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En el marco de un conflicto salarial que se agudiza, la negociación entre los gremios docentes y el Gobierno provincial se mantiene en una instancia de alta tensión. Mientras la conciliación obligatoria impuesta por la Subsecretaría de Trabajo busca evitar medidas de fuerza, las posturas continúan alejadas y el desenlace es incierto. La falta de acuerdo sobre los aumentos y la estructura salarial genera preocupación en la comunidad educativa y reaviva el debate sobre las condiciones laborales del sector.

En la antesala de una nueva reunión paritaria, la secretaria general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Karina Navarro, reafirmó la postura de los sindicatos en rechazo a la oferta gubernamental. Según la dirigente, la propuesta de un pago extraordinario de $100.000 en dos cuotas no resuelve el problema de fondo, ya que no impacta en los haberes jubilatorios ni en la escala salarial básica. «La docencia ha hablado, se ha manifestado y ha expresado muy claramente. Nosotros, como parte sindical, proponemos una negociación abierta gracias a la movilización de la docencia sanjuanina», sentenció Navarro.

Desde el Ejecutivo, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, reconoció su inquietud ante la negativa gremial. «Seguimos dialogando con los sindicatos y veremos qué ocurre en el marco de la conciliación obligatoria», sostuvo. No obstante, ratificó que el Gobierno no modificará su oferta inicial y advirtió que, en caso de no llegar a un acuerdo, se aplicarán descuentos por días de paro y no se abonará el plus salarial propuesto.

Un reclamo que va más allá del salario

Los sindicatos exigen no solo una recomposición económica, sino también modificaciones estructurales en el esquema de remuneraciones. Desde UDA, UDAP y AMET insisten en la necesidad de incrementar el sueldo básico para que las mejoras salariales beneficien también a los jubilados, quienes han visto sus ingresos desfasados respecto de la inflación. Además, plantean que la actualización de haberes no debe estar atada exclusivamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), sino que debe ajustarse según las particularidades del sector educativo.

Otro de los reclamos sindicales apunta a la diferenciación del salario docente del resto de los empleados estatales. Argumentan que el régimen laboral de los maestros y profesores presenta características específicas que requieren una negociación independiente, con criterios propios que contemplen la complejidad del trabajo pedagógico y su impacto en la formación de futuras generaciones.

El gobierno provincial, a través del Secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, dejó entrever que no habrá margen para una nueva propuesta. «Es poco probable que podamos realizar otra oferta. La última propuesta fue de un aporte no remunerativo de $100.000 en dos tramos», explicó. Esta postura deja en evidencia la rigidez del Ejecutivo, lo que pone en jaque la posibilidad de una resolución consensuada.

La discusión salarial docente no es un fenómeno aislado, sino parte de una problemática más amplia que afecta a todo el sistema educativo. La falta de acuerdos no solo impacta en el bolsillo de los trabajadores de la educación, sino que también pone en riesgo la normalidad del ciclo lectivo y la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

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San Juan y Mendoza avanzan con un centro unificado de controles sobre la Ruta 40

Diez empresas presentaron sus propuestas para construir el Centro de Control Unificado que San Juan y Mendoza proyectan sobre la Ruta Nacional 40. La obra demandará $5.158 millones, será financiada en partes iguales por ambas provincias y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses.

Las provincias cuyanas dieron un nuevo paso para la construcción del Centro de Control Unificado sobre la Ruta Nacional 40, luego de la apertura de las ofertas correspondientes a una licitación que reunió propuestas de diez empresas.

El proyecto contempla una inversión de $5.158.724.000, afrontada en partes iguales por los gobiernos de ambas provincias, y establece un plazo de ejecución de 12 meses. La apertura de sobres habilita ahora el análisis técnico y administrativo de las propuestas antes de definir la adjudicación.

El complejo estará emplazado en el kilómetro 42 de la Ruta 40, en San José, departamento de Las Heras, Mendoza. La infraestructura permitirá concentrar en un único predio controles que actualmente requieren distintas intervenciones, con participación de organismos policiales y sanitarios de ambas jurisdicciones.

El diseño incorpora puestos de control, áreas de inspección, playas diferenciadas para distintos tipos de vehículos, una Sala de Control Conjunta y obras complementarias sobre la infraestructura vial. La concentración de los procedimientos apunta a ordenar el tránsito y reducir las demoras que enfrentan transportistas y particulares en uno de los principales corredores terrestres de Cuyo.

La iniciativa adquiere particular relevancia para el movimiento de cargas entre San Juan y Mendoza, además de la circulación hacia otras provincias. La Ruta 40 constituye una vía fundamental para el transporte de producción regional, por lo que la coordinación de controles policiales y fitosanitarios busca combinar mayor fiscalización con una circulación más fluida.

