, aunque descartan que hoy haya una definición sobre la construcción de un frente común para los próximos comicios.

La incógnita también atraviesa al oficialismo provincial. Mientras algunos dirigentes consideran conveniente repetir la estrategia de competir con identidad propia, otros creen que una coalición más amplia permitiría consolidar una ventaja frente al Partido Justicialista de cara a 2027.

Por ahora, la instrucción que baja desde la Gobernación es no anticipar movimientos. La prioridad sigue puesta en la gestión, en las negociaciones con la Nación y en la definición de las nuevas reglas electorales. Hasta que esas variables no se despejen, Orrego y Santilli parecen coincidir en una misma premisa: ganar tiempo antes de jugar las cartas decisivas.