El Frente Sindicatos Unidos inició en Córdoba un plan de lucha con una masiva movilización frente a la Casa de Gobierno. Exigen al gobernador Martín Llaryora que inste a los legisladores provinciales a abstenerse o rechazar el proyecto de reforma laboral que comenzará a tratarse en el Senado el 11 de febrero. Advierten que la iniciativa implica un retroceso histórico en derechos laborales.

El conflicto por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional sumó este jueves un nuevo capítulo de alto voltaje político y sindical en Córdoba. Diferentes gremios nucleados en el Frente Sindicatos Unidos se movilizaron de manera masiva frente a la Casa de Gobierno provincial para expresar su rechazo al proyecto oficialista y exigir una definición concreta del gobernador Martín Llaryora.

La marcha, que comenzó cerca de las 9.30 de la mañana, reunió a trabajadores estatales, metalúrgicos, aceiteros y otros sectores que confluyeron bajo una consigna común: frenar una reforma que, según denuncian, facilita despidos, precariza las condiciones de contratación y debilita los Convenios Colectivos de Trabajo.

Durante el acto central, los referentes sindicales presentaron un documento dirigido al mandatario provincial en el que le reclaman que instruya a los legisladores cordobeses a abstenerse o votar en contra del proyecto cuando empiece su tratamiento en el Senado de la Nación, previsto para el próximo miércoles 11 de febrero.

El reclamo directo al poder político

En diálogo con Mundo Gremial, el secretario general de la UOM Córdoba y uno de los principales impulsores de la protesta, Rubén Urbano, fue contundente al definir el objetivo de la jornada:
«Va a haber una gran marcha federal nacional y vamos a llevar un documento a la Casa de Gobierno donde le vamos a exigir al gobernador que sus legisladores se abstengan de votar esta nefasta reforma laboral, que no tiene ningún punto favorable para los trabajadores».

Las declaraciones sintetizan el clima de confrontación que atraviesa al movimiento obrero frente a una iniciativa que consideran estructuralmente regresiva y alineada con una política de ajuste más amplia.

Un frente sindical ampliado y con respaldo nacional

La movilización marcó el inicio formal del Plan de Lucha impulsado por el Frente Sindicatos Unidos, integrado entre otros por ATE, la UOM y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, con el acompañamiento de las centrales sindicales.

La jornada contó además con la presencia y el respaldo explícito de referentes nacionales del sindicalismo, entre ellos Abel Furlán (UOM), Daniel Yofra (aceiteros), Rodolfo Aguiar y Hugo “Cachorro” Godoy (estatales), junto a Hugo Yasky, titular de la CTA y diputado nacional. La participación de estas figuras buscó enviar una señal clara de unidad y coordinación frente al avance del proyecto en el Congreso.

Advertencia de escalada

Desde el escenario, los gremios advirtieron que la reforma laboral “pulveriza derechos conquistados a lo largo del siglo XX” y anticiparon una profundización del conflicto si el oficialismo insiste en avanzar con la iniciativa sin modificaciones sustanciales.

En ese marco, confirmaron que el plan de lucha continuará el 10 de febrero en Rosario, como antesala de una posible convocatoria a un paro general, con el objetivo de incrementar la presión política y social en la antesala del debate parlamentario.

La protesta en Córdoba no solo expresa el rechazo sindical a la reforma laboral, sino que también interpela directamente a los gobernadores y a sus bancadas legislativas, en un momento clave para la estrategia parlamentaria del Gobierno nacional. Con las calles como escenario y el Senado como próximo campo de disputa, el movimiento obrero busca condicionar el rumbo de una iniciativa que considera un punto de quiebre en el modelo de relaciones laborales en la Argentina.

Tras la renuncia de Marco Lavagna a la conducción del Indec, la Mesa Sindical —que nuclea a más de medio centenar de organizaciones gremiales— denunció que el Gobierno nacional se niega a actualizar la metodología del Índice de Precios al Consumidor para evitar mostrar un nivel inflacionario más elevado. Aseguran que trabajadores, jubilados y pensionados acumulan una pérdida del 23% por el uso de datos desactualizados.

Según denunciaron, Lavagna había anunciado la actualización de los criterios de ponderación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir de enero de este año. Sin embargo, esa iniciativa habría chocado con la oposición del ministro de Economía, Luis Caputo, y del propio presidente Javier Milei. La razón, sostienen desde el arco sindical, es política: con una canasta actualizada, la inflación de enero habría alcanzado el 3,4%, un dato incompatible con el relato oficial de desaceleración sostenida.

En ese marco, la Mesa Sindical advirtió que el Ejecutivo continuará utilizando un índice construido sobre patrones de consumo que datan de 2004, a pesar de los profundos cambios económicos y sociales registrados en las últimas dos décadas. “El nuevo método reflejaría un índice mayor y no es conveniente que esos datos se conozcan públicamente”, señalaron, al tiempo que alertaron que esta distorsión seguirá ampliándose mes a mes.

