La decisión del Gobierno nacional de intervenir por doce meses el Puerto de Ushuaia, ejecutada de madrugada y con fuerzas de seguridad, generó un amplio rechazo sindical. Organizaciones gremiales advierten sobre la pérdida de recursos provinciales, la incertidumbre laboral y posibles implicancias estratégicas en un territorio clave para la soberanía nacional.

La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional abrió un frente de conflicto político, institucional y gremial en uno de los enclaves más sensibles del país. La medida, formalizada mediante una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), motivó un enérgico pronunciamiento de la Mesa Sindical, espacio que reúne a más de 50 organizaciones gremiales de alcance nacional y regional.

Desde el sector sindical calificaron la acción como “intempestiva y solapada” y cuestionaron no sólo el procedimiento, sino también el trasfondo político de la decisión. En un comunicado conjunto, advirtieron que el Puerto de Ushuaia se encuentra en un territorio “sensible dentro de la inestable geopolítica internacional”, marcado por el interés de potencias extranjeras y por su rol estratégico en la proyección antártica y en el Atlántico Sur.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al impacto institucional de la intervención. Según la Mesa Sindical, la decisión “avasalla la autonomía provincial y los principios de federalismo que sostiene la Constitución Nacional”, al desplazar a la provincia del control de un puerto que reviste carácter estratégico y que, además, constituye una de las pocas administraciones portuarias provinciales aún vigentes en el país.

En el plano económico, los gremios alertaron sobre una consecuencia inmediata: la pérdida de recursos para Tierra del Fuego. “El cobro del uso del muelle pasa a manos de la Nación, cuando la provincia atraviesa un récord de recaladas y operaciones”, señalaron, en referencia al crecimiento sostenido de la actividad portuaria, especialmente vinculada al turismo y a la logística antártica. Para el arco sindical, esta reasignación de ingresos profundiza el desfinanciamiento provincial y debilita la capacidad de gestión local.

La preocupación se extiende al terreno laboral. Los sindicatos advirtieron que la intervención “pone en duda la estabilidad y las condiciones de trabajo de los trabajadores portuarios”, y expresó su solidaridad con quienes desempeñan tareas en el puerto. En ese sentido, remarcaron que los procesos de intervención suelen derivar en reestructuraciones, tercerizaciones o cambios contractuales que afectan directamente el empleo y los derechos laborales.

El comunicado también dejó planteada una advertencia política de mayor alcance. La forma en que se ejecutó la medida —en horario nocturno y con despliegue de fuerzas de seguridad— “produce sospechas de todo tipo en la sociedad fueguina y en el resto del país”, sostuvieron los gremios, que no descartaron que la intervención sea la antesala de un proceso de privatización. “Ya hemos vivido situaciones similares que terminan de esa manera”, alertaron, aludiendo a antecedentes recientes en otros sectores estratégicos.

Otro eje central del pronunciamiento remite a la política exterior del Gobierno nacional. La Mesa Sindical vinculó la intervención con el alineamiento internacional del Ejecutivo y advirtió sobre el riesgo de una mayor injerencia extranjera en la región. En particular, señalaron que no puede descartarse que la medida funcione como un “primer paso” hacia una mayor presencia de intereses de Estados Unidos y Gran Bretaña, con eventuales derivaciones sobre las disputas de soberanía en la Antártida y el Atlántico Sur.

Desde esta perspectiva, los gremios subrayaron que cualquier debilitamiento del control nacional y provincial en Tierra del Fuego tiene implicancias que exceden lo administrativo. “No podemos debilitar nuestra presencia efectiva en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, enfatizaron, al tiempo que reclamaron información clara y transparente sobre los fundamentos reales de la intervención.

La Mesa Sindical también interpretó la decisión como una señal política hacia una gobernación provincial no alineada con las políticas nacionales, lo que agrega un componente de tensión institucional en un contexto ya atravesado por disputas entre Nación y provincias por recursos, competencias y modelos de gestión.

