La fábrica de galletitas ubicada en el departamento Albardón decidió detener su producción durante una semana debido a la acumulación de mercadería sin salida comercial. La medida alcanza a todo el personal y expone el impacto que la caída del consumo masivo comienza a provocar en la industria alimenticia regional. Desde el gremio descartan despidos y aseguran que el freno busca evitar un panorama más crítico mientras la nueva conducción intenta estabilizar la empresa tras una profunda crisis.

La retracción del consumo interno volvió a encender señales de alarma en la industria sanjuanina. Esta vez, el impacto se hizo visible en una de las plantas alimenticias más importantes de la provincia, que resolvió paralizar completamente su producción durante una semana ante un contexto inédito de sobrestock y falta de espacio físico para almacenar mercadería terminada.

La fábrica emplea a más de 290 trabajadores, y comenzó este lunes un esquema de vacaciones anticipadas para todo el personal luego de que los depósitos quedaran saturados de productos sin comercialización. La decisión, aunque presentada como transitoria, refleja con crudeza el deterioro que atraviesa el mercado interno y la creciente dificultad de las empresas para sostener niveles normales de actividad.

Desde el Sindicato de la Alimentación confirmaron que la medida responde exclusivamente a la acumulación de producción sin salida comercial. “No pueden seguir produciendo porque no tienen lugar dentro del establecimiento para almacenar más mercadería”, explicaron fuentes gremiales, describiendo una situación que sintetiza el complejo momento económico que golpea a distintos sectores fabriles del país.

El secretario general del gremio, Gabriel Manrique, buscó transmitir tranquilidad respecto a la continuidad laboral y sostuvo que no existen riesgos inmediatos de despidos. Según explicó, la empresa optó por un esquema preventivo para intentar descomprimir los depósitos mientras espera reactivar las ventas y recuperar el ritmo habitual de producción.

“Se ha dado una semana de vacaciones para ver si puede salir esa mercadería terminada y así reapuntar otra vez”, señaló el dirigente, quien además confirmó que durante el receso se realizarán tareas de mantenimiento y reacondicionamiento de maquinaria, trabajos que resultaban difíciles de ejecutar con la planta operando a pleno.

La situación adquiere todavía mayor relevancia por el antecedente reciente de la empresa. La planta pertenecía originalmente a Dilexis y atravesó meses de fuerte incertidumbre hasta ser adquirida en enero por el empresario Juan Carlos Crovella, tras la salida de Tía Maruca y Argensan Food. La nueva conducción inició desde entonces un proceso de reorganización financiera y operativa orientado a evitar el cierre definitivo de la planta.

En ese sentido, el secretario de Industria de San Juan, Alejandro Martín, aseguró que la compañía logró regularizar obligaciones pendientes, especialmente vinculadas al pago de salarios atrasados, y consideró que la firma atraviesa una etapa de “reingeniería” destinada a recuperar estabilidad después de varios años de administración deficiente.

En San Juan, donde el entramado industrial tiene un peso decisivo en la economía regional, cualquier interrupción productiva genera preocupación inmediata. Por eso, tanto el gremio como el Gobierno provincial observan con expectativa la evolución de los próximos días y apuestan a que el freno temporal permita descomprimir los depósitos y normalizar la cadena comercial.

Si el escenario acompaña y parte del stock logra ingresar nuevamente al circuito de ventas, la planta retomaría su funcionamiento habitual la próxima semana. Mientras tanto, el caso se convierte en otro síntoma visible de un mercado interno debilitado, donde incluso empresas que lograron evitar el cierre todavía deben enfrentar el desafío más complejo: volver a vender.

En la antesala de una nueva marcha federal universitaria, autoridades de la Universidad Nacional de San Juan advirtieron sobre la gravedad de la situación presupuestaria que atraviesa la institución. Salarios que pierden contra la inflación, programas de infraestructura eliminados y fuertes recortes en investigación configuran un panorama que, según denuncian, amenaza el funcionamiento del sistema universitario público.

