Una resolución de la Justicia de La Rioja dispuso la suspensión por 30 días de las actividades vinculadas al proyecto minero Josemaría. La medida obliga a la empresa a presentar estudios ambientales en territorio riojano y genera incertidumbre sobre uno de los desarrollos extractivos más relevantes del país.

Una decisión judicial adoptada en La Rioja alteró el curso de uno de los emprendimientos mineros más ambiciosos de la región cuyana. La jueza María Greta Decker ordenó la paralización por 30 días de las tareas vinculadas al proyecto Josemaría, a partir de una presentación impulsada por el gobierno riojano.

La resolución alcanza a la firma operadora Vicuña S.A. y establece como condición indispensable la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental que contemple las implicancias del emprendimiento sobre territorio de la provincia vecina. Sin ese requisito aprobado, no podrán retomarse las actividades.

El fallo se apoya en el principio preventivo y se instrumentó mediante una medida autosatisfactiva, una herramienta jurídica que permite actuar con rapidez frente a la posibilidad de daños ambientales. Desde la administración riojana argumentaron que la empresa no cumplió con requerimientos previos vinculados al uso de infraestructura local, especialmente el corredor vial que conecta con el yacimiento.

El secretario de Ambiente de esa provincia, Santiago Azulay, sostuvo que los efectos del proyecto exceden los límites geográficos y podrían impactar en comunidades como Guandacol y Villa Unión. Entre los puntos señalados figuran el tránsito intensivo de vehículos pesados, la dispersión de partículas y la contaminación sonora.

La medida judicial también dispuso restricciones sobre el camino de Guandacol, principal vía logística hacia el emprendimiento, actualmente bajo control policial. Esta limitación genera un cuello de botella operativo que afecta la planificación de obras y el movimiento de equipos.

Un proyecto estratégico bajo presión

El desarrollo de Josemaría forma parte del denominado distrito Vicuña, un conglomerado minero de escala internacional que incluye también el yacimiento Filo del Sol. Ubicado en San Juan, el proyecto prevé inversiones millonarias y una proyección productiva significativa en cobre, oro y plata durante varias décadas.

Para San Juan, la paralización representa un contratiempo relevante en términos económicos y de generación de empleo, dado el peso estratégico que la actividad minera tiene en su matriz productiva. A su vez, la decisión introduce un elemento de complejidad institucional al involucrar competencias ambientales de distintas jurisdicciones.

Desde La Rioja no descartan avanzar hacia instancias judiciales superiores en caso de incumplimiento, lo que podría derivar en la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

La suspensión dispuesta por la Justicia riojana reconfigura el futuro inmediato de un proyecto central para la minería argentina. Más allá del plazo fijado, el episodio instala un debate de fondo sobre la coordinación interprovincial en materia ambiental y la necesidad de reglas claras para emprendimientos de gran escala. El desenlace de este proceso no solo definirá el avance de Josemaría, sino que también sentará precedentes sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y resguardo ambiental en el país.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular y diversas organizaciones sociales iniciaron un plan de acción con movilizaciones en todo el país. Denuncian recortes en programas sociales y falta de asistencia alimentaria. Advierten que, sin respuestas oficiales, avanzarán hacia cortes masivos desde mayo.

La protesta social suma intensidad con la decisión de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) de poner en marcha un esquema de acciones en todo el territorio nacional. El punto de partida será una “jornada de ollas vacías” prevista para este viernes 18 de abril, frente a centros de distribución de alimentos, una iniciativa que busca visibilizar el deterioro en el abastecimiento de comedores y merenderos comunitarios.

La convocatoria cuenta con el respaldo de organizaciones de peso en el entramado territorial, como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). En conjunto, estos espacios advierten que la situación social se ha agravado a partir de la reducción de programas de asistencia y la caída de ingresos en amplios sectores de la población.

El eje del reclamo se centra en la eliminación del programa Volver al Trabajo —heredero del Potenciar Trabajo— que alcanzaba a cerca de un millón de beneficiarios. Según denuncian, su reemplazo por esquemas de capacitación no logra compensar la pérdida de ingresos ni ofrecer soluciones concretas en el corto plazo. A ello se suma la disminución en la entrega de alimentos, lo que impacta de manera directa en la red de contención barrial.

El cronograma de medidas ya delineado anticipa una escalada progresiva. Tras la primera jornada, las organizaciones se movilizarán el lunes 20 de abril hacia el Ministerio de Capital Humano para exigir una audiencia con la ministra Sandra Pettovello. Posteriormente, el 30 de abril, confluirán en una marcha masiva junto a la CGT en la antesala del Día del Trabajador.

La agenda continuará en mayo con nuevas acciones en las calles. Para el domingo 5 y el martes 7 de mayo ya se definieron jornadas de protesta en distintos puntos del país, con el objetivo de extender el reclamo a nivel federal y reflejar el impacto en las economías regionales. Desde las organizaciones anticiparon que, si no hay respuestas oficiales tras esas instancias, avanzarán con cortes y bloqueos por tiempo indeterminado.

Los dirigentes sociales sostienen que miles de familias enfrentan dificultades crecientes para cubrir necesidades básicas y alertan sobre un deterioro acelerado en los niveles de consumo en los barrios populares. En este marco, cuestionan la falta de interlocución con las autoridades nacionales y reclaman la apertura de canales de negociación.

Desde la conducción de la UTEP, su secretario general, Alejandro Gramajo, fue categórico al señalar que la ausencia de diálogo agrava la situación. El dirigente cuestionó la efectividad de las políticas implementadas y advirtió que las herramientas actuales no logran generar empleo genuino ni atender la urgencia social.

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones ratificó el estado de alerta y movilización, reclamó la reapertura urgente de las negociaciones salariales y exigió el pago de un bono de $840.000. La empresa alega limitaciones para responder y la lucha se proyecta en ascenso.

El conflicto en el Correo Argentino suma un nuevo capítulo con la decisión de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) de sostener y profundizar su plan de acción en todo el país. Tras una audiencia con la Secretaría de Trabajo, el sindicato conducido por Alberto Cejas ratificó su estado de alerta, asamblea y movilización, al tiempo que buscó despejar versiones sobre una interrupción total del servicio.

La organización gremial puso el foco en la recomposición de los ingresos, señalando que la pérdida del poder adquisitivo se ha acentuado en los últimos meses. En ese aspecto, reclamó la reapertura inmediata de la negociación colectiva y cuestionó los ajustes salariales definidos fuera del ámbito paritario, al considerarlos insuficientes y carentes de legitimidad.

Como parte de su pliego de demandas, FOECYT solicitó el pago de un bono extraordinario de $840.000, a liquidarse en cuatro tramos, con el objetivo de amortiguar el impacto de la inflación sobre los sueldos. La exigencia se inscribe en una estrategia más amplia orientada a recuperar capacidad de compra y reordenar las condiciones laborales dentro de la empresa.

Desde el sector empleador, en tanto, se argumentó la imposibilidad de avanzar con definiciones concretas en materia salarial. Según lo expuesto durante la audiencia, la conducción del Correo Argentino carecería de autorización para negociar incrementos y señaló además la ausencia de otras representaciones sindicales como un obstáculo adicional para destrabar el diálogo.

La falta de avances alimenta un clima de creciente malestar entre los trabajadores, quienes advierten sobre un deterioro sostenido de sus condiciones laborales. El gremio también cuestionó decisiones empresariales adoptadas de manera unilateral y alertó sobre un rumbo que, a su juicio, profundiza la pérdida de derechos dentro de la actividad postal.