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En el marco de un conflicto salarial que se agudiza, la negociación entre los gremios docentes y el Gobierno provincial se mantiene en una instancia de alta tensión. Mientras la conciliación obligatoria impuesta por la Subsecretaría de Trabajo busca evitar medidas de fuerza, las posturas continúan alejadas y el desenlace es incierto. La falta de acuerdo sobre los aumentos y la estructura salarial genera preocupación en la comunidad educativa y reaviva el debate sobre las condiciones laborales del sector.

En la antesala de una nueva reunión paritaria, la secretaria general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Karina Navarro, reafirmó la postura de los sindicatos en rechazo a la oferta gubernamental. Según la dirigente, la propuesta de un pago extraordinario de $100.000 en dos cuotas no resuelve el problema de fondo, ya que no impacta en los haberes jubilatorios ni en la escala salarial básica. «La docencia ha hablado, se ha manifestado y ha expresado muy claramente. Nosotros, como parte sindical, proponemos una negociación abierta gracias a la movilización de la docencia sanjuanina», sentenció Navarro.

Desde el Ejecutivo, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, reconoció su inquietud ante la negativa gremial. «Seguimos dialogando con los sindicatos y veremos qué ocurre en el marco de la conciliación obligatoria», sostuvo. No obstante, ratificó que el Gobierno no modificará su oferta inicial y advirtió que, en caso de no llegar a un acuerdo, se aplicarán descuentos por días de paro y no se abonará el plus salarial propuesto.

Un reclamo que va más allá del salario

Los sindicatos exigen no solo una recomposición económica, sino también modificaciones estructurales en el esquema de remuneraciones. Desde UDA, UDAP y AMET insisten en la necesidad de incrementar el sueldo básico para que las mejoras salariales beneficien también a los jubilados, quienes han visto sus ingresos desfasados respecto de la inflación. Además, plantean que la actualización de haberes no debe estar atada exclusivamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), sino que debe ajustarse según las particularidades del sector educativo.

Otro de los reclamos sindicales apunta a la diferenciación del salario docente del resto de los empleados estatales. Argumentan que el régimen laboral de los maestros y profesores presenta características específicas que requieren una negociación independiente, con criterios propios que contemplen la complejidad del trabajo pedagógico y su impacto en la formación de futuras generaciones.

El gobierno provincial, a través del Secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, dejó entrever que no habrá margen para una nueva propuesta. «Es poco probable que podamos realizar otra oferta. La última propuesta fue de un aporte no remunerativo de $100.000 en dos tramos», explicó. Esta postura deja en evidencia la rigidez del Ejecutivo, lo que pone en jaque la posibilidad de una resolución consensuada.

La discusión salarial docente no es un fenómeno aislado, sino parte de una problemática más amplia que afecta a todo el sistema educativo. La falta de acuerdos no solo impacta en el bolsillo de los trabajadores de la educación, sino que también pone en riesgo la normalidad del ciclo lectivo y la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

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El Gobierno postergó a diciembre los Fondos de Asistencia Laboral

El Gobierno nacional postergó hasta el 1 de diciembre la entrada en vigencia de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) y duplicó el período mínimo de carencia, que pasó de seis a doce meses. La modificación quedó formalizada mediante el Decreto 1228/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial.

El régimen debía comenzar a funcionar el 1 de noviembre. Según los fundamentos de la norma, el aplazamiento responde a la necesidad de completar adecuaciones operativas, administrativas y tecnológicas para su implementación integral.

La extensión de la carencia implica que los fondos deberán acumular recursos durante doce períodos completos y consecutivos de devengamiento y pago antes de quedar habilitados para atender las obligaciones previstas. El cómputo comenzará en el mes calendario en que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) registre la integración efectiva de la primera contribución del empleador.

Más tiempo para reunir recursos

Los FAL fueron creados por la Ley de Modernización Laboral 27.802 como instrumentos destinados a cubrir determinadas obligaciones económicas derivadas de la extinción de los contratos de trabajo. El Poder Ejecutivo sostuvo que el plazo original de seis meses resultaba insuficiente para constituir un patrimonio inicial adecuado.

La prórroga busca, de acuerdo con los argumentos oficiales, ampliar el tiempo disponible para acumular fondos antes de que puedan utilizarse. La medida modifica los plazos de implementación y de carencia, pero no elimina las obligaciones laborales que el régimen procura financiar.

La postergación había sido solicitada por entidades vinculadas con fondos comunes de inversión, fideicomisos e inversión directa, además de agentes de Bolsa, mediante presentaciones canalizadas a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Cómo se instrumentará el régimen

Los recursos deberán administrarse mediante fondos comunes de inversión abiertos y fideicomisos financieros sujetos al control de la CNV. El esquema está dirigido a empleadores privados, con las exclusiones establecidas en la ley, y no alcanza a las relaciones laborales del sector público.

El decreto fue firmado el lunes y entró en vigor con su publicación. Con el nuevo calendario, el Gobierno dispone de un mes adicional para completar los mecanismos necesarios, mientras que la carencia de doce períodos establece un requisito más prolongado para la acumulación inicial de recursos.

La implementación de los FAL constituye una de las herramientas previstas en la reforma laboral para organizar la cobertura de determinadas obligaciones ante la finalización de vínculos de trabajo. La viabilidad del sistema estará sujeta a la optimización de los mecanismos financieros y a la liquidez previa de los fondos para cumplir con las obligaciones del régimen.

