La docencia universitaria y preuniversitaria realizará un paro nacional de seis días, del 1 al 6 de diciembre, en reclamo de la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795. La medida surge tras la decisión del Gobierno de suspender su ejecución a través del Decreto 759/25, a pesar de reconocer una deuda salarial superior al 40%.

El plenario de secretarías generales de la docencia universitaria y preuniversitaria resolvió convocar a un paro nacional del 1 al 6 de diciembre, en protesta por la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario y la falta de recomposición salarial. La medida afectará el dictado de clases, las actividades académicas y, en varios casos, también las mesas de exámenes.

La decisión llega en un contexto de malestar creciente en las universidades nacionales, marcado por salarios depreciados, presupuestos insuficientes y un paquete de reformas estructurales que, según los gremios, profundiza el deterioro de la educación pública.

Una ley votada cuatro veces que el Gobierno se niega a aplicar

Las federaciones docentes recordaron que la Ley de Financiamiento Universitario 27.795 —conquistada “con lucha, organización y unidad”— fue aprobada cuatro veces por el Congreso.
Sin embargo, el presidente Javier Milei dispuso suspender su ejecución mediante el Decreto 759/25, al mismo tiempo que reconoció la existencia de una deuda salarial del 40,25% sobre los básicos de julio de 2025.

Para los gremios, la decisión es ilegal, vulnera una norma vigente y profundiza la crisis estructural:

salarios estancados,

recomposiciones por debajo de la línea de pobreza,

infraestructura deteriorada,

caída del financiamiento para investigación, extensión y becas estudiantiles.

Salarios de pobreza y multiempleo: el deterioro cotidiano

El Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios (Sitradu) graficó la situación con datos concretos:

un auxiliar de primera con dedicación semi-exclusiva cobra alrededor de $450.000 de bolsillo,

un no docente de categoría siete percibe unos $600.000 de básico.

Estos ingresos —muy por debajo de la inflación acumulada y del costo de vida— obligan a miles de docentes y no docentes a recurrir al multiempleo, afectando la calidad del trabajo académico, la investigación y la continuidad de proyectos científicos.

“Con docentes pobres no hay universidad de calidad”, advirtieron.

Asimismo, denunciaron que no hay fondos suficientes para salarios, becas, infraestructura ni mantenimiento, mientras que —según su crítica política— el Gobierno favorece la desregulación económica, la baja de retenciones y la rentabilidad financiera.

Un presupuesto 2026 que anticipa un ajuste aún mayor

Las organizaciones docentes alertaron que el proyecto de Presupuesto 2026 prevé menos del 40% de inversión en educación, profundizando un escenario que describen como de “crisis terminal”.

La combinación de salarios depreciados, falta de financiamiento y reformas estructurales —laboral, tributaria, previsional y penal— configura, para los gremios, un ataque integral a los derechos de trabajadores y estudiantes.

“Llegamos al punto en que no podemos seguir fingiendo una normalidad que no existe”, señalaba el documento difundido tras la reunión sindical.

Unidad docente–estudiantil: un llamado a la movilización

El paro por seis días busca funcionar como una señal de alarma y como instancia de acumulación de fuerza.
La Federación convocó a toda la docencia universitaria y preuniversitaria, y llamó al movimiento estudiantil —históricamente protagonista de las luchas por la educación pública— a sumarse a la medida.

Exigencia de tres puntos centrales:

1. Aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.
2. Convocatoria urgente a la paritaria nacional universitaria.
3. Un Presupuesto 2026 que respete los recursos fijados por la ley vigente.

La Unión Obrera Metalúrgica, alcanzó un principio de acuerdo que incluye incrementos remunerativos y sumas no remunerativas para el período octubre 2025–marzo 2026. El aumento total acumulado será del 14%. El entendimiento deberá ser formalizado en un acta y homologado por la Secretaría de Trabajo.

Después de un escenario de fuerte tirantez y varias reuniones sin avances sustanciales, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) logró un preacuerdo salarial con las cámaras empresarias de la actividad. El entendimiento se alcanzó en un encuentro reservado este jueves, destrabando una paritaria que venía marcada por reclamos crecientes del gremio y dificultades del sector para recomponer salarios en un contexto de caída de la actividad.

El acuerdo previo había sido homologado en agosto, pero la aceleración inflacionaria y los desfases entre incrementos y costos de vida volvieron a abrir la discusión, especialmente para el personal de la Rama 17 y todas las ramas metalmecánicas, excepto la siderúrgica (Rama 21), que mantiene un esquema salarial propio.

Los puntos centrales del preacuerdo

Según confirmaron fuentes gremiales y empresarias, los incrementos se distribuirán mes a mes de la siguiente manera:

Octubre 2025: $35.000 no remunerativos

Noviembre 2025: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos

Diciembre 2025: $35.000 no remunerativos

Enero 2026: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos

Febrero 2026: $25.000 no remunerativos

Marzo 2026: $35.000 no remunerativos

El esquema combina aumentos porcentuales sobre los básicos y sumas fijas, con el objetivo de contener la pérdida salarial sin desfinanciar a las firmas del sector, que vienen señalando una caída de demanda y una recuperación aún frágil.

