Conflicto sindical en ascenso: Marchas, paros y la resistencia al ajuste
Las próximas dos semanas se perfilan como un período de alta conflictividad social en Argentina, con una serie de protestas sindicales que ponen en jaque la estabilidad del gobierno de Javier Milei. Desde la conmemoración del 24 de marzo hasta el tercer paro general, la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros sectores gremiales intensifican su presión contra las políticas económicas y laborales del Ejecutivo.
El 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria, la CGT se movilizó con una fuerte presencia de su dirigencia. Si bien esta fecha tiene un significado histórico vinculado a los derechos humanos, la protesta adquirió un tinte marcadamente político y sindical. Desde ese punto de partida, la central obrera estructuró un cronograma de manifestaciones que culminará con un nuevo paro general el 10 de abril.
El detonante inmediato de esta escalada de protestas fue la represión ejercida contra jubilados y manifestantes en las últimas semanas, además del intento gubernamental de imponer límites a las negociaciones paritarias. El descontento sindical se profundizó ante la negativa del gobierno de habilitar “paritarias libres”, un reclamo central de los sindicatos en un contexto de alta inflación y deterioro del poder adquisitivo.
En este escenario, la CGT busca fortalecer su base territorial mediante un plenario de regionales, liderado por Abel Furlán, secretario del Interior. La intención es que la protesta tenga un alcance federal y sume el respaldo de las distintas seccionales del país. En paralelo, las dos fracciones de la CTA y los movimientos sociales nucleados en la UTEP confirmaron su adhesión a la movilización del 9 de abril y al paro general del 10.
El gobierno minimiza la protesta, pero la tensión crece
Desde el oficialismo, la estrategia apunta a restar relevancia a la movilización sindical. Mientras la CGT eleva el tono contra las políticas libertarias, el gobierno busca desactivar la protesta con llamados al diálogo. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, será el encargado de convocar a dirigentes gremiales para intentar descomprimir la situación. Sin embargo, los sindicatos se mantienen firmes en su postura y rechazan cualquier tipo de acuerdo que implique restricciones a la negociación salarial.
La protesta no se limita al ámbito sindical tradicional. El sector de la salud también se encuentra en estado de alerta debido a los recortes en el Ministerio de Salud, que dejaron sin empleo a más de 1.400 trabajadores. En respuesta, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan anunció un “abrazo simbólico” a la institución, denunciando la crisis que atraviesa el principal centro pediátrico del país.
Norma Lezana, secretaria general de la APyT, advirtió que el ajuste está provocando una alarmante fuga de profesionales, lo que pone en riesgo la calidad de la atención. Este conflicto, sumado a la precarización laboral denunciada por los trabajadores de la salud, podría derivar en nuevas medidas de fuerza a lo largo del año.
En este clima de confrontación, el desenlace del conflicto dependerá de la capacidad del Ejecutivo para negociar sin imponer condiciones intransigentes y de la solidez del movimiento sindical para sostener su ofensiva. Lo que está en juego no es solo la estabilidad de la administración Milei, sino también el rumbo de la política laboral y económica en un contexto de crisis profunda.
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Paro de colectivos: Trabajo ordenó levantar la medida y convocó a la UTA a una audiencia salarial
La Subsecretaría de Trabajo de San Juan dictó la conciliación obligatoria tras la acción de la UTA y ordenó a los choferes levantar la medida de fuerza y retomar la prestación del transporte público de pasajeros. La audiencia entre el gremio, las empresas y las autoridades fue convocada para este jueves a las 11.30.
La resolución establece que las partes deben retrotraer el conflicto al estado anterior al inicio de la protesta, por lo que las empresas deberán restablecer las frecuencias mientras se desarrolla la instancia de negociación. La medida alcanza al transporte urbano e interurbano de la provincia.
Esta intervención laboral se produjo después de una jornada en la que el cese del servicio afectó a miles de usuarios que debían trasladarse hacia sus trabajos, escuelas y otros destinos. La protesta había sido iniciada por los conductores en reclamo del pago de diferencias salariales correspondientes a la nueva escala acordada.
Según se pudo conocer, la nueva audiencia quedó fijada para este jueves 8 de octubre a las 11.30. Allí deberán participar representantes de la UTA, las empresas prestatarias y la autoridad laboral provincial, con el objetivo de encontrar una salida al reclamo que derivó en la paralización del servicio.
La autoridad laboral también objetó la falta de una notificación formal y oportuna del paro. Previo al dictado de la conciliación obligatoria, el Ejecutivo provincial ya había advertido que la alteración de las frecuencias daría lugar a sanciones.
En este sentido, la UTA sostiene que el reclamo salarial venía siendo planteado desde hacía semanas y cuestiona que las empresas y las autoridades no hubieran convocado previamente una instancia de diálogo para resolver las diferencias pendientes.
La conciliación obligatoria modifica ahora el escenario inmediato del conflicto: el paro debe quedar suspendido y comienza un período de negociación formal. Durante ese proceso, las partes deberán cumplir las disposiciones fijadas por Trabajo y procurar un acuerdo sobre las sumas salariales reclamadas.
