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Bajo la consigna de fomentar el diálogo social, referentes políticos, sindicales y empresarios de San Juan participarán de un retiro espiritual organizado por la Iglesia. Un espacio de reflexión que oscila entre la mística y la política, en un contexto de fragmentación institucional y demandas sociales urgentes.

En un país donde los límites entre lo público y lo privado, lo laico y lo confesional, se desdibujan con naturalidad alarmante, San Juan vuelve a ser escenario de una postal conocida pero no por ello carente de interrogantes. Este sábado 12 de abril, en la Casa de Retiro Emaús —emplazada en la apacible localidad de Las Chacritas— se desarrollará el tradicional retiro espiritual promovido por la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan. La cita reunirá a funcionarios del oficialismo, miembros de la oposición, dirigentes sindicales, empresarios de peso y representantes del ámbito social en torno a un mismo eje: la reflexión sobre el rol del poder en clave de servicio.

Encabezado por el Arzobispo Jorge Lozano y con la destacada presencia de monseñor Dante Braida —obispo de La Rioja y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social—, el encuentro se presenta como un intento por recuperar una dimensión trascendente del quehacer público. Braida, de conocida vocación crítica respecto al abordaje estatal de problemáticas estructurales como el narcotráfico y la exclusión juvenil, sumará a la jornada un tono de urgencia ética, alejado de los protocolos edulcorados del ceremonial político.

A tono con las declaraciones de Héctor Allende, titular de la comisión organizadora, el evento apunta a «bajar los niveles de crispación» y propiciar una «amistad social» que, más allá del idealismo retórico, suena casi utópica en el escenario político provincial. La concurrencia de figuras como el gobernador Marcelo Orrego, el vicegobernador Fabián Martín, el senador Sergio Uñac y dirigentes históricos del peronismo sanjuanino, entre ellos José Luis Gioja y Fabián Gramajo, plantea una convivencia inusual fuera de los marcos institucionales convencionales. Más aún, en un año preelectoral, donde las tensiones internas y las estrategias de reposicionamiento se intensifican.

En este marco, la pregunta inevitable —y quizás incómoda— gira en torno al verdadero alcance de este tipo de encuentros. ¿Hasta qué punto estos retiros trascienden la puesta en escena de una concordia simbólica? ¿Se trata de instancias auténticas de introspección o de pausas ceremoniales que embellecen una praxis política muchas veces ajena al espíritu del servicio que se pregona? La institucionalidad eclesiástica se esfuerza por ofrecer un espacio de comunión, pero la realidad sociopolítica, marcada por la desconfianza ciudadana y el descreimiento generalizado, interpela con crudeza.

A esto se suma un trasfondo inquietante: la creciente influencia de sectores religiosos en la vida pública, en momentos donde las políticas de Estado deberían priorizar el laicismo, la racionalidad democrática y la inclusión efectiva. La espiritualización del poder, si no está acompañada de una transformación concreta de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, corre el riesgo de convertirse en un bálsamo para conciencias en deuda.

El retiro espiritual que congregará a la elite dirigencial sanjuanina es, sin dudas, un gesto necesario en tiempos de polarización y desencuentro. Sin embargo, para que este tipo de iniciativas no queden encapsuladas en el terreno de lo simbólico, deben traducirse en compromisos reales, sostenidos y tangibles en el plano de las políticas públicas. La espiritualidad, sin acción, corre el riesgo de ser apenas un espejismo ético en medio del desierto político argentino. En una sociedad urgida de justicia, diálogo y proyectos a largo plazo, no alcanza con orar: hay que transformar. Y ese es un desafío que no admite contemplaciones.

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La CGT convocó a marchar por las universidades y reforzó su respaldo al reclamo educativo

La CGT convocó al movimiento obrero a participar de la quinta Marcha Federal Universitaria del jueves 15 de octubre, en una nueva jornada de reclamo por el financiamiento de las universidades públicas, la recomposición de los salarios docentes y nodocentes y la actualización de las becas estudiantiles.

