Conflicto Docente en San Juan: la conciliación obligatoria no disipa las tensiones
En el marco de un conflicto salarial que se agudiza, la negociación entre los gremios docentes y el Gobierno provincial se mantiene en una instancia de alta tensión. Mientras la conciliación obligatoria impuesta por la Subsecretaría de Trabajo busca evitar medidas de fuerza, las posturas continúan alejadas y el desenlace es incierto. La falta de acuerdo sobre los aumentos y la estructura salarial genera preocupación en la comunidad educativa y reaviva el debate sobre las condiciones laborales del sector.
En la antesala de una nueva reunión paritaria, la secretaria general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Karina Navarro, reafirmó la postura de los sindicatos en rechazo a la oferta gubernamental. Según la dirigente, la propuesta de un pago extraordinario de $100.000 en dos cuotas no resuelve el problema de fondo, ya que no impacta en los haberes jubilatorios ni en la escala salarial básica. «La docencia ha hablado, se ha manifestado y ha expresado muy claramente. Nosotros, como parte sindical, proponemos una negociación abierta gracias a la movilización de la docencia sanjuanina», sentenció Navarro.
Desde el Ejecutivo, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, reconoció su inquietud ante la negativa gremial. «Seguimos dialogando con los sindicatos y veremos qué ocurre en el marco de la conciliación obligatoria», sostuvo. No obstante, ratificó que el Gobierno no modificará su oferta inicial y advirtió que, en caso de no llegar a un acuerdo, se aplicarán descuentos por días de paro y no se abonará el plus salarial propuesto.
Un reclamo que va más allá del salario
Los sindicatos exigen no solo una recomposición económica, sino también modificaciones estructurales en el esquema de remuneraciones. Desde UDA, UDAP y AMET insisten en la necesidad de incrementar el sueldo básico para que las mejoras salariales beneficien también a los jubilados, quienes han visto sus ingresos desfasados respecto de la inflación. Además, plantean que la actualización de haberes no debe estar atada exclusivamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), sino que debe ajustarse según las particularidades del sector educativo.
Otro de los reclamos sindicales apunta a la diferenciación del salario docente del resto de los empleados estatales. Argumentan que el régimen laboral de los maestros y profesores presenta características específicas que requieren una negociación independiente, con criterios propios que contemplen la complejidad del trabajo pedagógico y su impacto en la formación de futuras generaciones.
El gobierno provincial, a través del Secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, dejó entrever que no habrá margen para una nueva propuesta. «Es poco probable que podamos realizar otra oferta. La última propuesta fue de un aporte no remunerativo de $100.000 en dos tramos», explicó. Esta postura deja en evidencia la rigidez del Ejecutivo, lo que pone en jaque la posibilidad de una resolución consensuada.
La discusión salarial docente no es un fenómeno aislado, sino parte de una problemática más amplia que afecta a todo el sistema educativo. La falta de acuerdos no solo impacta en el bolsillo de los trabajadores de la educación, sino que también pone en riesgo la normalidad del ciclo lectivo y la calidad del aprendizaje de los estudiantes.
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Adultos mayores: casi la mitad de los hogares no alcanza a cubrir sus necesidades básicas
Un informe reveló que el 46% de los hogares con personas de 60 años o más tuvo ingresos insuficientes durante 2024-2025. Es el registro más elevado desde el inicio de la serie, en 2017, y las mayores carencias se concentran entre las familias de menores recursos.
La insuficiencia de ingresos alcanzó un máximo histórico en la serie del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Durante 2024-2025, el 46% de los hogares con al menos una persona de 60 años o más no logró reunir recursos suficientes para cubrir sus gastos básicos, cinco puntos porcentuales por encima del registro correspondiente a 2022-2023.
El deterioro se profundiza a medida que disminuyen los ingresos. Entre los hogares del estrato socioeconómico muy bajo, la proporción llega al 71,1%, mientras que en el nivel bajo alcanza el 55,2%. El relevamiento contempló dimensiones vinculadas con alimentación, vivienda, servicios, asistencia social y acceso a la atención sanitaria.
Uno de los indicadores más sensibles es la alimentación. La inseguridad alimentaria entre las personas mayores pasó del 12,3% en 2017-2019 al 18,4% en 2024-2025. La distancia entre grupos sociales resulta particularmente pronunciada: afecta al 39,1% de los adultos mayores del estrato muy bajo, frente al 1,1% entre quienes pertenecen al nivel medio alto.
La falta de recursos también repercute sobre los servicios esenciales. Casi uno de cada cinco hogares con personas mayores dejó de pagar alguna factura por dificultades económicas. Entre las familias del estrato muy bajo, el porcentaje trepa al 39,4%.
Salud y medicamentos, entre las principales dificultades
La atención sanitaria aparece como otro de los puntos críticos. El 35,2% de los hogares con adultos mayores postergó consultas médicas o la compra de medicamentos durante 2024-2025 por falta de dinero. Es el valor más alto de la serie y representa un incremento cercano a diez puntos respecto de 2022-2023.
La brecha vuelve a ser considerable entre los distintos niveles sociales: en los hogares más vulnerables, el indicador alcanza al 55%.
El informe también analizó durante 2025 el vínculo de las personas afiliadas con PAMI. Cerca del 74% recurrió al organismo para consultas médicas y alrededor del 70% utilizó sus prestaciones para acceder a medicamentos.
La evaluación de esas prestaciones, sin embargo, presenta diferencias. El 61,7% valoró favorablemente la atención médica, mientras que la aprobación descendió al 49,7% cuando se consultó por la cobertura de medicamentos.
