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Bajo la consigna de fomentar el diálogo social, referentes políticos, sindicales y empresarios de San Juan participarán de un retiro espiritual organizado por la Iglesia. Un espacio de reflexión que oscila entre la mística y la política, en un contexto de fragmentación institucional y demandas sociales urgentes.

En un país donde los límites entre lo público y lo privado, lo laico y lo confesional, se desdibujan con naturalidad alarmante, San Juan vuelve a ser escenario de una postal conocida pero no por ello carente de interrogantes. Este sábado 12 de abril, en la Casa de Retiro Emaús —emplazada en la apacible localidad de Las Chacritas— se desarrollará el tradicional retiro espiritual promovido por la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan. La cita reunirá a funcionarios del oficialismo, miembros de la oposición, dirigentes sindicales, empresarios de peso y representantes del ámbito social en torno a un mismo eje: la reflexión sobre el rol del poder en clave de servicio.

Encabezado por el Arzobispo Jorge Lozano y con la destacada presencia de monseñor Dante Braida —obispo de La Rioja y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social—, el encuentro se presenta como un intento por recuperar una dimensión trascendente del quehacer público. Braida, de conocida vocación crítica respecto al abordaje estatal de problemáticas estructurales como el narcotráfico y la exclusión juvenil, sumará a la jornada un tono de urgencia ética, alejado de los protocolos edulcorados del ceremonial político.

A tono con las declaraciones de Héctor Allende, titular de la comisión organizadora, el evento apunta a «bajar los niveles de crispación» y propiciar una «amistad social» que, más allá del idealismo retórico, suena casi utópica en el escenario político provincial. La concurrencia de figuras como el gobernador Marcelo Orrego, el vicegobernador Fabián Martín, el senador Sergio Uñac y dirigentes históricos del peronismo sanjuanino, entre ellos José Luis Gioja y Fabián Gramajo, plantea una convivencia inusual fuera de los marcos institucionales convencionales. Más aún, en un año preelectoral, donde las tensiones internas y las estrategias de reposicionamiento se intensifican.

En este marco, la pregunta inevitable —y quizás incómoda— gira en torno al verdadero alcance de este tipo de encuentros. ¿Hasta qué punto estos retiros trascienden la puesta en escena de una concordia simbólica? ¿Se trata de instancias auténticas de introspección o de pausas ceremoniales que embellecen una praxis política muchas veces ajena al espíritu del servicio que se pregona? La institucionalidad eclesiástica se esfuerza por ofrecer un espacio de comunión, pero la realidad sociopolítica, marcada por la desconfianza ciudadana y el descreimiento generalizado, interpela con crudeza.

A esto se suma un trasfondo inquietante: la creciente influencia de sectores religiosos en la vida pública, en momentos donde las políticas de Estado deberían priorizar el laicismo, la racionalidad democrática y la inclusión efectiva. La espiritualización del poder, si no está acompañada de una transformación concreta de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, corre el riesgo de convertirse en un bálsamo para conciencias en deuda.

El retiro espiritual que congregará a la elite dirigencial sanjuanina es, sin dudas, un gesto necesario en tiempos de polarización y desencuentro. Sin embargo, para que este tipo de iniciativas no queden encapsuladas en el terreno de lo simbólico, deben traducirse en compromisos reales, sostenidos y tangibles en el plano de las políticas públicas. La espiritualidad, sin acción, corre el riesgo de ser apenas un espejismo ético en medio del desierto político argentino. En una sociedad urgida de justicia, diálogo y proyectos a largo plazo, no alcanza con orar: hay que transformar. Y ese es un desafío que no admite contemplaciones.

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Crece la preocupación en la construcción por la paralización de proyectos públicos


La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) volvió a manifestar su preocupación por la prolongada retracción que atraviesa el sector y reclamó medidas urgentes para recuperar el nivel de actividad, en un escenario marcado por la paralización de proyectos, la caída de inversiones y el deterioro de una cadena productiva que involucra a miles de empresas y trabajadores en todo el país.

Desde la entidad empresaria señalaron que el freno de numerosas obras de infraestructura comenzó a generar consecuencias cada vez más visibles sobre constructoras, proveedores de insumos, transportistas, industrias asociadas y mano de obra especializada, configurando un cuadro que amenaza con profundizarse si no se adoptan medidas de estímulo en el corto plazo.

Frente a este panorama, CAMARCO insistió en la necesidad de reactivar los proyectos suspendidos, regularizar pagos pendientes con contratistas y establecer una hoja de ruta que permita recuperar la inversión en infraestructura estratégica. Según planteó la organización, la ejecución de obras constituye una herramienta central para impulsar la actividad económica, fortalecer la competitividad y generar empleo formal en distintos puntos del territorio nacional.

La entidad propuso avanzar en un programa federal de infraestructura que contemple obras viales, ampliación de redes energéticas, modernización portuaria, desarrollo ferroviario y ampliación de sistemas de agua y saneamiento. A criterio del sector, estas iniciativas no sólo mejorarían la conectividad y la productividad, sino que también tendrían un efecto multiplicador sobre numerosas ramas de la economía.

El nerviosismo empresario surge en un entorno en el que la construcción continúa exhibiendo dificultades para recuperar el dinamismo perdido durante los últimos meses. La reducción de proyectos financiados por el Estado nacional, sumada a la cautela inversora del sector privado, impactó de manera directa sobre los niveles de ocupación y sobre la demanda de materiales vinculados a la actividad.

