La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones puso en marcha una batería de medidas que incluye trabajo a reglamento, movilización y un paro general de 48 horas. Reclama reapertura de paritarias y una compensación salarial ante la caída del poder adquisitivo.

El conflicto en el Correo Argentino ingresó en una etapa de mayor intensidad tras la decisión de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) de profundizar su plan de lucha. Con una estrategia escalonada que combina medidas progresivas y una escalada en aumento, el sindicato busca forzar una respuesta frente al deterioro salarial que, según denuncia, atraviesan los trabajadores del sector.

La resolución fue adoptada por el Secretariado Nacional de la organización, con respaldo unánime del LXXV Congreso Nacional Ordinario realizado en Santa Fe. Allí no solo se ratificó la conducción gremial, sino que también se delineó un esquema de acción que anticipa una disputa prolongada si no se reactivan las negociaciones.

El cronograma comenzó con el establecimiento del estado de alerta y la implementación de trabajo a reglamento desde el 27 de abril, una modalidad que implica el cumplimiento estricto de las tareas según normativa, con el consiguiente impacto en la operatoria cotidiana del servicio. La hoja de ruta continuará con una movilización prevista para el 30 de abril, en articulación con la CGT, y alcanzará su punto más crítico con un paro general de 48 horas los días 4 y 5 de mayo, sin asistencia a los lugares de trabajo.

Tras esa instancia, el sindicato prevé retomar el trabajo a reglamento entre el 6 y el 8 de mayo, en una secuencia que busca sostener la presión de manera continua y visible. El diseño de las medidas responde a una lógica de acumulación progresiva, donde cada acción amplifica el impacto de la anterior y refuerza la capacidad de negociación del gremio.

En el núcleo del conflicto se encuentra la discusión salarial. FOECYT exige la reapertura urgente de paritarias, al considerar que las negociaciones permanecen estancadas mientras los ingresos pierden capacidad de compra. Como parte de su planteo, el sindicato reclama el pago de un bono extraordinario de $840.000, distribuido en cuatro cuotas, con el objetivo de compensar la pérdida acumulada en los haberes.

La organización también cuestiona la adopción de decisiones unilaterales por parte de la empresa en materia de remuneraciones y sostiene que cualquier recomposición debe canalizarse a través de instancias formales de negociación colectiva. Este punto se ha convertido en uno de los ejes centrales de la disputa, al tensionar los márgenes de diálogo entre las partes.

Desde la conducción encabezada por Alberto Cejas se ratificó que el plan de lucha no se detendrá en las medidas ya anunciadas. Por el contrario, se advirtió que podrían intensificarse en las próximas semanas si no se registran avances concretos. El escenario, en consecuencia, permanece abierto: la empresa sostiene limitaciones para dar respuesta a los reclamos, mientras el gremio profundiza su estrategia de presión.

La disputa adquiere relevancia adicional por el rol del Correo Argentino como servicio clave en la logística y las comunicaciones, lo que amplifica el impacto de cualquier interrupción en su funcionamiento. En este contexto, el conflicto trasciende el ámbito estrictamente laboral y se proyecta sobre la dinámica cotidiana de usuarios y actividades económicas vinculadas.

Un informe del IPA expone el fuerte retroceso del empleo fabril desde fines de 2023 y advierte sobre un proceso de transformación económica que debilita al entramado productivo. La pérdida de puestos, el cierre de empresas y la caída de la actividad configuran un presente de alta fragilidad.

El sector industrial argentino atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. De acuerdo con un relevamiento del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA), desde diciembre de 2023 se destruyeron 79.672 empleos registrados en la actividad manufacturera, lo que posiciona al rubro como el principal epicentro de la pérdida de trabajo formal en el país.

Los datos reflejan una dinámica que no solo se sostiene en el tiempo, sino que exhibe señales de profundización. En el inicio de 2026, la industria explicó prácticamente la totalidad de la caída mensual del empleo registrado: de los 7.593 puestos perdidos en la economía, 7.336 corresponden al entramado fabril. La magnitud del fenómeno —que representa el 97% del total— deja en evidencia el peso específico del sector en la actual contracción del mercado laboral.

Desde el IPA interpretan que este comportamiento responde a una reconfiguración de la matriz productiva, con menor protagonismo de la manufactura y mayor centralidad de actividades primarias. Daniel Rosato, presidente de la entidad, sintetizó el diagnóstico con una definición contundente: “Se pasó de un modelo basado en la generación de empleo a otro orientado a la extracción de recursos”. Según su visión, este viraje genera beneficios concentrados, mientras amplios segmentos vinculados a la producción enfrentan dificultades crecientes para sostener su actividad.

