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Bajo la consigna de fomentar el diálogo social, referentes políticos, sindicales y empresarios de San Juan participarán de un retiro espiritual organizado por la Iglesia. Un espacio de reflexión que oscila entre la mística y la política, en un contexto de fragmentación institucional y demandas sociales urgentes.

En un país donde los límites entre lo público y lo privado, lo laico y lo confesional, se desdibujan con naturalidad alarmante, San Juan vuelve a ser escenario de una postal conocida pero no por ello carente de interrogantes. Este sábado 12 de abril, en la Casa de Retiro Emaús —emplazada en la apacible localidad de Las Chacritas— se desarrollará el tradicional retiro espiritual promovido por la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan. La cita reunirá a funcionarios del oficialismo, miembros de la oposición, dirigentes sindicales, empresarios de peso y representantes del ámbito social en torno a un mismo eje: la reflexión sobre el rol del poder en clave de servicio.

Encabezado por el Arzobispo Jorge Lozano y con la destacada presencia de monseñor Dante Braida —obispo de La Rioja y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social—, el encuentro se presenta como un intento por recuperar una dimensión trascendente del quehacer público. Braida, de conocida vocación crítica respecto al abordaje estatal de problemáticas estructurales como el narcotráfico y la exclusión juvenil, sumará a la jornada un tono de urgencia ética, alejado de los protocolos edulcorados del ceremonial político.

A tono con las declaraciones de Héctor Allende, titular de la comisión organizadora, el evento apunta a «bajar los niveles de crispación» y propiciar una «amistad social» que, más allá del idealismo retórico, suena casi utópica en el escenario político provincial. La concurrencia de figuras como el gobernador Marcelo Orrego, el vicegobernador Fabián Martín, el senador Sergio Uñac y dirigentes históricos del peronismo sanjuanino, entre ellos José Luis Gioja y Fabián Gramajo, plantea una convivencia inusual fuera de los marcos institucionales convencionales. Más aún, en un año preelectoral, donde las tensiones internas y las estrategias de reposicionamiento se intensifican.

En este marco, la pregunta inevitable —y quizás incómoda— gira en torno al verdadero alcance de este tipo de encuentros. ¿Hasta qué punto estos retiros trascienden la puesta en escena de una concordia simbólica? ¿Se trata de instancias auténticas de introspección o de pausas ceremoniales que embellecen una praxis política muchas veces ajena al espíritu del servicio que se pregona? La institucionalidad eclesiástica se esfuerza por ofrecer un espacio de comunión, pero la realidad sociopolítica, marcada por la desconfianza ciudadana y el descreimiento generalizado, interpela con crudeza.

A esto se suma un trasfondo inquietante: la creciente influencia de sectores religiosos en la vida pública, en momentos donde las políticas de Estado deberían priorizar el laicismo, la racionalidad democrática y la inclusión efectiva. La espiritualización del poder, si no está acompañada de una transformación concreta de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, corre el riesgo de convertirse en un bálsamo para conciencias en deuda.

El retiro espiritual que congregará a la elite dirigencial sanjuanina es, sin dudas, un gesto necesario en tiempos de polarización y desencuentro. Sin embargo, para que este tipo de iniciativas no queden encapsuladas en el terreno de lo simbólico, deben traducirse en compromisos reales, sostenidos y tangibles en el plano de las políticas públicas. La espiritualidad, sin acción, corre el riesgo de ser apenas un espejismo ético en medio del desierto político argentino. En una sociedad urgida de justicia, diálogo y proyectos a largo plazo, no alcanza con orar: hay que transformar. Y ese es un desafío que no admite contemplaciones.

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La canasta básica trepó a $1,6 millones y profundizó la brecha con los salarios

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.605.497 en agosto para superar la línea de pobreza, mientras que el salario mínimo quedó en $383.800. La Canasta Básica Alimentaria alcanzó $726.469 y también superó ampliamente un ingreso mínimo. La distancia entre ambos valores vuelve a colocar el poder adquisitivo en el centro de las discusiones salariales.

El costo de sostener una familia volvió a ampliar su distancia respecto del salario mínimo. Según los datos difundidos por el INDEC, un hogar compuesto por cuatro integrantes necesitó $1.605.497 durante agosto para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y superar el umbral que determina la línea de pobreza.

El dato adquiere mayor dimensión al compararlo con el Salario Mínimo, Vital y Móvil, fijado en $383.800. Un solo ingreso mínimo representa apenas el 23,9% del costo de la canasta familiar, por lo que una familia tipo requiere el equivalente a más de cuatro salarios mínimos para alcanzar ese nivel de consumo.