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Orrego entregó viviendas en Chimbas y completó una larga espera de hasta 25 años
Después de hasta 25 años de espera, 69 familias de Chimbas recibieron las llaves de su vivienda. El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de las primeras casas del barrio Panaderos y Pasteleros, ubicado en calle Bonduel 860 Norte, un complejo que contempla un total de 101 unidades habitacionales.
El dato que marca la dimensión de la entrega surge de los informes sociales elaborados por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV): numerosos postulantes vinculados al gremio de Panaderos y Pasteleros habían iniciado sus trámites entre 20 y 25 años atrás, sin acceder hasta ahora a una solución definitiva.
Durante el acto, Orrego remarcó que la provincia lleva adelante obras habitacionales en un contexto de menores recursos. “Llevamos dos años y medio de gestión, administrando un 40% menos de recursos que la gestión anterior, y aun así estamos haciendo realidad obras que parecían impensadas”, señaló el gobernador.
Las viviendas tienen una superficie promedio de 63,17 metros cuadrados y cuentan con dos dormitorios, baño, estar-comedor-cocina y espacio para lavarropas y pileta de lavar. Del total de 101 unidades, 95 corresponden al prototipo CM1-2021 y seis al CM1D-2021, destinadas a personas con discapacidad y adaptadas según sus necesidades de accesibilidad.
El complejo dispone además de redes de agua potable, gas natural y electricidad, alumbrado público, veredas, calles de calzada enripiada, pasantes vehiculares y puentes peatonales. El proyecto incorporó también un espacio verde con bancos y arbolado, junto con una barrera forestal sobre calle Bonduel.
Junto al gobernador participaron el ministro de Infraestructura, Fernando Perea; la directora del IPV, Elina Peralta; el presidente del Concejo Deliberante de Chimbas, Isidro Rivero; y los diputados nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime.
La entrega representa el primer tramo de un conjunto habitacional que todavía tiene 32 viviendas pendientes de adjudicación, con las que se completará el barrio destinado a familias que durante años permanecieron a la espera de una respuesta habitacional.
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Encuesta: crece el malestar económico y cae la aprobación del Gobierno nacional
Un estudio de Management & Fit realizado en septiembre ubicó al desempleo y las dificultades para llegar a fin de mes entre los principales problemas del país y de los hogares. El 57,5% de los consultados dijo que quiere un cambio total de políticas y equipo de gestión, mientras la desaprobación del Gobierno llegó al 58,1%.
El desempleo y la pérdida de poder adquisitivo aparecen entre las principales preocupaciones de los argentinos. El 19,8% identificó a la desocupación como el principal problema del país, mientras que el 22% señaló las dificultades para llegar a fin de mes como su principal preocupación personal.
El relevamiento fue realizado entre el 14 y el 28 de septiembre, sobre 2.600 casos efectivos y 2.200 ponderados, entre personas de 16 a 75 años. El estudio informó un margen de error de ±2,1%.
La percepción económica también muestra un deterioro. El 52,4% afirmó tener dificultades para cubrir sus gastos, mientras que el 39,3% calificó negativamente su situación económica personal. A nivel nacional, el 38,9% consideró que la situación económica y social es “muy mala” y otro 17,8% la definió como “mala”.
Entre los problemas del país, detrás del desempleo aparecen los aumentos de precios y tarifas, con 18,9%, seguidos por la corrupción y, posteriormente, la inseguridad. En el plano individual, después de las dificultades para llegar a fin de mes se ubican los bajos ingresos, con 17,2%, y la inseguridad al salir a la calle, con 14%. El endeudamiento personal o familiar alcanza al 10,4%.
El estudio también registró un aumento del pesimismo sobre el futuro. Quienes creen que su situación estará “mucho peor” pasaron del 17,9% en julio al 22,3% en septiembre. En tanto, el 24% anticipó que estará “peor”, mientras apenas el 2% respondió que estará “mucho mejor”.
Caída en la aprobación del Gobierno
La evaluación de la gestión de Javier Milei mostró una aprobación del 36,6%, medio punto menos que en julio, frente a una desaprobación del 58,1%. Según Management & Fit, el respaldo aumenta entre los varones y la desaprobación es mayor entre las mujeres y los mayores de 40 años.
La percepción sobre el Presidente también refleja ese resultado: Milei obtuvo 31,2% de imagen positiva y 52,7% de negativa, con un diferencial de -21,5 puntos. Además, el 49,4% manifestó sentir “mucha desconfianza” hacia el Gobierno, frente a un 19,7% que expresó “mucha confianza”.
Dentro del oficialismo, Patricia Bullrich aparece como la dirigente mejor posicionada: registró 33% de imagen positiva y 49,7% de negativa, con un diferencial de -16,7 puntos.
En el peronismo, Cristina Kirchner obtuvo 31% de imagen positiva y 51,3% de negativa. Axel Kicillof, en tanto, alcanzó 28,1% de positiva y 50,6% de negativa, con un diferencial de -22,5 puntos.
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