La Subsecretaría de Trabajo de San Juan dictó la conciliación obligatoria tras la acción de la UTA y ordenó a los choferes levantar la medida de fuerza y retomar la prestación del transporte público de pasajeros. La audiencia entre el gremio, las empresas y las autoridades fue convocada para este jueves a las 11.30.

La resolución establece que las partes deben retrotraer el conflicto al estado anterior al inicio de la protesta, por lo que las empresas deberán restablecer las frecuencias mientras se desarrolla la instancia de negociación. La medida alcanza al transporte urbano e interurbano de la provincia.

Esta intervención laboral se produjo después de una jornada en la que el cese del servicio afectó a miles de usuarios que debían trasladarse hacia sus trabajos, escuelas y otros destinos. La protesta había sido iniciada por los conductores en reclamo del pago de diferencias salariales correspondientes a la nueva escala acordada.

Según se pudo conocer, la nueva audiencia quedó fijada para este jueves 8 de octubre a las 11.30. Allí deberán participar representantes de la UTA, las empresas prestatarias y la autoridad laboral provincial, con el objetivo de encontrar una salida al reclamo que derivó en la paralización del servicio.

La autoridad laboral también objetó la falta de una notificación formal y oportuna del paro. Previo al dictado de la conciliación obligatoria, el Ejecutivo provincial ya había advertido que la alteración de las frecuencias daría lugar a sanciones.

En este sentido, la UTA sostiene que el reclamo salarial venía siendo planteado desde hacía semanas y cuestiona que las empresas y las autoridades no hubieran convocado previamente una instancia de diálogo para resolver las diferencias pendientes.

La conciliación obligatoria modifica ahora el escenario inmediato del conflicto: el paro debe quedar suspendido y comienza un período de negociación formal. Durante ese proceso, las partes deberán cumplir las disposiciones fijadas por Trabajo y procurar un acuerdo sobre las sumas salariales reclamadas.

Un estudio de Management & Fit realizado en septiembre ubicó al desempleo y las dificultades para llegar a fin de mes entre los principales problemas del país y de los hogares. El 57,5% de los consultados dijo que quiere un cambio total de políticas y equipo de gestión, mientras la desaprobación del Gobierno llegó al 58,1%.

El desempleo y la pérdida de poder adquisitivo aparecen entre las principales preocupaciones de los argentinos. El 19,8% identificó a la desocupación como el principal problema del país, mientras que el 22% señaló las dificultades para llegar a fin de mes como su principal preocupación personal.

El relevamiento fue realizado entre el 14 y el 28 de septiembre, sobre 2.600 casos efectivos y 2.200 ponderados, entre personas de 16 a 75 años. El estudio informó un margen de error de ±2,1%.

La percepción económica también muestra un deterioro. El 52,4% afirmó tener dificultades para cubrir sus gastos, mientras que el 39,3% calificó negativamente su situación económica personal. A nivel nacional, el 38,9% consideró que la situación económica y social es “muy mala” y otro 17,8% la definió como “mala”.

Entre los problemas del país, detrás del desempleo aparecen los aumentos de precios y tarifas, con 18,9%, seguidos por la corrupción y, posteriormente, la inseguridad. En el plano individual, después de las dificultades para llegar a fin de mes se ubican los bajos ingresos, con 17,2%, y la inseguridad al salir a la calle, con 14%. El endeudamiento personal o familiar alcanza al 10,4%.

El estudio también registró un aumento del pesimismo sobre el futuro. Quienes creen que su situación estará “mucho peor” pasaron del 17,9% en julio al 22,3% en septiembre. En tanto, el 24% anticipó que estará “peor”, mientras apenas el 2% respondió que estará “mucho mejor”.

Caída en la aprobación del Gobierno

La evaluación de la gestión de Javier Milei mostró una aprobación del 36,6%, medio punto menos que en julio, frente a una desaprobación del 58,1%. Según Management & Fit, el respaldo aumenta entre los varones y la desaprobación es mayor entre las mujeres y los mayores de 40 años.

La percepción sobre el Presidente también refleja ese resultado: Milei obtuvo 31,2% de imagen positiva y 52,7% de negativa, con un diferencial de -21,5 puntos. Además, el 49,4% manifestó sentir “mucha desconfianza” hacia el Gobierno, frente a un 19,7% que expresó “mucha confianza”.

Dentro del oficialismo, Patricia Bullrich aparece como la dirigente mejor posicionada: registró 33% de imagen positiva y 49,7% de negativa, con un diferencial de -16,7 puntos.
En el peronismo, Cristina Kirchner obtuvo 31% de imagen positiva y 51,3% de negativa. Axel Kicillof, en tanto, alcanzó 28,1% de positiva y 50,6% de negativa, con un diferencial de -22,5 puntos.

El Ejecutivo recurrió la resolución del juez Martín Cormick, que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario. Los gremios docentes y nodocentes celebraron el fallo y ratificaron la movilización del 15 de octubre.

La sentencia había hecho lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ordenado al Poder Ejecutivo dictar las normas necesarias para ejecutar la legislación. El pronunciamiento alcanza a las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades y a la recomposición de los salarios docentes y nodocentes.

El gobierno nacional sostiene que la aplicación integral de la norma tendría un impacto sobre las cuentas públicas y, además de la apelación, analiza alternativas jurídicas para evitar que la sentencia derive en una ejecución inmediata del gasto. La Oficina de Presupuesto del Congreso había estimado que el costo fiscal cuantificable de la ley equivaldría a 0,23% del PBI.

El fallo de Cormick cuestionó específicamente el mecanismo utilizado por el Gobierno para condicionar la aplicación de una ley que había sido ratificada por el Congreso luego del veto presidencial. El magistrado sostuvo que el Decreto 759/2025 no superaba un estándar mínimo de razonabilidad porque permitía suspender la aplicación de una norma aprobada con las mayorías legislativas requeridas.

La apelación vuelve a trasladar la disputa a la instancia superior de la Justicia Federal, mientras el financiamiento universitario continúa vinculado a la discusión salarial y presupuestaria de las casas de estudio. El Gobierno, en tanto, procura sostener su política de equilibrio fiscal y evitar que la aplicación de la ley genere una erogación inmediata.

La reacción de los gremios

Las organizaciones docentes y nodocentes celebraron la decisión judicial. Desde FATUN, que representa a los trabajadores nodocentes, señalaron que el fallo reconoce la voluntad expresada por el Congreso y lo consideraron un paso en defensa de las universidades nacionales y de sus trabajadores.

En FEDUBA, su secretario general, Pablo Perazzi, calificó la resolución como una victoria para la comunidad universitaria y sostuvo que el Poder Ejecutivo no puede suspender por decreto la aplicación de una ley ratificada por el Congreso.

En la misma línea, el dirigente de CONADU Federico Montero afirmó que el fallo constituye una herramienta para reclamar el cumplimiento de la normativa y convocó a participar de la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre, movilización que también cuenta con el respaldo de otras organizaciones del sistema universitario.