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Las próximas dos semanas se perfilan como un período de alta conflictividad social en Argentina, con una serie de protestas sindicales que ponen en jaque la estabilidad del gobierno de Javier Milei. Desde la conmemoración del 24 de marzo hasta el tercer paro general, la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros sectores gremiales intensifican su presión contra las políticas económicas y laborales del Ejecutivo.

El 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria, la CGT se movilizó con una fuerte presencia de su dirigencia. Si bien esta fecha tiene un significado histórico vinculado a los derechos humanos, la protesta adquirió un tinte marcadamente político y sindical. Desde ese punto de partida, la central obrera estructuró un cronograma de manifestaciones que culminará con un nuevo paro general el 10 de abril.

El detonante inmediato de esta escalada de protestas fue la represión ejercida contra jubilados y manifestantes en las últimas semanas, además del intento gubernamental de imponer límites a las negociaciones paritarias. El descontento sindical se profundizó ante la negativa del gobierno de habilitar “paritarias libres”, un reclamo central de los sindicatos en un contexto de alta inflación y deterioro del poder adquisitivo.

En este escenario, la CGT busca fortalecer su base territorial mediante un plenario de regionales, liderado por Abel Furlán, secretario del Interior. La intención es que la protesta tenga un alcance federal y sume el respaldo de las distintas seccionales del país. En paralelo, las dos fracciones de la CTA y los movimientos sociales nucleados en la UTEP confirmaron su adhesión a la movilización del 9 de abril y al paro general del 10.

El gobierno minimiza la protesta, pero la tensión crece

Desde el oficialismo, la estrategia apunta a restar relevancia a la movilización sindical. Mientras la CGT eleva el tono contra las políticas libertarias, el gobierno busca desactivar la protesta con llamados al diálogo. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, será el encargado de convocar a dirigentes gremiales para intentar descomprimir la situación. Sin embargo, los sindicatos se mantienen firmes en su postura y rechazan cualquier tipo de acuerdo que implique restricciones a la negociación salarial.

La protesta no se limita al ámbito sindical tradicional. El sector de la salud también se encuentra en estado de alerta debido a los recortes en el Ministerio de Salud, que dejaron sin empleo a más de 1.400 trabajadores. En respuesta, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan anunció un “abrazo simbólico” a la institución, denunciando la crisis que atraviesa el principal centro pediátrico del país.

Norma Lezana, secretaria general de la APyT, advirtió que el ajuste está provocando una alarmante fuga de profesionales, lo que pone en riesgo la calidad de la atención. Este conflicto, sumado a la precarización laboral denunciada por los trabajadores de la salud, podría derivar en nuevas medidas de fuerza a lo largo del año.

En este clima de confrontación, el desenlace del conflicto dependerá de la capacidad del Ejecutivo para negociar sin imponer condiciones intransigentes y de la solidez del movimiento sindical para sostener su ofensiva. Lo que está en juego no es solo la estabilidad de la administración Milei, sino también el rumbo de la política laboral y económica en un contexto de crisis profunda.

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Marcelo Trujillo: “La CGT tiene fuerza porque cada sindicato hace su trabajo”


El secretario general del sindicato que representa a los trabajadores telefónicos en San Juan, Marcelo Trujillo, analizó en Mundo Laboral SJ el nuevo acuerdo salarial alcanzado con las grandes compañías de telecomunicaciones, los efectos de los cambios normativos sobre los convenios y el futuro de los empleos frente a la expansión de la fibra óptica, la digitalización y la automatización. También respaldó la nueva conducción de la CGT San Juan y reclamó unidad sindical para afrontar una etapa de profundas transformaciones.

Una paritaria condicionada por la inflación

Los trabajadores telefónicos atraviesan una nueva negociación salarial con Claro, Movistar y Personal, en un escenario marcado por aumentos que buscan recomponer parcialmente el poder adquisitivo frente a la inflación y por modificaciones en las reglas que alcanzan a los convenios colectivos.

Trujillo explicó que el acuerdo contempla incrementos para los próximos meses, además de sumas fijas y componentes vinculados con las condiciones convencionales. Sin embargo, advirtió que la discusión salarial continúa condicionada por la referencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC), una dinámica que obliga a las organizaciones sindicales a negociar sobre valores que muchas veces llegan con posterioridad al aumento de los precios.

“Tenemos que jugar con el IPC”, señaló el dirigente, al remarcar que las negociaciones se realizan sobre una inflación ya ocurrida. Para los trabajadores, el desafío continúa siendo evitar que la actualización nominal de los salarios vuelva a quedar por debajo del costo de vida.

Pero la discusión no se limita al porcentaje de aumento. Trujillo puso el foco también sobre las modificaciones introducidas por la normativa laboral en materia de descuentos y conceptos convencionales, cuestiones que obligan a revisar mecanismos que durante años formaron parte de los acuerdos entre empresas y sindicatos.

