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En el marco de un conflicto salarial que se agudiza, la negociación entre los gremios docentes y el Gobierno provincial se mantiene en una instancia de alta tensión. Mientras la conciliación obligatoria impuesta por la Subsecretaría de Trabajo busca evitar medidas de fuerza, las posturas continúan alejadas y el desenlace es incierto. La falta de acuerdo sobre los aumentos y la estructura salarial genera preocupación en la comunidad educativa y reaviva el debate sobre las condiciones laborales del sector.

En la antesala de una nueva reunión paritaria, la secretaria general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Karina Navarro, reafirmó la postura de los sindicatos en rechazo a la oferta gubernamental. Según la dirigente, la propuesta de un pago extraordinario de $100.000 en dos cuotas no resuelve el problema de fondo, ya que no impacta en los haberes jubilatorios ni en la escala salarial básica. «La docencia ha hablado, se ha manifestado y ha expresado muy claramente. Nosotros, como parte sindical, proponemos una negociación abierta gracias a la movilización de la docencia sanjuanina», sentenció Navarro.

Desde el Ejecutivo, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, reconoció su inquietud ante la negativa gremial. «Seguimos dialogando con los sindicatos y veremos qué ocurre en el marco de la conciliación obligatoria», sostuvo. No obstante, ratificó que el Gobierno no modificará su oferta inicial y advirtió que, en caso de no llegar a un acuerdo, se aplicarán descuentos por días de paro y no se abonará el plus salarial propuesto.

Un reclamo que va más allá del salario

Los sindicatos exigen no solo una recomposición económica, sino también modificaciones estructurales en el esquema de remuneraciones. Desde UDA, UDAP y AMET insisten en la necesidad de incrementar el sueldo básico para que las mejoras salariales beneficien también a los jubilados, quienes han visto sus ingresos desfasados respecto de la inflación. Además, plantean que la actualización de haberes no debe estar atada exclusivamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), sino que debe ajustarse según las particularidades del sector educativo.

Otro de los reclamos sindicales apunta a la diferenciación del salario docente del resto de los empleados estatales. Argumentan que el régimen laboral de los maestros y profesores presenta características específicas que requieren una negociación independiente, con criterios propios que contemplen la complejidad del trabajo pedagógico y su impacto en la formación de futuras generaciones.

El gobierno provincial, a través del Secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, dejó entrever que no habrá margen para una nueva propuesta. «Es poco probable que podamos realizar otra oferta. La última propuesta fue de un aporte no remunerativo de $100.000 en dos tramos», explicó. Esta postura deja en evidencia la rigidez del Ejecutivo, lo que pone en jaque la posibilidad de una resolución consensuada.

La discusión salarial docente no es un fenómeno aislado, sino parte de una problemática más amplia que afecta a todo el sistema educativo. La falta de acuerdos no solo impacta en el bolsillo de los trabajadores de la educación, sino que también pone en riesgo la normalidad del ciclo lectivo y la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

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PyMEs y CGT sellan un frente común contra la reforma laboral ante el avance oficial

En un encuentro calificado como “picante”, la CGT recibió a representantes de CGERA y CAME y acordó una hoja de ruta conjunta para enfrentar el proyecto de reforma laboral que el Gobierno planea enviar al Congreso el 9 de diciembre. Con diagnósticos compartidos y preocupación por la caída del empleo y la falta de diálogo institucional, gremios y pymes anunciaron reuniones quincenales y el diseño de propuestas propias.

La sede de la CGT fue escenario de una reunión que, aunque inicialmente discreta, terminó mostrando el nacimiento de una alianza que pocos imaginaban en tiempos de polarización: gremios y empresarios pyme, sentados en la misma mesa, coordinando posiciones frente a un Gobierno que —según ambos sectores— avanza sin consulta sobre reformas estructurales.

El encuentro reunió a la conducción renovada de la central obrera —integrada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— con referentes de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Fue esta última la que, a último momento, confirmó su presencia y sumó un condimento inesperado a la discusión.

“Fue una reunión picante contra el Gobierno”, resumió uno de los presentes, graficando el clima de coincidencias críticas que atravesó toda la conversación, centrada en la inminente reforma laboral que el Ejecutivo presentará el 9 de diciembre.

Reuniones periódicas y una agenda común

Tras el encuentro, desde el entorno gremial anticiparon que el espacio llegó para quedarse:

“Nos vamos a juntar cada 15 días; este es el camino”.

La apuesta es construir una agenda conjunta que trascienda la mera oposición a las medidas del Gobierno. En la CGT aseguran que no quieren “solo mostrar críticas”, sino elaborar propuestas que contemplen las necesidades de trabajadores y empresas frente a un escenario económico restrictivo.

