El director de Hidráulica, José María Ginestar, confirmó que el río San Juan triplicó su caudal en apenas dos semanas y podría alcanzar los 120 metros cúbicos por segundo. Se registraron picos cercanos a los 200, mientras las autoridades evalúan la capacidad de respuesta de los diques y las defensas en sectores de Calingasta. En Chile, el fenómeno obligó a extender la Alerta Roja a ocho comunas.

El acelerado proceso de deshielo en la cordillera comenzó a reflejarse con fuerza en los principales cauces de la región y encendió una señal de atención para el sistema hídrico sanjuanino. En solo 15 días, el caudal del Río San Juan se triplicó: pasó de transportar alrededor de 40 metros cúbicos por segundo a proyectar un promedio de 120 hacia el cierre de esta semana. El incremento, asociado a las altas temperaturas en la zona cordillerana, obliga a mantener un seguimiento permanente sobre los embalses, las obras de contención y las áreas más expuestas a eventuales crecidas.

Desde Hidráulica, Ginestar advirtió que el sistema provincial opera con caudales elevados, alcanzando picos cercanos a los 200 metros cúbicos por segundo. En diálogo radial, el funcionario remarcó que esta crecida exige un monitoreo constante para proteger la infraestructura hídrica.

“Estamos al límite de la primera etapa de los problemas que puedan estar relacionados al río”, sostuvo el funcionario al describir la situación. Según explicó, los diques pueden manejar caudales de hasta 150 metros cúbicos por segundo dentro de determinados parámetros operativos. Cuando los aportes superan ese volumen, resulta necesario analizar otras alternativas para regular el ingreso de agua a los embalses y evitar que sus niveles aumenten por encima de los límites previstos.

Entre las medidas que podrían instrumentarse se encuentra la utilización de los descargadores de fondo, mecanismos que permiten liberar parte del volumen acumulado y administrar los aportes extraordinarios. Ginestar aclaró que, hasta el momento, estos dispositivos no habían sido activados en el sistema del Río San Juan, aunque su eventual utilización forma parte de las alternativas que se consideran ante una continuidad de los caudales elevados.

La preocupación también alcanza a Calingasta, donde el aumento del río plantea interrogantes sobre la capacidad de algunas defensas para responder ante una crecida de mayor magnitud. El titular de Hidráulica mencionó particularmente el sector de El Matadero, donde las estructuras existentes presentan limitaciones frente a un eventual incremento del nivel del agua. A ese dato se suman las observaciones realizadas en el punto de aforo del kilómetro 101, sobre la ruta que conecta San Juan con el departamento cordillerano, donde se registraron olas de entre uno y un metro y medio.

La evolución de los cauces sanjuaninos se inscribe en un fenómeno regional que ya provocó medidas de emergencia del otro lado de la cordillera. En la Región de Coquimbo, Chile, las autoridades extendieron la Alerta Roja por crecidas a ocho comunas: Río Hurtado, Monte Patria, Salamanca, Vicuña, Paihuano, Ovalle, Combarbalá e Illapel. La decisión responde al incremento de los caudales de ríos y esteros, alimentados por las altas temperaturas y el derretimiento acelerado de la nieve acumulada en sectores cordilleranos.

Los organismos de emergencia chilenos mantienen bajo vigilancia las tres principales cuencas de la región y advierten que el fenómeno podría prolongarse hasta mediados o fines de enero. Los pronósticos de temperaturas máximas de entre 32 y 34 grados en valles interiores y zonas precordilleranas profundizan la preocupación. A esto se suma una isoterma cero prevista entre los 5.000 y 5.300 metros de altura, condición que favorece la transformación de la nieve en agua y aumenta el aporte hacia los cursos fluviales.

Aunque la declaración de Alerta Roja en Chile no supone que San Juan atraviese una emergencia equivalente, constituye un antecedente relevante para comprender la dimensión regional del proceso. Las condiciones meteorológicas que impulsan el deshielo también repercuten sobre las cuencas de la provincia, donde los registros actuales ya muestran un crecimiento significativo de los aportes.

