
El paro de la UTA en el AMBA fue suspendido tras la conciliación obligatoria del Gobierno
El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria por un período de 15 días en el marco del conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida obligó al gremio a suspender el paro de colectivos previsto para este viernes 28 de marzo, evitando así un colapso en el sistema de transporte que afectaría a millones de pasajeros. Sin embargo, la decisión gubernamental no resuelve el problema de fondo y expone un conflicto estructural que se agrava con el tiempo.
Un conflicto sin solución a la vista
La disputa entre la UTA y las cámaras empresariales del sector tiene como eje central la falta de un acuerdo salarial. En la última audiencia entre el gremio y las empresas –representadas por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA)– no se presentó ninguna oferta de incremento de haberes. Las patronales se respaldaron en la resolución de la Secretaría de Transporte, encabezada por Franco Mogetta, que estableció la congelación salarial hasta junio de 2025.
Frente a esta negativa, la UTA convocó al paro, argumentando que los trabajadores se ven forzados a tomar medidas de fuerza ante la intransigencia empresarial. Sin una actualización salarial que compense el deterioro del poder adquisitivo, el gremio advierte que la situación es insostenible para los choferes.
El escenario llevó a las empresas del sector a solicitar la intervención del Estado. La Secretaría de Trabajo, bajo la dirección de Julio Cordero, respondió decretando la conciliación obligatoria, un mecanismo que suspende temporalmente las medidas de fuerza mientras las partes intentan negociar.
Si bien la conciliación evita un paro que hubiera afectado a unos nueve millones de usuarios del transporte público en el AMBA, la medida no constituye una solución definitiva. Se trata, en esencia, de un aplazamiento del conflicto que reactivará sus tensiones en cuanto expire el plazo de 15 días.
El trasfondo de la crisis radica en la falta de financiamiento para el sector. Las empresas, que dependen en gran parte de los subsidios estatales, argumentan que no pueden asumir incrementos salariales sin una revisión del esquema de subsidios o un aumento en las tarifas. A su vez, el Gobierno mantiene una política de ajuste fiscal que limita la posibilidad de asistencia adicional, lo que deja a los trabajadores en una encrucijada sin respuestas inmediatas.
Por otro lado, la UTA enfrenta una presión creciente de su base sindical, que exige mejoras salariales urgentes en un contexto de inflación persistente. La conciliación obligatoria solo posterga el conflicto, pero no lo desactiva. Si en estos 15 días no se logra un acuerdo, es altamente probable que el gremio retome las medidas de fuerza con mayor contundencia.
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Casi el 75% de la ciudadanía considera que el gobierno de Milei es “corrupto”

Un reciente relevamiento de opinión pública realizado por la consultora Zubán Córdoba reveló que casi el 75% de los argentinos considera que el gobierno de Javier Milei es «corrupto». El escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad geberó un impacto significativo en la imagen pública del Gobierno.
La encuesta, realizada entre el 27 y 28 de agosto con 1200 personas, mostró que la credibilidad de la gestión libertaria se encuentra profundamente afectada por este hecho. Un 62% de los encuestados juzga la respuesta del Gobierno como improvisada, lo que anticipa un impacto negativo en el terreno electoral.
Puntos clave de la encuesta:
- Corrupción: El 75% de los argentinos considera que el gobierno de Milei es corrupto.
- Improvisación: El 62% de los encuestados cree que la respuesta del Gobierno al escándalo ha sido improvisada.
- Renuncia de funcionarios: Un 65% reclama que los funcionarios involucrados renuncien y se ponga a disposición de la Justicia.
- Impacto electoral: Un 12% de personas que votaron a Milei en el ballotage ahora dicen que no lo volverán a votar debido al escándalo.
La encuesta también reveló que la imagen del Gobierno sufrió un duro golpe. El 57% de los encuestados califica la gestión de Milei como «mala» o «muy mala», mientras que solo el 39,9% la aprueba.
Cabe tener presente que este relevamiento de la opinión pública se realizó previo a que se conociera que también existen grabaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Estas últimas filtraciones no exponen hasta el momento nada comprometedor en su contenido, pero sí muestran el grado de crisis interna que atraviesa el Gobierno y anticipan que habrá nuevos episodios en este escándalo.
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Gremios docentes aceptaron la contraoferta de aumento salarial del gobierno de San Juan

