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La situación en el transporte público se encuentra en un punto crítico. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha declarado estado de alerta y sesión permanente hasta el lunes próximo, dando plazo a las empresas de transporte y al Gobierno para resolver el conflicto salarial que afecta a los colectiveros. La disputa se origina en la deuda salarial correspondiente al mes de noviembre de 2024, la cual aún no ha sido saldada por las empresas del sector, a pesar de los esfuerzos previos por encontrar una solución.

La UTA, en un comunicado oficial emitido este miércoles, anunció que, a pesar de la falta de respuestas satisfactorias por parte de la Asociación de Transportistas de Pasajeros (ATAP) y del Gobierno provincial, los choferes de colectivos han decidido dar un «último gesto de buena voluntad» y posponer temporalmente la adopción de medidas de fuerza drásticas. Esta decisión tiene como fin evitar perjudicar a los usuarios del servicio público, aunque dejaron en claro que evaluarán la situación el próximo lunes. Si los pagos correspondientes no se realizan antes de esa fecha, se determinarán nuevas acciones gremiales, lo que podría afectar el normal funcionamiento del transporte público en la provincia.

El conflicto viene arrastrándose desde noviembre del año pasado, cuando las empresas de transporte asumieron una deuda salarial con los choferes. Sin embargo, el pago aún no se ha concretado, lo que ha generado malestar e incertidumbre dentro del sector. A pesar de que el Estado no es el empleador de los colectiveros, el gobierno provincial y las cámaras empresarias de transporte tienen la responsabilidad de encontrar una solución para evitar que los trabajadores sigan siendo afectados por la falta de pago. Los choferes, por su parte, exigen que se implemente una metodología de compensación tarifaria que permita saldar la deuda y garantizar el pago de los sueldos adeudados.

A medida que se acerca el lunes, la situación se vuelve cada vez más tensa. La UTA ha manifestado su frustración por la inacción tanto de la ATAP como del gobierno provincial. «No podemos seguir permitiendo que los trabajadores sean tomados como rehenes de un conflicto que no han generado», señalaron, destacando que, mientras las negociaciones entre las partes responsables del transporte siguen sin resolverse, los colectiveros siguen esperando una respuesta que les asegure el cumplimiento de sus derechos laborales.

En este contexto, el próximo lunes se perfila como una fecha clave, ya que la junta ejecutiva de la UTA se reunirá con los delegados para evaluar si las empresas han cumplido con los pagos acordados. De no ser así, no se descartan medidas de fuerza que podrían interrumpir el servicio de transporte público en toda la provincia.

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Cruce entre el Ejecutivo y el Sindicato Médico por el anuncio de una huelga de 48 horas

El ministro de Salud de San Juan, Amílcar Dobladez, aseguró que el paro de 48 horas anunciado por el Sindicato Médico para el 18 y 19 de marzo no fue presentado ante la autoridad laboral. El funcionario defendió la política salarial del Gobierno y afirmó que los aumentos otorgados al sector sanitario superaron los índices de inflación.

El anuncio de un paro médico en San Juan abrió una nueva controversia entre el gremio que representa a los profesionales de la salud y el Gobierno provincial. La medida, difundida a través de redes sociales por el Sindicato Médico de San Juan, prevé una huelga de 48 horas para los días 18 y 19 de marzo en reclamo de mejoras salariales.

Sin embargo, desde la Provincia señalaron que la medida de fuerza no fue formalizada ante la Subsecretaría de Trabajo de San Juan, instancia administrativa necesaria para su validación legal.

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, manifestó que el anuncio generó sorpresa dentro del Gobierno, especialmente porque las negociaciones con el gremio continúan abiertas.
“Publicaron el llamamiento a paro, pero no está presentado formalmente. Nos llamó la atención porque el viernes estaba programada una reunión entre el sindicato y Hacienda. Esa reunión pasó a cuarto intermedio para retomarse esta semana”, explicó el funcionario.

