UTA se mantiene en alerta por deuda salarial y amenaza con un paro
La situación en el transporte público se encuentra en un punto crítico. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha declarado estado de alerta y sesión permanente hasta el lunes próximo, dando plazo a las empresas de transporte y al Gobierno para resolver el conflicto salarial que afecta a los colectiveros. La disputa se origina en la deuda salarial correspondiente al mes de noviembre de 2024, la cual aún no ha sido saldada por las empresas del sector, a pesar de los esfuerzos previos por encontrar una solución.
La UTA, en un comunicado oficial emitido este miércoles, anunció que, a pesar de la falta de respuestas satisfactorias por parte de la Asociación de Transportistas de Pasajeros (ATAP) y del Gobierno provincial, los choferes de colectivos han decidido dar un «último gesto de buena voluntad» y posponer temporalmente la adopción de medidas de fuerza drásticas. Esta decisión tiene como fin evitar perjudicar a los usuarios del servicio público, aunque dejaron en claro que evaluarán la situación el próximo lunes. Si los pagos correspondientes no se realizan antes de esa fecha, se determinarán nuevas acciones gremiales, lo que podría afectar el normal funcionamiento del transporte público en la provincia.
El conflicto viene arrastrándose desde noviembre del año pasado, cuando las empresas de transporte asumieron una deuda salarial con los choferes. Sin embargo, el pago aún no se ha concretado, lo que ha generado malestar e incertidumbre dentro del sector. A pesar de que el Estado no es el empleador de los colectiveros, el gobierno provincial y las cámaras empresarias de transporte tienen la responsabilidad de encontrar una solución para evitar que los trabajadores sigan siendo afectados por la falta de pago. Los choferes, por su parte, exigen que se implemente una metodología de compensación tarifaria que permita saldar la deuda y garantizar el pago de los sueldos adeudados.
A medida que se acerca el lunes, la situación se vuelve cada vez más tensa. La UTA ha manifestado su frustración por la inacción tanto de la ATAP como del gobierno provincial. «No podemos seguir permitiendo que los trabajadores sean tomados como rehenes de un conflicto que no han generado», señalaron, destacando que, mientras las negociaciones entre las partes responsables del transporte siguen sin resolverse, los colectiveros siguen esperando una respuesta que les asegure el cumplimiento de sus derechos laborales.
En este contexto, el próximo lunes se perfila como una fecha clave, ya que la junta ejecutiva de la UTA se reunirá con los delegados para evaluar si las empresas han cumplido con los pagos acordados. De no ser así, no se descartan medidas de fuerza que podrían interrumpir el servicio de transporte público en toda la provincia.
Departamentales
San Juan acelera las obras preventivas frente a posibles crecidas de ríos y arroyos
La Provincia desplegó un operativo de obras hídricas en 15 departamentos para mejorar el escurrimiento del agua y reducir los daños que podrían provocar las crecidas durante la temporada de mayores caudales. Los trabajos, coordinados en el ámbito del Comité de Prevención de Emergencias (COPRE), comprenden intervenciones sobre ríos, arroyos, canales, drenes y sistemas de defensa.
Las tareas combinan limpieza de cauces y desagües, encauzamientos, reparación de infraestructura hidráulica y reconstrucción de protecciones en zonas expuestas. No eliminan la posibilidad de inundaciones, pero buscan disminuir la vulnerabilidad de poblaciones, caminos y redes de riego ante episodios de lluvias intensas.
Intervenciones en el norte y la cordillera
En Iglesia se construyen defensas en Laguna Bella Vista y el arroyo Agua Negra, mientras que ya se operó el descargador de fondo del dique Cuesta del Viento.
En Jáchal, las intervenciones alcanzan al río homónimo y a la colectora de Calle Vieja.
Calingasta, en tanto, mantiene trabajos de encauzamiento en los ríos Los Patos y Calingasta.
En Valle Fértil, las máquinas trabajan en las inmediaciones de Astica, donde se encauza un río de lecho pedregoso y se reconstruye una defensa deteriorada. La obra busca proteger el canal matriz de distribución, la pileta de Hidráulica y a los habitantes de la zona, que habían quedado expuestos ante la rotura de esa estructura.
Obras en el Gran San Juan y departamentos cercanos
En Rivadavia se reparan compuertas del dique Ignacio de la Roza y se retira vegetación en las inmediaciones del Parque Faunístico.
Rawson ejecuta tareas de levantamiento de monda, mientras que en Santa Lucía se limpian los drenes 25 de Mayo y Richet Zapata.
Zonda ya concluyó el encauzamiento en el dique Soldano y mantiene trabajos de protección y acondicionamiento cerca de Puente Blanco, sobre el río de la Ciénaga.
En Ullum se interviene el perilago del Embarcadero, la zona de La Usina y los canales Chilote y Falda, donde también se reconstruyen defensas.
En San Martín se limpia el desagüe San Isidro, principal receptor de los escurrimientos provenientes del cerro Pie de Palo. Albardón, por su parte, continúa con el encauzamiento del río Yakín.
Limpieza de drenes y protección de los sistemas de riego
En 25 de Mayo finalizaron las tareas en el dren de la ruta 279, entre calle 20 y Callejón Del Bono, y la restitución del dren de La Chimbera. Continúan las intervenciones sobre el dren de calle 21 y el ubicado en calle 4 y ruta 270, cerca de Villa Santa Rosa.
Caucete concentra trabajos de encauzamiento y limpieza del río Bermejo, además del refuerzo de las defensas del sistema de riego.