El cuestionamiento no se limita a una discusión técnica. Para los gremios, el uso de una inflación subestimada tiene consecuencias concretas y directas sobre los ingresos. Según sus cálculos, trabajadores, jubilados y pensionados acumulan una pérdida cercana al 23% como resultado de la “mala praxis gubernamental” en la medición del IPC, una brecha que impacta en salarios, haberes previsionales, paritarias y actualizaciones contractuales.

La crítica sindical se apoya además en la experiencia cotidiana. “El Gobierno quiere tapar el sol con las manos, pero la realidad lo deja desnudo”, afirmaron. Enumeraron aumentos en tarifas de luz, gas, agua y telecomunicaciones, subas pronunciadas en alquileres, incrementos persistentes en alimentos y un fuerte encarecimiento de los útiles escolares. “Son hechos, no opiniones”, remarcaron.

Incluso la metodología que proponía Lavagna fue considerada insuficiente por el colectivo gremial. A su entender, la actualización hubiera reflejado patrones de consumo de 2017, una referencia que también quedó desfasada tras años de crisis, inflación elevada y cambios en la estructura del gasto de los hogares. Por eso, reclaman un nuevo índice construido con participación de trabajadores y consumidores, quienes —subrayan— son los principales afectados por la distorsión estadística.

Para la Mesa Sindical, la disputa por el IPC excede la figura de un funcionario o una metodología puntual: expone una decisión política de negar la realidad económica. “Pelearse con la realidad no es bueno. Negarla es inútil. Los resultados son tristemente conocidos”, concluye el comunicado firmado por más de 50 organizaciones gremiales.

En un momento de gran pérdida sostenida del poder adquisitivo, la credibilidad de las estadísticas oficiales vuelve a quedar bajo sospecha y se transforma en un eje central del conflicto social y laboral que atraviesa el país.

El comienzo de 2026 encuentra al mercado laboral argentino atravesando uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. Los datos del informe de coyuntura elaborado por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate) exponen con crudeza el impacto del programa económico impulsado por el gobierno de Javier Milei: desde diciembre de 2023 se perdieron casi 320.000 puestos de trabajo formales, a un ritmo promedio de 462 empleos destruidos por día, lo que equivale a un despido cada tres minutos.

El estudio, realizado por los investigadores Diego Kofman, Lavih Abraham, Marco Kofman, Natalia Pérez Barreda y Sergio Arelovich, advierte que la contracción del empleo formal y el creciente endeudamiento de las familias no son fenómenos aislados, sino dos dimensiones complementarias de un mismo proceso de ajuste estructural.

La mayor parte de la destrucción laboral se concentra en el sector privado, que acumula más de 194.000 bajas, seguido por el sector público, con alrededor de 96.000 puestos perdidos, y por el empleo en casas particulares, donde se registran otros 29.000 despidos. El informe subraya que este retroceso responde a una “crisis histórica de la industria”, profundizada por la apertura de importaciones, el desplome del consumo interno y el reemplazo de producción nacional por bienes del exterior.

Sectores estratégicos como la metalmecánica y la industria automotriz exhiben caídas de actividad superiores al 20 %, en un contexto en el que las importaciones alcanzaron un récord absoluto durante 2025, debilitando aún más la estructura productiva local.

Salarios en caída y pérdida de poder adquisitivo

La destrucción del empleo se ve agravada por una fuerte licuación de los ingresos. Según el informe, el salario real del sector público cayó un 20 % respecto de 2023, lo que implica una pérdida acumulada promedio cercana a los 10 millones de pesos por trabajador estatal. En el sector privado, el retroceso real alcanza el 6 %, con una pérdida estimada de casi 2 millones de pesos por trabajador.

El panorama es aún más severo para los jubilados. El poder de compra de las jubilaciones se ubica hoy 23 % por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno, mientras que en el caso de las jubilaciones mínimas la pérdida llega al 28 %. Este deterioro generalizado de los ingresos derivó, según los autores del estudio, en una transferencia de recursos desde los asalariados y jubilados hacia otros sectores por un total de 67,2 billones de pesos.

Ajuste fiscal, endeudamiento y reprimarización

El informe de Mate también se centra en los mecanismos que permiten sostener este esquema económico. Por un lado, el Estado logró un “ahorro” de 107,7 billones de pesos mediante recortes drásticos en obra pública, jubilaciones y educación. Por otro, el modelo se apoya en un fuerte incremento de la deuda pública y privada, destinada a financiar la salida de capitales y la fuga de excedentes.

En este marco, los investigadores advierten que se profundiza un proceso de desplazamiento de las actividades generadoras de valor agregado, mientras se consolida un patrón basado en el negocio financiero y la reprimarización de la economía, que muestra serias dificultades para sostenerse sin un flujo permanente de financiamiento externo.

A poco más de dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, los indicadores laborales y sociales reflejan el costo estructural del ajuste. La destrucción sostenida del empleo formal, la caída del salario real y el deterioro de las jubilaciones configuran un escenario de fuerte fragilización del tejido social y productivo. Lejos de un proceso de recuperación, el modelo económico exhibe una dinámica que profundiza la desigualdad y compromete las bases del desarrollo, dejando como saldo una sociedad más endeudada, con menos trabajo y menor capacidad de consumo.