Un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado con datos del Banco Central, registró 5,6 millones de personas con al menos una línea de crédito atrasada en julio. De ese universo, 3,4 millones acumulaban más de un año de incumplimiento. San Juan, con una tasa de mora del 22,1%, quedó entre las provincias con mayores niveles del país.

El endeudamiento familiar profundizó su deterioro durante 2026 y ya alcanza una magnitud que trasciende los atrasos circunstanciales. En julio había 20,6 millones de personas endeudadas, de las cuales 5,6 millones tenían al menos una línea de crédito en mora, según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) elaborado con información del Banco Central.

El dato más severo aparece al observar la duración de los incumplimientos: 3,4 millones de deudores, el 16,8% del total, acumulaban atrasos de un año o más y quedaron comprendidos en la categoría que el BCRA identifica como “irrecuperable”. Ese grupo aumentó cerca de 60% en doce meses, con casi 1,3 millones de personas incorporadas a la categoría.

La dimensión del problema no está asociada necesariamente a grandes préstamos. El informe señala que la mitad de los deudores considerados irrecuperables acumula obligaciones por $77.900 o menos, un dato que modifica la lectura tradicional del sobreendeudamiento: el deterioro se concentra también en pequeños compromisos que los hogares dejaron de poder cancelar.

La mora tampoco se distribuye de manera uniforme entre los canales de financiamiento. Las entidades financieras tradicionales concentran el 56,2% de las líneas de crédito otorgadas, pero representan el 86% del monto prestado a personas. Las fintech, emisoras de tarjetas y otros prestamistas tienen una participación menor en el volumen monetario, aunque alcanzan a una cantidad significativa de personas mediante créditos de menor cuantía.

Los comercios especializados exhiben algunos de los registros más elevados. En las casas de electrodomésticos, la tasa por atraso llega al 54%, mientras que en otras cadenas comerciales alcanza el 28,7%, de acuerdo con el relevamiento.

San Juan se ubica entre las provincias con mayor índice de morosidad

El mapa territorial también muestra diferencias importantes. San Juan registró una tasa de morosidad del 22,1% en julio, por encima del promedio nacional y entre los valores más elevados del país. La Rioja encabezó la medición con 26%, seguida por Santa Cruz, con 23,8%, y San Luis, con 23,1%; Catamarca compartió con San Juan el 22,1%.

La evolución también afecta con especial intensidad a los jóvenes. El 38,1% de los deudores de entre 15 y 29 años tenía al menos un compromiso en mora, la proporción más elevada entre los grupos etarios relevados. El indicador desciende progresivamente con la edad.

La caída va de la mano con la falta de financiamiento. El Banco Central informó que la irregularidad del crédito destinado a las familias llegó al 12,9% en julio, frente al 5,6% de un año atrás, mientras los préstamos para consumo disminuyeron 2,3% en términos reales durante ese mes.

Para el IAG, la evolución de la mora depende directamente de los ingresos familiares. El informe sostiene que la capacidad de repago depende de una recuperación de los salarios y relaciona el deterioro con la evolución del empleo, particularmente en ramas intensivas en mano de obra, además de mencionar la política salarial, las tasas de interés y la evolución del salario mínimo.

La mesa chica ampliada de la CGT se reunirá el martes a las 16 en la sede de la UOCRA para definir la continuidad de las medidas junto con las dos CTA. Entre las alternativas aparece una movilización en octubre, mientras la conducción cegetista mantiene abierta la posibilidad de un paro general y busca preservar la unidad interna.

El encuentro reunirá al triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello con dirigentes de las distintas corrientes de la central. El objetivo es ordenar las próximas acciones después de las protestas iniciadas el 22 de julio y resolver hasta dónde avanzar con las medidas de fuerza frente a los reclamos por empleo, ingresos, endeudamiento de los hogares y jubilaciones.

Una de las alternativas que aparece sobre la mesa es una movilización conjunta de la CGT y las dos CTA durante octubre. También se mantiene en discusión la posibilidad de un nuevo paro general, aunque dentro de la central conviven dirigentes que impulsan una respuesta más contundente con otros que prefieren preservar una instancia de diálogo antes de avanzar hacia una nueva huelga nacional.