Vivienda y asistencia
Las condiciones habitacionales constituyen otra dimensión de la desigualdad. El 11,8% de las personas mayores reside en viviendas que no reúnen condiciones adecuadas; entre los grupos socioeconómicos más desfavorecidos, la proporción asciende al 27,5%.
La asistencia estatal tampoco alcanza a todos los hogares con necesidades económicas. Aunque el 71,1% de las familias del estrato muy bajo registra ingresos insuficientes, solo el 42,4% recibe algún programa de transferencia de ingresos o asistencia alimentaria.
En el conjunto de los hogares con adultos mayores, la cobertura de estos programas cayó del 30,6% registrado durante la pandemia de Covid-19 al 26,8% en 2024-2025.
Los datos del ODSA-UCA muestran un deterioro marcado en distintas dimensiones de la vida cotidiana de las personas mayores. Ingresos insuficientes, dificultades alimentarias, incumplimiento de servicios y postergación de gastos sanitarios convergen en una población para la que la capacidad de recomponer ingresos suele ser más limitada.
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Gastronómicos actualizaron sus salarios para el segundo semestre
UTHGRA y FEHGRA alcanzaron un acuerdo para el primer tramo de la paritaria 2026-2027 del Convenio Colectivo de Trabajo 389/04. La pauta rige entre junio y septiembre e incorpora sumas no remunerativas durante julio, agosto y septiembre.
La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) acordaron la actualización salarial correspondiente al primer tramo de la paritaria 2026-2027 para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 389/04.
El entendimiento establece nuevas escalas básicas para el período junio-septiembre y contempla, además, sumas fijas no remunerativas que serán abonadas durante julio, agosto y septiembre. Los adicionales tendrán carácter neto, sin descuentos ni aportes.
Los valores varían de acuerdo con la categoría del establecimiento y el nivel asignado a cada puesto. En los establecimientos de categoría D, los básicos parten de $990.555 para el Nivel 1 y llegan a $1.292.025 en el Nivel 6. Las sumas adicionales se ubican entre $68.000 y $88.000 mensuales.
En la categoría C, los salarios básicos oscilan entre $1.013.346 y $1.337.186, mientras que los adicionales van de $69.000 a $91.000. Para los establecimientos B, la escala comienza en $1.038.120 y alcanza los $1.538.297, con sumas no remunerativas de entre $71.000 y $105.000.
Los establecimientos de categoría A tendrán básicos que van desde $1.074.307 hasta $1.840.959, acompañados por adicionales de $74.000 a $126.000. En la categoría Especial se concentra la escala más elevada: los valores parten de $1.206.779 y llegan a $1.970.475, mientras que las sumas complementarias oscilan entre $83.000 y $134.000 por mes.
El convenio distribuye los puestos en siete niveles, desde tareas generales como lavacopas, peones y cadetes hasta funciones de mayor responsabilidad, entre ellas cocineros, mozos de salón, barman, recepcionistas, maîtres y cargos de conducción como jefes de brigada y jefes de recepción.
Las nuevas planillas ya fueron remitidas a las distintas seccionales de UTHGRA, que tendrán a su cargo el seguimiento de la correcta liquidación de los haberes durante la vigencia de este tramo.
El acuerdo permite actualizar los ingresos de los trabajadores comprendidos en uno de los principales convenios de la hotelería y la gastronomía, mientras las partes dejaron abierta la continuidad de las negociaciones para las siguientes etapas de la paritaria 2026-2027.
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ASIJEMIN crea un espacio de apoyo psicológico adaptado al trabajo minero
El Sindicato Jerárquico Minero ASIJEMIN amplió las prestaciones destinadas a sus afiliados con la incorporación de un servicio de acompañamiento psicológico virtual para trabajadores y sus familias. La propuesta fue impulsada por la Secretaría de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, encabezada por Maximiliano Arias, y estará a cargo de la licenciada en Psicología Virginia Pantano (MP 15.686).
La modalidad fue diseñada teniendo en cuenta las particularidades de la actividad minera, especialmente los períodos de trabajo y descanso que atraviesan muchos trabajadores. Los turnos podrán coordinarse de manera virtual para facilitar el acceso a la atención profesional independientemente del lugar donde se encuentre el el operario.
ASIJEMIN cubrirá el costo de la primera consulta. La continuidad del tratamiento, nuevas sesiones o eventuales derivaciones serán acordadas posteriormente entre la profesional y el trabajador o su grupo familiar.
Desde la organización remarcaron además que las consultas tendrán carácter privado y confidencial. El objetivo es generar un espacio profesional en el que los afiliados puedan expresar sus preocupaciones, ser escuchados y recibir orientación ante distintas circunstancias personales o familiares.
Arias destacó que la iniciativa parte de una concepción integral del acompañamiento sindical. “Detrás de cada trabajador hay una persona, una familia y una realidad”, señaló, al remarcar que la tarea gremial también implica atender necesidades que exceden las cuestiones estrictamente laborales, señaló Arias.
La psicóloga Virginia Pantano, responsable del servicio, explicó que la propuesta busca ofrecer escucha y acompañamiento profesional mediante una modalidad compatible con las características de las jornadas y los períodos de permanencia de los trabajadores mineros.
Mediante esta herramienta, ASIJEMIN robustece el catálogo de prestaciones destinadas al desarrollo integral de sus afiliados, maximizando el impacto de sus programas de asistencia.
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