La tarifa del transporte público de pasajeros volverá a actualizarse en San Juan desde enero de 2026. El pasaje de primera sección pasará de $810 a $1.070, en un contexto marcado por la inflación, el aumento de los costos operativos y un esquema de subsidios que el Gobierno provincial asegura sostener con un fuerte esfuerzo fiscal.

El transporte público enfrentará un nuevo incremento tarifario a partir del inicio de 2026. Según confirmaron fuentes oficiales, el boleto de colectivo de primera sección pasará a costar $1.070, lo que representa una suba cercana al 32% respecto del valor actual. La medida comenzará a regir desde enero y se inscribe en una dinámica de ajustes periódicos que busca acompañar la evolución de los costos del sistema.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la actualización responde a un escenario de inflación persistente, aumento del precio de los combustibles, mantenimiento de unidades y costos salariales del sector. En ese marco, la ministra de Gobierno, Laura Palma, remarcó que la tarifa plena continúa siendo amortiguada por un esquema de subsidios que evita un impacto mayor en los usuarios.

“La Provincia realiza un esfuerzo muy importante para sostener el sistema”, señaló la funcionaria en declaraciones públicas, al detallar que el Estado sanjuanino destina más de $5.000 millones mensuales para cubrir subsidios al transporte. Según precisó, sin ese aporte la tarifa debería ser considerablemente más elevada para garantizar la continuidad del servicio.

Los datos oficiales refuerzan ese planteo: más del 45% de los pasajeros no paga el valor completo del boleto. Jubilados, trabajadoras de casas particulares y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo acceden a programas nacionales, mientras que otros usuarios cuentan con beneficios otorgados directamente por la Provincia. Este entramado de asistencias permite sostener la demanda y preservar el acceso al transporte público para los sectores de menores ingresos.

Sin embargo, el incremento vuelve a colocar sobre la mesa un debate recurrente: el equilibrio entre la sustentabilidad económica del sistema y el impacto social de las subas tarifarias. En un contexto donde el transporte constituye un gasto fijo para miles de familias, cada ajuste reaviva la discusión sobre el alcance y la eficiencia de los subsidios, así como sobre la capacidad del Estado para sostenerlos en el tiempo.

Cambios en el boleto escolar gratuito

Junto con la actualización del pasaje, el Gobierno de San juan anunció modificaciones en el régimen del boleto escolar gratuito, que comenzarán a aplicarse con el inicio del ciclo lectivo 2026. A partir de entonces, estudiantes y docentes deberán tener sus datos personales correctamente registrados y vinculados a la tarjeta SUBE para acceder al beneficio.

Palma aclaró que el pase estudiantil continuará siendo gratuito y sin límite de viajes, y que la incorporación de este requisito no implica una restricción del derecho, sino una mejora en los mecanismos de control. “Buscamos mayor orden, transparencia y una administración más eficiente del sistema”, explicó.

El trámite podrá realizarse a través de la aplicación SUBE digital, una herramienta que, según destacaron desde el Gobierno, ya tiene una amplia adopción entre los usuarios del transporte público en la provincia. La digitalización apunta a reducir irregularidades, optimizar recursos y garantizar que el beneficio llegue efectivamente a quienes corresponde.

Aunque los indicadores oficiales muestran una leve mejora en la distribución del ingreso, la realidad del mercado laboral y los niveles salariales revelan un escenario de empobrecimiento extendido. En ese contexto, la reforma laboral impulsada por el Gobierno aparece más orientada a consolidar la precariedad que a generar empleo de calidad o ampliar derechos.

Los números pueden sugerir una cosa, pero la vida cotidiana suele contar otra historia. Según los últimos datos del Indec, el coeficiente de Gini —que mide la desigualdad en la distribución del ingreso— registró una leve mejora interanual durante el tercer trimestre de 2025. Sin embargo, esa aparente reducción de la brecha social convive con un dato contundente: el 80% de la población argentina tiene ingresos per cápita familiares que no superan el millón de pesos mensuales.