Ginestar indicó que los equipos técnicos evalúan de manera continua el comportamiento de los ríos y las perspectivas para las próximas semanas. Además, advirtió que el deshielo no será necesariamente el único factor capaz de modificar los caudales. La eventual llegada de lluvias a sectores de alta montaña y, posteriormente, las precipitaciones en áreas urbanas podrían sumar presión sobre el sistema de escurrimiento y exigir una coordinación más estrecha entre las reparticiones provinciales y los municipios.

La evolución de los próximos días será determinante para establecer si los caudales se estabilizan o continúan en ascenso y, en función de ello, definir eventuales maniobras de regulación en los diques. Mientras tanto, la advertencia oficial apunta también a la prevención: evitar ingresar a los cauces, no permanecer en las riberas y respetar las indicaciones de los organismos de emergencia.

La reciente crecida del Río San Juan pone de relieve la urgencia de contar con una buena infraestructura hídrica y sistemas de alerta temprana ante los rigores del clima. Gestionar los caudales de origen cordillerano, resguardar a las comunidades cercanas y articular la respuesta estatal será fundamental para afrontar una temporada marcada por el impacto de la nieve y las altas temperaturas en el agua disponible en la provincia.

El sindicato resolvió esperar hasta el lunes 16 de noviembre una respuesta de las empresas por las diferencias salariales de mayo a agosto. Si no hay un acuerdo, los choferes podrían iniciar nuevas medidas de fuerza el martes 17, con impacto directo en miles de usuarios.

La posibilidad de un nuevo paro de colectivos volvió a instalarse en San Juan. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) fijó el lunes 16 de noviembre como plazo definitivo para que las empresas del transporte público presenten una respuesta satisfactoria al reclamo salarial de los choferes. Si no se alcanza un entendimiento, el gremio podría retomar las medidas de fuerza desde el martes 17, con consecuencias sobre la prestación del servicio de la Red Tulum.

La decisión fue adoptada durante una reunión de delegados realizada el miércoles 11, que se extendió hasta cerca de la medianoche. Tras analizar la falta de avances en las negociaciones con la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), los representantes sindicales resolvieron conceder una última instancia de diálogo antes de avanzar con una nueva protesta. La advertencia fue confirmada por un representante gremial a Diario Móvil.

El núcleo de la disputa continúa siendo el pago de diferencias salariales correspondientes a mayo, junio, julio y agosto. Se trata de compromisos que permanecen pendientes y que, pese a las conversaciones mantenidas entre las partes, todavía no encontraron una solución integral. Para la organización sindical, la falta de cumplimiento de esos conceptos prolonga un conflicto que ya tuvo consecuencias concretas sobre la circulación de colectivos en la provincia.

El antecedente más cercano se produjo en octubre, cuando una medida de fuerza de los choferes dejó paralizado el transporte público durante aproximadamente 36 horas. La huelga comenzó el 7 de octubre y recién pudo encaminarse hacia una salida después de una instancia de negociación ante la Subsecretaría de Trabajo.

En aquella oportunidad, el entendimiento alcanzado el 15 de octubre contempló el reconocimiento de una suma extraordinaria de $60.000 no remunerativos. Sin embargo, ese compromiso no permitió cancelar las diferencias acumuladas durante los meses anteriores, por lo que el reclamo permaneció abierto y volvió a tensar la relación entre el sindicato y las empresas.

La conflictividad se profundizó el 4 de noviembre, cuando la UTA declaró el estado de alerta y asamblea permanente. La medida reflejó el malestar de los trabajadores ante la falta de respuestas y abrió una nueva instancia de deliberación gremial para definir los pasos a seguir. La reunión del miércoles terminó con una decisión que posterga momentáneamente las acciones directas, pero mantiene vigente la advertencia de una nueva interrupción del servicio.