En ese sentido, sostuvo que el conflicto debería resolverse en el marco del diálogo institucional. “Estamos convencidos de que en una mesa de diálogo se solucionan las cosas.

Por supuesto, tienen derecho a reclamar, pero tanto los sindicatos como el ministerio tenemos la obligación y responsabilidad institucional de llevar tranquilidad a la gente”, afirmó.

Preocupación por la atención sanitaria

El titular de la cartera también hizo referencia a la inquietud que puede generar el anuncio de una medida de fuerza entre los pacientes que dependen del sistema público de salud.

Según expresó, muchas personas podrían sentirse angustiadas ante la posibilidad de que se suspendan turnos médicos, estudios o intervenciones programadas. “Muchos deben estar preocupados porque quizá tienen turno para una cirugía o algún estudio. Por eso buscamos llevar tranquilidad. No podemos estar improvisando”, señaló.

El debate por los salarios

Uno de los puntos centrales de la disputa radica en la situación salarial del sector médico. Mientras desde el sindicato se denuncian ingresos congelados y deterioro del poder adquisitivo, el Gobierno provincial sostiene que los incrementos otorgados superaron la inflación.

De acuerdo con los datos expuestos por Dobladez, durante 2024 la inflación fue del 113%, mientras que el aumento salarial para el personal de salud alcanzó el 124%. En tanto, para 2025 el incremento llegó al 44,5%, frente a una inflación anual del 31%.
“No hay congelamiento. Hemos superado la inflación”, insistió el ministro.

A pesar de las diferencias públicas entre el Gobierno y el sindicato, las negociaciones continúan en marcha y se espera que en los próximos días haya nuevas reuniones para intentar acercar posiciones.

El futuro del paro anunciado dependerá, en gran medida, de si la medida de fuerza es formalmente presentada y de la evolución de las conversaciones entre el gremio médico y las autoridades del Ministerio de Salud de San Juan.

En un escenario de tirantez ascendente en el sector público provincial, la resolución del conflicto será clave para evitar que la disputa salarial impacte en la prestación de un servicio esencial como la salud.

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Morosidad en alza: bancos, empresas y analistas advierten un deterioro en la capacidad de pago

El aumento de los atrasos en créditos bancarios comienza a reflejar las tensiones que atraviesan hogares y empresas. Informes del sistema financiero muestran que la morosidad se triplicó en un año, impulsada por el endeudamiento de las familias y la debilidad del mercado interno, en un contexto económico marcado por tasas elevadas, caída del poder adquisitivo y actividad industrial en retroceso.

El sistema financiero argentino comienza a registrar un fenómeno que suele anticipar dificultades más profundas en la economía: el crecimiento sostenido de la morosidad. Bancos, financieras y empresas productivas advierten que cada vez más familias y compañías encuentran dificultades para cumplir con sus compromisos de pago, en un contexto marcado por el encarecimiento del crédito, la pérdida de poder adquisitivo y un mercado interno debilitado.

Un informe reciente de la consultora Quantum Finanzas revela que la cartera irregular del sistema bancario pasó de representar el 1,6% de los préstamos al sector privado en diciembre de 2024 a 5,3% un año después, es decir, más que se triplicó en apenas doce meses. El dato refleja un deterioro acelerado en la capacidad de pago de los tomadores de crédito, tanto en el segmento de los hogares como en el de las empresas.

El aumento se produce después de un período de fuerte expansión del financiamiento en pesos. Tras un 2023 caracterizado por niveles mínimos de crédito, durante 2024 los préstamos al sector privado crecieron 54% en términos reales, impulsados por el financiamiento a familias (+58%) y empresas (+52%). En 2025 el ritmo continuó con un crecimiento adicional del 28%, lo que amplió considerablemente la base de endeudamiento.

Desde el punto de vista técnico, cierto incremento en los niveles de mora suele considerarse normal cuando el crédito se expande con rapidez. Sin embargo, el informe advierte que el comportamiento actual excede esos parámetros habituales. “Ratios de mora que se triplican o cuadruplican en apenas un año reflejan dificultades en los mercados reales y financieros”, señala el estudio, que vincula el fenómeno con el aumento de las tasas de interés y la fragilidad de los ingresos.

