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La situación en el transporte público se encuentra en un punto crítico. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha declarado estado de alerta y sesión permanente hasta el lunes próximo, dando plazo a las empresas de transporte y al Gobierno para resolver el conflicto salarial que afecta a los colectiveros. La disputa se origina en la deuda salarial correspondiente al mes de noviembre de 2024, la cual aún no ha sido saldada por las empresas del sector, a pesar de los esfuerzos previos por encontrar una solución.

La UTA, en un comunicado oficial emitido este miércoles, anunció que, a pesar de la falta de respuestas satisfactorias por parte de la Asociación de Transportistas de Pasajeros (ATAP) y del Gobierno provincial, los choferes de colectivos han decidido dar un «último gesto de buena voluntad» y posponer temporalmente la adopción de medidas de fuerza drásticas. Esta decisión tiene como fin evitar perjudicar a los usuarios del servicio público, aunque dejaron en claro que evaluarán la situación el próximo lunes. Si los pagos correspondientes no se realizan antes de esa fecha, se determinarán nuevas acciones gremiales, lo que podría afectar el normal funcionamiento del transporte público en la provincia.

El conflicto viene arrastrándose desde noviembre del año pasado, cuando las empresas de transporte asumieron una deuda salarial con los choferes. Sin embargo, el pago aún no se ha concretado, lo que ha generado malestar e incertidumbre dentro del sector. A pesar de que el Estado no es el empleador de los colectiveros, el gobierno provincial y las cámaras empresarias de transporte tienen la responsabilidad de encontrar una solución para evitar que los trabajadores sigan siendo afectados por la falta de pago. Los choferes, por su parte, exigen que se implemente una metodología de compensación tarifaria que permita saldar la deuda y garantizar el pago de los sueldos adeudados.

A medida que se acerca el lunes, la situación se vuelve cada vez más tensa. La UTA ha manifestado su frustración por la inacción tanto de la ATAP como del gobierno provincial. «No podemos seguir permitiendo que los trabajadores sean tomados como rehenes de un conflicto que no han generado», señalaron, destacando que, mientras las negociaciones entre las partes responsables del transporte siguen sin resolverse, los colectiveros siguen esperando una respuesta que les asegure el cumplimiento de sus derechos laborales.

En este contexto, el próximo lunes se perfila como una fecha clave, ya que la junta ejecutiva de la UTA se reunirá con los delegados para evaluar si las empresas han cumplido con los pagos acordados. De no ser así, no se descartan medidas de fuerza que podrían interrumpir el servicio de transporte público en toda la provincia.

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La CGT evalúa endurecer su estrategia frente al Gobierno

La preocupación por los cambios impulsados por el Gobierno en materia laboral y sindical, sumada al deterioro del empleo registrado en distintas ramas de la economía, acelera dentro de la CGT el debate sobre una respuesta política y gremial de mayor intensidad.

La CGT se encamina hacia una nueva etapa en su relación con el Gobierno nacional. El malestar generado por recientes medidas oficiales que, según el sindicalismo, avanzan sobre la autonomía de las organizaciones gremiales, reactivó las presiones internas para abandonar la estrategia de prudencia que predominó durante los últimos meses.

El debate ocupará un lugar central en la reunión que el Secretariado Nacional mantendrá con representantes de diversas confederaciones, entre ellas la CATT, la CASIA y la CSIRA, espacios que reclaman una respuesta más contundente frente a las decisiones adoptadas por la administración de Javier Milei.

La inquietud excede el plano institucional. En la conducción cegetista crece la preocupación por el desempeño de la economía real, especialmente en actividades vinculadas a la producción industrial, la construcción y el comercio, donde se multiplican las denuncias por suspensiones, despidos y reducción de planteles.

En ese marco, la defensa del empleo formal vuelve a consolidarse como eje prioritario de la agenda sindical. Distintos dirigentes advierten que la pérdida de dinamismo productivo y el retroceso del consumo comienzan a reflejarse con mayor intensidad en el mercado laboral, alimentando el descontento entre los trabajadores.

Sin embargo, el factor que hoy acelera la discusión interna es el alcance de las reformas que afectan el funcionamiento de sindicatos, federaciones y confederaciones. En Azopardo interpretan que las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo podrían alterar mecanismos históricos de representación y financiamiento sobre los que se estructura el modelo sindical argentino.

La definición que adopte la CGT en las próximas semanas será observada con atención tanto por el Gobierno como por el empresariado. Después de meses de tensiones intermitentes, la principal central obrera del país parece acercarse a un punto bisagra en el que la negociación podría ceder espacio a una dinámica de confrontación más abierta.

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Crece la discusión sobre quién se beneficia del auge minero

La decisión de incorporar desde China parte de la infraestructura destinada a un emprendimiento cuprífero encendió cuestionamientos de ASIMRA. El gremio reclama una mayor participación de fabricantes argentinos y reabre una discusión que excede a una obra puntual: cuánto valor agregado queda en el país cuando llegan grandes capitales.

La expansión minera volvió a colocar sobre la mesa una discusión que acompaña históricamente a los grandes proyectos vinculados a los recursos naturales. Esta vez, el debate no gira en torno a cuestiones ambientales ni fiscales, sino a la capacidad de las inversiones para dinamizar el entramado productivo argentino.

La controversia surgió tras conocerse que parte de las instalaciones habitacionales previstas para un importante emprendimiento de cobre serían fabricadas fuera del país. La decisión despertó reparos dentro de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica (ASIMRA), desde donde advirtieron que la medida podría reducir significativamente la participación de empresas nacionales en una iniciativa que movilizará recursos por miles de millones de dólares.

