La Cámara de Diputados deberá modificar de manera transitoria el Código Procesal Penal vigente para adecuarlo al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, que comenzó a regir el 5 de septiembre y establece los 14 años como nueva edad de imputabilidad. La sesión especial se encamina para el próximo lunes.

El proyecto será remitido por la Corte de Justicia y alcanzará los artículos que regulan el tratamiento procesal de adolescentes. La intención es establecer una herramienta provisoria mientras avanza la elaboración de una legislación específica para el fuero juvenil.

La fecha de tratamiento aún no fue confirmada oficialmente, aunque la sesión especial se encamina para el próximo lunes. La alternativa de convocarla este viernes quedó descartada por el feriado provincial correspondiente al natalicio de Domingo Faustino Sarmiento. Además, el debate no podría superponerse con la sesión ordinaria que la Legislatura realiza habitualmente los jueves.

La necesidad de recurrir a los diputados surgió después de que la Corte analizara inicialmente la posibilidad de resolver la adecuación mediante una acordada. El estudio jurídico determinó finalmente que las modificaciones requeridas implican cambios legislativos y, por lo tanto, deben ser discutidas y sancionadas por la Cámara.

Mientras se completa ese proceso, los magistrados del fuero juvenil deberán aplicar el nuevo régimen nacional a los casos que ingresen a los tribunales, interpretándolo en función de las normas procesales actualmente vigentes.

La reforma también plantea una adaptación institucional de mayor alcance: el sistema deberá compatibilizarse con el modelo acusatorio, que redefine las funciones de jueces, fiscales y defensores y exige adecuaciones en los procedimientos utilizados para investigar y juzgar hechos atribuidos a adolescentes.

El nuevo régimen comenzó a regir el sábado 5 de septiembre, pese al pedido formulado por distintas provincias para postergar su implementación hasta fin de año. Los gobiernos provinciales habían advertido que necesitaban más tiempo para adecuar sus estructuras judiciales y sus legislaciones, pero el planteo no fue aceptado por la Nación.

La modificación que ahora deberá votar la Legislatura sanjuanina permitirá cubrir ese período de transición hasta que la provincia pueda contar con una regulación procesal juvenil integral y específica.

El intendente Emiliano Durand y el secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, firmaron un acuerdo para promover cursos, talleres y diplomados destinados a fortalecer la capacitación técnica y profesional vinculada con la minería.

La Municipalidad de Salta y ASIJEMIN acordaron avanzar en una agenda de formación orientada a acompañar el crecimiento de la minería y ampliar las oportunidades de capacitación para trabajadores y vecinos interesados en incorporarse a la industria.

El entendimiento quedó formalizado mediante un acta suscripta por el intendente Emiliano Durand y el secretario general de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN), Marcelo Mena Muñoz.

La propuesta contempla el diseño de cursos, talleres, diplomados y otras instancias educativas destinadas a incorporar conocimientos técnicos y profesionales requeridos por la minería. La iniciativa procura, además, fortalecer la preparación de trabajadores que ya se desempeñan en la industria y facilitar el acceso a herramientas de formación para personas que buscan ingresar a ella.

Durante el encuentro también participaron Roberto Velázquez, de la Delegación Regional NOA; Humberto Coria, director de la Delegación Regional Centro; y Roque Balmaceda, secretario de Acción Social y Turismo de ASIJEMIN.

La Secretaría Técnico-Profesional y de Formación, encabezada por Fabián Gasco, tendrá un papel central en el desarrollo de las futuras propuestas, con el objetivo de orientar los contenidos hacia las necesidades profesionales y técnicas que demanda la minería.

El acuerdo adquiere relevancia en una provincia integrada a uno de los corredores mineros del NOA, donde la expansión de proyectos extractivos requiere perfiles con formación específica en áreas técnicas, profesionales y operativas.

Para ASIJEMIN, la capacitación constituye además una herramienta para mejorar las competencias de los trabajadores y ampliar las posibilidades de incorporación de nuevos recursos humanos. La apertura de propuestas educativas hacia la comunidad busca vincular la formación laboral con las oportunidades que genera el desarrollo minero.

Entre expresidentes, exvicepresidentes y familiares de antiguos mandatarios, 11 beneficiarios percibieron en julio asignaciones vitalicias por $203,8 millones brutos. Los haberes individuales van desde $12,4 millones hasta más de $26 millones mensuales.

El Estado nacional destinó $203.835.765,06 durante julio al pago de 11 jubilaciones y pensiones de privilegio correspondientes a expresidentes, exvicepresidentes y familiares de exmandatarios. Los beneficios, abonados por ANSES, presentan diferencias sustanciales y alcanzan montos brutos de hasta $26 millones mensuales.

El mayor haber del listado corresponde al expresidente Alberto Fernández, con $26.092.447. De acuerdo con la información difundida, el 30% de ese ingreso se destina al pago de la cuota alimentaria de su hijo Francisco.

En el otro extremo aparece el exvicepresidente y actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, con $12.486.621,66 mensuales. La nómina reúne, además, a otros exmandatarios, exfuncionarios de la fórmula presidencial y familiares que perciben pensiones derivadas.

Quiénes cobran

Los 11 beneficiarios incluidos en el relevamiento son:

Alberto Fernández: $26.092.447.

Mauricio Macri: $25.043.153,46.

Adolfo Rodríguez Saá: $23.999.253,02.

Zulema Yoma: $20.618.733,63.

Gabriela Michetti: $18.192.138,24.

Julio Cobos: $17.999.446,65.

Inés Pertiné: $17.561.990,73.

Beatriz Nelly Andrés, viuda de Roberto Levingston: $16.214.248,39.

María Estela Martínez de Perón: $12.936.493,68.

Amalia Carmen Guido, hija de José María Guido: $12.691.238,04.

Daniel Scioli: $12.486.621,66.

La comparación con los haberes previsionales ordinarios permite dimensionar la magnitud de las asignaciones. Según el informe, el ingreso de Fernández equivale a unas 52 jubilaciones mínimas de aproximadamente $498.000, considerando el haber mínimo más el bono de $70.000 utilizado como referencia.

El listado no contempla a Cristina Fernández de Kirchner, quien volvió a percibir la pensión derivada de Néstor Kirchner a partir de una medida cautelar. Ese beneficio, según los datos consignados, ronda los $16 millones mensuales.

Las asignaciones vitalicias tienen un régimen particular derivado de la legislación que contempla beneficios para quienes ejercieron la Presidencia y la Vicepresidencia de la Nación, además de pensiones para determinados familiares. Por esa razón, sus montos y condiciones no deben confundirse con los haberes previsionales comunes administrados por ANSES.

El volumen del desembolso vuelve a colocar bajo discusión pública el costo de estos beneficios en un sistema previsional marcado por restricciones fiscales y por una amplia mayoría de jubilados cuyos ingresos se encuentran muy por debajo de las asignaciones vitalicias. El dato de julio muestra que 11 beneficios concentraron más de $203 millones en un solo mes, mientras continúa el debate político y judicial sobre su alcance y permanencia.