El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio de San Juan analizó la reciente negociación salarial del sector, cuestionó el deterioro del poder adquisitivo, advirtió sobre los efectos de la reforma laboral y se pronunció sobre la interna de la CGT Regional San Juan, cuya normalización está prevista para el 25 de agosto.

La negociación salarial volvió a ocupar el centro de la agenda de los trabajadores de estaciones de servicio. En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el secretario general del gremio, Víctor Menéndez, confirmó la firma de un nuevo acuerdo paritario de carácter bimestral y sostuvo que la estrategia sindical apunta a impedir que la inflación continúe erosionando los ingresos de los trabajadores.

El dirigente explicó que el convenio, rubricado el 24 de julio, contempla una actualización del 3% para julio y otro incremento cercano al 2% para agosto. Reconoció que esos porcentajes no alcanzan para recomponer todo el deterioro acumulado, aunque consideró imprescindible mantener negociaciones frecuentes para evitar un mayor atraso salarial.

«Sabemos que no es la solución definitiva, pero no podemos permitir que el salario quede completamente desactualizado», sostuvo, al remarcar que la dinámica inflacionaria obliga a revisar permanentemente las remuneraciones.

Menéndez vinculó esa necesidad con el constante traslado de los aumentos de combustibles al resto de los precios de la economía. A su entender, cada incremento en los costos del transporte termina repercutiendo en los alimentos, los servicios y el consumo cotidiano, profundizando el deterioro del poder adquisitivo de los hogares.

En ese marco también manifestó preocupación por la volatilidad cambiaria y advirtió que las expectativas sobre el dólar suelen acelerar las remarcaciones antes incluso de que se produzcan modificaciones concretas en la economía, perjudicando principalmente a los trabajadores y consumidores.

Reforma laboral y caída de los aportes

Durante la entrevista, el dirigente sindical aseguró que el mercado laboral atraviesa uno de sus momentos más complejos por la pérdida acumulada del salario real y el avance de modalidades de contratación que, según afirmó, reducen derechos laborales.
Indicó que la caída del poder adquisitivo también influye directamente sobre el financiamiento de las obras sociales sindicales debido a la merma de los aportes.

Además, sostuvo que las recientes modificaciones laborales favorecen la aparición de contratos más precarios y generan incentivos para reemplazar trabajadores con mayor antigüedad por nuevas incorporaciones de menor costo para las empresas.

Frente a ese panorama, reclamó una acción coordinada de todas las organizaciones gremiales y apuntó que la CGT debe desempeñar un papel central en la defensa del empleo formal y de las condiciones laborales.

Críticas a la política exterior

Menéndez analizó la política exterior del Gobierno a raíz de la crisis con Brasil.
Consideró inapropiada la actitud del presidente Javier Milei durante su visita al país vecino y alertó que ese tipo de episodios puede afectar la relación con el principal socio comercial de Argentina.

El gremialista sostuvo que históricamente el país mantuvo vínculos diplomáticos basados en el respeto institucional y expresó su preocupación por el impacto que este tipo de enfrentamientos podría tener sobre la imagen internacional argentina.

La elección de la CGT San Juan

Uno de los puntos centrales de la conversación fue el proceso de normalización de la CGT Regional San Juan, cuya elección de autoridades está prevista para el próximo 25 de agosto.
Menéndez confirmó que los preparativos avanzan junto con la conducción nacional de la central obrera y destacó el trabajo que viene desarrollando la Secretaría del Interior para garantizar el proceso institucional.

En ese contexto defendió la continuidad de Eduardo Cabello al frente de la regional y aseguró que la mayoría de los sindicatos ya expresó su respaldo a esa candidatura.

Respecto de los gremios que impulsan una conducción más amplia o incluso un triunvirato, el dirigente afirmó que todas las posiciones pueden debatirse dentro de los órganos de la central obrera, aunque remarcó que la conducción encabezada por Cabello ya cuenta con un amplio consenso.

«La CGT siempre tuvo las puertas abiertas para todos los gremios. Las diferencias deben discutirse adentro de la organización, porque lo más importante es preservar la unidad del movimiento obrero», sostuvo.

Asimismo, reveló que decidió ceder el cargo que actualmente ocupa dentro de la conducción para facilitar acuerdos y favorecer una lista de unidad.