Lejos de reflejar un proceso virtuoso de inclusión o mejora del bienestar, este fenómeno responde a un achatamiento generalizado de la pirámide social, impulsado por la pérdida de poder adquisitivo, el avance de la informalidad laboral y la degradación de las condiciones de empleo. En otras palabras, se trata de una igualdad que no eleva, sino que empuja hacia abajo.

El propio Indec muestra que los ingresos del decil más rico multiplican por 13 a los del 10% más pobre, una brecha que sigue siendo estructural. Aun así, el descenso del coeficiente de Gini —de 0,435 en el tercer trimestre de 2024 a 0,431 en igual período de 2025— no expresa una mejora real en las condiciones de vida, sino una contracción generalizada de los ingresos, especialmente en los sectores medios y bajos.

Ingresos bajos y empleo frágil

La crisis de ingresos tiene un correlato directo en el mercado de trabajo. Los datos oficiales confirman un crecimiento sostenido del cuentapropismo informal, una modalidad que suele encubrir empleo precario, sin estabilidad ni derechos laborales. En este contexto, la reforma laboral enviada por el Poder Ejecutivo aparece como un factor de profundización del problema antes que como una solución.

La pregunta resulta inevitable —y retórica—: ¿qué derechos adicionales ganarán los trabajadores informales con la reforma laboral propuesta por el Gobierno? La evidencia disponible sugiere que ninguno. Por el contrario, el proyecto consolida un esquema donde la flexibilidad y la desregulación avanzan sobre la protección del trabajo formal, debilitando aún más la capacidad de negociación salarial.

De acuerdo al Indec, el 62,8% de la población (18.822.792 personas) percibió algún ingreso durante el período analizado, con un promedio de $993.771. El dato confirma que incluso el ingreso medio se ubica por debajo del umbral del millón de pesos, una cifra que, en el actual contexto inflacionario, dista de garantizar condiciones de vida dignas.

La brecha entre formales e informales

El análisis por deciles expone con mayor claridad la magnitud del deterioro. El 40% de la población registra ingresos promedio que no superan los $350.000 mensuales, mientras que el 80% cobra menos de $1.000.000. No se trata de interpretaciones ni de discursos: son datos oficiales.

La segmentación del mercado laboral profundiza esta desigualdad. El ingreso medio por decil de los trabajadores formales asciende a $1.247.462, frente a los $535.802 que perciben, en promedio, los ocupados informales. La diferencia no solo refleja salarios más bajos, sino también la ausencia de aportes, cobertura social y estabilidad.

Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) aporta una clave estructural para comprender este proceso. Según el organismo, el crecimiento interanual de la actividad económica se apoya de manera desproporcionada en sectores con bajo efecto multiplicador sobre el empleo asalariado, como la intermediación financiera y la explotación de minas y canteras, mientras retroceden ramas históricamente generadoras de empleo formal, como la industria y la construcción.

La leve mejora estadística en los indicadores de desigualdad no alcanza para ocultar una realidad más profunda: el modelo económico actual avanza hacia una sociedad cada vez más homogénea en su empobrecimiento. La reforma laboral, lejos de revertir esa tendencia, parece alinearse con un esquema que normaliza ingresos bajos, empleo precario y pérdida de derechos.

La igualdad que emerge de este proceso no es la de oportunidades ni la de bienestar compartido, sino la de una pauperización extendida que redefine hacia abajo las condiciones de vida de la mayoría. En ese escenario, el desafío pendiente no es maquillar los indicadores, sino reconstruir un modelo productivo y laboral capaz de generar empleo de calidad, ingresos suficientes y una verdadera inclusión social.

La Confederación General del Trabajo lideró este jueves una movilización nacional contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei. La protesta tuvo su epicentro en Plaza de Mayo y se replicó en distintas provincias. En San Juan, cerca de 5000 personas marcharon por el centro capitalino en una convocatoria que reunió a sindicatos, la Universidad Nacional de San Juan y organizaciones sociales.

La oposición sindical a la reforma laboral volvió a expresarse con fuerza en las calles. Este jueves, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó una masiva movilización en la Ciudad de Buenos Aires, con epicentro en la Plaza de Mayo, en rechazo al proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional. La jornada estuvo marcada por paros, concentraciones y cortes de tránsito, y se replicó de manera simultánea en distintas provincias del país, entre ellas San Juan.