El proyecto es resultado de la coordinación institucional entre ambas administraciones provinciales y propone integrar recursos y procedimientos en un punto común. Bajo la premisa de que “la seguridad no tiene fronteras”, los gobiernos de San Juan y Mendoza plantean una infraestructura que permita reforzar los controles sin multiplicar las demoras para quienes utilizan el corredor.

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SUBE normalizó el servicio tras las fallas registradas en las últimas horas

La Secretaría de Transporte confirmó que el sistema volvió a operar con normalidad luego de inconvenientes provocados por una falla en servicios de telecomunicaciones ajena a SUBE. Los usuarios ya pueden acreditar cargas pendientes mediante la aplicación, Carga a Bordo o las Terminales Automáticas.

Con el servicio restablecido, quienes hayan realizado una carga y todavía no la tengan acreditada pueden completar el proceso a través de diferentes alternativas.

Una de ellas es la App SUBE, siempre que el teléfono utilizado cuente con Android 6 o una versión superior y tecnología NFC. También está disponible la opción Carga a Bordo, en las localidades donde se encuentra habilitada, que permite acreditar el saldo directamente durante el viaje.

Otra posibilidad son las Terminales Automáticas SUBE, distribuidas en distintos puntos de la red y destinadas, entre otras funciones, a validar las cargas realizadas previamente.

El inconveniente había generado dificultades particularmente en estaciones ferroviarias, donde algunos usuarios no podían completar la acreditación del saldo pese a haber efectuado correctamente la operación de carga.

Desde SUBE señalaron que el servicio ya se encuentra normalizado y agradecieron la comprensión de los pasajeros, al tiempo que expresaron sus disculpas por las molestias ocasionadas durante la interrupción.

La restitución de la operatoria permite recuperar el funcionamiento habitual de uno de los mecanismos centrales para garantizar que las cargas digitales puedan transformarse en saldo disponible para el transporte público.

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Uber despide a 3.300 trabajadores mientras sus ganancias crecen 77%

Uber anunció el despido de aproximadamente 3.300 trabajadores en todo el mundo, en la mayor reducción de personal de la compañía desde la pandemia. La decisión llega después de un trimestre con fuertes indicadores de crecimiento y una ganancia neta de US$2.394 millones, una combinación que vuelve a poner bajo discusión la relación entre expansión empresarial y generación de empleo.

La empresa contaba con unos 34.000 empleados al cierre de 2025, por lo que los puestos eliminados representan alrededor del 10% de su plantilla. El ajuste alcanzará tanto a cargos gerenciales como a otros trabajadores y contempla una reducción cercana al 20% en la cantidad de managers.

El CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, comunicó la medida a los empleados y explicó que el crecimiento de los últimos años produjo una estructura interna más compleja, con demasiados niveles jerárquicos y dificultades para acelerar la toma de decisiones. La reorganización contempla además fusionar áreas y reducir a la mitad los equipos pequeños integrados por apenas uno o dos empleados.

El recorte se produce mientras los principales indicadores del negocio muestran una evolución favorable. Durante el segundo trimestre, Uber facturó US$14.191 millones, un 12% más que en igual período de 2025, mientras las reservas brutas alcanzaron US$58.022 millones, con un crecimiento interanual del 24%.

Entre abril y junio se concretaron 3.867 millones de viajes, un 18% más que un año antes, y los usuarios activos mensuales llegaron a 208 millones, con una expansión del 16%. El resultado operativo también avanzó: creció 30% hasta los US$1.890 millones.

La ganancia neta, por su parte, se incrementó 77%. Una parte significativa estuvo vinculada con la revaluación de participaciones accionarias que Uber posee en otras compañías: ese efecto aportó unos US$1.600 millones antes de impuestos. Aun descontando ese componente extraordinario, la empresa exhibió un desempeño operativo positivo y un flujo de caja libre acumulado de más de US$10.000 millones en los últimos doce meses.

La reorganización apunta también a una transformación tecnológica del negocio. Uber busca ampliar su presencia en el transporte autónomo mediante acuerdos con compañías que desarrollan vehículos sin conductor y pretende utilizar parte de los recursos liberados para acelerar esa transición.

Khosrowshahi no atribuyó directamente los despidos a la inteligencia artificial, una diferencia respecto de otras grandes empresas tecnológicas que han utilizado la automatización como argumento para reducir sus plantillas. En el caso de Uber, la explicación oficial se concentra en la simplificación de la estructura corporativa y en la reasignación de recursos hacia nuevas áreas de crecimiento.

El ajuste deja una paradoja en las cifras: mientras aumentan los viajes, los usuarios, los ingresos y el resultado operativo, la compañía reduce en aproximadamente uno de cada diez su dotación global. Para Uber, la medida busca hacer más eficiente su organización y preparar el negocio para una nueva etapa tecnológica; para miles de trabajadores, representa la pérdida inmediata de sus puestos de trabajo.

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