De acuerdo con lo pactado, el incremento total acumulado a marzo de 2026 será del 14%, mientras que las sumas no remunerativas suman $160.000 en total.

En la mesa paritaria, la UOM estuvo representada por Naldo Brunelli, Enrique Salinas y Rubén Urbano. Voceros sindicales detallaron además que el porcentaje correspondiente a septiembre se calculó sobre una base del 3,14%, y que, tras la aplicación de este nuevo esquema, la base de cálculo para abril de 2026 quedará en 5%, con cláusula de pago efectivo en ese mes.

Qué falta para que el acuerdo entre en vigencia

Como ocurre en cada negociación paritaria, el preacuerdo alcanzado deberá ser volcado en un acta formal, firmada por todas las partes. Luego pasará a la órbita de la Secretaría de Trabajo, que debe homologarlo para otorgarle validez plena.

Hasta que eso ocurra, el entendimiento funciona como un compromiso de partes, pero aún carece de carácter obligatorio para el sector.

La Unión Tranviarios Automotor advirtió que, si para el cuarto día hábil de la próxima semana no se paga el 100% de los salarios y el aguinaldo, se paralizarán los servicios en todas las compañías que incumplan. Las cámaras empresarias alertan sobre un sistema al borde del colapso por tarifas intervenidas, subsidios insuficientes y caída de pasajeros.Un conflicto que vuelve a escalar y amenaza con paralizar el transporte

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, endureció su posición y emitió un ultimátum directo al sector del transporte público: si antes del jueves próximo no está depositado el 100% de los sueldos y aguinaldos, habrá paro en cada empresa incumplidora, a nivel nacional.

La medida, comunicada formalmente por el gremio, rechaza cualquier esquema de pago fraccionado y cuestiona que los trabajadores sean «rehenes» de la disputa entre compañías y Gobierno por subsidios y tarifas.

Mientras tanto, las cámaras empresarias —especialmente en el AMBA— aseguran que el servicio está “en un punto de quiebre”. CETUBA, AAETA, CEAP, CTPBA y CEUTUPBA alertaron esta semana sobre un “inminente colapso” y remarcaron que las tarifas cubren menos del 70% de los costos reales, incluso con los últimos ajustes. Los subsidios, aseguran, no alcanzan para sostener la operatividad ni para cumplir con las obligaciones salariales.

AMBA: empresas al límite y un caso emblemático que encendió todas las alarmas

El caso más visible de la crisis es el de la Línea 148, paralizada recientemente en el sur del Conurbano. La detención del servicio dejó a millones de pasajeros sin movilidad y a los choferes de la empresa El Nuevo Halcón sin cobrar sus sueldos.
La situación no es aislada: más de 40 empresas de la región no lograron completar los pagos, y ya anunciaron que los haberes de noviembre se cancelarán en dos tramos, mientras que el aguinaldo se abonará en seis cuotas.

“El sector ya no puede asumir más esfuerzos”, insisten las cámaras. Reclaman una adecuación urgente del marco tarifario y del sistema de subsidios, que consideran desactualizado frente a inflación, suba de insumos y caída de la demanda.

Además, advierten que entienden el ajuste fiscal, pero señalan que la reducción de subsidios sin un esquema alternativo deriva en un ajuste directo sobre salarios, frecuencia de servicios y condiciones de seguridad.

El interior tampoco resiste: FATAP pide “condiciones excepcionales” para cumplir salarios

La crisis no se limita al AMBA. La FATAP, que representa a empresas de Tucumán, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Formosa y Catamarca, se sumó al conflicto al presentar una denuncia formal ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.

La entidad asegura que la eliminación de subsidios nacionales, la insuficiencia de aportes provinciales y tarifas sin sustento técnico han generado un deterioro profundo del sector:

cierres de empresas,

eliminación de servicios,

pérdida de fuentes laborales,

deterioro del capital

y proliferación de medios alternativos informales y riesgosos, como motos para transporte de pasajeros.

Para diciembre, FATAP advierte que es “materialmente imposible” pagar los salarios de noviembre y la segunda cuota del aguinaldo sin un esquema extraordinario, replicando el mismo cuadro crítico que atraviesa el AMBA.

Una disputa que expone la fragilidad estructural del sistema

El conflicto se tensó aún más tras las presentaciones ante el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Las empresas argumentan que la combinación de tarifas congeladas, subsidios demorados, inflación persistente y caída de pasajeros por la recesión destruyó la ecuación económica del sector.
La UTA, por su parte, sostiene una postura inamovible: el pago íntegro es “irrenunciable”.
Para el gremio, los problemas financieros de las compañías “no pueden trasladarse a quienes sostienen el servicio”.

En el fondo, la discusión vuelve a poner bajo la lupa la sostenibilidad del sistema de transporte público urbano: un entramado que combina tarifas subsidiadas, dependencia del financiamiento estatal, regulación fragmentada entre Nación y provincias, y demandas laborales que se intensifican en contextos de crisis.