El deterioro sostenido del poder adquisitivo en la Argentina encontró una nueva confirmación estadística. Un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ubicó al país como el de peor desempeño salarial de América Latina en los últimos siete años, con una caída real acumulada del 18,8% en el ingreso promedio anual.

El dato no solo refleja una tendencia prolongada, sino que también expone una aceleración del deterioro en los tramos más recientes. Según el análisis, el retroceso más pronunciado se concentró en el último año de la gestión de Alberto Fernández y en los primeros años del gobierno de Javier Milei, un período atravesado por ajustes macroeconómicos, inflación persistente y contracción de la actividad.

El contexto económico aporta claves para comprender la magnitud del fenómeno. Tras la recuperación pospandemia —con expansiones del producto del 10% en 2021 y del 5% en 2022—, la economía volvió a ingresar en una fase contractiva: el PBI retrocedió 1,6% en 2023 y 1,3% en 2024. Este escenario de estancamiento, combinado con procesos inflacionarios intensos, erosionó los ingresos reales de manera sostenida.

El impacto resulta particularmente severo en el sector público. Los salarios estatales acumulan una caída del 35,23% desde 2017, con un deterioro más marcado en los últimos tres años. Solo en el actual período de gobierno, la pérdida alcanza el 17,03%, configurando uno de los descensos más abruptos de la serie reciente.

En el ámbito privado, la dinámica también exhibe un saldo negativo, aunque con matices. La reducción acumulada es del 18,94% en los últimos siete años, con un fuerte ajuste hacia el final de la administración de Mauricio Macri —cuando los salarios registraron caídas del 11,69% en 2018 y del 6,16% en 2019—. En la etapa actual, el deterioro continuó, aunque a un ritmo menor, con una contracción adicional del 1,55%.

La comparación regional resulta elocuente. Mientras la Argentina profundiza su rezago, países como México y Costa Rica registraron mejoras reales del 22,4% y 11,6%, respectivamente. En términos generales, la mayoría de las economías latinoamericanas logró sostener o incrementar el poder adquisitivo de sus trabajadores, lo que refuerza la idea de que la crisis local responde, en gran medida, a factores internos más que a condicionantes globales.

Diversos especialistas coinciden en señalar que la evolución de los salarios en la Argentina está estrechamente ligada a la volatilidad macroeconómica, las devaluaciones recurrentes y la ausencia de anclas sostenibles que permitan estabilizar precios e ingresos. En ese sentido, la puja distributiva se intensifica y termina resolviéndose, en la mayoría de los casos, en detrimento de los trabajadores.

La Confederación General del Trabajo (CGT) volverá a sentar a su conducción este jueves en su sede de Azopardo 802, en la Buenos Aires, en una reunión que, más allá de los temas formales, expone las dificultades de la central para construir una orientación clara en medio de un escenario complejo.

El encuentro, encabezado por el triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, reunirá a más de medio centenar de dirigentes con mandato vigente hasta 2030. En los papeles, el temario incluye cuestiones previsibles: el estado de las acciones judiciales contra la reforma laboral, la organización de las actividades por el Día del Trabajador, la situación de las obras sociales sindicales y aspectos administrativos. Sin embargo, la discusión de fondo excede esa enumeración.

Uno de los puntos más sensibles será el frente judicial. La central llega con un antecedente favorable tras los fallos de los juzgados nacionales del trabajo que suspendieron artículos clave de la denominada Ley de Modernización Laboral, incluida la declaración de la educación como servicio esencial. A la espera de la respuesta oficial en instancias superiores, la conducción deberá definir si profundiza la vía judicial o si articula otras herramientas de presión.

En este aspecto, comenzará a delinearse la convocatoria al 1° de mayo. Según trascendió, la propuesta en análisis contempla una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril, con un eje discursivo vinculado al pensamiento social de Papa Francisco. En ese marco, ya se registran contactos con sectores de la Iglesia, en un intento por ampliar la base de respaldo político y simbólico.

No obstante, los desafíos más complejos se encuentran puertas adentro. En un contexto de retracción económica, particularmente visible en el entramado industrial, resurgen disputas entre sindicatos por encuadramiento. La competencia por afiliados en áreas difusas intensifica los roces entre organizaciones y pone en evidencia la ausencia de mecanismos eficaces para canalizar esos conflictos.

En ese sentido, la falta de conformación de la Comisión Arbitral aparece como una deuda institucional relevante. Este órgano, previsto para dirimir controversias intergremiales antes de su escalada administrativa o judicial, aún no fue integrado desde la renovación de autoridades. Su ausencia no solo limita la capacidad de resolución interna, sino que amplifica la fragmentación.

A ello se suma la situación crítica de las obras sociales sindicales, sometidas a una presión financiera creciente en un sistema que acumula desequilibrios estructurales. El tema, recurrente en la agenda gremial, vuelve a instalarse como un punto neurálgico que exige respuestas urgentes.

