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El consumo masivo sigue transitando una pendiente descendente sin frenos. Según el último informe de la consultora Scentia, en febrero las ventas en supermercados y autoservicios se desplomaron un 9,8%, consolidando un ciclo de 15 meses consecutivos de retroceso. La recesión afecta con particular intensidad a los rubros de bebidas, higiene y limpieza, exponiendo el deterioro de la capacidad de compra de los hogares argentinos.

La crisis del consumo no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de un escenario macroeconómico marcado por la inflación persistente y la pérdida del poder adquisitivo. Los números de Scentia reflejan con crudeza la magnitud del problema: las bebidas sin alcohol lideran la caída con un desplome del 18,8%, seguidas de cerca por las alcohólicas, con un retroceso del 16,2%. Los productos de compra impulsiva registraron una contracción del 10,5%, mientras que los artículos de limpieza y los de higiene personal descendieron un 9,7% y un 8%, respectivamente.

El golpe se siente con especial crudeza en los grandes canales de venta. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el consumo en supermercados se redujo un 8,3%, mientras que en el resto del país la caída alcanzó el 4,9%. La contracción no distingue regiones ni segmentos sociales: la merma en la demanda es un síntoma transversal que responde al deterioro generalizado del ingreso disponible.

El costo de la vida, una barrera cada vez más alta

Uno de los principales factores que explican esta caída ininterrumpida es el constante encarecimiento de los productos básicos. La consultora Scentia pone el foco en el impacto de la inflación sobre la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide el umbral de indigencia, y la Canasta Básica Total (CBT), que define la línea de pobreza. En febrero, la CBA experimentó un incremento del 3,2%, el más alto desde septiembre de 2023, mientras que la CBT subió un 2,3%.

En términos concretos, una familia tipo necesitó en febrero $1.057.923 para no ser considerada pobre, y $468.108 para no caer en la indigencia. Estas cifras evidencian que la inflación no solo erosiona la capacidad de compra, sino que empuja a amplios sectores de la sociedad a una situación de vulnerabilidad extrema.

El dilema del gobierno: estabilizar precios o sostener el consumo

Frente a este panorama, la administración de Javier Milei enfrenta un dilema complejo. Su estrategia de ajuste fiscal y reducción del gasto público ha permitido una desaceleración parcial de la inflación en algunos sectores, pero a costa de una profunda contracción del consumo interno. Sin políticas de estímulo que amortigüen el impacto de la caída de la demanda, el riesgo de una recesión prolongada se vuelve cada vez más tangible.

El gobierno apuesta a un reordenamiento macroeconómico que genere estabilidad en el mediano plazo, confiando en que la baja de la inflación eventualmente permitirá una recuperación del consumo. Sin embargo, el deterioro de los ingresos y la persistente suba de precios sugieren que la reactivación tardará en llegar, dejando a una porción significativa de la población en una situación de creciente fragilidad.

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Casi el 75% de la ciudadanía considera que el gobierno de Milei es “corrupto”

Un reciente relevamiento de opinión pública realizado por la consultora Zubán Córdoba reveló que casi el 75% de los argentinos considera que el gobierno de Javier Milei es «corrupto». El escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad geberó un impacto significativo en la imagen pública del Gobierno.

La encuesta, realizada entre el 27 y 28 de agosto con 1200 personas, mostró que la credibilidad de la gestión libertaria se encuentra profundamente afectada por este hecho. Un 62% de los encuestados juzga la respuesta del Gobierno como improvisada, lo que anticipa un impacto negativo en el terreno electoral.

Puntos clave de la encuesta:

  • Corrupción: El 75% de los argentinos considera que el gobierno de Milei es corrupto.
  • Improvisación: El 62% de los encuestados cree que la respuesta del Gobierno al escándalo ha sido improvisada.
  • Renuncia de funcionarios: Un 65% reclama que los funcionarios involucrados renuncien y se ponga a disposición de la Justicia.
  • Impacto electoral: Un 12% de personas que votaron a Milei en el ballotage ahora dicen que no lo volverán a votar debido al escándalo.