El debate llega después de una reunión reservada entre las conducciones de las tres centrales, en la que se hizo un balance de las acciones desarrolladas desde julio. Allí se valoró especialmente el acompañamiento a las concentraciones de jubilados frente al Congreso y la movilización del 20 de agosto contra el endeudamiento familiar, que tuvo participación de la CGT, las CTA y organizaciones sociales.

Sin embargo, la participación de la central cegetista no fue uniforme en las distintas convocatorias. La conducción tuvo una presencia limitada en las protestas del 6 de agosto contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en la movilización de San Cayetano del 7 de agosto y en otras iniciativas impulsadas por las CTA. También decidió no movilizarse el 28 de agosto, cuando el Consejo del Salario se reunió de manera virtual.

Esa diferencia de criterios explica buena parte de la discusión interna que atravesará la reunión del martes. Mientras las corrientes más duras pretenden ampliar la presencia callejera y avanzar hacia una medida nacional, los dirigentes que sostienen una posición más dialoguista consideran que todavía debe evaluarse el momento adecuado para convocar a un quinto paro general contra la administración de Javier Milei.

Las dos CTA, por su parte, ya expresaron públicamente su intención de profundizar las acciones. La CTA Autónoma informó que trabaja junto con las otras centrales en la construcción de nuevas medidas, entre ellas una Marcha Federal y un paro nacional.

El calendario sindical también estará condicionado por la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El pontífice tiene previsto reunirse el 9 de noviembre con representantes de la CGT, las dos CTA, empresarios y movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina, mientras el sindicalismo prepara además su participación en otras actividades de la agenda papal.

Así, octubre aparece como una ventana para definir el alcance de la protesta sindical. La reunión de la mesa ampliada deberá resolver si la unidad alcanzada entre las centrales se traduce en una nueva movilización, en medidas sectoriales o en una convocatoria de mayor alcance, mientras la CGT procura compatibilizar las distintas posiciones que conviven dentro de su conducción.

Shell, Axion y Puma incrementaron entre 2% y 5% los precios de naftas y gasoil después de que el Brent se ubicara alrededor de los US$105. YPF, que concentra cerca del 55% del mercado minorista, todavía no trasladó la suba, aunque su presidente, Horacio Marín, anticipó que la evolución del crudo y de los márgenes determinará los próximos movimientos.

La decisión puso fin, de hecho, al esquema de estabilidad que las compañías venían sosteniendo desde mayo para amortiguar la volatilidad internacional. El acuerdo había funcionado como un mecanismo de compensación frente a las variaciones del crudo y contemplaba mantener los valores mientras el petróleo se ubicara en torno o por encima de los US$80. Con el nuevo salto, las refinadoras resolvieron trasladar parte de la diferencia a los surtidores.

Los nuevos valores muestran el efecto inmediato. En nafta premium, el litro pasó a $2.523 en Axion, $2.463 en Puma y $2.508 en Shell. Para la nafta súper, los precios informados se ubicaron en $2.247, $2.213 y $2.208, respectivamente. En varias provincias, además, la premium ya supera los $2.700 por litro.

YPF, que concentra aproximadamente el 55% de las ventas minoristas, decidió mantener por ahora sus precios. La petrolera estatal sigue la evolución del mercado internacional antes de definir una eventual modificación. Horacio Marín sostuvo que la compañía continuará utilizando el mecanismo de amortiguación y que los próximos movimientos dependerán de cuánto tiempo permanezca elevado el valor del petróleo y de la evolución de sus márgenes.

La lógica había sido explicada por Marín meses atrás, cuando la compañía comenzó a aplicar el denominado buffer para evitar un traslado inmediato de la cotización internacional a los consumidores. El objetivo era compensar las variaciones del crudo mediante ajustes graduales, en lugar de trasladarlas de manera directa al precio final.

El impacto sobre la inflación dependerá de la magnitud y del momento en que se produzcan los aumentos. Por haberse concretado hacia el cierre del mes, parte de la incidencia podría distribuirse entre dos mediciones consecutivas, según estimaciones difundidas por fuentes del mercado.

A esa presión se suma un componente impositivo todavía parcialmente postergado. El Gobierno prorrogó hasta el 30 de septiembre la aplicación de parte de los incrementos pendientes en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono. Desde el 1° de octubre comenzará a regir el remanente correspondiente a actualizaciones de 2024, 2025 y los dos primeros trimestres de 2026, según el Decreto 829/2026.