El impacto también se manifiesta en el tejido empresarial. Desde la asunción del actual gobierno, 2.993 firmas manufactureras dejaron de operar, reduciendo el universo activo a 46.728 compañías. La cifra no solo expresa un retroceso cuantitativo, sino que implica la pérdida de capacidades productivas acumuladas durante años, con efectos que trascienden a las propias plantas y alcanzan a proveedores, comercios y servicios asociados.

En términos de actividad, los indicadores consolidan el cuadro de debilitamiento. En febrero, la producción industrial registró una caída interanual del 8,7% y un retroceso del 4% frente al mes previo, acumulando ocho períodos consecutivos en baja. A esto se suma la contracción del consumo interno, que descendió un 3,1% en la comparación anual y refleja el deterioro del poder adquisitivo. El dato adquiere mayor relevancia al considerar que seis de cada diez hogares recurrieron al endeudamiento para afrontar gastos esenciales.

El informe advierte además sobre un mecanismo que erosiona la competitividad de las empresas locales. Por un lado, los costos medidos en pesos experimentan incrementos sostenidos; por otro, la relativa estabilidad del tipo de cambio encarece la producción en términos de dólares. Este desfasaje se combina con una mayor presencia de productos importados, que intensifican la presión sobre el mercado interno.

Históricamente, la industria ha mostrado una mayor resistencia a la reducción de personal, en parte por la inversión que implica la formación de trabajadores calificados. Sin embargo, desde el sector señalan que ese margen de contención se encuentra cada vez más limitado. “La capacidad de sostener plantillas está llegando a un punto crítico”, advirtió Rosato, al tiempo que reclamó medidas orientadas a preservar la producción nacional.

Las proyecciones a corto plazo refuerzan la preocupación. Durante una exposición en el Senado, representantes del sector señalaron que más de 1.200 establecimientos industriales podrían cesar sus actividades en los próximos meses si no se implementan políticas de apoyo específicas. El dato, de concretarse, profundizaría aún más la pérdida de empleo y el deterioro del entramado productivo.

El Poder Judicial de San Juan dio un paso decisivo en su proceso de modernización al anunciar la implementación de un sistema de notificaciones digitales destinado a ciudadanos que deban comparecer ante los tribunales. La iniciativa, impulsada de manera conjunta con el Gobierno provincial, introduce un cambio sustancial en la dinámica de comunicación judicial y abre la puerta a una transformación estructural en la gestión de los procesos.

El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, confirmó que el proyecto comenzará con una fase piloto que permitirá evaluar su funcionamiento antes de su aplicación plena. El desarrollo de la herramienta es el resultado de un trabajo articulado entre distintas áreas del Estado, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Orden Público, la Jefatura de Policía, el Ministerio de Economía —a través de la Dirección Provincial de Informática— y el área de Gobierno Digital.

El impacto económico aparece como uno de los argumentos centrales de la iniciativa. Actualmente, el sistema judicial emite alrededor de 90 mil notificaciones anuales bajo formatos tradicionales, lo que implica un despliegue logístico significativo. Según estimaciones oficiales, este mecanismo demanda un gasto superior a los 1.500 millones de pesos por año, cifra que podría reducirse de manera considerable con la adopción de un esquema digital.

Más allá del ahorro, el cambio apunta a resolver ineficiencias propias del modelo vigente. En la actualidad, las notificaciones se canalizan a través de distintos circuitos según el fuero, lo que deriva en un funcionamiento fragmentado. En materia penal, por ejemplo, intervienen oficinas judiciales en coordinación con la Policía, mientras que en otros ámbitos pueden participar abogados u otros actores, generando heterogeneidad en los procedimientos.

La incorporación de una plataforma digital —que tendría como eje el sistema de Ciudadano Digital del Gobierno provincial— permitirá unificar criterios y simplificar los procesos. Este nuevo esquema no solo agilizaría los tiempos de comunicación, sino que también reduciría la dependencia de intermediarios y minimizaría las fallas asociadas a la notificación presencial, como la imposibilidad de ubicar al destinatario.

En esa línea, uno de los cambios más relevantes es la eventual desvinculación de la Policía de estas tareas, lo que implicaría una reasignación más eficiente de recursos humanos y operativos. La modificación no es menor: actualmente, una parte significativa de las notificaciones requiere intervención policial, lo que incrementa costos y dilata los plazos.

El proceso de implementación será gradual. En una primera etapa, el sistema digital convivirá con los mecanismos tradicionales, con el objetivo de garantizar la transición sin afectar la validez de los actos procesales. “La meta es avanzar hacia una digitalización plena, pero inicialmente se trabajará con ambos formatos”, explicó Olivares Yapur.

El titular de la Corte también destacó que ya se realizaron pruebas preliminares con resultados alentadores, lo que refuerza la viabilidad del proyecto. No obstante, la puesta en marcha definitiva requerirá la adecuación de marcos normativos que respalden jurídicamente el nuevo esquema.