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La situación en el transporte público se encuentra en un punto crítico. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha declarado estado de alerta y sesión permanente hasta el lunes próximo, dando plazo a las empresas de transporte y al Gobierno para resolver el conflicto salarial que afecta a los colectiveros. La disputa se origina en la deuda salarial correspondiente al mes de noviembre de 2024, la cual aún no ha sido saldada por las empresas del sector, a pesar de los esfuerzos previos por encontrar una solución.

La UTA, en un comunicado oficial emitido este miércoles, anunció que, a pesar de la falta de respuestas satisfactorias por parte de la Asociación de Transportistas de Pasajeros (ATAP) y del Gobierno provincial, los choferes de colectivos han decidido dar un «último gesto de buena voluntad» y posponer temporalmente la adopción de medidas de fuerza drásticas. Esta decisión tiene como fin evitar perjudicar a los usuarios del servicio público, aunque dejaron en claro que evaluarán la situación el próximo lunes. Si los pagos correspondientes no se realizan antes de esa fecha, se determinarán nuevas acciones gremiales, lo que podría afectar el normal funcionamiento del transporte público en la provincia.

El conflicto viene arrastrándose desde noviembre del año pasado, cuando las empresas de transporte asumieron una deuda salarial con los choferes. Sin embargo, el pago aún no se ha concretado, lo que ha generado malestar e incertidumbre dentro del sector. A pesar de que el Estado no es el empleador de los colectiveros, el gobierno provincial y las cámaras empresarias de transporte tienen la responsabilidad de encontrar una solución para evitar que los trabajadores sigan siendo afectados por la falta de pago. Los choferes, por su parte, exigen que se implemente una metodología de compensación tarifaria que permita saldar la deuda y garantizar el pago de los sueldos adeudados.

A medida que se acerca el lunes, la situación se vuelve cada vez más tensa. La UTA ha manifestado su frustración por la inacción tanto de la ATAP como del gobierno provincial. «No podemos seguir permitiendo que los trabajadores sean tomados como rehenes de un conflicto que no han generado», señalaron, destacando que, mientras las negociaciones entre las partes responsables del transporte siguen sin resolverse, los colectiveros siguen esperando una respuesta que les asegure el cumplimiento de sus derechos laborales.

En este contexto, el próximo lunes se perfila como una fecha clave, ya que la junta ejecutiva de la UTA se reunirá con los delegados para evaluar si las empresas han cumplido con los pagos acordados. De no ser así, no se descartan medidas de fuerza que podrían interrumpir el servicio de transporte público en toda la provincia.

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Gremios universitarios: sin cumplimiento del fallo, habrá más medidas

La decisión de la Corte Suprema de dejar firme la medida cautelar que ordena al Estado nacional actualizar los salarios docentes y no docentes y recomponer las becas estudiantiles, en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, representa uno de los reveses judiciales más significativos para la política universitaria del Gobierno. El pronunciamiento no sólo ratifica la vigencia de los artículos centrales de la norma, sino que también coloca a la administración nacional frente a la obligación de ejecutar medidas concretas para revertir el deterioro presupuestario que afecta al sistema público de educación superior.

En San Juan, el fallo fue recibido como una reivindicación de un prolongado proceso de movilización sindical y social. Desde la Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan (ADICUS), su secretario general, Jaime Barcelona, sostuvo que la resolución judicial constituye «un acto de justicia» después de más de dos años marcados por el ajuste presupuestario, el congelamiento de becas y una sostenida pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios.

Barcelona recordó que los incrementos salariales otorgados durante ese período resultaron insuficientes frente a la inflación, con actualizaciones mensuales que en numerosos casos apenas alcanzaron el uno por ciento. Esa política, afirmó, derivó en una caída superior al 50% del salario real, mientras el deterioro del financiamiento alcanzó también al funcionamiento de las universidades y a programas de asistencia estudiantil, como las becas.

Para el dirigente sindical, la masiva movilización universitaria realizada este año marcó un punto de inflexión político. Según su interpretación, la contundencia de aquella protesta precipitó la reapertura de la negociación salarial y permitió alcanzar un incremento inicial del 21%, además del compromiso oficial de convocar nuevamente a la mesa paritaria antes del 10 de septiembre para continuar la discusión sobre la recomposición salarial.

