La legislatura provincial confirmó una sesión especial para el próximo miércoles, con un temario exclusivo: el convenio con Vicuña Argentina por un aporte anticipado de hasta US$250 millones y el proyecto vinculado con las rutas nacionales.

El Cuerpo legislativo de San Juan tratará el próximo miércoles, en una sesión especial, dos iniciativas prioritarias para el Gobierno de Marcelo Orrego: el acuerdo firmado con Vicuña Argentina y el proyecto relacionado con las rutas nacionales. La convocatoria tendrá un temario exclusivo y concentrará el debate en ambos expedientes.

La definición se produjo luego de la presentación realizada este viernes por funcionarios del Ejecutivo ante los legisladores. El secretario general de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; y el ministro de Producción, Gustavo Fernández expusieron sobre los expedientes 1904 y 1955 y respondieron consultas vinculadas con sus aspectos técnicos, financieros y legales.

El convenio con Vicuña contempla una contribución anticipada de hasta US$250 millones para financiar obras de infraestructura en San Juan. El acuerdo fue firmado el 5 de agosto y establece un plazo de 60 días corridos para obtener la aprobación legislativa.

Durante la reunión, los diputados plantearon dudas sobre los honorarios bancarios, la afectación específica de los fondos, las zonas de influencia de las obras y, especialmente, los alcances de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

El ministro Perea defendió el entendimiento y sostuvo que se trata de un acuerdo favorable para la provincia. Según explicó, no existen flexibilizaciones para la empresa y destacó que algunas obligaciones, como el mecanismo de forestación, quedarán bajo definición provincial mientras que el aporte corresponderá a Vicuña.

El expediente continuará su recorrido en las comisiones de Legislación, Hacienda y Minería antes de llegar al recinto. El oficialismo busca reunir el respaldo necesario y ampliar el consenso legislativo, aunque el bloque Justicialista mantiene una postura contraria al convenio y al proyecto referido a las rutas nacionales.

Con los votos propios y el acompañamiento previsto de otros espacios y legisladores, el oficialismo tendría asegurada la aprobación. Entre quienes anticiparon su respaldo aparecen Eduardo Cabello, Jorge Castañeda, Omar Ortiz, Leopoldo Soler, Pedro Albagli y Franco Aranda.

La sesión del miércoles representará así el próximo paso decisivo para dos iniciativas con impacto directo sobre la infraestructura provincial: una vinculada al financiamiento anticipado derivado del acuerdo minero y otra orientada a la intervención de San Juan sobre rutas nacionales.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina, elaborado sobre datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, contabilizó 30.633 empleadores menos entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. En el mismo período desaparecieron 411.613 puestos de trabajo registrados.

La cantidad de empresas registradas en la Argentina se redujo en 30.633 empleadores entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basado en información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). La cifra implica una caída del 6%, al pasar de 512.357 a 481.724 empleadores.

El retroceso se profundizó durante mayo. En ese mes se registraron 2.371 empleadores menos, frente a los 1.814 que habían desaparecido en abril. La pérdida mensual aumentó así un 30,7% en apenas un mes.

El comercio encabezó la caída, con 841 empresas menos, seguido por la industria manufacturera, que perdió 403. También retrocedieron alojamiento y gastronomía (-341), transporte y almacenamiento (-210), agro (-156), servicios inmobiliarios (-113) y construcción (-42).

La contracción empresarial tuvo su correlato directo sobre el empleo. Desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2026 se perdieron 411.613 puestos registrados, un 4,2% menos, mientras que la cantidad de trabajadores relevados por la SRT pasó de 9.857.173 a 9.445.560.

Solo en mayo desaparecieron 70.217 empleos registrados. La industria manufacturera concentró la mayor pérdida, con 15.139 puestos menos, seguida por comercio mayorista y minorista (-13.488), servicios administrativos y de apoyo (-11.050), transporte y almacenamiento (-6.653) y alojamiento y gastronomía (-5.712).

