El gobernador y el ministro del Interior acordaron no acelerar decisiones sobre un eventual adelantamiento de los comicios provinciales. La prioridad pasa por los cambios en las reglas electorales y las negociaciones entre la Nación y las provincias.

La reunión reservada entre el gobernador Marcelo Orrego y el ministro del Interior, Diego Santilli, dejó una definición política concreta: no habrá apuro para resolver el calendario electoral de San Juan. Ambos coincidieron en mantener abiertas todas las alternativas mientras se terminan de delinear las reformas que impulsan tanto la Casa Rosada como el gobierno provincial.

Según fuentes cercanas a las conversaciones, el mensaje transmitido por el funcionario nacional fue claro: evitar movimientos prematuros y esperar que se ordene el tablero político antes de fijar una posición sobre un eventual adelantamiento de las elecciones locales. La postura encontró receptividad en el gobernador, que también prefiere administrar los tiempos y reservar cualquier decisión para las instancias previas al cierre de alianzas.

La cautela responde a una discusión que excede a San Juan. El gobierno de Javier Milei busca reunir apoyos para modificar el sistema electoral nacional, con la eliminación de las PASO como principal objetivo. La iniciativa requiere acuerdos parlamentarios y abrió una ronda de conversaciones con gobernadores considerados claves para reunir los votos necesarios en el Congreso.

En ese esquema se inscriben también los contactos con Leandro Zdero, en Chaco, y Rogelio Frigerio, en Entre Ríos. Las negociaciones combinan respaldo político con reclamos provinciales vinculados a financiamiento, infraestructura y obras paralizadas.

San Juan ocupa un lugar relevante dentro de ese plan. Orrego ya comprometió el acompañamiento de los tres diputados nacionales alineados con su gestión a la eliminación de las primarias nacionales. A cambio, la provincia busca acelerar respuestas para proyectos considerados prioritarios, entre ellos la reactivación de la autopista de la Ruta 40 Sur, detenida desde marzo por falta de recursos.

Más allá de la discusión electoral, el vínculo entre el orreguismo y La Libertad Avanza atraviesa uno de sus momentos de mayor sintonía. En ambos espacios destacan coincidencias sobre el rol del Estado, la promoción de inversiones y la necesidad de ofrecer previsibilidad jurídica para atraer capitales.

Esa cercanía, sin embargo, todavía no se traduce en un acuerdo electoral. En el entorno del gobernador sostienen que existe diálogo permanente con la administración nacional, aunque descartan que hoy haya una definición sobre la construcción de un frente común para los próximos comicios.

La incógnita también atraviesa al oficialismo provincial. Mientras algunos dirigentes consideran conveniente repetir la estrategia de competir con identidad propia, otros creen que una coalición más amplia permitiría consolidar una ventaja frente al Partido Justicialista de cara a 2027.

Por ahora, la instrucción que baja desde la Gobernación es no anticipar movimientos. La prioridad sigue puesta en la gestión, en las negociaciones con la Nación y en la definición de las nuevas reglas electorales. Hasta que esas variables no se despejen, Orrego y Santilli parecen coincidir en una misma premisa: ganar tiempo antes de jugar las cartas decisivas.

En su primera conferencia de prensa, el espacio que reúne a sindicatos de las tres centrales obreras cuestionó la adjudicación del campamento a un consorcio extranjero, puso bajo la lupa los beneficios del RIGI y pidió al Gobierno provincial intervenir en la definición de las futuras contrataciones mineras.

La adjudicación de una de las primeras obras clave del proyecto Vicuña elevó el tono de una discusión que trasciende una licitación puntual y se proyecta sobre el futuro de la minería sanjuanina. La Intersindical San Juan, que nuclea a organizaciones gremiales de las distintas centrales obreras, cuestionó la construcción del campamento por parte de un consorcio liderado por la firma china PowerChina, rechazó las declaraciones del presidente de la Cámara Minera de San Juan y Country Director de Vicuña, José Morea, y reclamó reglas que permitan una mayor participación de empresas y trabajadores locales en uno de los emprendimientos más importantes de las próximas décadas.

La conferencia de prensa marcó además la presentación pública formal de un espacio sindical que busca intervenir en los grandes debates vinculados al desarrollo económico de la provincia. Lejos de limitarse a una crítica coyuntural, los dirigentes plantearon interrogantes sobre el destino de las futuras inversiones, el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el papel que ocuparán los proveedores sanjuaninos en la construcción de la nueva infraestructura minera.

