CONÉCTATE CON NOSOTROS

En una reciente entrevista con Mundo Laboral, Martín Solazzo, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en San Juan, expuso la difícil situación que enfrenta el gremio debido a la postergación en la homologación del acuerdo paritario. Desde Buenos Aires, donde participa en reuniones del consejo directivo, explicó los obstáculos burocráticos que han trabado el proceso y el impacto que esto tiene en los trabajadores del sector.

Retrasos Inesperados y un Procedimiento Reiniciado

El acuerdo paritario fue firmado el 13 de enero y, de acuerdo con la normativa vigente, su homologación debía concretarse automáticamente tras los 30 días hábiles. Sin embargo, cuando el plazo estaba por cumplirse, la Secretaría de Trabajo impugnó la validez del convenio, argumentando la falta de una firma de un representante empresarial.

Este hecho resulta inusual, explica Solazzo, ya que en otras ocasiones se han convalidado acuerdos sin necesidad de unanimidad en las firmas. Como consecuencia, el proceso debe reiniciarse desde cero: redactar nuevamente el documento, recolectar las firmas necesarias y esperar otro mes para la homologación. Esta demora no solo genera incertidumbre, sino que también afecta a los trabajadores, dado que muchas empresas han decidido posponer el pago del aumento hasta que el convenio tenga respaldo oficial.

Aumentos Pactados y Barreras Administrativas

Para facilitar la aprobación del acuerdo, la UOM aceptó que los incrementos salariales se ajustaran a los lineamientos oficiales basados en el Índice de Precios al consumidor (IPC). La actualización acordada contempla:

5,5% en noviembre, correspondiente a una deuda previa.

2% en diciembre.

1,8% en enero.

1,5% en febrero y un porcentaje similar en marzo.

1% en marzo

A pesar de esta flexibilidad por parte del gremio, la Secretaría de Trabajo sigue sin avalar el convenio, lo que refuerza la sospecha de una estrategia deliberada para retrasar su implementación.

Consecuencias para Empresas y Trabajadores

La falta de homologación no solo afecta a los empleados, que ven postergados sus aumentos, sino también a las empresas, que eventualmente deberán pagar los montos retroactivos, complicando su planificación financiera. Este escenario se da en un contexto económico desafiante, con restricciones impuestas por el Ministerio de Economía a los aumentos salariales superiores al 2%, lo que suma más incertidumbre a la negociación.

Desde la UOM, el reclamo es claro: evitar la espera innecesaria de otro mes y lograr la validación inmediata del acuerdo. Mientras tanto, los trabajadores siguen expectantes, esperando que se respeten los compromisos firmados y se garantice el cumplimiento de sus derechos concluyó Solazzo.

El Desafío del Sindicalismo en un Contexto de Regulación Creciente

Este conflicto refleja las crecientes dificultades que enfrentan los gremios en la negociación de paritarias en un entorno de mayor intervención estatal. Con una economía inestable y regulaciones que limitan los incrementos salariales, el sindicalismo se encuentra ante el desafío de defender los ingresos de cada trabajador sin que los compromisos sean demorados por trabas administrativas.

La UOM mantiene su postura firme y continuará impulsando gestiones para destrabar la situación. Sin embargo, la incertidumbre persiste y el tiempo corre en contra de los trabajadores, que siguen esperando respuestas concretas mientras sus salarios pierden poder adquisitivo.

destacada

Sturzenegger busca centralizar el control sobre seguros y riesgos laborales

En un nuevo capítulo de la ofensiva desregulatoria del Gobierno, el ministro Federico Sturzenegger apunta a desmantelar las Superintendencias de Seguros y de Riesgos del Trabajo, fusionándolas y absorbiendo sus funciones bajo el Ministerio de Economía. La medida genera preocupación en sectores regulados y sindicatos.