CGT: señal de alarma por la caída del empleo

Uno de los puntos centrales del análisis de la central obrera fue la destrucción de puestos de trabajo en los últimos meses. Según plantearon los dirigentes, la coyuntura exige fortalecer el vínculo entre inversión productiva y empleo, un eje que consideran ausente en la estrategia del Gobierno.

“No hay tiempo que perder”, señalaron, subrayando que cualquier reforma laboral debería discutirse con las partes involucradas, y no definirse por decreto o sin participación real, como —advirtieron— está ocurriendo en el Consejo del Salario.

Las PyMEs ampliaron el diagnóstico: costos, presión fiscal y burocracia

Del lado empresario, CGERA y CAME reclamaron abordar con urgencia los temas que condicionan su competitividad: costos logísticos, presión impositiva, estabilidad monetaria, burocracia administrativa, tarifas energéticas y acceso al crédito.

Coincidieron en que, sin resolver esos nudos estructurales, cualquier reforma laboral tendrá un impacto marginal.

En particular, señalaron que la falta de diálogo oficial les preocupa tanto como a la CGT. Ejemplo de ello —afirmaron— es el funcionamiento del Consejo del Salario, donde el Gobierno define el salario mínimo por decreto desde diciembre de 2023.

“Propuestas propias”, no reactivas

El presidente de CGERA, Marcelo Fernández, calificó el encuentro como “muy positivo” y remarcó que la articulación gremio–pyme debe traducirse en iniciativas concretas:

“Es fundamental acercar propuestas al Congreso y al Gobierno elaboradas por quienes conocen la realidad productiva y laboral. No pueden legislar quienes desconocen lo que ocurre en las empresas y en los puestos de trabajo”.

Además, adelantó la creación de mesas de trabajo temáticas para ordenar esos proyectos.

La foto conjunta entre la CGT y las principales entidades pyme representa más que una coincidencia coyuntural. Implica la conformación de un frente socio-productivo que podría convertirse en un actor relevante a la hora de discutir la reforma laboral y otras políticas estructurales impulsadas por el Gobierno.

En un escenario de tensiones crecientes, gremios y pymes parecen haber encontrado un punto de encuentro claro: la defensa de la producción nacional, el empleo y la necesidad de políticas consensuadas. Si la articulación quincenal se sostiene, podría convertirse en una de las oposiciones más consistentes a las reformas libertarias.

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Ingresos debilitados y cambios de hábitos: los argentinos consumen menos incluso en un contexto de precios estables

Aunque la inflación mensual lleva medio año orbitando el 2% y el tipo de cambio oficial permanece estable, el consumo interno se achica. Los indicadores de autoservicios mayoristas y supermercados muestran caídas reales en ventas, impulsadas por la pérdida del poder adquisitivo y por un cambio acelerado hacia canales digitales. La estabilidad macro no logra revertir un deterioro silencioso del ingreso de los hogares.

La economía argentina atraviesa un fenómeno que desconcierta incluso a los analistas más experimentados: inflación controlada, dólar estable… y consumo en caída libre. Los datos de septiembre publicados por el Indec confirman que el bolsillo de los argentinos sigue retrocediendo aun cuando los principales indicadores macroeconómicos parecen calmados.

En los autoservicios mayoristas —un termómetro sensible del abastecimiento de comercios y familias— el panorama fue contundente: las ventas a precios constantes se desplomaron 13,1% interanual, una caída que se profundiza al observar la serie desestacionalizada, con un retroceso mensual del 5,2%, reflejando un deterioro persistente a lo largo de 2025. En los primeros nueve meses del año, el sector acumuló una contracción del 7,4%.

Esto sucede pese a que la facturación nominal creció 7,9%, un alza explicada exclusivamente por los precios: el índice de precios implícitos trepó 24,2%, desnudando que no hay más ventas, sino menos productos a mayor precio. Incluso rubros esenciales, como limpieza y perfumería, mostraron caídas nominales, con un retroceso del 0,4%.

Comercio tradicional vs. comercio digital: una migración acelerada

La explicación no se agota en la pérdida de ingresos. Armando Farina, vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), detalló el impacto del cambio de hábitos:

“Todos los productos de valor agregado se comercializan cada vez más por la web y por aplicaciones como Mercado Libre. Y más ahora, con importaciones abiertas y compras directas desde el exterior”.

El fenómeno no es local, advierte:

“Es una tendencia mundial. En Estados Unidos, los shopping del interior se están vaciando y Amazon compra esos espacios para montar centros logísticos. En Europa, muchos locales comerciales se transforman en departamentos destinados al turismo”.

