
La tensión política crece ante el acuerdo con el FMI
Sergio Palazzo arremete contra los legisladores que avalen el pacto con el Fondo y la cesión de facultades extraordinarias a Javier Milei. El debate entre legalidad, pragmatismo y lealtad institucional.
El secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional por Unión por la Patria, Sergio Palazzo, lanzó una de las acusaciones más contundentes de la política: calificó de «infames traidores a la Patria» a aquellos legisladores que aprueben el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en paralelo, habiliten al Ejecutivo a negociar sin límites. La denuncia no es menor, ya que se apoya en el artículo 29 de la Constitución Nacional, una cláusula con una carga histórica y jurídica de extrema gravedad.
El trasfondo de esta acusación radica en la iniciativa del presidente Javier Milei de obtener un nuevo entendimiento con el organismo financiero internacional en condiciones aún desconocidas, lo que generó una ola de rechazo en la oposición y sectores sindicales. El decreto 179/2025, cuestionado por Palazzo y La Bancaria, habilita al mandatario a negociar sin que los términos sean sometidos al escrutinio legislativo, lo que, según sus detractores, supone una cesión inadmisible de atribuciones.
La utilización de la figura de «traición a la Patria» en el discurso político no es un recurso menor. La Constitución establece que quienes otorguen «la suma del poder público» al Ejecutivo incurren en un delito de gravedad extrema, con consecuencias jurídicas y políticas que podrían derivar en la nulidad absoluta de la medida y la responsabilidad penal de sus promotores. Sin embargo, la aplicación concreta de este precepto es motivo de controversia entre constitucionalistas, algunos de los cuales consideran que se trata de una interpretación demasiado rígida y no necesariamente aplicable en el contexto actual.
Desde el oficialismo, los defensores del acuerdo con el FMI argumentan que la delegación de facultades es un instrumento necesario para evitar el colapso financiero y recuperar la confianza de los mercados. En este marco, sostienen que la postura de Palazzo responde más a una estrategia de confrontación política que a una lectura objetiva del marco normativo.
El dilema central se sitúa en la tensión entre dos principios fundamentales: el respeto a la división de poderes y la necesidad de contar con herramientas para gestionar una crisis económica de magnitudes considerables. Para el gobierno de Milei, la delegación de facultades extraordinarias no representa una violación constitucional, sino un mecanismo pragmático para destrabar negociaciones en un contexto de urgencia.
El peso de la historia y la memoria política
Más allá del debate técnico-jurídico, las palabras de Palazzo resuenan en un país con un pasado marcado por cesiones de poder al Ejecutivo que derivaron en crisis institucionales. La historia argentina está atravesada por antecedentes en los que gobiernos de facto o administraciones debilitadas recurrieron a maniobras similares con resultados desastrosos para la democracia.
En este sentido, el llamado del dirigente sindical a recordar «los nombres» de quienes aprueben la medida busca instalar en la opinión pública una percepción de ilegitimidad sobre los legisladores que la avalen. El mensaje apunta a un electorado que aún recuerda los efectos de anteriores acuerdos con el FMI y las consecuencias sociales de sus condicionamientos.
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Sturzenegger busca centralizar el control sobre seguros y riesgos laborales

En un nuevo capítulo de la ofensiva desregulatoria del Gobierno, el ministro Federico Sturzenegger apunta a desmantelar las Superintendencias de Seguros y de Riesgos del Trabajo, fusionándolas y absorbiendo sus funciones bajo el Ministerio de Economía. La medida genera preocupación en sectores regulados y sindicatos.
La avanzada desregulatoria del ministro Sturzenegger no cesa. Ahora, su objetivo son las Superintendencias de Seguros de la Nación y de Riesgos del Trabajo, dos organismos clave en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales. Según trascendió, el plan contempla fusionar ambas entidades, recortar personal y suprimir su autonomía técnica, centralizando sus funciones bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.
Esta movida busca achicar el aparato estatal, pero implica un corrimiento significativo hacia una estructura centralizada, desplazando espacios técnicos autónomos que podrían perder capacidad de control y supervisión. La medida podría tener un impacto directo en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales, generando preocupación en sectores regulados y sindicatos.
En paralelo, Sturzenegger prepara un ataque sobre la intermediación obligatoria de seguros, buscando eliminar la participación exclusiva de los Productores Asesores de Seguros (PAS). De concretarse, abriría el mercado a nuevos operadores, desregulando la venta directa y virtual de pólizas. Sin embargo, esto podría generar vulnerabilidad en los consumidores frente a prácticas abusivas o falta de asesoramiento profesional.
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Trabajadores de la TV Pública denuncian censura y manipulación

Los trabajadores de la TV Pública denunciaron a través de sus redes sociales que la gerencia de noticias impone censura sobre los temas y la forma de abordaje, impidiendo hablar de la «proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner y controlando cada información que se da sobre su condena.
La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es grave y alarmante. Según explicaron, la gerencia de noticias controla cada información que se da sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner, impidiendo hablar de su proscripción y solo permitiendo entrevistar a constitucionalistas que celebran la condena. Esto es un claro ejemplo de censura y manipulación de la información.
Metodología de Censura
Los trabajadores aseguraron que esta no es la primera vez que se aplica esta metodología de censura en la televisión estatal. Recordaron que se aplicó de manera similar durante el conflicto del Garrahan y en el caso del disparo de un gendarme que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo. Esto sugiere que la censura y la manipulación de la información son prácticas habituales en el canal.
En este sentido remarcaron que junto al sindicato que los nuclea, el Sipreba, repudiaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner, considerándola un ataque directo a la libertad y la democracia en el país. Defendieron los medios públicos y el derecho humano a una información plural, diversa y federal.
La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es un llamado de atención sobre la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de defender los medios públicos. La censura y la manipulación de la información son prácticas inaceptables que atentan contra la democracia y el derecho a la información.
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El PJ llama a la unidad en defensa de Cristina Kirchner

El Partido Justicialista convocó a su Consejo Federal para debatir los pasos a seguir tras la condena de la Corte Suprema a Cristina Fernández de Kirchner. La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a la ex presidenta.
La reunión del Consejo Federal del Partido Justicialista se llevó a cabo este jueves 12 de junio en la sede de Matheu al 130, y contó con la presencia de destacados dirigentes peronistas como Sergio Massa, Máximo Kirchner, Juan Grabois y Guillermo Moreno. El encuentro, que comenzó a las 16 horas y culminó cerca de las 19 horas, fue un llamado a la unidad y a la acción para proteger a Cristina Fernández de Kirchner y al peronismo.
La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner si ella tiene que presentarse en Comodoro Py. Además, se anunció que habrá una cumbre con gobernadores peronistas y la CGT para coordinar acciones en defensa de la ex presidenta. La estrategia de resistencia del PJ busca enviar un mensaje de defensa de la democracia y de rechazo a la condena de la Corte Suprema.
La representación del poder territorial estuvo marcada por la presencia de intendentes como Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Gustavo Menéndez (Merlo); además de Ricardo Quintela, actual gobernador de La Rioja, y Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco.
También se sumaron referentes del sindicalismo y los movimientos sociales como Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL); Víctor Santamaría, secretario general del SUTERH; Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande; y Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita.
Completaron la lista de asistentes Gabriel Mariotto, ex vicegobernador bonaerense y ex titular de la AFSCA; Edgardo Depetri, ex diputado nacional; Malena Galmarini, ex presidenta de AySA; y Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Además, se congregaron en el espacio sectores como La Cámpora, el Frente Renovador, movimientos sociales y el Frente Patria Grande, entre otros.
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