La Universidad Nacional de San Juan volverá este martes a las calles junto al resto del sistema universitario argentino en una movilización que busca exponer el deterioro presupuestario que afecta a las casas de altos estudios de todo el país. La convocatoria, impulsada en el marco de una nueva marcha federal universitaria, encuentra a la institución sanjuanina atravesada por crecientes dificultades financieras, pérdida salarial y restricciones que impactan directamente sobre áreas estratégicas como infraestructura, ciencia y permanencia estudiantil.

En la previa de la protesta, el secretario administrativo de la UNSJ, Ricardo Coca, brindó un diagnóstico severo sobre la situación económica de la universidad y advirtió que los recursos transferidos por el Gobierno nacional resultan insuficientes para sostener el funcionamiento normal de la institución.

“Tenemos la esperanza de que la marcha sea una muestra de unidad frente a una situación presupuestaria muy compleja”, sostuvo el funcionario al referirse a la movilización que volverá a reunir a docentes, estudiantes, investigadores, no docentes y autoridades universitarias en distintos puntos del país.

Según detalló Coca, la UNSJ había solicitado alrededor de 220 mil millones de pesos para afrontar el ciclo lectivo y garantizar el funcionamiento institucional, pero recibió apenas 120 mil millones.

La brecha adquiere mayor dimensión si se considera que el presupuesto nacional fue confeccionado bajo una proyección inflacionaria ampliamente superada por la realidad económica. Desde la universidad sostienen que la actualización de partidas quedó rápidamente desfasada frente al incremento sostenido de costos operativos, servicios y salarios.

“Necesitaríamos un incremento cercano al 45 por ciento para volver, al menos, a los niveles de funcionamiento que teníamos en 2023”, advirtió Coca, dejando en evidencia la magnitud del ajuste que denuncian las universidades nacionales.

Uno de los aspectos más sensibles del conflicto es el deterioro salarial que atraviesan docentes y trabajadores no docentes. La pérdida del poder adquisitivo aparece como una de las principales preocupaciones dentro de la comunidad universitaria, especialmente en un presente donde los incrementos salariales quedan sistemáticamente por debajo de la inflación.

El secretario administrativo ejemplificó esa situación con los últimos índices oficiales: mientras la inflación mensual alcanzó el 3,4 por ciento, los aumentos otorgados al sector universitario apenas llegaron al 1,7 por ciento. “Existe una reducción salarial manifiesta. Mes a mes los salarios docentes se siguen deteriorando”, remarcó.

La situación no sólo afecta el ingreso de los trabajadores, sino que además comienza a repercutir sobre la estabilidad académica y el sostenimiento de equipos profesionales vinculados a la docencia, la investigación y la extensión universitaria.

El impacto de los recortes también alcanza a la infraestructura. Coca denunció que el Gobierno nacional eliminó el programa específico destinado a obras universitarias, una decisión que dejó a las instituciones obligadas a afrontar con recursos propios cualquier tarea de mantenimiento, ampliación o mejora edilicia.

La paralización de proyectos de infraestructura no es un dato menor para universidades que requieren inversiones permanentes en laboratorios, aulas, equipamiento técnico y espacios destinados a prácticas académicas y científicas. En muchas instituciones, además, las obras suspendidas formaban parte de programas de expansión educativa y modernización tecnológica.

Otro de los sectores golpeados por la reducción de fondos es el sistema científico universitario. De acuerdo con los datos aportados por la UNSJ, la universidad destinó alrededor de 1.200 millones de pesos para sostener proyectos de investigación, mientras que el aporte nacional apenas alcanzó los 166 millones.

La nueva movilización universitaria encuentra así a las casas de altos estudios inmersas en una discusión que trasciende lo estrictamente presupuestario. Lo que está en debate es el alcance del financiamiento estatal sobre la educación superior, el lugar de la ciencia dentro de las prioridades nacionales y la capacidad del sistema universitario público para sostener sus funciones esenciales en un contexto económico cada vez más restrictivo.