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El consumo de carne vacuna perdió 23 kilos por habitante desde su máximo de 2008

La carne vacuna, históricamente central en la alimentación argentina, perdió terreno en la mesa familiar y alcanzó en septiembre su menor nivel de consumo en más de dos décadas. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), el promedio de los últimos doce meses descendió a 45,4 kilos por habitante al año, un retroceso del 10,5% frente al mismo período de 2025.

La caída equivale a 5,3 kilos menos por persona respecto de los 50,7 kilos registrados un año antes. La comparación histórica dimensiona el cambio: en 2008, el consumo había llegado a 68,9 kilos por habitante. Desde aquel máximo, se redujo 23,5 kilos, una contracción cercana al 34%.

El encarecimiento de los cortes vacunos aparece entre los factores centrales de la retracción. Los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC citados en el informe indican que, en los últimos doce meses, la carne vacuna aumentó 50,1%, frente al 33,5% de inflación general. El pollo entero, en cambio, subió 28,6%, lo que amplió la diferencia de precios entre ambas alternativas.

Más exportaciones y menor oferta para el mercado interno

La contracción de la demanda interna se ve contrarrestada por el mayor dinamismo de las exportaciones dentro de la producción nacional. Según datos de Ciccra, los despachos internacionales aumentaron un 7,7% en el período analizado y alcanzaron las 667.300 toneladas res con hueso, unas 47.600 toneladas más que un año antes.

La cámara atribuyó parte del impulso exportador a la ampliación de la cuota otorgada por Estados Unidos a la Argentina a fines de 2025. Al mismo tiempo, señaló que la menor disponibilidad de hacienda y el aumento de los precios ganaderos presionaron sobre los valores que llegan a carnicerías y supermercados.

La distribución de la producción también cambió: el mercado interno absorbió el 69,7%, cuatro puntos porcentuales menos que en 2025, mientras que la participación exportadora subió del 26,3% al 30,3%.

La combinación de una oferta limitada, mejores oportunidades comerciales en el exterior y una demanda doméstica condicionada por los ingresos plantea un desafío para los frigoríficos orientados al consumo local. Mientras la ganadería encuentra incentivos en los mercados internacionales, las familias tienen cada vez menos margen para sostener el nivel de compra habitual.

Pollo y cerdo ganan espacio por precio

El desplazamiento hacia otras carnes responde, principalmente, a razones económicas. Raúl Milano, presidente del mercado ganadero Rosgan, sostuvo que el avance del pollo y el cerdo no refleja necesariamente un cambio cultural en las preferencias alimentarias, sino una adaptación al presupuesto disponible. “Es un problema exclusivamente del bolsillo, no un cambio cultural”, afirmó.

La sustitución permite a los hogares mantener el consumo de proteínas animales con opciones relativamente más accesibles, aunque modifica una tradición alimentaria fuertemente asociada con la carne vacuna.

El retroceso del consumo no implica por sí mismo una caída de la producción ganadera ni de los ingresos exportadores. Expone, en cambio, una brecha cada vez mayor entre las oportunidades comerciales de la cadena y la capacidad de compra del mercado interno.

Con el consumo en su menor registro desde 2005 y los cortes vacunos aumentando por encima de la inflación, la evolución de los precios y de los ingresos familiares será determinante para establecer si la carne recupera espacio en la dieta argentina o si continúa el reemplazo por alternativas más económicas.

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Universidad y salud privada: un convenio abre oportunidades laborales para estudiantes de la UNSJ

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el Sanatorio Argentino acordaron incorporar estudiantes avanzados de ingeniería a un programa de pasantías rentadas, con el objetivo de acercar la formación universitaria al trabajo profesional en el ámbito de la salud.

El convenio se firmó este lunes 19 de octubre en el Edificio Central de la UNSJ y está destinado a alumnos y alumnas de Bioingeniería e Ingeniería Industrial, carreras que se dictan en la Facultad de Ingeniería. La iniciativa contempla instancias de capacitación práctica en una institución sanitaria que utiliza equipamiento médico de alta tecnología.

El vicedecano de la Facultad de Ingeniería, Eric Laciar, subrayó la importancia de esa articulación: el mantenimiento de equipos de última generación requiere profesionales con conocimientos específicos de ingeniería. En ese sentido, consideró que el Sanatorio Argentino constituye un espacio relevante para que los estudiantes complementen su preparación académica con experiencia en un entorno real de trabajo.

Formación universitaria y tecnología médica

El pacto fue suscripto por el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer; la vicerrectora, Andrea Leceta; la decana de Ingeniería, Andrea Díaz; el vicedecano Eric Laciar, y el gerente del Sanatorio Argentino, Sergio Femenía.

Berenguer resaltó la cada vez más estrecha relación entre la Universidad y la salud pública provincial. Afirmó que dictar Enfermería y Obstetricia, además de sumar Medicina, abrirá nuevas puertas para el trabajo conjunto entre la academia y los hospitales locales».

Desde el Sanatorio Argentino, Femenía definió el convenio como una oportunidad de beneficio mutuo: los estudiantes podrán adquirir experiencia profesional y el establecimiento tendrá la posibilidad de incorporar nuevos conocimientos e innovación a sus equipos de trabajo.

Esta dinámica provee a los futuros profesionales de una plataforma de aprendizaje aplicado, al tiempo que faculta al sistema de salud para optimizar sus capacidades técnicas mediante el aporte de conocimientos especializados.

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