UTA se mantiene en alerta por deuda salarial y amenaza con un paro
La situación en el transporte público se encuentra en un punto crítico. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha declarado estado de alerta y sesión permanente hasta el lunes próximo, dando plazo a las empresas de transporte y al Gobierno para resolver el conflicto salarial que afecta a los colectiveros. La disputa se origina en la deuda salarial correspondiente al mes de noviembre de 2024, la cual aún no ha sido saldada por las empresas del sector, a pesar de los esfuerzos previos por encontrar una solución.
La UTA, en un comunicado oficial emitido este miércoles, anunció que, a pesar de la falta de respuestas satisfactorias por parte de la Asociación de Transportistas de Pasajeros (ATAP) y del Gobierno provincial, los choferes de colectivos han decidido dar un «último gesto de buena voluntad» y posponer temporalmente la adopción de medidas de fuerza drásticas. Esta decisión tiene como fin evitar perjudicar a los usuarios del servicio público, aunque dejaron en claro que evaluarán la situación el próximo lunes. Si los pagos correspondientes no se realizan antes de esa fecha, se determinarán nuevas acciones gremiales, lo que podría afectar el normal funcionamiento del transporte público en la provincia.
El conflicto viene arrastrándose desde noviembre del año pasado, cuando las empresas de transporte asumieron una deuda salarial con los choferes. Sin embargo, el pago aún no se ha concretado, lo que ha generado malestar e incertidumbre dentro del sector. A pesar de que el Estado no es el empleador de los colectiveros, el gobierno provincial y las cámaras empresarias de transporte tienen la responsabilidad de encontrar una solución para evitar que los trabajadores sigan siendo afectados por la falta de pago. Los choferes, por su parte, exigen que se implemente una metodología de compensación tarifaria que permita saldar la deuda y garantizar el pago de los sueldos adeudados.
A medida que se acerca el lunes, la situación se vuelve cada vez más tensa. La UTA ha manifestado su frustración por la inacción tanto de la ATAP como del gobierno provincial. «No podemos seguir permitiendo que los trabajadores sean tomados como rehenes de un conflicto que no han generado», señalaron, destacando que, mientras las negociaciones entre las partes responsables del transporte siguen sin resolverse, los colectiveros siguen esperando una respuesta que les asegure el cumplimiento de sus derechos laborales.
En este contexto, el próximo lunes se perfila como una fecha clave, ya que la junta ejecutiva de la UTA se reunirá con los delegados para evaluar si las empresas han cumplido con los pagos acordados. De no ser así, no se descartan medidas de fuerza que podrían interrumpir el servicio de transporte público en toda la provincia.
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El Vea de República del Líbano cerrará a fines de noviembre: qué pasará con sus 12 empleados
El supermercado Vea de República del Líbano y Alvear, en Rawson, cerrará definitivamente a fines de noviembre. La fecha, inicialmente prevista para octubre, fue postergada por la empresa debido a tareas pendientes para desmantelar el establecimiento, según confirmó Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio (SEC).
La sucursal continuará atendiendo al público durante algunas semanas más, mientras se retiran las instalaciones y los equipos necesarios para entregar el inmueble. Entre los trabajos pendientes figuran el desmontaje de las cajas registradoras, los sistemas de refrigeración y los equipos de aire acondicionado.
La extensión del funcionamiento también prolonga el plazo para definir la situación de los 12 trabajadores que se desempeñan en el local. Algunos ya acordaron su desvinculación, mientras que otros todavía evalúan las alternativas ofrecidas por la compañía, entre ellas la posibilidad de incorporarse a otras sucursales de la cadena.
Desde el SEC siguen las conversaciones para conocer el destino de cada empleado. Las resoluciones dependerán de los acuerdos individuales y no necesariamente serán iguales para toda la plantilla.
Un segundo cierre en Rawson
La decisión se suma al antecedente del supermercado Vea que funcionaba sobre boulevard Sarmiento, en Villa Krause, y que dejó de operar a fines del año pasado. En aquella oportunidad, los 16 empleados resolvieron su situación mediante distintas modalidades: indemnizaciones, retiros voluntarios y traslados a otros establecimientos de la firma.
El cierre de la sucursal había sido comunicado a los trabajadores en septiembre. Desde entonces, las conversaciones entre la empresa y el sindicato se concentraron en acordar las condiciones de salida o continuidad laboral.
Con el nuevo cronograma, el establecimiento tendrá un mes adicional de funcionamiento antes de bajar definitivamente sus persianas. La principal incógnita ya no es la fecha del cierre, sino cuántos de los trabajadores podrán continuar en la cadena y bajo qué condiciones se resolverán las desvinculaciones.