La preocupación no se limita a la provisión de estructuras modulares. Detrás de esa contratación aparece una cadena de bienes y servicios que involucra a fabricantes metalúrgicos, empresas de ingeniería, contratistas especializados, talleres y proveedores tecnológicos. Para la organización sindical, el desafío consiste en aprovechar la magnitud de estos emprendimientos para fortalecer capacidades productivas ya instaladas en el país.

La discusión adquiere una dimensión estratégica porque coincide con el crecimiento de proyectos considerados fundamentales para el futuro exportador argentino. El cobre se perfila como uno de los minerales más demandados por la transición energética global y varias provincias aspiran a convertirse en protagonistas de ese mercado durante las próximas décadas.

En ese marco, distintos actores vinculados al mundo del trabajo sostienen que la llegada de capitales debería traducirse en algo más que generación de divisas. La aspiración es que también impulse procesos de industrialización, incorporación tecnológica y formación de proveedores capaces de integrarse de manera competitiva a cadenas de abastecimiento de gran escala.

El planteo dialoga además con una discusión más amplia sobre los alcances del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Mientras el Gobierno nacional lo presenta como una herramienta destinada a atraer desembolsos de magnitud, organizaciones sindicales y cámaras empresarias insisten en que los beneficios otorgados deben producir efectos tangibles sobre el empleo, la producción y el desarrollo regional.

El debate excede la importación de una obra específica. En el fondo, vuelve a emerger una pregunta que acompaña cada ciclo de expansión extractiva: si la riqueza generada por los grandes emprendimientos será capaz de irradiar oportunidades hacia el tejido económico nacional o si permanecerá concentrada en circuitos productivos con escasa vinculación local.

Con nuevos proyectos en marcha y cifras récord de inversión en el corto plazo, esa discusión promete ganar cada vez más relevancia.

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San Juan sostuvo el turismo con eventos, pero sintió el freno del consumo

El fin de semana largo movilizó a casi un millón de personas en todo el país y generó un impacto económico superior a los $216.000 millones. Sin embargo, la actividad mostró el desempeño más débil de 2026. En San Juan, la agenda deportiva y cultural permitió sostener la llegada de visitantes, aunque el comportamiento del consumo reflejó una mayor prudencia de los hogares.

Durante el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, el turismo argentino exhibió una postal ambivalente. Si bien 993.683 personas recorrieron distintos destinos del país y el movimiento económico alcanzó los $216.649 millones, los indicadores relevados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) confirmaron que se trató del fin de semana largo de menor desempeño en lo que va del año.

San Juan acompañó esa tendencia. La provincia registró una afluencia moderada de visitantes y una ocupación hotelera distante de los niveles que tradicionalmente caracterizan a este tipo de fechas. No obstante, una intensa programación de competencias deportivas, espectáculos y propuestas recreativas evitó una retracción más pronunciada y aportó dinamismo a distintas localidades.

El calendario deportivo volvió a transformarse en uno de los principales atractivos. La Copa Apertura Nacional de Patinaje Artístico reunió a más de 800 competidores en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, mientras que el Nacional de Cadetes B de Handball convocó a unos 600 jugadores provenientes de diversas provincias. A ello se sumaron la Vuelta a San Juan Juvenil, el Desafío Cruz del Tacho, una nueva fecha del automovilismo local y numerosos encuentros de hockey, vóley y fútbol.

La oferta cultural también contribuyó a sostener el movimiento. Las funciones del Teatro del Bicentenario, la experiencia inmersiva Sismografía 1944, las actividades de la Casa Natal de Sarmiento, el Museo Franklin Rawson y el Centro Cultural Estación San Martín ampliaron las alternativas para residentes y visitantes. En distintos departamentos se agregaron ferias, propuestas gastronómicas y festivales que complementaron la agenda.

Entre los puntos más visitados sobresalieron el Parque Provincial Ischigualasto, el Dique Punta Negra, el Parque Nacional El Leoncito y los circuitos vinculados al turismo del vino, que continúan consolidándose como algunos de los principales activos de la oferta sanjuanina.

Más allá del movimiento registrado, los números nacionales reflejan un cambio en los hábitos de consumo. El gasto promedio diario por turista fue de $109.013, cifra que representó una caída real del 3,5% respecto del mismo feriado del año anterior. A su vez, la permanencia promedio descendió de 2,3 a 2 días, confirmando una tendencia hacia viajes más breves y presupuestos más ajustados.

Desde CAME atribuyeron este comportamiento a una combinación de factores: la pérdida de poder adquisitivo de amplios segmentos de la población, la cercanía de las vacaciones de invierno y el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que concentró parte de la atención y del gasto familiar.

Pese a este desempeño más moderado, el turismo mantiene un peso relevante en las economías regionales. En lo que va del año ya se contabilizaron seis fines de semana largos, con más de 10,3 millones de turistas movilizados y un gasto acumulado que supera los $2,8 billones en todo el país.

El balance deja una conclusión que trasciende datos vinculados al contexto actual. En una etapa marcada por consumos más selectivos y decisiones de viaje tomadas sobre la marcha, destinos como San Juan encuentran en los grandes eventos deportivos, culturales y recreativos una palanca de gestión para sostener su atractivo y preservar el movimiento económico en períodos tradicionalmente asociados a la temporada baja.

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