Sin embargo, advirtió que el fallo judicial, por sí solo, no resuelve el deterioro acumulado. Explicó que la actualización ordenada por la Justicia representa un avance, aunque todavía resta recuperar la diferencia generada por la inflación durante los últimos años. En ese sentido, consideró que la próxima convocatoria paritaria será determinante para evaluar si el Ejecutivo cumple efectivamente con las obligaciones establecidas por la ley.

Desde ADICUS evitaron anticipar medidas de fuerza mientras permanezca vigente el compromiso asumido por el Gobierno. Barcelona sostuvo que el objetivo del gremio no es profundizar el conflicto, sino alcanzar una recuperación real de los salarios y garantizar el funcionamiento adecuado de las universidades públicas. «Si existe una propuesta seria que permita recomponer los ingresos, deberá ser analizada», planteó.

No obstante, el dirigente dejó en claro que el escenario podría modificarse si el Ejecutivo incumple los plazos acordados o posterga nuevamente la negociación. En ese caso, explicó, las federaciones universitarias evaluarán nuevas acciones gremiales y judiciales, ahora fortalecidas por una decisión de la Corte Suprema que obliga al Estado a respetar la legislación vigente.

Barcelona sostuvo además que una eventual desobediencia al fallo podría derivar en responsabilidades legales para los funcionarios encargados de ejecutar la política universitaria, al considerar que el incumplimiento de una resolución del máximo tribunal generaría configurar una violación de los deberes propios de la función pública.

La determinación judicial modifica el tablero político de la problemática universitaria. A partir de ahora, la discusión ya no gira exclusivamente en torno a reclamos gremiales o presupuestarios, sino también sobre el alcance institucional de una decisión de la Corte Suprema cuyo cumplimiento será observado de cerca por las universidades, los sindicatos y amplios sectores de la sociedad que, durante los últimos dos años, hicieron de la defensa de la universidad pública una de las expresiones de movilización más relevantes del país.

Con el plazo del 10 de septiembre como próxima fecha decisiva, el conflicto ingresa en una nueva etapa. El foco ya no estará puesto en la legitimidad del reclamo —respaldada ahora por la Justicia— sino en la voluntad política del Gobierno para cumplir una sentencia que redefine las condiciones de financiamiento del sistema universitario argentino y pone a prueba su relación con uno de los sectores más movilizados del ámbito educativo.

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San Juan apuesta al turismo invernal con descuentos en hoteles y gastronomía para dinamizar la actividad

Con el objetivo de fortalecer el movimiento turístico durante las vacaciones de invierno, el Gobierno provicnial puso en marcha una estrategia promocional que combina descuentos en alojamiento y beneficios gastronómicos para quienes elijan San Juan como destino. La iniciativa, denominada Promo Mundial, es impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, en articulación con el San Juan Bureau y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGA), como parte de una política orientada a potenciar la llegada de visitantes desde los principales mercados emisores del país.

La propuesta se apoya en una alianza entre el Estado y el sector privado para incrementar la competitividad de la oferta turística frente a una demanda más selectiva y una feroz disputa por captar viajeros. En ese marco, los establecimientos adheridos ofrecerán promociones especiales destinadas a extender la permanencia de los viajeros y favorecer un mayor nivel de gasto durante su estadía.

El programa contempla dos alternativas para el alojamiento: siete noches al precio de cinco y cuatro noches al valor de tres, beneficios disponibles en los hoteles participantes. A ello se suma un incentivo para el sector gastronómico, ya que los huéspedes que acrediten su estadía mediante el voucher emitido por alguno de los establecimientos adheridos accederán a un 15% de descuento en restaurantes y locales gastronómicos que integran la campaña.

La idea apunta a generar un efecto multiplicador sobre toda la cadena turística. El incremento del flujo de visitantes no sólo favorece la ocupación hotelera y el consumo gastronómico, sino que también impacta en agencias de viajes, prestadores de turismo activo, comercios, transporte y múltiples servicios asociados a una actividad que constituye uno de los principales motores de las economías regionales durante el receso invernal.

La estrategia promocional se complementa con una agenda distribuida en los distintos departamentos de la provincia, que incluye actividades culturales, recreativas, deportivas y experiencias vinculadas con el patrimonio natural y la identidad sanjuanina. De esta manera, el objetivo oficial trasciende la captación de turistas y busca consolidar una oferta integral que incentive estadías más prolongadas y fortalezca el posicionamiento de San Juan dentro del calendario turístico nacional.