La encuesta también reveló que la imagen del Gobierno sufrió un duro golpe. El 57% de los encuestados califica la gestión de Milei como «mala» o «muy mala», mientras que solo el 39,9% la aprueba.

Cabe tener presente que este relevamiento de la opinión pública se realizó previo a que se conociera que también existen grabaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Estas últimas filtraciones no exponen hasta el momento nada comprometedor en su contenido, pero sí muestran el grado de crisis interna que atraviesa el Gobierno y anticipan que habrá nuevos episodios en este escándalo.

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Gremios docentes aceptaron la contraoferta de aumento salarial del gobierno de San Juan

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes llegaron a un acuerdo paritario que establece aumentos salariales para los próximos tres meses , vinculados al índice de inflación. El entendimiento busca garantizar previsibilidad al sector educativo y acompañar la evolución de la inflación.

La quinta sesión paritaria entre el Gobierno provincial y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET culminó con un acuerdo que establece aumentos salariales para agosto, septiembre y octubre. La propuesta del Ejecutivo incluye incrementos escalonados, vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de mejoras en conceptos específicos de la grilla salarial.

Detalles del Acuerdo:

  • Para agosto: actualización del valor índice según el IPC de julio e incremento de 6 puntos en todos los cargos del nomenclador docente. Esto se traduce en un salario testigo para maestro de grado jornada simple de $624.094,08 netos, un básico docente (A01) que sube a $384.105,87, y un valor hora cátedra que se va a $25.607,06 en nivel medio y $32.008,82 en nivel superior.
  • Para septiembre: actualización del valor índice según el IPC de agosto, aumento del 30% en el ítem remunerativo «Nueva Conectividad San Juan» y 4 puntos adicionales en el nomenclador docente. El valor de la Nueva Conectividad San Juan aumentará a $49.057 por cargo desde septiembre, aplicable hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedra.
  • Para octubre: actualización del valor índice según el IPC de septiembre y un aumento de 4 puntos en el nomenclador docente.

Mejoras en Asignaciones Específicas:

  • Estado Docente (A56): se actualizará según el IPC.
  • Responsabilidad Funcional (E60): se actualizará según el IPC.
  • Antigüedad (E66): se actualizará según el IPC.

En la reunión participaron funcionarios del Gobierno de San Juan, incluyendo al ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y representantes de los gremios docentes UDAP, UDA y AMET.

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La Justicia falla en favor de los docentes: suspende el Decreto que limitaba el derecho a huelga

La CTERA, el gremio mayoritario en la actividad docente, obtuvo una medida cautelar que suspende la aplicación del Decreto 340/25, dictado por el presidente Javier Milei. La decisión judicial implica la imposibilidad de limitar el derecho a huelga de los docentes a través de la declaración de «servicio esencial».

«El accionar del Gobierno Nacional señalado, se inscribe en la ofensiva que intenta la destrucción de la educación pública», declaró la CTERA en un comunicado. «No conseguirán, provocada por la inexistencia de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente –cuando la situación salarial es literalmente agobiante por la devastación del poder adquisitivo de los sueldos–».

La CTERA también destacó que la medida cautelar es un nuevo revés para el gobierno, que ya había sido derrotado en la Justicia en ocasiones anteriores. «CTERA como organización mayoritaria de las trabajadoras y trabajadores de la educación, seguirá luchando por el respecto de los derechos de las y los docentes de la República Argentina en todas las instancias que haga falta tanto nacionales como internacionales», concluyó la organización.

La sentencia, conocida en el día de hoy y que lleva fecha 26-8-2025, implica la imposibilidad por parte del Gobierno Nacional de aplicar las disposiciones impugnadas, siendo manifiestamente inconstitucional la regulación que establece el DNU citado al calificar a la educación como “servicio esencial” prohibiendo en la práctica el derecho de huelga.

Para la CTERA, la decisión judicial es un reconocimiento a la lucha de los docentes por sus derechos y por la defensa de la educación pública. «Seguiremos luchando por la elevación de las condiciones de vida y de trabajo de las compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho de nuestro país», concluyó la organización.

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