La intervención del Puerto de Ushuaia no es, para el arco sindical, un hecho aislado ni meramente administrativo. Se inscribe en una trama más amplia donde convergen disputas por el control de recursos estratégicos, tensiones federales, incertidumbre laboral y definiciones geopolíticas de largo alcance. El contundente pronunciamiento de más de medio centenar de organizaciones gremiales expone una preocupación que trasciende al sector portuario y coloca en el centro del debate el modelo de Estado, el respeto por la autonomía provincial y la defensa de la soberanía en uno de los territorios más sensibles del país. En ese escenario, el reclamo de información, transparencia y diálogo aparece como una condición indispensable para evitar que decisiones unilaterales profundicen conflictos que podrían tener consecuencias difíciles de revertir.

La Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL) manifestó un rechazo categórico al proyecto de reforma laboral promovido por el Gobierno nacional, al que considera incompatible tanto con la Constitución Nacional como con los tratados y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La posición fue expresada en el marco del Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social, espacio multisectorial del que la AAL integra su mesa ejecutiva.

El pronunciamiento quedó plasmado en un documento consensuado por organizaciones de derechos humanos, sindicatos, asociaciones profesionales, jueces, cátedras universitarias y dirigentes de las centrales sindicales CTA y CGT. Desde ese ámbito anticiparon una oposición frontal al tratamiento legislativo de la iniciativa durante las sesiones extraordinarias del Congreso, cuyo debate en el Senado estaría previsto para el próximo 11 de febrero.

Según el texto difundido, el proyecto oficial carece de cualquier elemento que pueda considerarse jurídicamente admisible. “Nada, absolutamente nada de los contenidos de este proyecto es compatible con los Tratados, Convenios Internacionales de la OIT ni con la Constitución Nacional”, sostiene el documento, cuya redacción contó con una participación activa de la AAL.

Los ejes del cuestionamiento

Entre las principales objeciones, los abogados laboralistas advierten que la reforma introduce regulaciones “prácticamente prohibitivas” sobre el derecho de huelga, uno de los pilares de la libertad sindical consagrada tanto en la normativa constitucional como en los convenios internacionales suscriptos por la Argentina.

Asimismo, el proyecto elimina o debilita los sistemas de indemnización y las sanciones frente a incumplimientos de las obligaciones laborales, lo que, según la AAL, generaría un escenario de mayor precarización del empleo y de desprotección estructural para las personas trabajadoras. En ese marco, sostienen que la iniciativa favorece una transferencia de riesgos hacia el trabajador y consolida un retroceso en los estándares históricos del derecho del trabajo.

Para Guillermo Pérez Crespo, presidente de la Asociación, el Foro se constituyó como respuesta a lo que definió como “un brutal ataque del poder económico y del Gobierno nacional contra la clase trabajadora”. Desde su perspectiva, el proyecto no es una reforma orientada al desarrollo productivo ni a la creación de empleo, sino una ofensiva que busca debilitar la capacidad de defensa colectiva y reducir el alcance de los derechos laborales.

Rechazo, pero con una condición

Romina Stampone, secretaria general de la AAL, sostuvo que frente al contenido del proyecto “no queda otra respuesta que el rechazo”, aunque aclaró que el espacio no descarta el diálogo si existiera una voluntad real de discutir una reforma en términos democráticos y constitucionales.

Según remarcó, cualquier debate serio sobre el régimen laboral debería partir del fortalecimiento del principio protectorio del derecho del trabajo y del pleno cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país. “Nada de eso está presente en esta iniciativa”, afirmó, al tiempo que advirtió sobre el impacto social y jurídico que podría tener su aprobación.

Un frente amplio en defensa del derecho del trabajo

El Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social fue presentado el año pasado en la sede de la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE) y reúne a decenas de sindicatos, organizaciones académicas, profesionales y de derechos humanos. Desde ese espacio, la AAL reafirmó su compromiso con la defensa del derecho del trabajo como un pilar central de la justicia social y del sistema democrático.

El comercio de San Juan atravesó en 2025 uno de los escenarios más desafiantes de los últimos años. La caída sostenida del consumo, el avance del comercio electrónico, el aumento de las compras en el exterior y el fuerte incremento de los costos operativos golpearon la rentabilidad de pymes y comercios tradicionales.