Marcelo Mena, titular nacional de ASIJEMIN, fue uno de los encargados de exponer la posición del espacio. El dirigente rechazó los cuestionamientos a la capacidad de las empresas nacionales y recordó que proyectos de gran magnitud como Veladero, Pascua Lama y Hualcamayo, fueron desarrollados con participación de firmas argentinas. Para la Intersindical, esos antecedentes desmienten cualquier interpretación que atribuya la adjudicación a una supuesta incapacidad técnica o productiva local.

La respuesta estuvo directamente vinculada a las declaraciones realizadas días atrás por Morea, quien había planteado la necesidad de preguntarse por qué Argentina no logra mayores niveles de competitividad. Desde la organización sindical sostuvieron que la discusión no puede reducirse a una cuestión de eficiencia empresarial cuando existen factores regulatorios y económicos que generan diferencias significativas entre quienes compiten por las obras.

Sobre ese punto profundizó Martín Solazzo, referente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) San Juan. Según explicó, después de más de veinte años de actividad minera en la provincia, las empresas locales han demostrado capacidad para responder a las exigencias de grandes proyectos. A su entender, el debate debe centrarse en las condiciones bajo las cuales participan los distintos actores y no en la preparación de la industria sanjuanina.

El dirigente apuntó especialmente al RIGI, al considerar que el régimen otorga beneficios fiscales, financieros y aduaneros que terminan favoreciendo a grandes grupos internacionales. Desde esa perspectiva, sostuvo que las compañías radicadas en el país deben afrontar costos energéticos, logísticos y operativos que dificultan competir en igualdad de condiciones. “La discusión no pasa por la capacidad de las empresas locales sino por las reglas con las que se juega”, resumieron desde la Intersindical.

Uno de los datos más mencionados durante la conferencia fue que la propuesta presentada por la empresa argentina que quedó en segundo lugar habría registrado una diferencia mínima respecto de la oferta finalmente adjudicada. Para los gremios, ese elemento resulta clave porque pone en cuestión la idea de que la decisión respondió exclusivamente a criterios de competitividad.

La preocupación sindical también tiene una dimensión laboral concreta. Solazzo advirtió que la contratación de proveedores externos podría dejar fuera de la obra a unos 500 trabajadores que podrían haber sido absorbidos por empresas locales. En ese sentido, reclamó mecanismos de control que permitan verificar el cumplimiento efectivo de los porcentajes de contratación sanjuanina comprometidos por las compañías mineras y propuso auditorías con participación de representantes sindicales, empresarios y organismos públicos.

El planteo adquiere relevancia por la magnitud del proyecto. El campamento adjudicado representa apenas una parte de la infraestructura prevista para Vicuña. Según señalaron los dirigentes, la etapa actualmente en ejecución contempla alrededor de 2.000 plazas, mientras que la capacidad total proyectada alcanzará las 8.000 camas durante el desarrollo pleno del emprendimiento. En otras palabras, la obra en discusión equivale aproximadamente al 25% de la capacidad final prevista, por lo que aún resta definir una porción sustancial de las futuras contrataciones.

Esa perspectiva llevó a la Intersindical a solicitar formalmente la convocatoria de una mesa de diálogo integrada por el Gobierno provincial, las operadoras mineras, las cámaras empresarias, los proveedores y las organizaciones gremiales. El objetivo es discutir anticipadamente los criterios que regirán las próximas adjudicaciones vinculadas a infraestructura, servicios, construcción e instalaciones industriales.

Los sindicatos también expresaron su malestar por no haber sido convocados a participar en el debate sobre el proyecto de ley de proveedores mineros que analiza la Legislatura provincial. Aunque reconocieron la importancia de fortalecer el entramado productivo asociado a la minería, consideraron que cualquier normativa destinada a regular la actividad debería incorporar la mirada de quienes representan a los trabajadores.

Durante el intercambio con los periodistas surgió además el papel que podrían desempeñar las cooperativas dentro de la cadena de valor minera. Los dirigentes sostuvieron que existen experiencias con capacidad operativa y equipamiento suficiente para participar en obras y servicios de mayor escala, y recordaron que desde distintos ámbitos sindicales se impulsan iniciativas destinadas a otorgar un marco legal más amplio a este tipo de organizaciones dentro de la actividad extractiva.