Uno de los puntos que mencionó es el tratamiento de determinadas sumas convencionales y su eventual consideración como conceptos mensuales y habituales. Allí aparece una cuestión particularmente sensible: el aguinaldo, que por definición se abona dos veces al año.

El dirigente sostuvo que los sindicatos deberán encontrar junto con las empresas mecanismos que permitan preservar esos derechos y evitar que las nuevas disposiciones terminen afectando ingresos que los trabajadores ya tenían incorporados.

La discusión se extiende además a los convenios colectivos. Según explicó Trujillo, mientras algunos continúan vigentes, en distintas ramas comenzaron a plantearse modificaciones o renegociaciones a partir del vencimiento de acuerdos anteriores.

De la telefonía fija a un mundo conectado

Más allá de la paritaria, el cambio más profundo que atraviesa a los trabajadores telefónicos está relacionado con la propia transformación de las telecomunicaciones.

El represntante gremial sostuvo que la reconversión comenzó mucho antes de la actual expansión de la inteligencia artificial y la automatización. Para los trabajadores telefónicos, el proceso se inició con las privatizaciones y continuó con la incorporación progresiva de nuevas tecnologías.

La comparación permite dimensionar la magnitud del cambio. Décadas atrás, el trabajo estaba asociado fundamentalmente al teléfono fijo y las redes de cobre. Luego llegó el ADSL, más tarde la fibra óptica y, con ella, una infraestructura capaz de transportar internet, aplicaciones y una multiplicidad de servicios digitales.

“El módem puede terminar manejando todo”, explicó Trujillo, al describir una realidad que ya dejó de pertenecer al terreno de la ciencia ficción: cámaras de seguridad, televisores, electrodomésticos y otros dispositivos conectados a una misma red.

A ese proceso se suma ahora la expansión de nuevas tecnologías, automatización y sistemas cada vez más sofisticados. Para el dirigente, esa evolución obliga a los trabajadores a capacitarse y modificar sus conocimientos de manera permanente.

“Somos la profesión que más se ha ido adaptando a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías”, afirmó.

La transformación también tiene un costo laboral. El gremialista reconoció que las empresas ya no tienen las mismas dotaciones de personal que tenían antes de las privatizaciones y que la reducción de puestos se ha producido de manera sostenida.

Frente a ese proceso, la organización sindical busca combinar la defensa de los puestos existentes con la reconversión de trabajadores hacia nuevas funciones.

“No somos la misma cantidad desde las privatizaciones”, admitió. Al mismo tiempo, señaló que la tarea sindical consiste en procurar recuperar parte del empleo perdido, capacitar a quienes permanecen y encontrar nuevas funciones vinculadas con la evolución tecnológica.

El desafío de la CGT después de la reelección de Cabello

La entrevista también tuvo como protagonista a la CGT Regional San Juan, que acaba de renovar su conducción con Eduardo Cabello al frente y con un fuerte respaldo de las organizaciones sindicales que participaron de la elección.

Trujillo destacó que la conducción no debe entenderse exclusivamente a partir de quien ocupa la Secretaría General. Para el dirigente telefónico, la central obrera representa al conjunto de sindicatos que la integran y su fortaleza depende de la capacidad de cada organización para defender a sus trabajadores.

Según precisó, de los 64 gremios que integran la estructura, 54 estuvieron en condiciones de participar de la votación y respaldar la nueva conducción.

“La CGT es la conjunción de todos los gremios”, sostuvo, y remarcó que la representación colectiva adquiere mayor fuerza cuando cada sindicato cumple con su propia responsabilidad.

Definir esto es fundamental hoy, cuando se discuten los salarios, cambian las relaciones de trabajo y se reforman los derechos de los convenios.

Unidad sindical y diálogo interno

Trujillo también respaldó el llamado de Cabello a mantener abierta la puerta al diálogo con otros espacios sindicales.

Para el dirigente telefónico, las diferencias internas forman parte de cualquier estructura gremial, pero no deberían impedir la construcción de acuerdos cuando existe voluntad de diálogo y respeto.

“Las ropitas se lavan en casa”, graficó al referirse a las discusiones internas, y sostuvo que la unidad sindical no implica ausencia de diferencias, sino capacidad para procesarlas dentro de las propias organizaciones.

El objetivo común, planteó, debe estar por encima de las diferencias personales: defender el empleo, preservar los derechos laborales y evitar que las modificaciones impulsadas en materia normativa terminen debilitando las conquistas obtenidas durante décadas, concluyó.

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Las universidades paran el 8 de septiembre por salarios y financiamiento

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocó a una huelga de 24 horas para el martes 8 de septiembre. La medida reunirá a docentes y nodocentes y responde al reclamo de una recomposición salarial y de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las universidades nacionales volverán a parar el martes 8 de septiembre, luego de que los gremios docentes y nodocentes rechazaran la última propuesta salarial del Gobierno y resolvieran profundizar las medidas de fuerza.

La convocatoria fue realizada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y reúne a CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN. La participación de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales incorpora al personal nodocente, por lo que la huelga alcanzará tanto las tareas académicas como administrativas, técnicas y de servicios.