En el plano internacional, la CGT también deberá avanzar en la designación de sus representantes técnicos para la próxima Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, donde uno de los debates centrales girará en torno a la regulación del trabajo en plataformas digitales. Se trata de un terreno aún difuso para el sindicalismo argentino, que no ha logrado consensuar una postura unificada.

La reunión se inscribe, además, en un momento donde la central exhibe dificultades para sostener iniciativas de peso político con continuidad. Las señales que emergen desde Azopardo aparecen fragmentadas, sin lograr consolidar una narrativa común. Episodios recientes, como la recepción de la ex legisladora Ofelia Fernández, reflejan gestos que no terminan de traducirse en una estrategia integral.

La convocatoria de la CGT en Azopardo sintetiza una etapa marcada por la incertidumbre y la dispersión. Entre urgencias inmediatas, conflictos internos y presiones externas, la central obrera enfrenta el desafío de redefinir su rol en un escenario cambiante.

Más allá de las resoluciones que puedan surgir del encuentro, la cuestión de fondo permanece abierta: construir una agenda propia, coherente y sostenida en el tiempo. Sin esa brújula, el riesgo es quedar atrapada en la coyuntura, reaccionando más que conduciendo, en un momento donde el movimiento obrero necesita, como pocas veces, claridad estratégica y capacidad de articulación.

El Ejecutivo provincial aclaró que, mientras se ajusta el sistema del boleto escolar gratuito, ningún estudiante puede ser obligado a descender del colectivo ni pagar el pasaje por fallas en la tarjeta. Buscan garantizar el acceso al transporte y corregir errores operativos.

El Gobierno de San Juan salió a fijar una posición clara ante los reclamos de estudiantes que denunciaron haber sido obligados a bajar de las unidades por inconvenientes en la validación del boleto escolar gratuito. La respuesta oficial no dejó margen para interpretaciones: los choferes tienen la instrucción expresa de permitir el viaje en todos los casos, aun cuando existan fallas técnicas o problemas de acreditación.

La directiva fue ratificada por el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, quien explicó que el sistema se encuentra en una etapa de ajuste operativo. “Si alguien no pudo adaptar el mecanismo o presenta dificultades, no corresponde que se le impida viajar ni que se le cobre el pasaje si no cuenta con los medios”, señaló el funcionario.

El esquema implementado en la Red Tulum introdujo una modificación sustancial en la operatoria: el beneficio se aplica automáticamente al validar la tarjeta SUBE, sin necesidad de exhibir credenciales. Se trata de un modelo similar al que ya rige para jubilados y pensionados, orientado a simplificar el acceso y reducir instancias de verificación manual.

En términos operativos, el sistema muestra niveles de uso acordes a las previsiones oficiales. Según datos difundidos por la cartera de Transporte, más de 112.000 usuarios cuentan con el beneficio activo, mientras que el volumen de viajes diarios ronda los 100.000. Dentro de ese universo, los estudiantes universitarios representan un segmento significativo, con cerca de 27.000 traslados registrados en una sola jornada, aunque en este caso se reconocieron demoras asociadas a la carga de padrones institucionales.

Las autoridades admiten que parte de los inconvenientes detectados responde a errores en la utilización del sistema. En particular, subrayan la importancia de verificar si el beneficio fue acreditado en la tarjeta física o en su versión digital, ya que ambos soportes no son intercambiables. Esta distinción técnica, aparentemente menor, explica una proporción relevante de los inconvenientes reportados.

Otro punto que generó confusión entre los beneficiarios está vinculado a la visualización del costo del pasaje en zonas con conectividad limitada. En esos casos, el visor puede reflejar momentáneamente el valor total del boleto. Sin embargo, una vez procesada la operación, el sistema aplica el descuento correspondiente, dejando el saldo en cero, dado que el subsidio es posteriormente compensado por el Estado a las empresas prestatarias.

Frente a posibles incumplimientos, el Gobierno solicitó la colaboración de los usuarios para identificar situaciones irregulares. La recomendación es aportar datos precisos —unidad, horario y ubicación— que permitan intervenir de manera puntual sobre los conductores que no apliquen correctamente las instrucciones vigentes.

Para aquellos casos que no puedan resolverse a través de los canales digitales, se habilitó la atención presencial en el Centro Cívico, donde personal especializado brinda asistencia para regularizar la situación de cada usuario.

La decisión de garantizar el acceso irrestricto al boleto escolar gratuito durante la fase de implementación revela una prioridad clara: sostener el derecho a la movilidad de los estudiantes por encima de las dificultades técnicas propias de un sistema en transición.

Más allá de los ajustes pendientes, el desafío para la administración provincial radica en consolidar un esquema eficiente y confiable, capaz de evitar fricciones en la experiencia cotidiana de los usuarios. En ese equilibrio entre innovación operativa y respuesta inmediata a la demanda social, se juega buena parte de la credibilidad del sistema de transporte público sanjuanino.