En la UNSJ, como en gran parte de las universidades argentinas, la preocupación ya no se limita únicamente a la falta de recursos coyunturales. Las autoridades advierten sobre un desgaste progresivo que compromete salarios, investigación, infraestructura y permanencia estudiantil, pilares centrales de una universidad pública que históricamente funcionó como herramienta de movilidad social, producción científica y desarrollo regional.

La expresó su “más enérgico repudio” tras el atentado sufrido por el sindicato de Dragado y Balizamiento y denunció una avanzada política, judicial y administrativa contra organizaciones gremiales. La central obrera vinculó el episodio con sanciones y procesos impulsados contra sindicatos del transporte y advirtió sobre un deterioro institucional en materia de derechos sindicales.

La Confederación General del Trabajo volvió a elevar el tono de confrontación con el Gobierno nacional y denunció la existencia de una ofensiva orientada a debilitar al movimiento obrero organizado. El pronunciamiento se produjo luego del atentado sufrido por el Sindicato de Dragado y Balizamiento, un hecho que la central calificó como parte de una secuencia de intimidaciones dirigidas contra las organizaciones sindicales.

A través de un comunicado difundido, la CGT expresó su “más enérgico repudio” y sostuvo que el episodio no puede ser interpretado como un hecho aislado. Por el contrario, la conducción cegetista advirtió que existe una creciente acumulación de discursos, sanciones y acciones institucionales que, según denunciaron, buscan disciplinar a los gremios y condicionar su capacidad de representación.

“La gravedad institucional radica en naturalizar ataques, persecuciones y medidas intimidatorias contra las organizaciones sindicales”, señalaron desde la central obrera.
El documento difundido por la CGT enlazó el atentado contra Dragado y Balizamiento con otras situaciones recientes que involucran a gremios estratégicos del transporte. En particular, cuestionó las medidas adoptadas contra el sindicato ferroviario La Fraternidad, sancionado económicamente por adherir al paro general convocado semanas atrás, y también expresó preocupación por la actuación judicial que atraviesa la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Según la central sindical, ambas situaciones forman parte de una misma lógica política orientada a erosionar la capacidad de presión de los sindicatos y a limitar el ejercicio de la actividad gremial en sectores sensibles para el funcionamiento económico y social del país.

La declaración adquiere relevancia en una situación de ruptura entre el Gobierno y amplios sectores del sindicalismo. Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, la relación con las centrales obreras quedó atravesada por disputas vinculadas a la reforma laboral, el ajuste fiscal, las políticas de desregulación y la pérdida del poder adquisitivo.

Dentro de ese panorama, los gremios del transporte se transformaron en actores centrales de la conflictividad. Su capacidad de paralizar actividades estratégicas y el peso específico que tienen dentro de la estructura sindical argentina los ubican en el centro de las disputas políticas y económicas del actual escenario nacional.

Más allá del episodio puntual, el pronunciamiento de la CGT deja entrever una preocupación más profunda: la posibilidad de que el endurecimiento del conflicto entre el Gobierno y los sindicatos derive en una escalada institucional de consecuencias imprevisibles. La central sindical entiende que las sanciones económicas, las presiones judiciales y los discursos confrontativos no sólo afectan a las organizaciones gremiales, sino también al equilibrio de la negociación colectiva y a los mecanismos históricos de representación laboral en la Argentina.

Con ese diagnóstico, la CGT busca reposicionarse como un actor político de peso frente a un clima de creciente polarización. El mensaje difundido tras el atentado no se limita a la solidaridad gremial: constituye también una advertencia sobre el clima político y social que atraviesa al país y sobre la disputa de fondo en torno al lugar que ocuparán los sindicatos en la nueva configuración económica impulsada por el oficialismo.