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Las próximas dos semanas se perfilan como un período de alta conflictividad social en Argentina, con una serie de protestas sindicales que ponen en jaque la estabilidad del gobierno de Javier Milei. Desde la conmemoración del 24 de marzo hasta el tercer paro general, la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros sectores gremiales intensifican su presión contra las políticas económicas y laborales del Ejecutivo.

El 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria, la CGT se movilizó con una fuerte presencia de su dirigencia. Si bien esta fecha tiene un significado histórico vinculado a los derechos humanos, la protesta adquirió un tinte marcadamente político y sindical. Desde ese punto de partida, la central obrera estructuró un cronograma de manifestaciones que culminará con un nuevo paro general el 10 de abril.

El detonante inmediato de esta escalada de protestas fue la represión ejercida contra jubilados y manifestantes en las últimas semanas, además del intento gubernamental de imponer límites a las negociaciones paritarias. El descontento sindical se profundizó ante la negativa del gobierno de habilitar “paritarias libres”, un reclamo central de los sindicatos en un contexto de alta inflación y deterioro del poder adquisitivo.

En este escenario, la CGT busca fortalecer su base territorial mediante un plenario de regionales, liderado por Abel Furlán, secretario del Interior. La intención es que la protesta tenga un alcance federal y sume el respaldo de las distintas seccionales del país. En paralelo, las dos fracciones de la CTA y los movimientos sociales nucleados en la UTEP confirmaron su adhesión a la movilización del 9 de abril y al paro general del 10.

El gobierno minimiza la protesta, pero la tensión crece

Desde el oficialismo, la estrategia apunta a restar relevancia a la movilización sindical. Mientras la CGT eleva el tono contra las políticas libertarias, el gobierno busca desactivar la protesta con llamados al diálogo. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, será el encargado de convocar a dirigentes gremiales para intentar descomprimir la situación. Sin embargo, los sindicatos se mantienen firmes en su postura y rechazan cualquier tipo de acuerdo que implique restricciones a la negociación salarial.

La protesta no se limita al ámbito sindical tradicional. El sector de la salud también se encuentra en estado de alerta debido a los recortes en el Ministerio de Salud, que dejaron sin empleo a más de 1.400 trabajadores. En respuesta, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan anunció un “abrazo simbólico” a la institución, denunciando la crisis que atraviesa el principal centro pediátrico del país.

Norma Lezana, secretaria general de la APyT, advirtió que el ajuste está provocando una alarmante fuga de profesionales, lo que pone en riesgo la calidad de la atención. Este conflicto, sumado a la precarización laboral denunciada por los trabajadores de la salud, podría derivar en nuevas medidas de fuerza a lo largo del año.

En este clima de confrontación, el desenlace del conflicto dependerá de la capacidad del Ejecutivo para negociar sin imponer condiciones intransigentes y de la solidez del movimiento sindical para sostener su ofensiva. Lo que está en juego no es solo la estabilidad de la administración Milei, sino también el rumbo de la política laboral y económica en un contexto de crisis profunda.

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La carne vacuna subió 51,2% interanual y el consumo cayó a uno de sus niveles más bajos

La producción de carne vacuna cayó 6,8% entre enero y agosto y el consumo interno descendió hasta unos 46 kilos por habitante al año. En simultaneo, las exportaciones crecieron 6,5%, mientras los precios de los cortes acumularon una suba del 51,2% interanual y ampliaron la brecha frente al pollo.

La reducción de la oferta comenzó a hacerse más visible durante agosto. La faena de hembras cayó 20,8% interanual y acumuló un retroceso del 11,9% en los primeros ocho meses. Su participación sobre el total faenado fue del 42,9%, una proporción cercana al límite que los especialistas consideran compatible con la preservación del stock ganadero.

El menor ingreso de animales a los frigoríficos repercutió sobre la producción. En agosto se obtuvieron unas 248.000 toneladas de carne res con hueso, 8,7% menos que un año atrás. El mayor peso promedio de las reses, que alcanzó 246 kilos en gancho, permitió compensar parcialmente la caída de la faena, aunque no logró revertirla.

Mientras la oferta disminuye, el comercio exterior gana participación. Los embarques acumulados hasta agosto llegaron a unas 567.400 toneladas res con hueso, con una expansión interanual del 6,5%. En contraste, los despachos destinados al mercado interno retrocedieron 11,3%.

Estados Unidos aparece entre los destinos que más aceleraron sus compras. En julio recibió 11.339 toneladas de carne argentina, un salto del 336,9% respecto del mismo mes del año anterior, impulsado en buena medida por el nuevo cupo de 100.000 toneladas habilitado por ese país. Israel también incrementó sus adquisiciones, mientras China mantuvo su liderazgo como principal comprador, aunque con menores volúmenes.

El cambio también se refleja en los precios que enfrentan los consumidores. En agosto, el kilo de hacienda en pie en el Mercado Agroganadero de Cañuelas promedió $3.833,70, con una suba del 46% interanual. En los comercios, los cortes vacunos aumentaron 51,2% en doce meses, más del doble que el pollo entero, cuyo precio avanzó 24,2%.

La diferencia modificó de manera significativa la relación de precios entre ambas carnes: la vacuna se encareció 21,8% más que el pollo. Para los hogares, esa brecha refuerza la sustitución hacia productos de menor costo y contribuye a explicar el retroceso del consumo tradicional.

El consumo de carne vacuna se ubica actualmente en torno de los 46 kilos por habitante al año, uno de los registros más bajos de los últimos años. El dato adquiere particular relevancia en un país históricamente asociado a un elevado consumo de carne bovina y muestra que el precio dejó de ser una variable secundaria en la elección de los alimentos.