Expectativa por la presencia de la conducción nacional

Menéndez adelantó además que para la normalización de la CGT San Juan se espera la presencia de integrantes de la conducción nacional, entre ellos Héctor Daer, Cristian Jerónimo y, posiblemente, Jorge Sola.

Según explicó, además de participar del proceso institucional, los dirigentes nacionales mantendrán reuniones con representantes sindicales y cámaras empresarias para analizar la realidad económica y laboral de la provincia, en el marco de una recorrida que la conducción de la CGT realiza por distintas regiones del país.

Un llamado a preservar la unidad

A lo largo de la entrevista, Menéndez insistió en que el escenario económico obliga a fortalecer la representación sindical y a priorizar los consensos internos por encima de las diferencias.

El dirigente consideró que la defensa del salario, la protección del empleo y el fortalecimiento institucional de las organizaciones gremiales serán los principales desafíos de los próximos meses. En ese camino, sostuvo, la unidad de la CGT será un elemento determinante para afrontar las transformaciones que atraviesa el mundo del trabajo sin resignar derechos laborales.

Un relevamiento nacional de Zentrix Consultora expone el deterioro de la economía familiar pese a la desaceleración inflacionaria. El 61,9% de los argentinos tomó deuda en los últimos seis meses para afrontar gastos indispensables, el 87,4% sostiene que los salarios siguen perdiendo frente a la inflación y el 86,6% considera insuficiente un solo empleo para sostener el hogar.

La desaceleración de la inflación todavía no logró modificar la percepción económica de los argentinos. Mientras los indicadores oficiales muestran una reducción en el ritmo de aumento de los precios, la mayoría de los hogares continúa sintiendo que el ingreso perdió capacidad de compra y que el endeudamiento pasó a ser una herramienta habitual para sostener el consumo básico.

Esa es la principal conclusión del Monitor de Opinión Pública (MOP), elaborado por Zentrix Consultora, que revela un marcado deterioro de las finanzas familiares. El estudio indica que el 61,9% de los consultados contrajo algún tipo de deuda durante el último semestre y que, lejos de destinar esos recursos a inversiones o compras extraordinarias, los utilizó para afrontar gastos cotidianos como alimentos, servicios públicos y otras obligaciones indispensables.

La encuesta también confirma que la pérdida del poder adquisitivo continúa siendo una de las mayores preocupaciones económicas. El 87,4% de los participantes considera que los salarios siguen rezagados frente al aumento del costo de vida, una percepción que atraviesa distintos niveles de ingresos, edades e identificaciones políticas.

La presión sobre los presupuestos familiares también se refleja en la administración del dinero. Dos de cada tres argentinos reconocen que agotan sus ingresos antes o alrededor del día 20 de cada mes, mientras que apenas el 9,3% afirma finalizar el período con capacidad de ahorro, un dato que evidencia el escaso margen financiero de gran parte de la población.

El informe muestra, además, que los jóvenes enfrentan mayores dificultades. Entre las personas de 18 a 39 años, el 85,5% aseguró quedarse sin recursos antes de concluir el mes. En el segmento de 40 a 59 años, esa proporción desciende al 60,6%, aunque continúa siendo elevada.

Las diferencias también aparecen al analizar las fuentes de financiamiento. El 35,8% de los jóvenes que recurrieron al crédito acudió a financieras o prestamistas informales, mientras que entre los mayores de 60 años esa modalidad representa apenas el 7%, reflejando una mayor exposición de las generaciones más jóvenes a mecanismos de financiamiento de alto costo.

La constante dependencia del crédito comienza, además, a generar dificultades para cumplir con los compromisos asumidos. Entre quienes mantienen deudas vigentes, el 28,9% admite tener serios inconvenientes para afrontar las cuotas; el 12% ya registra atrasos en los pagos y el 6,4% reconoce que directamente no puede cumplir con sus obligaciones.

Esa realidad también impacta en la percepción sobre el sistema financiero. El 55% de los consultados considera que las tasas de interés convierten al crédito en un mecanismo que agrava los problemas económicos de las familias en lugar de ofrecer una solución transitoria.

Un empleo dejó de ser suficiente

El estudio identifica otro cambio de fondo en el mercado laboral. Para el 86,6% de los argentinos, un único trabajo ya no permite cubrir los gastos mensuales del hogar. La evidencia muestra que el presupuesto familiar depende de la pluriactividad y el pluriempleo.