La avanzada desregulatoria del ministro Sturzenegger no cesa. Ahora, su objetivo son las Superintendencias de Seguros de la Nación y de Riesgos del Trabajo, dos organismos clave en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales. Según trascendió, el plan contempla fusionar ambas entidades, recortar personal y suprimir su autonomía técnica, centralizando sus funciones bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

Esta movida busca achicar el aparato estatal, pero implica un corrimiento significativo hacia una estructura centralizada, desplazando espacios técnicos autónomos que podrían perder capacidad de control y supervisión. La medida podría tener un impacto directo en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales, generando preocupación en sectores regulados y sindicatos.

En paralelo, Sturzenegger prepara un ataque sobre la intermediación obligatoria de seguros, buscando eliminar la participación exclusiva de los Productores Asesores de Seguros (PAS). De concretarse, abriría el mercado a nuevos operadores, desregulando la venta directa y virtual de pólizas. Sin embargo, esto podría generar vulnerabilidad en los consumidores frente a prácticas abusivas o falta de asesoramiento profesional.

Continúe Leyendo

destacada

Trabajadores de la TV Pública denuncian censura y manipulación

Los trabajadores de la TV Pública denunciaron a través de sus redes sociales que la gerencia de noticias impone censura sobre los temas y la forma de abordaje, impidiendo hablar de la «proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner y controlando cada información que se da sobre su condena.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es grave y alarmante. Según explicaron, la gerencia de noticias controla cada información que se da sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner, impidiendo hablar de su proscripción y solo permitiendo entrevistar a constitucionalistas que celebran la condena. Esto es un claro ejemplo de censura y manipulación de la información.

Metodología de Censura

Los trabajadores aseguraron que esta no es la primera vez que se aplica esta metodología de censura en la televisión estatal. Recordaron que se aplicó de manera similar durante el conflicto del Garrahan y en el caso del disparo de un gendarme que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo. Esto sugiere que la censura y la manipulación de la información son prácticas habituales en el canal.

En este sentido remarcaron que junto al sindicato que los nuclea, el Sipreba, repudiaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner, considerándola un ataque directo a la libertad y la democracia en el país. Defendieron los medios públicos y el derecho humano a una información plural, diversa y federal.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es un llamado de atención sobre la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de defender los medios públicos. La censura y la manipulación de la información son prácticas inaceptables que atentan contra la democracia y el derecho a la información.

Continúe Leyendo

destacada

El PJ llama a la unidad en defensa de Cristina Kirchner

El Partido Justicialista convocó a su Consejo Federal para debatir los pasos a seguir tras la condena de la Corte Suprema a Cristina Fernández de Kirchner. La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a la ex presidenta.

La reunión del Consejo Federal del Partido Justicialista se llevó a cabo este jueves 12 de junio en la sede de Matheu al 130, y contó con la presencia de destacados dirigentes peronistas como Sergio Massa, Máximo Kirchner, Juan Grabois y Guillermo Moreno. El encuentro, que comenzó a las 16 horas y culminó cerca de las 19 horas, fue un llamado a la unidad y a la acción para proteger a Cristina Fernández de Kirchner y al peronismo.

La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner si ella tiene que presentarse en Comodoro Py. Además, se anunció que habrá una cumbre con gobernadores peronistas y la CGT para coordinar acciones en defensa de la ex presidenta. La estrategia de resistencia del PJ busca enviar un mensaje de defensa de la democracia y de rechazo a la condena de la Corte Suprema.

La representación del poder territorial estuvo marcada por la presencia de intendentes como Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Gustavo Menéndez (Merlo); además de Ricardo Quintela, actual gobernador de La Rioja, y Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco.

También se sumaron referentes del sindicalismo y los movimientos sociales como Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL); Víctor Santamaría, secretario general del SUTERH; Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande; y Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita.

Completaron la lista de asistentes Gabriel Mariotto, ex vicegobernador bonaerense y ex titular de la AFSCA; Edgardo Depetri, ex diputado nacional; Malena Galmarini, ex presidenta de AySA; y Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Además, se congregaron en el espacio sectores como La Cámpora, el Frente Renovador, movimientos sociales y el Frente Patria Grande, entre otros.

Continúe Leyendo

Tendencias