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Más de 12.000 inscriptos y 227 aprobados en el primer día del concurso judicial

De los 395 postulantes que rindieron este lunes 14 de septiembre, 227 aprobaron la prueba de dactilografía y quedaron habilitados para continuar. El concurso reúne a 12.293 inscriptos de las dos circunscripciones judiciales y tendrá evaluaciones escalonadas durante las próximas semanas.

El 57,46% de los postulantes que efectivamente rindieron consiguió superar esta primera instancia. La prueba consistió en transcribir un texto de 100 palabras en un máximo de cuatro minutos, una evaluación que funciona como filtro inicial antes de las etapas posteriores.

Los postulantes que superaron esta primera instancia constituyen el inicio de una convocatoria de gran envergadura. El registro total asciende a 12.293 inscriptos, de los cuales 11.518 pertenecen a la Primera Circunscripción y 775 a la Segunda, integrada por Jáchal e Iglesia.

La convocatoria fue organizada de manera escalonada para poder absorber el volumen de participantes. En la Primera Circunscripción, las evaluaciones de esta primera etapa continuarán durante las próximas semanas y la convocatoria está prevista hasta el 6 de octubre.

El resultado inicial también permite dimensionar el nivel de competencia que tendrá el proceso. Por cada jornada se presentan grupos reducidos frente al universo total de inscriptos, mientras que cada instancia eliminatoria irá reduciendo progresivamente la cantidad de candidatos habilitados para llegar a las evaluaciones siguientes.

Los postulantes que aprobaron este lunes ya aseguraron su continuidad. Para los restantes inscriptos, el examen todavía está por delante, dado que las convocatorias se extenderán durante las próximas semanas.

La selección tendrá, por lo tanto, un doble desafío: administrar una convocatoria excepcional por su volumen y, al mismo tiempo, garantizar que las sucesivas evaluaciones permitan identificar a quienes finalmente reúnan las condiciones requeridas para incorporarse a la estructura del Poder Judicial. Aunque el primer día dejó más de doscientos clasificados, esto es solo el comienzo: todavía quedan más de 11.000 aspirantes por superar la primera etapa.

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El miedo al desempleo crece y ya desplaza a la inflación entre las inquietudes sociales

El 43,9% de los consultados por Latam Pulse Argentina señaló al desempleo como uno de los principales problemas del país, apenas 0,5 puntos por debajo de la corrupción. La inflación quedó en cuarto lugar, mientras siete de cada diez encuestados calificaron negativamente la situación laboral.

El temor al desempleo escaló hasta convertirse en la segunda mayor preocupación de los argentinos, prácticamente empatado con la corrupción y por encima de la inflación. El dato surge de la última medición de Latam Pulse Argentina, elaborada por AtlasIntel en colaboración con Bloomberg, que relevó las principales inquietudes de la población frente a la economía y el mercado laboral.

El 43,9% de los encuestados mencionó al desempleo entre los principales problemas del país, apenas medio punto por debajo de la corrupción, que alcanzó el 44,4%. La situación económica general quedó tercera, con 32,1%, mientras que los altos precios y la inflación descendieron al cuarto lugar, con 28,8%.

La encuesta fue realizada entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre sobre 2.193 personas, con un margen de error aproximado de dos puntos porcentuales. Según la metodología informada por AtlasIntel, la muestra tiene representatividad nacional y fue procesada mediante herramientas propias de recolección y postestratificación.

El resultado marca un cambio en las prioridades que los argentinos atribuyen a la crisis económica. Mientras la inflación perdió peso relativo frente a mediciones anteriores, la preocupación por el trabajo ganó espacio hasta quedar prácticamente al mismo nivel que la corrupción, que encabeza el ranking.

La percepción sobre el mercado laboral es particularmente negativa. El 70% de los consultados calificó como mala la situación del empleo, mientras que sólo una porción minoritaria expresó una evaluación favorable. En materia económica, el 63% también tuvo una valoración negativa y apenas el 24% consideró buena la marcha del país.

Las expectativas para los próximos meses tampoco muestran un giro contundente. El 49% cree que la economía empeorará durante el siguiente semestre, frente a un 37% que espera una recuperación. La combinación entre una valoración desfavorable del presente y expectativas divididas sobre el futuro ayuda a explicar por qué el empleo adquiere un peso creciente entre las inquietudes de los hogares.

La percepción, sin embargo, no equivale a la medición estadística de la desocupación. El último dato del INDEC ubicó la tasa de desempleo en 7,8% de la población económicamente activa durante el primer trimestre de 2026. A ese indicador se suman registros de empleo formal que muestran una evolución menos favorable: la Encuesta de Indicadores Laborales de la Secretaría de Trabajo registró en junio una caída mensual de 0,1% en el empleo privado registrado de los principales aglomerados urbanos y una baja interanual de 1,3%.

La preocupación también se inscribe en un período atravesado por despidos, suspensiones y reclamos sindicales vinculados con los ingresos y la conservación de los puestos laborales. El empleo, de ese modo, vuelve a ocupar un lugar central en las demandas de trabajadores y organizaciones gremiales.

El relevamiento de AtlasIntel incorpora además una dimensión política: la desaprobación de Javier Milei alcanzó el 58%, frente a una aprobación del 38,1%. Aunque el rechazo retrocedió cuatro puntos respecto de julio, la mejora no modificó sustancialmente el balance de opiniones.

El dato de mayor peso para la economía cotidiana es otro: el desempleo dejó de ocupar un lugar secundario frente a la inflación y quedó a sólo medio punto de la principal preocupación nacional. La evolución de esa percepción estará estrechamente vinculada con la capacidad de la economía para sostener puestos formales, recuperar ingresos y generar nuevas oportunidades laborales en los próximos meses.

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