En Pocito se realiza levantamiento de monda y se utiliza maquinaria de Hidráulica en calle 18 y Aberastain.
En Sarmiento, las tareas comprenden la limpieza y el encauzamiento del dren Sarmiento y el colector Bofinger, junto con obras de defensa en Colonia Fiscal, sobre el dren Camilo Rojo.
La amplitud territorial del operativo responde a la necesidad de atender puntos críticos con características diferentes: desde cauces cordilleranos y ríos de montaña hasta colectores urbanos y canales de riego.
destacada
Los trabajadores universitarios vuelven a la huelga por la recomposición salarial
Los trabajadores no docentes de las universidades nacionales comenzaron este martes una secuencia de tres paros de 24 horas para exigir una mejora de sus ingresos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta también comprende el reclamo de fondos suficientes para sostener el funcionamiento de las instituciones y sus tareas de investigación.
La medida fue resuelta por el Consejo Directivo de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), que fijó otras dos jornadas de huelga para el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre. La organización sindical anticipó que mantendrá las acciones gremiales hasta obtener respuestas del Poder Ejecutivo.
«Seguimos unidos y organizados, defendiendo nuestros derechos, nuestros salarios y la educación pública», expresó la federación al ratificar la continuidad de las medidas.
La medida de fuerza coincide con la disputa judicial por la aplicación de la Ley 27.795. En octubre, un juez declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que supeditaba la implementación de la norma a determinadas condiciones y ordenó al Gobierno nacional cumplir con sus disposiciones. El Ejecutivo apeló el fallo, por lo que la discusión permanece abierta en los tribunales.
La legislación establece mecanismos de actualización salarial para docentes y no docentes, además de disposiciones destinadas a reforzar el financiamiento de las universidades, entre ellas las partidas para becas estudiantiles.
Desde el Gobierno nacional sostienen que la aplicación requiere determinar las fuentes de financiamiento y establecer las asignaciones presupuestarias correspondientes. Esa posición mantiene abierto el desacuerdo con las organizaciones universitarias, que reclaman que la norma se traduzca en medidas concretas.
destacada
La reforma laboral no frena la caída del empleo formal y la informalidad alcanza al 45%
La reforma laboral aprobada por el Congreso en marzo de 2026 todavía no muestra en los indicadores de empleo los resultados que el Gobierno esperaba. A ocho meses de su sanción, los puestos registrados retrocedieron un 0,9%, la informalidad llegó al 45% de la población ocupada y el empleo privado acumuló más de un año de contracción. Incluso Federico Sturzenegger, uno de los principales impulsores de los cambios, reconoció que la respuesta empresaria no estuvo a la altura de las expectativas oficiales.
Los datos del INDEC reflejan un deterioro en la calidad de la inserción laboral. Entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, la informalidad aumentó 1,8 puntos porcentuales, al pasar del 43,2% al 45%. Esto significa que casi la mitad de las personas ocupadas trabaja sin las garantías propias de un empleo registrado.
La evolución de las incorporaciones tampoco exhibe una recuperación sostenida. Según la Secretaría de Trabajo, en junio representaron apenas el 1,6% del total de trabajadores ocupados, el registro más bajo de la serie. En agosto subieron al 1,8%, aunque permanecieron por debajo del 2% observado en febrero, antes de la aprobación de la ley.
Catorce meses de retroceso en el empleo privado
La contracción también aparece en los relevamientos sobre trabajo asalariado formal. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) contabilizó una pérdida de 12.700 puestos en el último período analizado, equivalente a una baja del 0,2%. El total quedó en torno de los 6,1 millones de trabajadores y completó 14 meses consecutivos de retroceso.
Desde noviembre de 2023, la reducción acumulada ronda los 266.000 empleos privados, un descenso del 4,2%. El estudio ubica la cantidad de trabajadores en niveles comparables con los de mayo de 2014.
La brecha entre producción y empleo agrega otro dato relevante: mientras la economía acumuló un crecimiento neto del 2,2% entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el trabajo asalariado privado se redujo más de un 4% durante ese mismo período.
A ese cuadro se suma el aumento de la desocupación. En el segundo trimestre de 2026, la tasa alcanzó el 7,9%, frente al 7,6% registrado un año antes, de acuerdo con el INDEC. También superó el nivel del trimestre previo y se convirtió en el registro más alto desde el inicio de la actual gestión presidencial.
Sturzenegger apuntó contra los empresarios
La evaluación oficial introdujo un reconocimiento poco habitual sobre los resultados de la reforma. Sturzenegger manifestó que no está conforme con la respuesta de los empleadores frente a los cambios normativos y cuestionó, además, la continuidad de determinadas prácticas en las negociaciones colectivas.
El ministro expresó su malestar con el funcionamiento de la ultraactividad, principio por el cual las cláusulas de un convenio colectivo mantienen su vigencia una vez vencido el acuerdo, hasta que sean sustituidas por otro. Según sostuvo, los convenios que se firman tienden a repetir fórmulas anteriores porque las partes evitan confrontar y esperan que el Estado resuelva las diferencias.
El funcionario también atribuyó parte de las transformaciones del mercado laboral a los cambios de hábitos posteriores a la pandemia y señaló que una porción de los trabajadores opta por modalidades de contratación más flexibles.
Sin embargo, los indicadores sobre remuneraciones tampoco muestran una recomposición generalizada. El salario mínimo perdió un 40,8% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023 y no registró una recuperación real en septiembre. En el empleo privado registrado, la remuneración promedio cayó un 0,4% en julio, aunque habría mejorado un 1,3% en términos reales durante agosto.
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