El deterioro comienza por los hogares

El deterioro del crédito comenzó a manifestarse con mayor claridad a principios de 2025 y golpeó primero al financiamiento de los hogares. Las mayores tensiones se registran en el uso de tarjetas de crédito y en los préstamos otorgados por billeteras virtuales, instrumentos que en muchos casos comenzaron a utilizarse para cubrir gastos corrientes, incluso alimentos.

En este segmento, la morosidad pasó del 2,6% al 9,3% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, un salto que refleja el deterioro del poder adquisitivo y la creciente dependencia del financiamiento para sostener el consumo.

Las líneas más comprometidas dentro del sistema financiero son los préstamos personales, que registran 11,9% de mora, seguidos por el financiamiento con tarjetas de crédito, con 8,6%. Entre las empresas, el principal foco de atrasos se concentra en los adelantos en cuenta corriente, donde la morosidad alcanza 4,9%.

El caso de uno de los principales bancos privados del país ilustra la magnitud del fenómeno. El balance del Banco Galicia correspondiente al cuarto trimestre de 2025 registró una pérdida neta de 83.544 millones de pesos, un resultado fuertemente influido por el aumento de los créditos incobrables. Según datos del propio sistema financiero, la entidad acumula 776.187 millones de pesos en préstamos de difícil recuperación, un indicador que encendió señales de alerta entre analistas e inversores.

El impacto llega a la economía productiva

El deterioro del crédito no se limita al ámbito financiero. La economía real también empieza a sentir los efectos de un mercado interno debilitado y de un esquema de financiamiento cada vez más costoso.

En el sector industrial, muchas empresas recurren al crédito de corto plazo para cubrir gastos operativos ante la caída de ventas y la pérdida de empleo. Este mecanismo, que inicialmente funciona como una herramienta de liquidez, aumenta el riesgo de atrasos cuando la recuperación de la actividad no acompaña.

Datos de la Unión Industrial Argentina (UIA) muestran que más del 45% de las empresas reconoce dificultades para afrontar pagos de salarios, impuestos o proveedores, en un contexto en el que la producción manufacturera permanece en terreno contractivo.

La combinación de menor demanda, costos financieros elevados y márgenes empresariales ajustados genera un círculo complejo: las empresas se endeudan para sostener la actividad, pero la falta de recuperación del mercado interno dificulta luego cumplir con esos compromisos.

Consumo en retroceso y crédito como sostén

El crecimiento de la morosidad también refleja un cambio estructural en el comportamiento del consumo. Con salarios que pierden terreno frente a las tasas de interés y el endeudamiento acumulado, cada vez más hogares recurren al crédito para sostener gastos básicos.

Ese fenómeno, que inicialmente puede pasar desapercibido en la dinámica cotidiana, termina reflejándose con claridad en los balances bancarios y en los indicadores del sistema financiero. La mora, en ese sentido, actúa como un termómetro de la economía real: cuando crece de forma abrupta, suele indicar que los ingresos ya no alcanzan para sostener el nivel de obligaciones asumidas.

El aumento de la morosidad no implica necesariamente una crisis financiera inmediata, pero sí constituye una señal de advertencia sobre el estado de la economía. Por ahora, los niveles de atraso en el sistema bancario argentino continúan siendo relativamente bajos en comparación con episodios históricos de inestabilidad. Sin embargo, la velocidad con la que se incrementaron en el último año preocupa tanto al sector financiero como al productivo.

Detrás de las cifras se perfila una realidad más amplia: hogares que recurren al crédito para sostener su consumo, empresas que se endeudan para atravesar un mercado interno debilitado y bancos que comienzan a absorber el impacto de esa tensión.

En ese delicado equilibrio entre financiamiento, ingresos y actividad económica se juega buena parte del futuro inmediato del sistema productivo. Si la recuperación de la economía real no acompaña la expansión del crédito, la morosidad podría convertirse en uno de los principales focos de inestabilidad del ciclo económico argentino.

