Los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmaron que los senadores de sus provincias votarán en contra del proyecto impulsado por La Libertad Avanza. La decisión reduce las posibilidades del oficialismo de alcanzar los 37 votos necesarios para aprobar la iniciativa y abre un escenario de incertidumbre sobre la sesión prevista para este miércoles.

El Gobierno nacional enfrenta un nuevo obstáculo en el Senado de la Nación para avanzar con el proyecto que modifica el régimen de propiedad de las tierras rurales y habilita una mayor apertura a la inversión extranjera. A pocas horas de la sesión, dos gobernadores habitualmente cercanos a la Casa Rosada confirmaron su rechazo a la iniciativa y debilitaron la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza.

El primero en pronunciarse fue el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien reveló que mantuvo conversaciones con las senadoras de su provincia y aseguró que ambas votarán en contra del proyecto. «Beatriz Ávila y Sandra Mendoza manifestaron su rechazo a la iniciativa y son personas que no cambian de posición», afirmó, descartando cualquier posibilidad de acompañamiento al oficialismo.

La definición representó un golpe para el bloque libertario, que hasta ese momento contabilizaba esos dos votos dentro del respaldo necesario para alcanzar la mayoría requerida.

Horas más tarde se sumó otra señal adversa desde la Patagonia. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que confirmó que la senadora Julieta Carroza, representante de La Neuquinidad, también rechazará el proyecto.

La postura coincide con la posición que el mandatario provincial había expresado anteriormente al anunciar que impulsará una ley para impedir la venta de tierras fiscales neuquinas a capitales extranjeros.

Con estas definiciones, el oficialismo pierde apoyos considerados estratégicos y queda aún más lejos de reunir los 37 votos necesarios para otorgar media sanción a la iniciativa.

El panorama parlamentario continúa siendo extremadamente ajustado. La paridad entre quienes respaldan y quienes rechazan el proyecto hace que cualquier cambio de postura pueda modificar el resultado de la votación. Además, todavía existen senadores que no confirmaron públicamente su posición, por lo que el conteo definitivo permanece abierto.

La incertidumbre también alimenta las dudas sobre el desarrollo de la sesión convocada para este miércoles. Si el oficialismo no consigue los respaldos suficientes antes del inicio del debate, el tratamiento del proyecto podría derivar en una derrota legislativa o incluso quedar sujeto a nuevas negociaciones de último momento.

La discusión sobre la venta de tierras rurales a capitales extranjeros volvió así a exponer las diferencias entre el Gobierno nacional y varios mandatarios provinciales, incluso entre aquellos que en otras votaciones acompañaron las principales iniciativas impulsadas por la administración de Javier Milei. La definición del Senado marcará no sólo el futuro del proyecto, sino también la solidez de las alianzas que el oficialismo necesita para sostener su agenda legislativa.

La Justicia restableció plenamente la vigencia de la medida cautelar luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso del Estado nacional. El fallo obliga a garantizar la actualización salarial de docentes y no docentes, además de los fondos destinados a becas, mientras continúa el trámite judicial sobre el fondo de la causa.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dejó firme este martes la medida cautelar que obliga al Estado nacional a garantizar el financiamiento de las universidades públicas, al considerar que perdió efecto la suspensión que había dispuesto durante la tramitación del expediente. La resolución llega después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional, despejando el principal argumento que había motivado el freno transitorio de la orden judicial.

Con esta decisión, el Estado deberá continuar asegurando las partidas presupuestarias destinadas a la actualización de los salarios de docentes y trabajadores no docentes, además de los recursos previstos para becas estudiantiles y otros programas contemplados en la Ley de Financiamiento Universitario. La Sala III también ordenó devolver el expediente al juzgado de primera instancia para avanzar con la ejecución de la cautelar, que permanecerá vigente hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto.

El litigio se originó a partir del Decreto 759/25, mediante el cual el Poder Ejecutivo intentó condicionar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025. Aunque la norma fue vetada por el Ejecutivo, el Parlamento insistió con su aprobación tras reunir las mayorías necesarias en ambas cámaras, en medio de una amplia movilización de la comunidad universitaria en defensa del sistema público de educación superior.

La legislación establece mecanismos de actualización para las remuneraciones del personal universitario y dispone la recomposición de los programas de becas, entre ellos Progresar. Frente a la demora en su implementación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), acompañado por organizaciones gremiales docentes, promovió una acción de amparo colectivo para exigir el cumplimiento de esos artículos.