Desde horas tempranas, columnas sindicales y organizaciones sociales comenzaron a confluir en el centro porteño, donde dirigentes gremiales tomaron la palabra para cuestionar una iniciativa que, aseguran, no representa una modernización del sistema laboral, sino un retroceso en derechos históricos. La protesta se desarrolló en un contexto atravesado por la aplicación del protocolo antipiquetes anunciado por el Ejecutivo nacional.

En San Juan, la convocatoria tuvo una adhesión significativa. Según confirmó el comisario Sergio Ruarte, jefe del Cuerpo Especial de Vigilancia, la movilización reunió a cera de 5000 personas. La marcha comenzó apenas pasadas las 18, con una concentración en avenida Ignacio de la Roza, entre Mendoza y Entre Ríos, desde donde partieron las columnas que recorrieron el microcentro capitalino.

Las calles céntricas se vieron colmadas por banderas, pancartas y consignas contra la reforma laboral. Participaron sindicatos nucleados en la CGT y la CTA, organizaciones sociales y representantes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que aportaron un marcado componente institucional y académico a la protesta. El recorrido abarcó cerca de diez cuadras y culminó frente a la Catedral, donde se realizó el acto central.

Allí se dio lectura a un documento consensuado por las organizaciones sindicales, en el que se advirtió que el proyecto oficial facilita la precarización laboral, debilita el sistema jubilatorio y las obras sociales, y podría profundizar la desigualdad social. Como cierre, los manifestantes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Entre los gremios presentes se destacaron Camioneros, APUNSJ, AOMA, UOM, AJEPROC, ADICUS, UOCRA, SATSAID, SOEESIT, JUDICIALES NACIONALES, UPCN, ATSA, ASIJEMIN, SOESGyPE, SADOP, JUDICIALES PROVINCIALES, AOMA, APEL, entre otros. La amplitud de la convocatoria reflejó un rechazo transversal al proyecto, más allá de las particularidades de cada sector.

Durante la movilización local cobraron relevancia dirigentes sindicales de peso. José “Pepe” Villa, referente de UPCN, encabezó una de las columnas y fue uno de los encargados de leer el documento final. En ese marco, sostuvo que “nos quieren confiscar derechos” y advirtió que el modelo propuesto apunta a avanzar sobre conquistas históricas del movimiento obrero.

El rechazo también tuvo eco en el plano político. El exgobernador José Luis Gioja acompañó la marcha y cuestionó la lógica del Ejecutivo nacional al señalar que “la chequera y el látigo ya no solucionan los problemas”. En la misma línea se expresó Facundo Perrone, presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia, quien afirmó no oponerse a debatir una reforma laboral, pero sí a “una que atrase 100 años”.

También participaron el diputado provincial Mario Herrero, el concejal Sergio Carrión y Juan Carlos Gioja, entre otros referentes políticos, lo que reforzó el carácter multisectorial de la protesta.

En este sentido, los secretarios generales de la CGT San Juan, Eduardo Cabello y Víctor Menéndez, viajaron a la Ciudad de Buenos Aires para sumarse a la movilización nacional que tuvo lugar en las inmediaciones del Senado, donde la conducción cegetista concentró su reclamo contra la iniciativa oficial.

La jornada de protestas dejó en claro que el debate por la reforma laboral trasciende el plano legislativo y se instaló con fuerza en el escenario social. La masiva movilización en Plaza de Mayo y la contundente adhesión en San Juan evidencian un rechazo amplio y articulado, que reúne a sindicatos, universidades, organizaciones sociales y referentes políticos.

Aunque el tratamiento del proyecto fue postergado para el próximo año, el movimiento obrero dejó un mensaje nítido: la iniciativa no es percibida como una modernización, sino como un retroceso que pone en riesgo derechos laborales, el sistema de protección social y el equilibrio del entramado productivo. Un conflicto que, lejos de cerrarse, promete seguir marcando la agenda política y sindical en los meses venideros.