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San Juan: profesionales de la salud endurecen su reclamo y convocan a un paro por redes sociales

El Sindicato Médico de San Juan resolvió convocar a un paro total de actividades por 48 horas para los días 18 y 19 de marzo, en rechazo a la política salarial del gobierno provincial. La medida incluirá guardias mínimas por tratarse de un servicio esencial y se complementará con una jornada de movilización hacia el Centro Cívico prevista para el 26 de marzo.

El conflicto salarial en el sector público de San Juan suma un nuevo capítulo. Tras el rechazo de los gremios docentes a la propuesta oficial en el marco de las negociaciones paritarias, ahora son los médicos quienes decidieron avanzar con un plan de lucha que contempla un paro total de actividades y acciones de visibilización del reclamo.

La decisión fue adoptada durante una asamblea realizada en la sede del Sindicato Médico de San Juan, donde los profesionales de la salud expusieron la crítica situación salarial que atraviesa el sector y denunciaron el congelamiento de ingresos frente al sostenido aumento del costo de vida.

A través de sus redes sociales, la organización gremial comunicó oficialmente la convocatoria a un paro de 48 horas para los días 18 y 19 de marzo. La medida implica la no asistencia a los lugares de trabajo en hospitales y centros de salud públicos, aunque se garantizarán las guardias mínimas obligatorias debido a que la salud es considerada un servicio esencial.

De concretarse la huelga, numerosos turnos programados, consultas médicas y estudios previstos en el sistema público podrían verse afectados, lo que anticipa un impacto significativo en la atención sanitaria durante esas jornadas.

El plan de lucha no se limitará a la interrupción de actividades. El sindicato también definió realizar una jornada de acción el próximo 26 de marzo, con un paro parcial desde las 10 de la mañana para concentrar y marchar hacia el Centro Cívico de San Juan, sede administrativa del gobierno provincial. La movilización buscará visibilizar el reclamo de los profesionales y presionar por una revisión de la política salarial vigente.

Entre las medidas anunciadas también se incluye la decisión de dejar de utilizar el sistema informático sanitario por tiempo indeterminado, una acción que forma parte de la estrategia gremial para reforzar el reclamo y exponer las dificultades operativas que, según sostienen, atraviesan los trabajadores del sector.

Desde el sindicato adelantaron que las acciones serán notificadas formalmente ante la Subsecretaría de Trabajo de San Juan, requisito legal indispensable para la validez de la medida. No obstante, el escenario podría modificarse si las autoridades provinciales deciden dictar la conciliación obligatoria, herramienta que suspendería el paro hasta la realización de una audiencia entre representantes del gremio y funcionarios del Ministerio de Salud de San Juan.

La protesta de los médicos se inscribe en un clima de tirantez progresiva en el sector público provincial, donde distintos gremios cuestionan las ofertas salariales presentadas por el Ejecutivo en las negociaciones paritarias. El reclamo del sector sanitario adquiere, además, una dimensión particularmente sensible: cualquier conflicto laboral en el ámbito de la salud repercute de manera directa en la prestación de servicios esenciales para la población.

En ese contexto, el gobierno provincial enfrenta el desafío de evitar una escalada del conflicto que afecte la atención hospitalaria, mientras los profesionales reclaman recomposiciones salariales acordes al deterioro del poder adquisitivo y mejoras en las condiciones laborales.

El paro de 48 horas anunciado por los médicos sanjuaninos marca el inicio de un nuevo escenario de contienda en el ámbito estatal. Con un plan de lucha que combina huelga, movilización y medidas administrativas, el gremio busca instalar el debate sobre salarios y condiciones laborales en el sistema de salud. En los próximos días, la eventual intervención de las autoridades laborales —a través de una conciliación obligatoria o una nueva instancia de negociación— será clave para determinar si el conflicto se encamina hacia una solución o profundiza las diferencias entre los profesionales de la salud y el gobierno provincial.

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