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La fábrica sanjuanina de Poett quedó bajo el control de Molinos Río de la Plata
La adquisición de Clorox por parte de Molinos Río de la Plata abrió una nueva etapa para el negocio de productos de limpieza en el país, pero, al menos en San Juan, no implicará modificaciones en la estructura industrial ni en el empleo. La planta de Chimbas continuará fabricando aerosoles Poett, una producción que, por sus características técnicas, no puede trasladarse al establecimiento bonaerense de la compañía.
La continuidad fue confirmada por el secretario de Industria y Comercio provincial, Alejandro Martín, quien precisó que la fábrica emplea actualmente entre 60 y 70 trabajadores. Según explicó, la instalación sanjuanina concentra la elaboración de aerosoles de esa marca y cuenta con equipamiento específico para un proceso que no está disponible en la planta de Buenos Aires.
La operación quedó en manos de Molinos Río de la Plata, firma perteneciente al Grupo Pérez Companc, e incluye los negocios de Clorox en Argentina, Uruguay y Paraguay. El paquete comprende establecimientos industriales, centros de distribución y marcas reconocidas como Ayudín, Poett y Selton, además de otras líneas comerciales.
Para el grupo comprador, la adquisición representa su desembarco en el mercado de artículos de limpieza y desinfección del hogar, una expansión más allá de su actividad tradicional en alimentos. En San Juan, Molinos ya tenía presencia mediante Granja del Sol, vinculada a la elaboración de hortalizas congeladas.
Martín subrayó que la planta de Chimbas tiene una función productiva específica dentro de la estructura adquirida. «No hay posibilidad de producir aerosoles en la planta de Buenos Aires», señaló, al explicar por qué la continuidad del establecimiento local resulta relevante para sostener el abastecimiento de Poett.
Una operación pendiente de aprobación
Aunque el acuerdo entre las empresas ya fue cerrado, la transferencia debe completar el procedimiento de evaluación ante los organismos correspondientes. De acuerdo con el funcionario, la documentación fue presentada ante la Comisión Nacional de Valores y las autoridades de Defensa de la Competencia para su análisis y autorización.
Mientras avanza esa instancia regulatoria, la información oficial apunta a mantener las operaciones bajo las condiciones actuales. La definición resulta relevante para Chimbas, donde la fábrica constituye una fuente de empleo industrial y concentra una línea de producción que no tiene una alternativa equivalente dentro de la estructura adquirida.
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Más de 80 empresas de San Juan participaron de las rondas de negocios mineros
Más de 80 empresas sanjuaninas participaron en Rosario de las rondas de negocios vinculadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en una convocatoria que reunió a proveedores nacionales, compañías mineras y autoridades de distintas provincias. El gobernador Marcelo Orrego acompañó la apertura y planteó que las inversiones deben traducirse en empleo, desarrollo de proveedores y mayor valor agregado en los territorios donde se llevan adelante los proyectos.
La jornada contó con la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. También asistieron mandatarios de Córdoba, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Entre Ríos, Río Negro y Corrientes, entre otras jurisdicciones.
Orrego integró el panel de gobernadores de provincias mineras titulado “La minería como vector de desarrollo regional”, moderado por el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero. Allí expuso las inversiones en infraestructura que impulsa San Juan para acompañar la expansión minera y mencionó la obtención de más de US$1.000 millones destinados a obras viales, logísticas, eléctricas, hídricas y habitacionales.
Uno de los planteos centrales del mandatario apuntó a la distribución de los beneficios económicos de los grandes emprendimientos. “Las empresas mineras tienen derecho a obtener ganancias, pero los gobiernos provinciales y la sociedad también aspiran a tener beneficios de la generación de empleo y el agregado de valor local que evite el desarraigo y consolide los acuerdos sociales”, sostuvo.
La intervención puso el acento en la necesidad de que las inversiones no se limiten a la extracción de recursos, sino que incorporen a las empresas radicadas en las provincias y amplíen las oportunidades laborales para sus habitantes. En esa línea, la presencia de la delegación sanjuanina en las rondas buscó acercar a firmas locales con operadoras mineras y proveedores de otras regiones del país.
Durante el encuentro también se reunió la Mesa Federal Minera, con participación de autoridades nacionales, gobernadores y cámaras empresariales. La jornada incluyó la firma de un acta de intención destinada a consolidar el desarrollo minero argentino.
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