Farina sintetiza el desfasaje entre producción y ventas minoristas:

“Si el consumo cae pero la industria crece 4,5%, es porque el comercio sigue activo, pero por otros canales”.

Supermercados: cae el volumen pese al ticket más alto

En los supermercados el panorama es menos dramático, pero igualmente preocupante. Las ventas reales cayeron 0,8% interanual, y la serie desestacionalizada retrocedió 0,2%. La tendencia-ciclo, que resume la trayectoria, también fue negativa (-0,4%).

Aunque el acumulado enero–septiembre aún muestra un crecimiento del 2,7%, la dinámica indica una desaceleración fuerte desde mayo (4,6%). Es decir, el impulso se diluye y el consumo vuelve a estancarse.

El aumento nominal del 23,8% en ventas es un simple reflejo de la inflación: el índice de precios implícitos subió 24,8%. El “carrito” sigue más caro, pero con menos productos.

El factor decisivo: salarios que no alcanzan

El corazón de la paradoja está en los ingresos. El Índice de Salarios mostró una suba del 33,6% interanual en el sector registrado, apenas por encima del 31,8% de inflación. Desde diciembre de 2024, la película es peor: salarios +21,5% vs. inflación +22%. Los ingresos reales siguen perdiendo terreno.

La situación es más crítica entre los trabajadores no registrados: aunque su aumento nominal fue del 120,2%, parten de una base tan baja que el poder adquisitivo permanece muy deteriorado. El sector privado registrado, con un aumento del 32,9%, tampoco logra recomponer la pérdida acumulada en años anteriores.

Resultado: la estabilidad de precios no se traduce en bienestar.

Estrategias de supervivencia: menos efectivo, más billeteras digitales

En este escenario, los consumidores adoptan nuevas tácticas:

Autoservicios mayoristas

Efectivo: –6,8%

Tarjetas de débito: –21,2%

Otros medios de pago (QR, billeteras, vales): +62,5%

Supermercados

Todos los medios crecen nominalmente, pero los “otros medios” suben 53,2%, impulsados por promociones y financiamiento alternativo.

La forma de pagar está cambiando tan rápido como la forma de comprar. Al mismo tiempo, crecen rubros no tradicionales en supermercados —indumentaria, calzado, textiles— que reflejan una derivación de compras hacia canales percibidos como más económicos.

La aparente calma del dólar y de los precios oculta una verdad incómoda: el motor del consumo interno está apagándose. Sin una recomposición del ingreso real, la estabilidad macro puede transformarse en un espejismo incapaz de sostener el crecimiento.

La economía argentina entra así en un círculo riesgoso:
salarios estancados → consumo deprimido → menor dinamismo económico → riesgo de nueva desaceleración.

La paradoja no solo describe un momento, sino una advertencia: sin poder adquisitivo, no habrá estabilidad que alcance para sostener la recuperación.

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Los trabajadores de la carne logran una mejora salarial superior al 8%

La Federación de Sindicatos de la Carne (FESITCARA) acordó con las cámaras empresarias un incremento salarial que supera el 8% para el período noviembre 2025–febrero 2026, junto con una suma fija mensual de $20.000 por presentismo. El aumento se aplicará de manera escalonada y se suma a las mejoras pactadas en los meses anteriores, en un contexto de fuerte tensión entre ingresos y precios.

El esquema escalonado quedó definido de la siguiente manera:

Noviembre: 2,5%

Diciembre: 2%

Enero: 1,8%

Febrero: 1,7%

A esto se suma la continuidad de la suma fija de $20.000 por presentismo, que se extenderá durante diciembre y enero.

Una suba que supera la pauta oficial

El dato político-económico más relevante del acuerdo es que el incremento del 8% se ubica muy por encima de la pauta oficial del 1% mensual, un límite que el Gobierno busca sostener en las paritarias para anclar expectativas y consolidar la desaceleración inflacionaria.

En ese contexto, el acuerdo de la carne se destaca como un caso donde la negociación sectorial se impone a la directriz oficial, apoyada en la presión del gremio y en la dinámica particular de una industria estratégicamente sensible para el mercado interno y las exportaciones.

Un sendero de ajustes consecutivos

Este entendimiento se suma a una serie de incrementos ya otorgados durante el segundo semestre. Entre julio y septiembre, los frigoríficos aplicaron subas del 1,9% mensual, mientras que en octubre se pactó un aumento del 1%, siempre acompañado por sumas fijas de $20.000.

La persistencia de estos ajustes evidencia que la recomposición salarial viene siendo gradual, fragmentada y muy por debajo del ritmo de los precios, pero representa un esfuerzo por evitar un mayor rezago en un sector donde los salarios de base quedaron extremadamente deteriorados

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