La controversia ya había registrado un capítulo decisivo en junio, cuando la Corte Suprema rechazó la presentación del Gobierno y mantuvo vigente la cautelar que ordena aplicar los artículos centrales de la Ley 27.795 vinculados a salarios y financiamiento estudiantil. Aquella resolución fue suscripta por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El pronunciamiento judicial coincidió con el anuncio oficial de un esquema de transferencias para las universidades nacionales, que contemplaba incrementos del 24,33% para salarios, del 20% para gastos de funcionamiento y una ampliación de los recursos destinados a hospitales universitarios hasta alcanzar los 50.000 millones de pesos. Sin embargo, las autoridades universitarias sostuvieron que esa propuesta elevaba el presupuesto al 0,6% del Producto Bruto Interno, por debajo del 0,75% previsto en la ley vigente.

Con la resolución conocida durante la jornada de este martes, la cautelar recuperó plena vigencia y continuará resguardando la actualización de salarios y becas hasta que la Justicia resuelva de manera definitiva la legalidad del decreto cuestionado y la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva retiró a su embajador en Buenos Aires y redujo su representación al nivel de encargado de negocios, luego de los nuevos agravios de Javier Milei contra el mandatario brasileño y el Supremo Tribunal Federal. La decisión marca el mayor deterioro diplomático entre ambos países en años.

Brasil profundizó este martes la crisis diplomática con la Argentina al retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y reducir la representación de ese país al nivel de encargado de negocios. La medida, adoptada por el Palacio de Itamaraty, fue presentada como una respuesta directa a las reiteradas descalificaciones del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva y miembros del Supremo Tribunal Federal.

Fuentes de la diplomacia brasileña señalaron que el embajador no regresará a la Argentina mientras persistan las agresiones del mandatario argentino y confirmaron que la embajada permanecerá, por el momento, sin un representante con rango de embajador. Paralelamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, para transmitir el malestar oficial y solicitar explicaciones por los recientes acontecimientos.

El nuevo episodio del enfrentamiento bilateral se originó tras la visita de Milei a Brasil para participar de un acto político en respaldo de Flavio Bolsonaro. Durante esa actividad, el Presidente argentino volvió a referirse a Lula con expresiones como «ladrón», «presidiario» y «basura socialista», además de lanzar duras descalificaciones contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien llamó «basura calva». Para el gobierno brasileño, esas declaraciones constituyeron una injerencia en asuntos internos y un agravio institucional al haber sido pronunciadas en territorio brasileño.

La tensión aumentó aún más cuando Milei defendió públicamente al exmandatario Jair Bolsonaro, a quien describió como «un amigo injustamente encarcelado». Bolsonaro cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado a más de 27 años de prisión por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado perpetrado en enero de 2023 contra el gobierno de Lula.

Días después, el presidente brasileño respondió por primera vez de manera directa. Durante un acto en Brasilia, en el que oficializó su candidatura presidencial por el Partido de los Trabajadores, evitó ingresar en un intercambio personal, aunque cuestionó con dureza la presencia de Milei en el país. «Ustedes vieron la payasada que vino a hacer aquí el presidente de Argentina. Yo no dije nada, porque mi relación es una relación de jefe de Estado a Estado, y me gusta el pueblo argentino», afirmó. Luego remarcó que, mientras permanezca al frente del Ejecutivo, «nadie de afuera va a meterse en las elecciones brasileñas». Horas antes, ante la prensa, había ironizado al ser consultado sobre Milei: «¿Quién es ese tipo?».

Las tratativas diplomáticas también sumaron reuniones entre el canciller brasileño, Mauro Vieira, y el embajador argentino, Daniel Raimondi. Tras el encuentro, Vieira calificó el episodio como «una provocación sin precedentes en más de 200 años de relaciones bilaterales» y sostuvo que las declaraciones del mandatario argentino representaron una ofensa no sólo contra Lula y el Poder Judicial, sino también contra las instituciones democráticas y el pueblo brasileño.

La decisión de Brasil de retirar a su embajador constituye uno de los gestos diplomáticos más severos adoptados entre ambos países desde el restablecimiento de la democracia y refleja el profundo deterioro del vínculo político entre las dos principales economías del Mercosur. Mientras no haya señales de distensión, la relación bilateral permanecerá limitada a los canales diplomáticos mínimos, con el consiguiente impacto sobre el diálogo político entre ambos gobiernos.