La brecha también aparece en los alimentos. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) llegó a $726.469, monto necesario para que un hogar de cuatro personas cubra los requerimientos alimentarios considerados por el organismo estadístico y no quede por debajo de la línea de indigencia. El salario mínimo alcanza para cubrir apenas el 52,8% de ese valor.

Incluso para un adulto equivalente, el ingreso mínimo resulta insuficiente. La CBT individual fue valuada en $519.578, por encima de los $383.800 del SMVM. Es decir, un trabajador que percibe el mínimo no a cubrir siquiera el conjunto de bienes y servicios contemplados por la medición para una persona.

La evolución de agosto agrega otro elemento a la discusión. Las canastas registraron un incremento mensual del 2,6%, superior al 1,7% que marcó el Índice de Precios al Consumidor. En términos interanuales, la CBA aumentó 39,6%, mientras que la CBT acumuló una suba del 38,3%.

La diferencia responde, entre otros factores, al comportamiento de algunos rubros que tienen una incidencia significativa en el presupuesto doméstico. En agosto, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las divisiones del IPC con un incremento del 2,8%, seguida por Educación, con 2,5%, y Salud, con 2,4%.

Los alimentos, en tanto, avanzaron 1,7% en el mes, aunque algunos productos mostraron aumentos considerablemente mayores. En Cuyo, por ejemplo, las verduras, tubérculos y legumbres acumularon incrementos anuales de hasta 86,3%, una evolución que impacta con mayor intensidad sobre los hogares de menores ingresos.

El cuadro vuelve a colocar los salarios en el centro de la discusión laboral. Con una canasta familiar que supera los $1,6 millones y un salario mínimo que representa menos de una cuarta parte de ese monto, las próximas negociaciones paritarias estarán atravesadas por la necesidad de recuperar capacidad de compra y evitar que los aumentos nominales queden rezagados frente al costo efectivo de los hogares.

Las organizaciones sindicales cuestionan, en ese sentido, las pautas de actualización cercanas al 1,5% o 2% mensual y reclaman mecanismos de recomposición que contemplen la evolución concreta de los gastos familiares. Entre las alternativas planteadas aparecen sumas fijas, cláusulas de revisión y aumentos que permitan corregir las diferencias acumuladas.

Los números oficiales ofrecen así una referencia que excede la discusión sobre la inflación mensual: el principal problema para los ingresos mínimos es la distancia que mantienen respecto del costo necesario para vivir. En agosto, esa brecha quedó nuevamente expuesta por una canasta familiar que superó los $1,6 millones mientras el salario mínimo permaneció por debajo de los $400.000.

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Un gigante mundial de la cal compró el 80% de Caleras San Juan

El grupo belga Carmeuse adquirió el 80% del paquete accionario de la corporación sanjuanina. Raúl Cabanay conservará el 20%. La firma aseguró que no habrá cambios en las operaciones, el equipo profesional ni los proyectos en marcha.

Caleras San Juan S.A. inició una nueva etapa empresarial con el ingreso de Carmeuse Group, multinacional belga especializada en la producción de cal y sus derivados, que adquirió el 80% de las acciones de la compañía. El empresario sanjuanino Raúl Cabanay conservará el 20% restante y continuará vinculado a la conducción de la firma.

El desembarco del grupo internacional se produce después de una década de crecimiento sostenido de Caleras San Juan, que amplió su capacidad industrial mediante fuertes inversiones y consolidó una posición relevante en los mercados de Argentina y Chile. La compañia informó que el cambio de composición accionaria no alterará su funcionamiento cotidiano.

La compañía posee una capacidad instalada superior a las 750.000 toneladas de cal anuales, además de reservas de alta calidad y presencia comercial en ambos países. Para Carmeuse, la incorporación de CSJ permitirá complementar sus operaciones en la región y ampliar su capacidad de respuesta frente al incremento de la demanda.

Uno de los principales hitos recientes de Caleras San Juan fue la puesta en marcha del cuarto horno Maerz en la planta de Cienaguita, en el departamento Sarmiento. La incorporación permitió elevar el potencial productivo y forma parte de un proceso de modernización que comenzó a profundizarse en 2016 con la instalación de cuatro hornos de última generación y obras destinadas a mejorar la infraestructura energética.

A ese desarrollo se sumó la construcción de un parque solar propio, una inversión orientada a reforzar el abastecimiento energético de la operación industrial.