El año que acaba de finalizar dejó un balance complejo para el sector comercial de la provincia. Desde mayo y hasta el cierre de diciembre, el consumo mostró una retracción sostenida que impactó de lleno en las ventas minoristas, profundizando las dificultades de un entramado comercial mayoritariamente compuesto por pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en noviembre la demanda total registró una caída interanual del 3,5%, mientras que en diciembre el descenso alcanzó el 5,2%. Si bien el último mes del año evidenció una leve recuperación mensual impulsada por las fiestas y el pago del aguinaldo, no fue suficiente para revertir una tendencia contractiva que marcó gran parte del calendario comercial.

Desempeños desiguales por rubro

El comportamiento del consumo fue heterogéneo según los sectores. Rubros como perfumería, calzado, marroquinería e indumentaria lograron sostener leves incrementos, en muchos casos asociados a promociones, financiamiento y estrategias comerciales agresivas. En contrapartida, actividades como librerías, electrónica y juguetería registraron retrocesos significativos, afectados por la caída del poder adquisitivo y la competencia de plataformas digitales e importaciones.

Esta disparidad reflejó un cambio en las prioridades de consumo de los hogares, cada vez más orientadas a gastos esenciales o compras planificadas, en detrimento del consumo discrecional.

El avance del comercio electrónico y las compras externas

Uno de los fenómenos más relevantes de 2025 fue la consolidación del comercio electrónico. Ocho de cada diez argentinos utilizan actualmente esta modalidad, que ya representa cerca del 18% de las ventas minoristas. El crecimiento fue impulsado por el uso intensivo de dispositivos móviles, la mejora en los sistemas de entrega, la integración entre canales físicos y digitales y la expansión de los medios de pago electrónicos.

En este sentido, las compras en el exterior mostraron un salto exponencial. Durante 2025 se incrementaron un 452% respecto de 2024, superando los 900 millones de dólares anuales. La ampliación del límite para envíos puerta a puerta y la exención de derechos para compras inferiores a 400 dólares favorecieron esta dinámica, que se tradujo en una presión adicional sobre la oferta local y en una competencia directa para los comercios tradicionales.

Costos en alza y rentabilidad en jaque

A la caída del consumo y a los cambios en los hábitos de compra se sumó un fuerte incremento de los costos operativos. En 2025, la electricidad aumentó un 44%, el gas un 53% y los combustibles más del 40%, en un contexto en el que la inflación anual cerró en torno al 31,5%.

Uno de los factores más críticos fue el encarecimiento de los alquileres comerciales. En promedio, los valores subieron hasta un 80% a lo largo de 2025, luego de haber acumulado incrementos cercanos al 280% en el segundo semestre de 2024. Este escenario deterioró sensiblemente la rentabilidad de los comercios, especialmente de aquellos ubicados en zonas céntricas o de alto tránsito.

Respuestas institucionales y dinámicas territoriales

Frente a este panorama, la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan impulsó convenios, capacitaciones y acciones de acompañamiento destinadas a fortalecer al sector. En la misma línea, el gobierno provincial facilitó líneas de crédito orientadas a sostener la actividad y preservar el empleo.

En el plano territorial, se observaron movimientos relevantes. El departamento Rawson avanzó en la ampliación de sus zonas comerciales, mientras que se prevé que Capital impulse ordenamientos urbanos y comerciales destinados a mejorar la experiencia de compra y la competitividad del comercio local.

Perspectivas para 2026

De cara a 2026, el comercio sanjuanino enfrenta un escenario todavía desafiante, aunque con expectativas puestas en sectores estratégicos como la minería y la industria, que podrían generar efectos multiplicadores sobre el consumo y la actividad económica en general.

Desde la Cámara de Comercio destacaron el compromiso del sector y subrayaron la importancia de acompañar al comercio provincial como herramienta clave para sostener el empleo, dinamizar la economía local y amortiguar los impactos de un contexto nacional e internacional todavía incierto.