Detrás de la discusión por el campamento aparece un debate mucho más profundo. Vicuña figura entre los proyectos cupríferos de mayor proyección de América Latina y demandará inversiones multimillonarias en infraestructura, logística, servicios y construcción durante los próximos años. La pregunta que planteó la Intersindical no apunta únicamente a quién ganó una licitación, sino a cuánto de esa inversión quedará en las empresas, los trabajadores y la economía de San Juan. La respuesta a ese interrogante probablemente acompañará cada una de las etapas de desarrollo del proyecto y anticipa una discusión que recién comienza.

Un fallo judicial frenó la transferencia del 90% de las acciones de la empresa de agua y saneamiento hasta que se determine su pasivo ambiental. La decisión agrega incertidumbre sobre uno de los procesos más sensibles del plan de privatizaciones impulsado por Javier Milei.

El programa de privatizaciones del Gobierno nacional recibió un nuevo revés judicial. El juez en lo Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, Mariano López, ordenó suspender el proceso de venta del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) hasta que se establezca con precisión el pasivo ambiental de la compañía, un aspecto que, según advirtió, no fue contemplado adecuadamente en la documentación elaborada para avanzar con la operación.

La medida cautelar fue dictada tras una presentación del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, quien cuestionó que el esquema diseñado para la transferencia de la empresa omite elementos considerados esenciales para garantizar el acceso al agua potable y no incorpora una evaluación integral de las obligaciones ambientales acumuladas en el territorio donde presta servicios.

En su resolución, el magistrado sostuvo que cualquier modificación en la gestión de una compañía responsable de la provisión de agua y saneamiento para millones de usuarios requiere analizar previamente los impactos que podrían derivarse sobre derechos protegidos por la Constitución Nacional, entre ellos el acceso al agua y la preservación ambiental. El fallo también alertó sobre la posibilidad de que una futura concesión reduzca exigencias regulatorias o postergue inversiones consideradas estratégicas.

La decisión judicial introduce un obstáculo relevante para una de las operaciones más emblemáticas del programa de reformas impulsado por la administración de Javier Milei. AySA constituye una de las principales empresas de servicios públicos del país y su eventual privatización se ubica entre los proyectos de mayor impacto económico y político dentro del plan de reorganización estatal.

El expediente, además, se inscribe en una secuencia de cuestionamientos que alcanzan a otros procesos de transferencia de activos públicos. En este sentido, la Justicia Federal de General Roca analiza planteos vinculados a la concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue, otro de los activos estratégicos incluidos en la agenda oficial.

La controversia también alcanzó al Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo responsable de intervenir en la valuación de bienes estatales. En el centro de las observaciones aparece su presidente, Julio Roberto Villamonte, quien reconoció haber informado al Ministerio de Economía sobre la imposibilidad de avanzar con tasaciones vinculadas a empresas como AySA, Transener, Nucleoeléctrica Argentina, Belgrano Cargas e Intercargo sin una consulta previa al resto de los integrantes del cuerpo.

Esa admisión abrió interrogantes sobre el procedimiento utilizado para avanzar en operaciones de alta relevancia patrimonial. El reglamento interno del organismo otorga al presidente la representación institucional, aunque establece que los asuntos de especial importancia deben contar con acuerdo previo del cuerpo colegiado. La discusión jurídica gira ahora en torno a si compañías estratégicas para la infraestructura energética, el transporte y los servicios públicos pueden quedar fuera de esa categoría.

Uno de los casos más sensibles es el de Nucleoeléctrica Argentina. La compañía, que opera las centrales nucleares del país y mantiene resultados económicos positivos, continúa sin una definición sobre su valuación. De acuerdo con información difundida por especialistas consultados por medios económicos, su valoración podría ubicarse entre los 10.000 y los 11.000 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud de los activos involucrados y la necesidad de procedimientos técnicos rigurosos antes de cualquier decisión sobre su futuro.

Las objeciones no se limitan a cuestiones administrativas. Diversos cuestionamientos apuntan a la posibilidad de que organismos externos al Tribunal de Tasaciones hayan asumido funciones para las cuales no cuentan con equipos especializados en valuación de activos complejos, especialmente en áreas vinculadas a infraestructura energética y servicios públicos.

Mientras el Gobierno busca acelerar su programa de desinversión estatal, la intervención de la Justicia incorpora una variable capaz de modificar los tiempos previstos para varias operaciones. El fallo sobre AySA no resuelve la discusión de fondo sobre la privatización, pero establece una condición previa que podría convertirse en un antecedente para otros expedientes en marcha: antes de transferir activos estratégicos, el Estado deberá demostrar con precisión cuál es el valor económico, ambiental y patrimonial de los bienes que pretende poner en el mercado.