CAMARCO sostienen que la infraestructura debe ser considerada una política de desarrollo de largo alcance y no únicamente una variable de ajuste presupuestario. La entidad remarcó que la inversión en obras estratégicas resulta indispensable para acompañar el crecimiento económico, reducir costos logísticos y generar condiciones más favorables para la producción y el comercio.

Para empresarios y especialistas del sector, la discusión ya no se limita exclusivamente a la ejecución de proyectos pendientes. Lo que está en juego, sostienen, es la capacidad del país para sostener empleo, potenciar su competitividad y construir las bases materiales necesarias para acompañar cualquier estrategia de crecimiento a largo plazo.

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Jerárquicos de Comercio acusan a ChangoMás de reemplazar salarios por órdenes de compra

Un nuevo foco de conflicto se abrió en el sector supermercadista luego de que la Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPYJC) denunciara públicamente a Dorinka, empresa controlante de la cadena ChangoMás, por una propuesta de recomposición salarial que el gremio considera lesiva para los trabajadores.

El sindicato cuestionó una propuesta de recomposición del 9% al considerar que no constituye un aumento salarial real. Advirtió que parte de los montos se abonaría mediante órdenes de compra y reintegros de gastos, sin incorporarse al salario básico.

La Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPYJC) denunció a la firma Dorinka, controlante de la cadena ChangoMás, por impulsar una modalidad de actualización de ingresos que, según el gremio, perjudica los derechos laborales de supervisores y mandos medios.

La controversia surgió tras la presentación de una propuesta de recomposición del 9%, luego de más de siete meses sin modificaciones salariales para ese segmento de trabajadores. De acuerdo con la organización sindical, el esquema contempla un 6% a través de créditos de compra utilizables en los propios supermercados de la empresa y un 3% mediante reintegros de gastos sujetos a la presentación de comprobantes.

Desde APPYJC sostienen que estos conceptos no constituyen salario genuino y alertan que, al no integrarse al sueldo básico, afectan el cálculo del aguinaldo, las vacaciones, las indemnizaciones y los aportes previsionales.

La entidad que conduce Gastón Gallo calificó la propuesta como una práctica que recuerda mecanismos de flexibilización laboral aplicados durante la década de 1990 y anunció el estado de alerta, exigiendo la apertura inmediata de una mesa de negociación.

Entre sus reclamos, el sindicato exige incrementos remunerativos incorporados al básico, el cese de cualquier modalidad que considere precarizadora y una negociación salarial que permita recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores.

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Orrego puso en valor a las empresas que invierten y generan trabajo en San Juan

Durante una visita a la planta ubicada en 9 de Julio, el gobernador Marcelo Orrego destacó la trayectoria de Taranto, una de las firmas autopartistas más importantes del país, y remarcó la necesidad de acompañar a los sectores productivos que impulsan el empleo, la innovación y la diversificación económica en la provincia.

La consolidación del entramado industrial sanjuanino sumó este viernes un nuevo episodio con la visita del gobernador Marcelo Orrego a la planta de Taranto, ubicada en el departamento 9 de Julio. La recorrida permitió conocer de primera mano la evolución de una de las compañías autopartistas de mayor relevancia del país, cuya presencia en la provincia se traduce en generación de puestos de trabajo, incorporación de tecnología y permanentes desembolsos destinados a ampliar su capacidad productiva.

Acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, y funcionarios del área económica, el mandatario provincial fue recibido por el empresario Norberto Taranto, quien encabezó el recorrido por los distintos sectores de la fábrica. Durante la visita, las autoridades pudieron interiorizarse sobre los procesos industriales que se desarrollan en el establecimiento y dialogar con los trabajadores que integran una plantilla cercana a las 300 personas.

En ese marco, Orrego resaltó la importancia de respaldar a quienes eligen producir en la provincia y sostienen proyectos de largo plazo. El gobernador remarcó que San Juan dispone de recursos humanos capacitados, experiencia industrial y condiciones favorables para continuar ampliando su perfil productivo, factores que —afirmó— permiten proyectar nuevas oportunidades de crecimiento.

El mandatario también destacó la decisión de la empresa de incorporar infraestructura vinculada a la generación de energía solar, una iniciativa que se alinea con el perfil energético que la provincia ha desarrollado en los últimos años. Según señaló, este tipo de inversiones contribuyen a fortalecer la competitividad de las industrias y consolidan una visión de desarrollo asociada a la innovación y la sustentabilidad.

Con una trayectoria que trascendió las fronteras provinciales y nacionales, Taranto se ha convertido en una referencia dentro del sector autopartista argentino. Desde su planta sanjuanina abastece distintos mercados, mientras mantiene operaciones en otras provincias y una red logística que alcanza destinos internacionales, particularmente en América Latina.

La compañía, además, ha diversificado sus actividades hacia la producción agroindustrial mediante emprendimientos vinculados al cultivo y procesamiento de uvas en el departamento San Martín, ampliando así su aporte a la economía local y fortaleciendo distintos eslabones de la cadena productiva.

La visita oficial volvió a poner de relieve la relevancia de la articulación entre el Estado y el sector privado para promover inversiones, generar empleo genuino y sostener el crecimiento económico. En una provincia que busca ampliar su matriz productiva, experiencias empresariales como la de Taranto aparecen como ejemplos de continuidad, expansión y confianza en el potencial de San Juan.

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