También se verificaron fuertes retrocesos en el agro, la construcción y los servicios vinculados al entretenimiento y las actividades profesionales. En sentido contrario, la administración pública incorporó 4.550 trabajadores, la enseñanza sumó 1.266 y la minería registró 55 nuevos puestos.

Los datos muestran que la reducción del entramado empresarial se concentró especialmente en ramas estrechamente vinculadas con el consumo interno. El deterioro de las ventas, la menor demanda y la pérdida de poder adquisitivo aparecen así asociados a una retracción simultánea de empresas y puestos de trabajo formales.

El relevamiento de CEPA expone una de las principales consecuencias laborales de la contracción registrada desde el inicio de la actual gestión: mientras algunos rubros vinculados a la producción primaria y extractiva muestran crecimiento, buena parte de las actividades orientadas al mercado interno continúa reduciendo empleadores y trabajadores registrados.

La Unión Judicial San Juan acordó con la Corte de Justicia la incorporación de un ítem de conectividad con una base inicial de $50.000. El adicional alcanzará a trabajadores de distintos escalafones y comenzaría a liquidarse con los haberes de septiembre, que se perciben en octubre. También avanzaron planteos vinculados con la carrera judicial y la ampliación del adicional Zona.

Los trabajadores del Poder Judicial de San Juan tendrán un nuevo concepto en sus recibos de sueldo. La Unión Judicial San Juan, adherida a la Federación Judicial Argentina (FJA), logró que la Corte de Justicia provincial reconozca el ítem Conectividad, una incorporación que tendrá una base inicial de $50.000 y alcanzará a personal de los escalafones Obrero y Maestranza, Ordenanza y Administrativo.

El acuerdo surgió de la mesa de diálogo que la organización gremial mantiene con las autoridades judiciales. Según lo informado por la FJA, el nuevo adicional ya fue acordado y su incorporación está prevista con los haberes correspondientes a septiembre, que se cobrarán en octubre, aunque resta completar las gestiones administrativas necesarias para efectivizar la liquidación.

La conquista se suma a otros avances obtenidos por la organización sindical durante los últimos dos años. El secretario general de la Unión Judicial San Juan, Sebastián López, destacó que se trata de un nuevo resultado de las conversaciones sostenidas con la Corte y recordó que en 2024 se había conseguido el reconocimiento de la bonificación por título secundario, además del reconocimiento de títulos no inherentes y posgrados, beneficios que fueron mejorados durante 2025.

López remarcó que el nuevo adicional tendrá alcance sobre una parte importante del personal administrativo, técnico, de Maestranza y de Ordenanzas. También vinculó el resultado con el respaldo de los afiliados a la conducción sindical y puso de relieve la importancia de la mejora salarial en un período de fuerte pérdida del poder adquisitivo.

La discusión con la Corte no quedó limitada al nuevo concepto salarial. Durante la reunión, la organización planteó además la creación de un escalafón técnico destinado a incluir profesiones que cumplen funciones especiales dentro del Poder Judicial. La propuesta apunta a adecuar el reconocimiento laboral a las tareas efectivamente desempeñadas y, al mismo tiempo, favorecer una mayor movilidad dentro de los demás escalafones.

Otro de los asuntos abordados fue el ítem Zona, cuya modificación todavía no fue definida. La FJA señaló que la propuesta continúa bajo análisis de la Corte de Justicia y del Fiscal General, con la posibilidad de ampliar el monto para extender su alcance a un universo mayor de trabajadores del Poder Judicial sanjuanino.

El reconocimiento de la conectividad había sido analizado previamente por las autoridades del máximo tribunal provincial. El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, había señalado que el planteo requería una evaluación técnica y financiera antes de determinar su viabilidad.

La incorporación responde también a una transformación concreta en la organización del trabajo judicial. La utilización cotidiana de sistemas digitales, plataformas de gestión y dispositivos informáticos convirtió al acceso permanente a internet en una herramienta indispensable para buena parte de las tareas administrativas y judiciales.