La distancia entre las estadísticas oficiales y la percepción cotidiana también aparece con claridad. El 67,1% sostiene que la inflación medida por el INDEC no refleja el aumento de precios que observa en su vida diaria, mientras que el 29,6% manifiesta confiar en las cifras difundidas por el organismo.

Las preocupaciones económicas dominan igualmente las respuestas cuando se consulta sobre los principales problemas del país. La corrupción encabeza el listado con el 48,8%, seguida por los salarios y los ingresos (46,9%), la incertidumbre económica (41,6%), el desempleo (29,1%) y las tarifas de los servicios públicos (26,8%).

La huelga convocada por CTERA coincidió con el paro de la docencia universitaria y afectó el dictado de clases en todos los niveles educativos. Mientras los sindicatos reclaman una recomposición salarial, la restitución del FONID y mayor financiamiento para la educación pública, el Gobierno desplegó controles para verificar el cumplimiento de la prestación mínima prevista por la legislación vigente.

La educación pública atraviesa este lunes una de las jornadas de mayor conflictividad del año. El paro nacional impulsado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) se desarrolla en simultáneo con la medida de fuerza de la docencia universitaria, lo que dejó sin actividad normal a establecimientos de nivel inicial, primario, secundario y superior en distintas provincias.

La protesta refleja un conflicto que excede la discusión salarial. Las organizaciones sindicales sostienen que el sistema educativo enfrenta un progresivo deterioro producto de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y la insuficiencia de recursos destinados al funcionamiento de escuelas y universidades.

Entre los principales reclamos figuran la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una recomposición de los salarios, la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y mayores partidas para infraestructura escolar, comedores, programas socioeducativos y becas estudiantiles.

Desde CTERA advirtieron que la crisis también compromete el futuro de la profesión docente. La secretaria general del gremio, Sonia Alesso, alertó que la pérdida sostenida del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones laborales desalientan el ingreso de nuevos profesionales al sistema, poniendo en riesgo el recambio generacional de maestros y profesores.

La conducción sindical cuestionó además la ausencia de una instancia de negociación nacional que permita discutir no solo cuestiones salariales, sino también políticas educativas comunes para todas las jurisdicciones. Actualmente, el salario mínimo docente fijado por el Gobierno nacional se ubica en 500.000 pesos para un cargo testigo sin antigüedad, cifra que los gremios consideran insuficiente frente al costo de vida.

Mientras los sindicatos profundizan sus reclamos, el Gobierno nacional endureció su respuesta. El Ministerio de Capital Humano dispuso operativos de fiscalización en establecimientos educativos para verificar el cumplimiento de la prestación mínima prevista por la normativa que regula a la educación como servicio esencial.

La cartera encabezada por Sandra Pettovello anticipó que los controles se realizarán mediante inspecciones muestrales y advirtió que, en caso de detectarse incumplimientos respecto de la cobertura mínima del servicio, podrán iniciarse los procedimientos administrativos y las sanciones contempladas por la legislación vigente.

En la misma línea, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió la aplicación de la Ley de Modernización Laboral y sostuvo que el derecho de huelga debe ejercerse respetando la obligación de garantizar al menos el 75% del servicio educativo. Según explicó, la reglamentación vigente busca compatibilizar el derecho constitucional de los trabajadores a adoptar medidas de fuerza con el derecho de niños, adolescentes y jóvenes a recibir educación.

La protesta también sumó el respaldo de los gremios docentes que integran la CGT. La Unión Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) ratificaron su adhesión y anticiparon que en los próximos días presentarán un plan de lucha propio para sostener los reclamos del sector.

En el ámbito universitario, la medida de fuerza volvió a poner en el centro del debate el financiamiento de las casas de altos estudios. Las federaciones docentes, junto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), insisten en la necesidad de garantizar la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y advierten que la pérdida salarial y las restricciones presupuestarias comprometen el normal funcionamiento de las instituciones.

El conflicto se desencadena tras un primer semestre signado con paros de 24, 48 y 72 horas, semanas de huelga, clases públicas, movilizaciones y una multitudinaria Marcha Federal Universitaria. Lejos de encontrar una instancia de acercamiento, el inicio del segundo cuatrimestre muestra que las diferencias entre el Gobierno y las organizaciones sindicales permanecen abiertas.