La nueva huelga de 24 horas se suma a la realizada el pasado miércoles 2 de septiembre. Los dos ejes del reclamo son la recuperación del poder de compra de los salarios y el respeto a la Ley de Financiamiento Universitario

La decisión sindical llegó posterior a la reunión mantenida el 1 de septiembre con representantes del Gobierno. El Ministerio de Capital Humano ofreció un 3% de aumento para septiembre y ratificó otro 3% para octubre. Sin embargo, las organizaciones cuestionaron que el segundo tramo ya había sido acordado en junio y consideraron insuficiente la propuesta frente al deterioro acumulado de los ingresos.

Desde CONADU, conducida por Clara Chevalier, plantearon una recomposición del 31,2%, además de la incorporación de la inflación de agosto y el pago de salarios adeudados. La agenda gremial incluye también reclamos vinculados con el FONID, las escuelas preuniversitarias y la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo.

Para los gremios, la diferencia entre la oferta oficial y sus pretensiones impide cerrar la negociación paritaria. El conflicto salarial se entrelaza, además, con una disputa más amplia por los recursos destinados al sistema universitario y por la implementación de la legislación aprobada para garantizar su financiamiento.

La nueva jornada de lucha trasladará nuevamente el reclamo a las universidades de todo el país y pondrá a docentes y nodocentes bajo una misma medida de fuerza. La continuidad de las huelgas refleja la falta de acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones gremiales sobre salarios y financiamiento, mientras la negociación permanece abierta y sin una fecha cierta de resolución.

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Más de 12.000 personas se anotaron para ingresar al Poder Judicial de San Juan

El concurso de ingreso al Poder Judicial de San Juan cerró este viernes con con una cifra récord de 12.293 inscriptos. Del total, 11.518 corresponden a la Primera Circunscripción y 775 a Jáchal e Iglesia. El proceso tendrá cinco instancias eliminatorias antes de la entrevista final.

El registro finalizó este viernes 4 de septiembre a las 12 y dejó una marcada diferencia entre las dos circunscripciones. 11.518 postulantes corresponden a la Primera Circunscripción Judicial, mientras que 775 se inscribieron para la Segunda, que comprende los departamentos Jáchal e Iglesia.

Concluida la etapa de inscripción, la atención estará puesta ahora en la organización de las evaluaciones. La Escuela Judicial y la Dirección de Recursos Humanos deberán definir el cronograma, los turnos y la distribución de los miles de aspirantes que participarán de las distintas pruebas.

El concurso contempla cinco instancias eliminatorias. La primera será una prueba de dactilografía: cada postulante deberá transcribir correctamente un texto de 100 palabras en un máximo de cuatro minutos. La evaluación exigirá precisión en la reproducción.

La segunda instancia será de ortografía. Los participantes recibirán un texto con errores y dispondrán de cinco minutos para corregirlos. Para continuar deberán resolver correctamente al menos el 70% de las equivocaciones.

Superadas esas pruebas llegará una capacitación obligatoria, organizada como un curso académico asincrónico de nueve módulos sobre estructura y funcionamiento del Poder Judicial, normativa y contenidos jurídicos. Cada módulo tendrá unos 50 minutos de material audiovisual y preguntas de entrenamiento. Será necesario alcanzar un 70% de respuestas correctas en cada uno para completar la capacitación y obtener el certificado habilitante.

La cuarta instancia será el examen de conocimientos, compuesto por 100 preguntas que deberán responderse en 75 minutos. El requisito para aprobar será alcanzar al menos 71 respuestas correctas. Los contenidos estarán incluidos en el manual elaborado por el Poder Judicial y disponible en el micrositio oficial del concurso.

Finalmente, quienes superen todas las evaluaciones accederán a una entrevista personal con el Gabinete Técnico, destinada a completar el proceso de selección mediante la elaboración de un perfil de cada postulante.

Las pruebas se desarrollarán en la sede académica del Poder Judicial ubicada en el edificio del Sirio Libanés, sobre calle Entre Ríos, antes de avenida Libertador. El establecimiento dispone de 40 computadoras conectadas en red, configuradas exclusivamente con el sistema operativo y la plataforma del concurso.

La elevada cantidad de inscriptos obligará a organizar evaluaciones sucesivas en grupos de 40 personas, con turnos durante la mañana y la tarde. Cada postulante recibirá por correo electrónico la fecha y el horario asignados para rendir.

El Poder Judicial también informó que se implementarán adecuaciones para las personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar su participación en igualdad de condiciones durante las distintas instancias.

Con los aspirantes registrados, el concurso se convirtió en una de las convocatorias de mayor magnitud de los últimos años dentro de la Justicia sanjuanina. El próximo paso será establecer el cronograma que pondrá en marcha un proceso de selección diseñado para evaluar conocimientos, capacidades técnicas y aptitudes personales antes de definir los nuevos ingresos.

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