El crecimiento de la minería metalífera en San Juan abre, además, una perspectiva favorable para la compañía. La cal constituye un insumo utilizado en distintos procesos de la industria minera y el avance de los grandes proyectos de cobre provinciales podría incrementar la demanda en los próximos años. La cercanía con Chile agrega otro mercado relevante para la expansión regional.

Desde Carmeuse señalaron que trabajarán junto con el equipo directivo de Caleras San Juan para preservar la continuidad de la operación y aprovechar el conocimiento acumulado durante los años de expansión. Sébastien Dossogne, CEO del grupo belga, calificó la adquisición como un hito dentro de la estrategia de crecimiento de la compañía en América Latina y ratificó la intención de continuar invirtiendo en mercados considerados relevantes para su desarrollo.

Cabanay, por su parte, comunicó formalmente la modificación del paquete accionario a clientes, proveedores y colaboradores y transmitió que la producción, la comercialización y la prestación de servicios continuarán sin modificaciones, al igual que los compromisos de entrega asumidos con los clientes.

También se mantendrá el actual equipo profesional y la ejecución de los proyectos previstos. La conducción de CSJ consideró que la incorporación de Carmeuse permitirá generar nuevas sinergias, aportar mayor respaldo internacional y fortalecer la posición de la compañía frente al crecimiento de la demanda minera.

La operación adquiere una dimensión adicional en un momento de fuerte expansión de las inversiones mineras en San Juan, particularmente vinculadas al cobre. La llegada de un grupo internacional especializado a una empresa local con capacidad productiva consolidada refuerza, además, la integración de la industria sanjuanina con cadenas de abastecimiento de alcance regional y global.

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En 48 horas, 800 personas se anotaron al nuevo sistema para choferes

A dos días de su puesta en marcha, unas 800 personas ingresaron a la plataforma y cerca de 360 comenzaron la inscripción. El sistema reemplazó las licencias con cupos por un registro abierto y ya permitió validar a unos 150 conductores y propietarios.

El nuevo registro provincial para choferes de autos de alquiler con conductor tuvo una rápida respuesta durante sus primeras 48 horas. Según informó el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, unas 800 personas ingresaron a la plataforma, mientras que alrededor de 360 ya iniciaron el trámite para incorporarse formalmente al sistema.

De ese universo, aproximadamente 150 personas fueron validadas y quedaron correctamente registradas. La implementación representa una modificación sustancial respecto del esquema anterior, que funcionaba mediante licencias limitadas por cupos.

La nueva modalidad establece un registro abierto, con el propósito de ampliar el acceso a la prestación y, al mismo tiempo, obtener un número preciso de quienes trabajan en el rubro. La Provincia sostiene que el mecanismo permitirá identificar también a quienes hasta ahora desarrollaban tareas sin formar parte de los registros oficiales.

El cambio alcanza a taxis, remises y vehículos vinculados con aplicaciones, ya que todos quedan comprendidos dentro de la categoría de autos de alquiler con conductor. La diferencia radica en la forma en que cada servicio llega al pasajero, pero los requisitos básicos de habilitación son comunes.

Para incorporarse, el conductor y el propietario del vehículo deben cumplir las exigencias nacionales y provinciales, entre ellas la inscripción correspondiente ante ARCA y una CUIT activa. Los choferes deben contar además con licencia profesional, mientras que los automóviles tienen que respetar el límite de antigüedad previsto y disponer del seguro obligatorio para el transporte de pasajeros.

La inscripción se realiza completamente online mediante la plataforma de Transporte y requiere el acceso a través de la Clave Ciudadano Digital. La eliminación de las tasas que anteriormente cobraba la Secretaría de Tránsito y Transporte constituye otra de las modificaciones introducidas por la nueva regulación.

Antes de la reforma existían alrededor de 1.500 personas habilitadas mediante licencias, aunque las autoridades no contaban con una cifra confiable sobre quienes prestaban servicios fuera del registro. El nuevo mecanismo busca cerrar esa brecha y establecer con mayor precisión la dimensión real del rubro.

Las motos quedan fuera

El sistema no habilita el traslado de pasajeros en motocicletas mediante aplicaciones. Molina aclaró que servicios como UberMoto y DidiMoto no pueden incorporarse porque la normativa provincial no contempla un registro profesional para motociclistas destinado al transporte remunerado de personas.

La aclaración adquiere relevancia en un mercado donde las aplicaciones ampliaron las alternativas disponibles para los usuarios. Para la autoridad de Transporte, utilizar motocicletas para trasladar pasajeros a cambio de dinero no queda alcanzado por la nueva inscripción y plantea, además, riesgos vinculados con la seguridad.

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