El cronograma completo de actividades para las vacaciones de invierno puede consultarse en el sitio oficial de turismo de la provincia, mientras que el listado actualizado de hoteles y establecimientos gastronómicos adheridos a la campaña se encuentra disponible a través de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan.

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Las 62 Organizaciones vuelven a escena y reclaman un lugar central en el armado electoral del peronismo

Con roles protagónicos de Moyano y Ledesma, las 62 Organizaciones exigen recuperar protagonismo en el armado electoral del peronismo Dirigentes de las “62 Organizaciones“ advirtieron que buscan dejar de ser ”convidados de piedra“ y demandaron ocupar el espacio legado por Perón y Evita en el armado de las listas del 2027. Asistieron Hugo Moyano, Julio Ledesma y Octavio Arguello. Reafirmaron la conducción de José Ibarra.

En una marcada impronta por la unidad y un reclamo claro de protagonismo político, se llevó a cabo un masivo encuentro nacional y regional de representantes gremiales nucleados en las 62 Organizaciones Peronistas, en la sede del barrio porteño de Caballito.

En el marco del proceso de normalización de sus regionales que atraviesa el brazo político del movimiento obrero, el plenario funcionó como una demostración de fuerza sindical orientada al armado político para las próximas elecciones.

Por intermedio del nucleamiento, los gremios buscan consolidar su estructura territorial y programática para influir de manera directa en las listas del peronismo o en un armado propio de cara a las próximas elecciones. De hecho, fue sintomática la presencia de Julio Rubén Ledesma, secretario general del SEOCA Zona Oeste y líder de la estructura partidaria CoPeBo. El encuentro contó con una fuerte presencia de la primera línea de Camioneros, encabezada por Hugo Moyano, Jerónimo Moyano y Octavio Argüello, dirigente integrante de la conducción de la CGT. La participación de Argüello significó un guiño importante por parte de la Confederación General del Trabajo al proceso de reorganización de “las 62”.

«La conducción de Ibarra es la única representación histórica y legal de las 62, con legitimidad jurídica e institucional para actuar como el brazo político del movimiento obrero organizado y convocar a todos los sectores a construir la propuesta de país que los trabajadores necesitan», señalaron.

«El objetivo es llegar a un punto de encuentro respecto a la participación del movimiento obrero a través de las 62 Organizaciones Peronistas», afirmó Ledesma en declaraciones vertidas en el plenario.

Estuvieron presentes Juan Carlos Murgo (Caucho), Rubén Grimaldi (UTERA), Marcelo Dávila (Guincheros), Julio Estévez (UPSAFIP), Adolfo Villafañe (Chacinados), Dante Camaño (gastronómicos), Cacho García (Estaciones de Servicio), Guillermo Lugones (Personal Jerárquico Banco Provincia), Julio Schiantarelli (SUPEH), Marcelo Barrios (Remiseros), Guillermo Mangone (Gas), Gonzalo Salum (Judiciales), Roberto Villalba (Madera), José Ibarra (Taxistas) y Fabián García (SOECRA). Guillermo Lugones (Personal Jerárquico Banco Provincia), Marcelo Barrios (SURYA), Roberto Villalva (Madera), Karina Álvarez (Comercio), Ángel García (Seguridad), Walter Vázquez (SECASFPI), Jorge Mancini (AGOEC), Luis Pandolfi (Tintoreros), Alejandro Poli (FAREM), Gustavo González ( Locutores), Ezequiel Tosco (AGC), Facundo Moyano (Peajes), Gonzalo Castaño (Caddies), Joaquín Santucho (62 Morón-Ituzaingó-Hurlingham), Jorge Fernández (Regional Tuyú), Luis Orbelli (62 Mendoza), Marcela Ludueña (62 Esteban Echeveria – Ezeiza Cañuelas), Marco Orellana (Puerto Deseado – Chubut), Mariana de Alba (62 rama femenina), Nico Ferro (Turf), Paris Barrera (Cantantes), Ricardo Prado (USAFIP), Ricardo Serafini (Jerárquicos del Gas), Sergio Gelman (Locutores), Julio Carrizo (62 Almirante Brown), Claudio Toledo (62 Avellaneda-Lanús), Marcelo Ibarra (Juventud 62), Julio Rodríguez (62 Tucumán) y Camilo Gómez (Vareadores), entre otros.

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