El plazo del lunes será determinante. Durante los próximos días, las empresas deberán acercar una propuesta que permita destrabar la discusión y responder a las obligaciones salariales reclamadas por los trabajadores. Si no aparece una alternativa aceptable, el martes 17 podría comenzar otra medida de fuerza, cuyo alcance y modalidad dependerán de las decisiones que adopte el sindicato.

La falta de definiciones afecta directamente a los miles de pasajeros que emplean cotidianamente la Red Tulum para cumplir con sus obligaciones laborales, educativas y sanitarias. Una eventual interrupción del servicio comprometería nuevamente la conectividad provincial y reflejaría las consecuencias de las disputas sectoriales sobre una prestación básica para la ciudadanía.

Por ahora, la UTA mantiene abierta la instancia de negociación, aunque el margen para evitar otra huelga es reducido. La resolución del conflicto dependerá de que las empresas presenten una respuesta concreta sobre las diferencias adeudadas y de que las partes logren convertir el último plazo sindical en un acuerdo efectivo. De lo contrario, San Juan podría enfrentar desde el martes una nueva interrupción del transporte público.

El Segundo Tribunal Ambiental de Chile dispuso la suspensión temporal del permiso de exploración El Alto, una iniciativa de US$35 millones que contempla sondajes de hasta 700 metros de profundidad. La decisión respondió a reclamos de comunidades diaguitas y organizaciones locales por la cercanía con antiguos trabajos de Pascua Lama, la posible presencia de formaciones de hielo y las obligaciones ambientales derivadas del cierre del emprendimiento.

La Justicia chilena volvió a poner bajo revisión la actividad minera en el área de Pascua Lama. El Segundo Tribunal Ambiental de Santiago ordenó suspender durante 30 días, con posibilidad de prórroga, el permiso ambiental del proyecto de exploración El Alto, impulsado por Barrick a través de su filial Compañía Minera Nevada. La medida impide que la empresa avance con las perforaciones mientras permanezca vigente y reabre la discusión sobre la compatibilidad de nuevas tareas exploratorias con las obligaciones de cierre del histórico emprendimiento.

La resolución se originó en tres presentaciones judiciales promovidas por el Comité Ambiental Comunal de Alto del Carmen, la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera y la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos. Las organizaciones sostienen que la iniciativa podría representar, en los hechos, una continuidad de Pascua Lama, cuya clausura definitiva fue ordenada en 2018 por la Superintendencia del Medio Ambiente chilena y posteriormente ratificada por la Justicia.

El proyecto El Alto prevé una inversión de 35 millones de dólares y contempla sondajes de hasta 700 metros de profundidad, distribuidos en 43 plataformas durante dos temporadas estivales. De acuerdo con la información presentada por la compañía, los trabajos permitirían generar alrededor de 75 puestos laborales por temporada. Barrick sostiene que se trata de una campaña de exploración independiente, sin utilización de infraestructura del emprendimiento clausurado.

Sin embargo, el emplazamiento de las perforaciones se convirtió en el principal foco de controversia. Durante el análisis de los antecedentes, los magistrados advirtieron que algunas tareas se desarrollarían en sectores donde anteriormente se habían ejecutado sondajes vinculados con Pascua Lama, circunstancia que fue corroborada por el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin).

Otro elemento considerado fue que parte del área de El Alto se encuentra dentro de la zona correspondiente al antiguo rajo de Pascua Lama, alcanzada por las obligaciones de su plan de cierre. La cuestión tiene un antecedente judicial relevante: en 2022, la Corte Suprema chilena declaró ilegales perforaciones realizadas por la misma compañía entre 2020 y 2021 en ese territorio, al considerar que resultaban incompatibles con las condiciones establecidas para el cierre de la explotación.

A las objeciones sobre el emplazamiento se sumaron los interrogantes ambientales vinculados con la presencia de glaciares y glaciaretes cercanos, entre ellos Toro 1, Toro 2 y Esperanza, además de posibles formaciones de permafrost en el subsuelo. La mayoría del tribunal consideró que, frente a esos antecedentes, no podía darse por acreditada sin más la afirmación de que las exploraciones no afectarían formaciones de hielo.