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes llegaron a un acuerdo paritario que establece aumentos salariales para los próximos tres meses , vinculados al índice de inflación. El entendimiento busca garantizar previsibilidad al sector educativo y acompañar la evolución de la inflación.
La quinta sesión paritaria entre el Gobierno provincial y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET culminó con un acuerdo que establece aumentos salariales para agosto, septiembre y octubre. La propuesta del Ejecutivo incluye incrementos escalonados, vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de mejoras en conceptos específicos de la grilla salarial.
Detalles del Acuerdo:
- Para agosto: actualización del valor índice según el IPC de julio e incremento de 6 puntos en todos los cargos del nomenclador docente. Esto se traduce en un salario testigo para maestro de grado jornada simple de $624.094,08 netos, un básico docente (A01) que sube a $384.105,87, y un valor hora cátedra que se va a $25.607,06 en nivel medio y $32.008,82 en nivel superior.
- Para septiembre: actualización del valor índice según el IPC de agosto, aumento del 30% en el ítem remunerativo «Nueva Conectividad San Juan» y 4 puntos adicionales en el nomenclador docente. El valor de la Nueva Conectividad San Juan aumentará a $49.057 por cargo desde septiembre, aplicable hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedra.
- Para octubre: actualización del valor índice según el IPC de septiembre y un aumento de 4 puntos en el nomenclador docente.
Mejoras en Asignaciones Específicas:
- Estado Docente (A56): se actualizará según el IPC.
- Responsabilidad Funcional (E60): se actualizará según el IPC.
- Antigüedad (E66): se actualizará según el IPC.
En la reunión participaron funcionarios del Gobierno de San Juan, incluyendo al ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y representantes de los gremios docentes UDAP, UDA y AMET.
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La Justicia falla en favor de los docentes: suspende el Decreto que limitaba el derecho a huelga

La CTERA, el gremio mayoritario en la actividad docente, obtuvo una medida cautelar que suspende la aplicación del Decreto 340/25, dictado por el presidente Javier Milei. La decisión judicial implica la imposibilidad de limitar el derecho a huelga de los docentes a través de la declaración de «servicio esencial».
«El accionar del Gobierno Nacional señalado, se inscribe en la ofensiva que intenta la destrucción de la educación pública», declaró la CTERA en un comunicado. «No conseguirán, provocada por la inexistencia de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente –cuando la situación salarial es literalmente agobiante por la devastación del poder adquisitivo de los sueldos–».
La CTERA también destacó que la medida cautelar es un nuevo revés para el gobierno, que ya había sido derrotado en la Justicia en ocasiones anteriores. «CTERA como organización mayoritaria de las trabajadoras y trabajadores de la educación, seguirá luchando por el respecto de los derechos de las y los docentes de la República Argentina en todas las instancias que haga falta tanto nacionales como internacionales», concluyó la organización.
La sentencia, conocida en el día de hoy y que lleva fecha 26-8-2025, implica la imposibilidad por parte del Gobierno Nacional de aplicar las disposiciones impugnadas, siendo manifiestamente inconstitucional la regulación que establece el DNU citado al calificar a la educación como “servicio esencial” prohibiendo en la práctica el derecho de huelga.
Para la CTERA, la decisión judicial es un reconocimiento a la lucha de los docentes por sus derechos y por la defensa de la educación pública. «Seguiremos luchando por la elevación de las condiciones de vida y de trabajo de las compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho de nuestro país», concluyó la organización.
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