El llamado fue difundido por la central obrera durante la movilización en defensa de la industria nacional. La decisión amplía el respaldo sindical a una protesta que busca reunir a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, familias y organizaciones sociales en todo el país.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) celebró la convocatoria con un mensaje centrado en la unidad de los trabajadores frente al ajuste. En la misma línea, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que conduce Walter Merkis, llamó a volver a llenar las calles en defensa de la educación pública, la soberanía y la democracia.

“Sin salarios dignos, no hay universidades públicas. Sin universidades públicas, no hay futuro”, señalaron desde FATUN al respaldar la movilización.

La convocatoria se produce mientras continúa la controversia judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795. El juez federal Martín Cormick intimó al Estado nacional a cumplir la medida cautelar vinculada con la actualización de los salarios docentes y nodocentes y de las becas estudiantiles. Tras la apelación del Gobierno, la Justicia concedió un nuevo plazo de cinco días, bajo apercibimiento de imponer sanciones económicas por incumplimiento.

Los gremios universitarios sostienen que la falta de aplicación de la norma prolonga el deterioro salarial y presupuestario. Por eso, la marcha combinará el reclamo por recursos para las instituciones con la exigencia de recuperar ingresos y garantizar condiciones adecuadas para la enseñanza.

La jornada coincidirá, además, con una sesión especial convocada por la oposición en la Cámara de Diputados a las 14, con un temario que incluye el rechazo del DNU 70/2023, una iniciativa sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.

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Una familia necesitó $1.632.505 para no caer bajo la línea de pobreza

Según el INDEC, la Canasta Básica Total para una familia de cuatro integrantes alcanzó los $1.632.505 en septiembre, mientras que la Canasta Básica Alimentaria llegó a $738.690. Ambas aumentaron 1,7% mensual, pero la suba interanual fue mayor en los alimentos: 40%, frente al 38,7% de la canasta que determina la línea de pobreza.

La evolución interanual muestra una presión mayor sobre los gastos alimentarios. En comparación con septiembre de 2025, la CBA aumentó 40%, mientras que la CBT subió 38,7%. Desde diciembre de 2025, las variaciones acumuladas llegaron al 25,3% y al 24,7%, respectivamente.

La diferencia entre ambas mediciones determina los umbrales oficiales de pobreza e indigencia. La canasta alimentaria contempla los requerimientos nutricionales básicos; la total incorpora, además, bienes y servicios no alimentarios indispensables, como transporte, vestimenta y otros gastos del hogar.

Los montos también varían según la composición familiar. Para un hogar de tres integrantes, el INDEC calculó $1.299.664 para superar la línea de pobreza y $588.083 para no ser indigente. En una familia de cinco personas, los valores ascendieron a $1.717.036 y $776.939, respectivamente.

En la medición individual, un adulto equivalente necesitó $528.319 para no ser pobre y $239.058 para cubrir la canasta alimentaria. El organismo utiliza esta unidad de referencia —un varón de entre 30 y 60 años con actividad moderada— y ajusta los montos según la edad, el género y la composición de cada hogar.

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La inflación volvió a acelerarse: 1,9% en septiembre y 33,4% interanual

El Índice de Precios al Consumidor registró un incremento de 1,9% en septiembre, dos décimas por encima de agosto. Según el INDEC, la variación interanual llegó al 33,4%, mientras que el acumulado de los primeros nueve meses de 2026 alcanzó el 23,6%.

La evolución del indicador muestra que, pese a la desaceleración registrada en períodos anteriores, el costo de vida mantiene presiones que inciden sobre el poder adquisitivo de los hogares.

Entre los componentes que traccionaron el indicador, sobresalió la suba en Alimentos y bebidas. Este rubro afecta de manera directa la economía familiar, ensañándose con los sectores más vulnerables. Por ello, la trayectoria de la canasta básica resulta indispensable para ponderar el costo de vida real por encima de la inflación promedio.

La aceleración mensual vuelve a poner el foco sobre la evolución de los precios y su relación con los ingresos. Aunque la variación interanual se mantiene por debajo de los registros de años anteriores, la continuidad de los aumentos condiciona la capacidad de compra de salarios y jubilaciones.

El indicador de septiembre servirá como marco de referencia para las negociaciones salariales y la planificación financiera de los hogares, en un contexto donde la dinámica de precios continúa condicionando el consumo y la recomposición del poder de compra.

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