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En el marco de un conflicto salarial que se agudiza, la negociación entre los gremios docentes y el Gobierno provincial se mantiene en una instancia de alta tensión. Mientras la conciliación obligatoria impuesta por la Subsecretaría de Trabajo busca evitar medidas de fuerza, las posturas continúan alejadas y el desenlace es incierto. La falta de acuerdo sobre los aumentos y la estructura salarial genera preocupación en la comunidad educativa y reaviva el debate sobre las condiciones laborales del sector.

En la antesala de una nueva reunión paritaria, la secretaria general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Karina Navarro, reafirmó la postura de los sindicatos en rechazo a la oferta gubernamental. Según la dirigente, la propuesta de un pago extraordinario de $100.000 en dos cuotas no resuelve el problema de fondo, ya que no impacta en los haberes jubilatorios ni en la escala salarial básica. «La docencia ha hablado, se ha manifestado y ha expresado muy claramente. Nosotros, como parte sindical, proponemos una negociación abierta gracias a la movilización de la docencia sanjuanina», sentenció Navarro.

Desde el Ejecutivo, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, reconoció su inquietud ante la negativa gremial. «Seguimos dialogando con los sindicatos y veremos qué ocurre en el marco de la conciliación obligatoria», sostuvo. No obstante, ratificó que el Gobierno no modificará su oferta inicial y advirtió que, en caso de no llegar a un acuerdo, se aplicarán descuentos por días de paro y no se abonará el plus salarial propuesto.

Un reclamo que va más allá del salario

Los sindicatos exigen no solo una recomposición económica, sino también modificaciones estructurales en el esquema de remuneraciones. Desde UDA, UDAP y AMET insisten en la necesidad de incrementar el sueldo básico para que las mejoras salariales beneficien también a los jubilados, quienes han visto sus ingresos desfasados respecto de la inflación. Además, plantean que la actualización de haberes no debe estar atada exclusivamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), sino que debe ajustarse según las particularidades del sector educativo.

Otro de los reclamos sindicales apunta a la diferenciación del salario docente del resto de los empleados estatales. Argumentan que el régimen laboral de los maestros y profesores presenta características específicas que requieren una negociación independiente, con criterios propios que contemplen la complejidad del trabajo pedagógico y su impacto en la formación de futuras generaciones.

El gobierno provincial, a través del Secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, dejó entrever que no habrá margen para una nueva propuesta. «Es poco probable que podamos realizar otra oferta. La última propuesta fue de un aporte no remunerativo de $100.000 en dos tramos», explicó. Esta postura deja en evidencia la rigidez del Ejecutivo, lo que pone en jaque la posibilidad de una resolución consensuada.

La discusión salarial docente no es un fenómeno aislado, sino parte de una problemática más amplia que afecta a todo el sistema educativo. La falta de acuerdos no solo impacta en el bolsillo de los trabajadores de la educación, sino que también pone en riesgo la normalidad del ciclo lectivo y la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

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Sturzenegger busca centralizar el control sobre seguros y riesgos laborales

En un nuevo capítulo de la ofensiva desregulatoria del Gobierno, el ministro Federico Sturzenegger apunta a desmantelar las Superintendencias de Seguros y de Riesgos del Trabajo, fusionándolas y absorbiendo sus funciones bajo el Ministerio de Economía. La medida genera preocupación en sectores regulados y sindicatos.

La avanzada desregulatoria del ministro Sturzenegger no cesa. Ahora, su objetivo son las Superintendencias de Seguros de la Nación y de Riesgos del Trabajo, dos organismos clave en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales. Según trascendió, el plan contempla fusionar ambas entidades, recortar personal y suprimir su autonomía técnica, centralizando sus funciones bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

Esta movida busca achicar el aparato estatal, pero implica un corrimiento significativo hacia una estructura centralizada, desplazando espacios técnicos autónomos que podrían perder capacidad de control y supervisión. La medida podría tener un impacto directo en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales, generando preocupación en sectores regulados y sindicatos.

En paralelo, Sturzenegger prepara un ataque sobre la intermediación obligatoria de seguros, buscando eliminar la participación exclusiva de los Productores Asesores de Seguros (PAS). De concretarse, abriría el mercado a nuevos operadores, desregulando la venta directa y virtual de pólizas. Sin embargo, esto podría generar vulnerabilidad en los consumidores frente a prácticas abusivas o falta de asesoramiento profesional.

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Trabajadores de la TV Pública denuncian censura y manipulación

Los trabajadores de la TV Pública denunciaron a través de sus redes sociales que la gerencia de noticias impone censura sobre los temas y la forma de abordaje, impidiendo hablar de la «proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner y controlando cada información que se da sobre su condena.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es grave y alarmante. Según explicaron, la gerencia de noticias controla cada información que se da sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner, impidiendo hablar de su proscripción y solo permitiendo entrevistar a constitucionalistas que celebran la condena. Esto es un claro ejemplo de censura y manipulación de la información.

Metodología de Censura

Los trabajadores aseguraron que esta no es la primera vez que se aplica esta metodología de censura en la televisión estatal. Recordaron que se aplicó de manera similar durante el conflicto del Garrahan y en el caso del disparo de un gendarme que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo. Esto sugiere que la censura y la manipulación de la información son prácticas habituales en el canal.

En este sentido remarcaron que junto al sindicato que los nuclea, el Sipreba, repudiaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner, considerándola un ataque directo a la libertad y la democracia en el país. Defendieron los medios públicos y el derecho humano a una información plural, diversa y federal.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es un llamado de atención sobre la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de defender los medios públicos. La censura y la manipulación de la información son prácticas inaceptables que atentan contra la democracia y el derecho a la información.

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El PJ llama a la unidad en defensa de Cristina Kirchner

El Partido Justicialista convocó a su Consejo Federal para debatir los pasos a seguir tras la condena de la Corte Suprema a Cristina Fernández de Kirchner. La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a la ex presidenta.

La reunión del Consejo Federal del Partido Justicialista se llevó a cabo este jueves 12 de junio en la sede de Matheu al 130, y contó con la presencia de destacados dirigentes peronistas como Sergio Massa, Máximo Kirchner, Juan Grabois y Guillermo Moreno. El encuentro, que comenzó a las 16 horas y culminó cerca de las 19 horas, fue un llamado a la unidad y a la acción para proteger a Cristina Fernández de Kirchner y al peronismo.

La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner si ella tiene que presentarse en Comodoro Py. Además, se anunció que habrá una cumbre con gobernadores peronistas y la CGT para coordinar acciones en defensa de la ex presidenta. La estrategia de resistencia del PJ busca enviar un mensaje de defensa de la democracia y de rechazo a la condena de la Corte Suprema.

La representación del poder territorial estuvo marcada por la presencia de intendentes como Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Gustavo Menéndez (Merlo); además de Ricardo Quintela, actual gobernador de La Rioja, y Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco.

También se sumaron referentes del sindicalismo y los movimientos sociales como Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL); Víctor Santamaría, secretario general del SUTERH; Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande; y Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita.

Completaron la lista de asistentes Gabriel Mariotto, ex vicegobernador bonaerense y ex titular de la AFSCA; Edgardo Depetri, ex diputado nacional; Malena Galmarini, ex presidenta de AySA; y Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Además, se congregaron en el espacio sectores como La Cámpora, el Frente Renovador, movimientos sociales y el Frente Patria Grande, entre otros.

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