La resolución también se apoyó en el principio precautorio, que habilita la adopción de medidas preventivas cuando existe riesgo de daños ambientales potencialmente irreversibles, aun cuando no se haya alcanzado certeza científica sobre sus consecuencias. Los jueces tuvieron en cuenta, además, que las perforaciones están previstas para dos temporadas de verano. Si los trabajos concluyeran antes de una sentencia definitiva, una eventual decisión favorable a las comunidades podría perder eficacia práctica.

Los cuestionamientos de las comunidades y la respuesta de Barrick

La controversia incluyó también un planteo relacionado con la participación indígena. El tribunal observó que la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos no fue incorporada al procedimiento de evaluación ambiental de El Alto, pese a que el Servicio de Evaluación Ambiental sí la había considerado en la consulta indígena correspondiente al cierre de Pascua Lama, desarrollada sobre el mismo territorio.

En cambio, los magistrados rechazaron el pedido de suspender la consulta indígena vinculada con el plan de cierre del antiguo emprendimiento. Consideraron que se trata de un procedimiento diferente y que su paralización podría afectar los derechos de otras comunidades ajenas al litigio.

La suspensión del permiso no contó con unanimidad. El ministro Cristián López votó en disidencia al entender que determinar si El Alto constituye una prolongación de Pascua Lama es una cuestión de fondo que deberá resolverse durante el desarrollo del proceso judicial. También sostuvo que la iniciativa cuenta con evaluación ambiental y permanece bajo fiscalización de la autoridad competente.

Barrick, por su parte, defendió la legalidad del proyecto y cuestionó los fundamentos de la resolución. La compañía recordó que El Alto obtuvo la aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama en enero y que, desde entonces, el permiso atravesó distintas instancias de revisión administrativa y judicial.

La minera reconoció que las exploraciones se realizarían dentro del yacimiento y de las concesiones vinculadas con Pascua Lama, pero insistió en que se trata exclusivamente de una campaña de sondajes y no de una reactivación del proyecto clausurado. También aseguró que no utilizará instalaciones ni infraestructura del emprendimiento anterior, que contará con campamento y fuentes de agua propios y que sus operaciones no interferirán con el proceso de cierre.

En su defensa técnica, la empresa sostuvo que las vibraciones generadas por las perforaciones alcanzarían aproximadamente 36 metros, mientras que las formaciones de hielo más cercanas se encontrarían a más de 300 metros. A partir de esos argumentos, afirmó que existen elementos técnicos y jurídicos para solicitar la reconsideración de la medida y aseguró que continuará cumpliendo las obligaciones ambientales correspondientes a Pascua Lama.

El expediente también estuvo marcado por cuestionamientos sobre la tramitación judicial. Una publicación anticipada de información sobre una resolución del Primer Tribunal Ambiental, antes de que las partes fueran notificadas formalmente, derivó en el apartamiento de sus integrantes. Posteriormente, ya con el caso en el Segundo Tribunal Ambiental, se formularon pedidos de inhabilitación contra algunos magistrados, aunque uno de esos planteos fue rechazado. La sala que dispuso la suspensión estuvo integrada por Cristián López y los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Pedro Caro y Elsa Barrientos; la presidenta del tribunal, Marcela Godoy, no participó de la decisión.

Por el momento, la restricción tiene una vigencia inicial de 30 días y podrá ser renovada. El conflicto judicial vuelve a colocar bajo observación la actividad exploratoria en un territorio señalado por los antecedentes ambientales de Pascua Lama y plantea una discusión de fondo sobre los límites de los nuevos proyectos cuando se desarrollan en áreas alcanzadas por obligaciones de cierre.

La disposición no define todavía la continuidad de El Alto, pero condiciona su avance a una revisión más profunda de los riesgos ambientales y de su compatibilidad con los compromisos asumidos por la compañía.